Estado-Ley-Democracia

María Andreina Salas y Elides Sulbarán Zambrano [1] , publican un interesante trabajo sobre el contenido de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio en Venezuela, en el cual destacan, que luego de la aprobación de esta Ley en el año 1983, la publicación del primer Plan Nacional de Ordenación Territorial de 1998 se convirtió en un importante hito en la historia de ordenación territorial en Venezuela. El contenido y alcance del Plan Nacional de Ordenación del Territorio se presentó como el instrumento para lograr la competitividad territorial y para sembrar las bases de la diversificación de la economía nacional. En el Decreto No 2.945 del 14 de octubre de 1998, firmado por el entonces Presidente Caldera, se puede leer en sus considerandos que con el Plan se impulsaba un modelo de desarrollo que facilitara la inserción del país en la economía mundial, reconociéndose y utilizándose las ventajas comparativas y competitivas que existían, garantizando a tal fin los principi

Los venezolanos tuvimos un primer Plan de Ordenación del Territorio en el año 1998 [1] , bajo el gobierno de Rafael Caldera, que fué aprobado a través de un Decreto identificado con el número 2.945, de fecha 14 de octubre de 1998.  El contenido del Plan buscó reafirmar el compromiso del Estado en materia de conservación del ambiente y de reordenamiento territorial como sustento o base del desarrollo económico y social de la nación, tal y como expresamente lo hace saber uno de los considerandos del mismo Plan. Igualmente, en esos considerandos se reconoció que nuestro proceso de ocupación del territorio había generado deseconomías, tanto de aglomeración como de dispersión, en algunos de sus espacios específicos y además, advertía que en muchos espacios, no coincidían espacialmente la población y los recursos. Para el Plan, el mejoramiento de la localización de la población y sus actividades, permitiría una distribución de oportunidades, que facilitaría el proceso para superar

El registro de los Consejos Comunales ha sido un tema que por años ha ocupado la atención de los vecinos, más no así, de los dirigentes políticos locales.   En el 2011 algunos vecinos de varios municipios de la zona metropolitano intentaron activar un movimiento de Consejos Comunales excluidos [1] , por considerarse que la omisión del Estado de registrar los Consejos Comunales, violentaba el ejercicio de nuestro derecho a participar libremente en los asuntos públicos. Mucha polémica siempre ha generado el tema de los Consejos Comunales y particularmente si lo vemos bajo la óptica de la libertad que la Constitución garantiza a cada Venezolano de asociarse con fines lícitos. En este sentido y buscando que el propio modelo de participación que el gobierno impulsaba no terminara por arrebatarnos nuestra condición de ciudadanos, el Movimiento buscaba servir de plataforma para la asesoría, la búsqueda de soluciones y el debate sobre nuestra condición de ciudadanos y el derecho a la partic