Se anuncia reforma a la Ley Orgánica de Contraloría.
El 28 de abril de 2016, el
diputado Freddy Guevara, anuncia como Presidente de la Comisión Permanente de
Contraloría, que se abrió el proceso de consulta pública del proyecto de
reforma de la Ley Orgánica de Contraloría General de la República y el Sistema
Nacional de Control Fiscal, aprobada en primera discusión el 5 de abril 2016.
La consulta se realizará a
través de foros informativos sobre el proyecto, asambleas de ciudadanos en
distintas regiones, reuniones de trabajo con ONGS, universidades y gremios.
En relación a la reforma,
planteó el diputado los puntos destacados:
1- Busca adecuar el cuerpo
normativo de la Contraloría y el Sistema Nacional de Control Fiscal a las
disposiciones establecidas en la Constitución Nacional.
“Se restablecen los requisitos para ser Contralor General de la República, así como para ser contralor estadal, distrital o municipal o auditor interno, los cuales fueron eliminados en la reforma de 2010. Asimismo, se estipula lo relativo a los concursos públicos para la designación de los contralores estadales y municipales, conforme a los artículos 163 y 176 de la Constitución, para garantizar la idoneidad e independencia en el ejercicio del cargo, y la neutralidad en su designación”, explicó Guevara.
Al respecto, el parlamentario rechazó que los contralores estadales y municipales sean designados discrecionalmente por el Contralor General, tal como ocurre desde 1999, bajo la figura de intervenciones que no debían durar más de 180 días.
“Es grotesco que las 23 contralorías estadales se encuentren intervenidas desde hace 17 años. Esos funcionarios fueron nombrados a dedo, sin celebrarse los concursos públicos respectivos, lo que constituye un evidente atentado contra la independencia de la labor contralora. Esto es más que evidente cuando vemos el resultado de la gestión contralora. Pese a los elevados niveles de corrupción en todos los niveles del Estado, no hay investigaciones y mucho menos sancionados”, recalcó Guevara.
2- Establece que las inhabilitaciones políticas decididas por el Contralor General sean restringidas solamente a funcionarios de carrera y de libre nombramiento y remoción, en tanto que los funcionarios de elección popular solo puedan ser inhabilitados previa sentencia judicial dictada por la comisión de delitos, tal como lo establece la Constitución en sus artículos 65 y 42.
“El mecanismo de las inhabilitaciones debe ser para castigar la comisión de delitos de corrupción por parte de funcionarios públicos a todo nivel, y no ser utilizado como arma para la retaliación política y el pase de factura a funcionarios o candidatos contrarios a los intereses del gobierno”, subrayó.
“Se restablecen los requisitos para ser Contralor General de la República, así como para ser contralor estadal, distrital o municipal o auditor interno, los cuales fueron eliminados en la reforma de 2010. Asimismo, se estipula lo relativo a los concursos públicos para la designación de los contralores estadales y municipales, conforme a los artículos 163 y 176 de la Constitución, para garantizar la idoneidad e independencia en el ejercicio del cargo, y la neutralidad en su designación”, explicó Guevara.
Al respecto, el parlamentario rechazó que los contralores estadales y municipales sean designados discrecionalmente por el Contralor General, tal como ocurre desde 1999, bajo la figura de intervenciones que no debían durar más de 180 días.
“Es grotesco que las 23 contralorías estadales se encuentren intervenidas desde hace 17 años. Esos funcionarios fueron nombrados a dedo, sin celebrarse los concursos públicos respectivos, lo que constituye un evidente atentado contra la independencia de la labor contralora. Esto es más que evidente cuando vemos el resultado de la gestión contralora. Pese a los elevados niveles de corrupción en todos los niveles del Estado, no hay investigaciones y mucho menos sancionados”, recalcó Guevara.
2- Establece que las inhabilitaciones políticas decididas por el Contralor General sean restringidas solamente a funcionarios de carrera y de libre nombramiento y remoción, en tanto que los funcionarios de elección popular solo puedan ser inhabilitados previa sentencia judicial dictada por la comisión de delitos, tal como lo establece la Constitución en sus artículos 65 y 42.
“El mecanismo de las inhabilitaciones debe ser para castigar la comisión de delitos de corrupción por parte de funcionarios públicos a todo nivel, y no ser utilizado como arma para la retaliación política y el pase de factura a funcionarios o candidatos contrarios a los intereses del gobierno”, subrayó.
3- Busca fortalecer la rendición
de cuentas públicas, al incorporarse sanciones a los funcionarios que no
presenten los comprobantes que demuestren en qué han gastado los recursos
públicos.
“Este es un aspecto de gran importancia, porque constituye la base fundamental de la auditoría y la rendición de cuentas, y que fue eliminado en anteriores reformas, trayendo como consecuencia que los administradores de fondos públicos no rinden cuentas ni presentan los comprobantes de los gastos efectuados con los fondos públicos, y no pasa nada. Esto ha sido una de los elementos que ha contribuido al despilfarro de los recursos públicos y al incremento de la corrupción”, enfatizó Guevara.
El Presidente de la Comisión de Contraloría añadió que el proyecto atiende un conjunto de recomendaciones formuladas tanto por el Comité de Expertos de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, como por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, incorporando por primera vez en Venezuela regulaciones en materia de conflictos de intereses.
Fuente electrónica:
Recuperado 29 de abril 2016.
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/15073
“Este es un aspecto de gran importancia, porque constituye la base fundamental de la auditoría y la rendición de cuentas, y que fue eliminado en anteriores reformas, trayendo como consecuencia que los administradores de fondos públicos no rinden cuentas ni presentan los comprobantes de los gastos efectuados con los fondos públicos, y no pasa nada. Esto ha sido una de los elementos que ha contribuido al despilfarro de los recursos públicos y al incremento de la corrupción”, enfatizó Guevara.
El Presidente de la Comisión de Contraloría añadió que el proyecto atiende un conjunto de recomendaciones formuladas tanto por el Comité de Expertos de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, como por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, incorporando por primera vez en Venezuela regulaciones en materia de conflictos de intereses.
Fuente electrónica:
Recuperado 29 de abril 2016.
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/15073