Estado-Ley-Democracia

La exclusión de las autoridades municipales en el desarrollo integral de la frontera se concretó con la Ley Orgánica de Fronteras publicada en Gaceta Oficial el 30 de diciembre 2015 y aprobada vía habilitante.  Resulta útil rescatar el proyecto de Ley Orgánica de Fronteras, cuyo informe en primera discusión, tiene como fecha el 27 de julio de 2004, para poder contrastar el valor que 10 años atrás tenía el Municipio en las políticas fronterizas y su inexistencia como actor en el marco de esta Ley vigente. Hay que empezar por destacar que en el proyecto de Ley del 2004, se planteó la necesidad de contar con un instrumento llamado Plan Municipal de Fronteras, el cual sería diseñado con la cooperación de los alcaldes fronterizos, quienes en unión a las Juntas Parroquiales del Municipio Fronterizo, del gobierno regional, así como de la Fuerza Armada Nacional y del sector empresarial se pretendió agrupar en algo llamado Unidad de Desarrollo Fronterizo. En esa Unidad de Desarrollo Fr

La indignación que despertó en la sociedad venezolana aquello que se calificó como el “desalojo de viviendas con poder militar” en el año 2000, representado con el caso de Los Semerucos , [1] ahora se repite con indignación y vergüenza cuando el poder del Estado, a través de las fuerzas militares, echa del país a hombres, mujeres y niños, que ante los ojos del propio Estado habían ocupado un rincón de San Antonio del Táchira como pedacito de territorio para vivir. Cuando Los Semerucos, los enemigos de la revolución eran los petroleros; hoy, son ese grupo de Colombianos que en San Antonio del Táchira pagaron con la humillación los desencuentros del gobierno venezolano con un país que está en ruinas. Las acciones que hoy sirven para intervenir política y militarmente la frontera, a través del estado de excepción en 6 municipios autónomos del Táchira, coinciden a la perfección con aquellas que se argumentaron en el 2014 durante la crisis que generaron las “guari

Llegó primero la declaración del Estado de Excepción antes que la Ley Orgánica de Frontera.  En este sentido, oportuno es recodar que un 27 de julio de 2004 la Asamblea Nacional había aprobado en primera discusión un proyecto de Ley Orgánica de Fronteras que otorgaba un papel esencial en del desarrollo de la zona fronteriza a las autoridades locales. Ni la Asamblea Nacional, vía legislación ordinaria, ni el Consejo Nacional de Fronteras, vía habilitante en el año 2008 [1] y menos aun el Consejo de Defensa Nacional, también mediante una nueva habilitante en 2013 [2] , mostraron la capacidad política de abordar con responsabilidad los problemas que desde hace décadas enfrentan los habitantes de las fronteras venezolanas. Feijoo Colomine, ex Secretario del Consejo Nacional de Fronteras, advertía en el año 2013 el cierre técnico de ese órgano por no preverse fondos para 2014; y reconocía, a través de un artículo de opinión, que en nuestras fronteras la vida humana no

Carlos Romero Mendoza – 18 de septiembre de 2015 El Estado Mayor Fronterizo Cívico-Militar fue creado el 2 de agosto de 2013 mediante decreto presidencial 40.220 como instancia responsable de transformar las zonas fronterizas en territorios de vida, especialmente, aquellas que se ubican en el límite con Colombia, promoviendo de esta forma el desarrollo social, económico y cultural bajo un alto grado de conciencia Socialista y Revolucionaria. La transformación que sufre actualmente la frontera colombo-venezolana no es precisamente producto del Plan Estratégico que el decreto ordena construir al Estado Mayor Fronterizo Cívico-Militar, por el contrario, es el resultado de una transformación que se impone vía militar aprovechándose de la declaración del Estado de Excepción. Lo que se inició por la frontera entre Táchira y Norte de Santander, se extendió por el Zulia y Apure, y ha llevado a crear nuevas autoridades militares con responsabilidades extraordinarias sob

El 13 de enero de 2016, la nueva Asamblea Nacional, aprobó el ACUERDO SOBRE LA CRISIS GENERADA POR EL ACTUAL CIERRE DE FRONTERA Y LA VIOLAION DE DERECHOS HUMANOS EN VEINTICUATRO MUNICIPIOS DE LA REPUBLICA SOMETIDOS A ESTADO DE EXCEPCION , cuyo texto exhorta al Presidente Maduro para que restituya de manera inmediata el Estado de Derecho respecto al Libre Tránsito y demás Garantías en aquellas zonas que aún están bajo el régimen del Estado de Excepción y por otro lado, extiende esa exhortación al Ministro de Defensa para que ordene de manera inmediata abrir la Frontera Colombo-Venezolana.   El Acuerdo destaca que el Estado de Excepción generó graves violaciones de derechos humanos, normas constitucionales y tratados internacionales, debidamente suscritos y ratificados por la República, en materia de derecho al libre tránsito; libertad de expresión; debido proceso migratorio y deportaciones forzosas; derecho a la propiedad privada; principio de Unidad Familiar y una clara violació

El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de los Consejos Presidenciales de Gobierno del Poder Popular publicado el 29 de diciembre de 2015 en Gaceta Extraordinaria N. 6.209, es un instrumento que pretende vía habilitante legalizar una estructura política que   vincule a las organizaciones del llamado poder popular, principalmente las comunas, con la estructura organizativa del Ejecutivo Nacional, bajo la dirección del Presidente de la República. Ese Decreto-Ley establece que la Vicepresidencia Ejecutiva o las Vicepresidencias Sectoriales podrán desarrollar en sus estructuras organizativas, en coordinación con el ministerio del poder popular con competencia en planificación, las unidades de apoyo operativo a los respectivos consejos y advierte que esas unidades de apoyo deben organizarse bajo el principio de austeridad administrativa. Los Consejos Presidenciales del Poder Popular se convierten en instancias formales de ejercicio del poder popular de manera sectorial