Una mirada al Acuerdo de la AN sobre el caso Requesens y Borges.
La Asamblea Nacional el
9 de agosto de 2018, ha sido categórica al aprobar el Acuerdo en rechazo de las arbitrarias actuaciones ordenadas por Nicolás
Maduro Moros en contra de los diputados Juan Requesens y Julio Borges y en
contra de la Institucionalidad de la Asamblea Nacional[1],
al advertir y concluir:
-Que la detención
ordenada del diputado Julio Borges es una acción de naturaleza estrictamente
política.
-Que la desaparición
forzada del diputado Juan Resquesens, es responsabilidad personal de todos los
funcionarios que participaron en esa detención, pero en particular del
ciudadano Nicolás Maduro, según lo establecido en el artículo 29 de la
Constitución.
-Que es inexistente la
decisión de la ilegítima asamblea nacional constituyente de allanar la inmunidad
parlamentaria de los diputados Requesens y Borges según los artículos 138 de la
Constitución. Reiterando nuevamente que
el ciudadano Nicolás Maduro y los magistrados del Tribunal Suupremo de Justicia
implicados, así como los miembros de la ilegítima y fraudulenta asamblea
nacional constituyente incurren en responsabilidad penal por esa decisión de
conformidad con el artículo 200 de la Constitución.
El Acuerdo además reitera que el régimen de Nicolás Maduro, a través de
vías de hecho amparadas por la ilegítima y fraudulenta asamblea nacional
constituyente, ejecuta políticas de violación sistemática de derechos humanos
que constituyente crímenes de lesa humanidad.
El Acuerdo hace una
relación de los hechos que permiten argumentar con gran coherencia que se trata
de un nuevo caso de abuso y violación de los derechos humanos por parte del
régimen. Además, reitera el irrespeto a
la figura de la inmunidad parlamentaria y a la competencia que la Constitución le
reconoce a la Asamblea Nacional para allanar esa inmunidad.
También el acuerdo denuncia
que el régimen intenta “disimular” la evidente constitucionalidad de todas esas
actuaciones, argumentando que la dentención del diputado Requesens fue
realizada en flagrancia, lo cual, afirma la Asamblea Nacional, es imposible,
pues esa detención fue ordenanda días después de los supuestos delitos penales
por los cuales se intenta enjuiciar al diputado Requesens
El principal Aucerdo es
la solicitud de liberacióin inmediata del diputado Juan Requesens y declarar
inaplicable la extradición que se solicitó, por no existir ningún allanamiento
de inmuindad, pues no lo ha acordado la Asamblea Nacional vigente y legítima.
En esa discusión fue
importante la presencia de una representación importante del cuerpo diplomático
acreditado en Caracas. ¿Los ciudadanos,
los electores de Borges y de Requesens, y todos los electores en general,
tendrán algo que decir?. La premisa es muy clara, el 333 y 350 se unen
para reclamar la inexistencia de una asamblea nacional constituyente y en
consecuencia, todas esas decisiones que han asumido como válidas, son
simplemente inexistentes.
A un año de esa
constituyente, no ha logrado se reconocida puertas adentro y puertas afuera de
nuestros límites territoriales.
Nuevamente la Asamblea Nacional se ve amenazada,
amedrentada y violentada como la expresión legítima del pueblo
democrático.
Cada ciudadano puede
tener su apreciación personal sobre la labor de la Asamblea Nacional, pero cada
Acuerdo que ha sido aprobado desde el año 2016, registra con mucha claridad la
voz del reclamo y la ruta del abuso más grotesco del orden democrático y
constitucional de quienes han pretendido imponer el Socialismo del Siglo XXI,
que a todas luces evidencia su fracaso.
No podía ser de otra forma, porque no responde a la voluntad popular
amplia, plural y mayoritaria.
Requesens, Borges y
cada uno de los diputados que se han visto obligado a exiliarse, a dejar su
espacio de lucha en la Asamblea Nacional; y aquellos diputados, quienes dando la batalla en la
Asamblea Nacional, han recibido ofensas, golpes y arriesgan su libertad e
incluso hasta su vida, han demostrado con su conducta, que están comprometidos con ese voto popular que
les da legitimidad y les otorga un mandato popular.
Ese ejemplo nos lleva a preguntarnos como electores, ¿cuál es en estos momentos nuestra responsabilidad?, en tal sentido, creo que corresponde como
electores, respaldar ese mandato, restaurar con el 333 y 350 la
institucionalidad de la Asamblea Nacional y no vacilar en alzar la voz,
es necesario dejar de lado las diferencias existentes sobre lo que ha debido o no ha debido hacer la Asamblea Nacional en el pasado reciente, pues ello nos puede distraer de la enorme responsabilidad de no permitir que nos confisquen a una Asamblea Nacional que intentan debilitar cada vez más desde el gobierno central.
Cada vez que se nos pretanda reducir los espacios
de libertad y convivencia democrática, la voz de quienes se niegan a perder su condición de ciudadano debe hacerse sentir y expresar, para ello las asambleas de ciudadanos, sistemáticas y estratégicamente organizadas, son espacios idóneos y concretos. No abandonemos a quienes le delegamos el mandato de legislar y debatir los temas nacionales.
Carlos Romero Mendoza.
10 de agosto 2018.