La ilegitimidad de un gobierno y el intento de callar a los Diputados.
La Democracia que yo conocí fue aquella, aunque imperfecta, que garantizó diversidad, movilidad social y libertad. Esa democracia, que mí abuelo y su generación dejaron como herencia, se hizo a pulso, empezó en plazas, en las calles, con discursos, con ideas, buscando siempre conectar con el ciudadano, que en definitiva es el soberano.
Recuerdo que esa Democracia, vista desde las aulas de la universidad en las clases de derecho, exigía mejoras para progresar, para robustecerse, porque entonces venía perdiendo espíritu y la confianza del ciudadano. Esa Democracia exigía una Sala Constitucional, demandaba un fuerte contencioso administrativo, que carecía de una ley especial que la regulara; pensaba, aportaba ideas y debatía, sobre la justicia de paz, la participación ciudadana, la descentralización, la necesidad de hacer ciertas reformas constitucionales para lograr mejorar.
Han pasado 14 años de una reforma constitucional, tenemos una Sala Constitucional, tenemos incluso una separación de poderes que divide al Poder Público en 5 Poderes, uno de los cuales recoge un denominado Consejo Moral, la Constitución destaca el rol del Municipio en la división político territorial; además, reitera en cada oportunidad que la participación ciudadana es importante y esencial, garantizándola con rango constitucional, en definitiva, se incorporaron de forma algunas mejoras, pero ¿han servido de algo?.
Razón tiene Giovanni Sartori cuando nos dice que la Democracia es una máquina, y que la misma está en permanente peligro, porque se soporta en la confianza de los propios ciudadanos, siendo los ciudadanos los maquinistas, por lo tanto, muchos de los problemas que la máquina experimenta, no es tanto por la máquina, es por los maquinistas.
El Socialismo del Siglo XXI nos ha dejado sin Estado, desmantelaron el Poder Público Municipal, ni tenemos Municipio, pero tampoco hay Comunas formalmente establecidas; nos dejaron sin descentralización y crearon en su sustitución un sistema clientelar centralizado que se diseña a través del Consejo Federal de Gobierno y el Poder Popular; crearon un nuevo concepto de sociedad civil, entendida como aquella que se organiza para desarrollar la función del estado desde lo local y con recursos públicos. Este sistema socialista, aniquiló la la autonomía de la sociedad para autoorganizarse y participar en las tomas de decisiones públicas, e incidir en los poderes legítimamente constituidos. Pretendieron en estos 14 años imponer la tesis que la participación se desarrolla sin la necesidad de instituciones políticas.
Ahora ese Socialismo del Siglo XXI me pone en un tiempo histórico que necesariamente me lleva a pensar en el gobierno de Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato, pues entonces es cuando en las aulas de clase de derecho tuvimos que analizar la diferencia entre la legalidad y la legitimidad de un gobierno. A diferencia de este gobierno, en la IV República, el Congreso bicameral, y la Corte Suprema de Justicia, eran por lo menos, en la práctica, mucho más plurales, y notoriamente más respetuosos de la división de poderes, y por lo tanto mucho más creyentes en los valores básicos de la Democracia.
La necesidad de realizar un reconteo del resultado electoral del 14 de abril del 2013 pone de relieve el tema de la legitimidad del señor Maduro. Pero así como el TSJ violentando la Constitución le facilitó el camino para ser Presidente encargado, no dudamos que en estas circunstancias políticas, el CNE también le facilite el camino para ser Presidente constitucional, así, la negativa al reconteo, da indicios que se ratificará la posición de un Presidente tal vez legal, pero sin la legitimidad suficiente para gobernar.
Que Diosdado Cabello no otorgue derecho de palabra a los diputados de la Asamblea Nacional, como represalia al no reconocimiento del triunfo del señor Maduro por parte del gobernado Capriles, y que tal política también se anuncie en otros niveles legislativos de nuestra estructura política institucional, demuestra el desconocimiento de la legitimidad de los diputados para representar la voz de un pueblo, que es soberano por ser venezolano.
Callar la voz de un diputado es callar la voz de un pueblo, es desconocer que ese diputado se legitimó con el voto directo, secreto y universal, que por cierto, es el instrumento cívico de participación electoral, que desaparece prácticamente en el diseño Comunal. Callar la voz de un diputado en la Asamblea Nacional, exige de los ciudadanos, que somos electores, un pronunciamiento; no opinar sobre esto, no reforzar el vinculo con nuestro diputado electo, es abandonar a nuestro representante y facilitar el camino a que nos expropien el derecho a ser representados en la casa que debía ser del debate y de las leyes.
La democracia se construye a pulso en estos días, como se construyó a pulso por nuestro antepasados más inmediatos, me refiero a la generación de mí abuelo. No puede haber democracia sin representación, y menos aún sin participación, por ello es que se reconoce que la democracia participativa complemente la democracia representativa, y que la actividad cívica de los ciudadanos, fortalece y complementa también la actividad política de nuestros representantes.
La amenaza de callar a nuestros diputados, debe llamar a la reflexión sobre el valor de la representación, y si bien con cacerola expresamos nuestro rechazo a la mentira y a la ausencia de transparencia en un proceso electoral, también es el momento de elevar una voz de protesta con nuestro representante y a través de nuestro representante para revestirlo de legitimidad, reiterar nuestra voluntad y exigir una Asamblea donde nuestra voz sea escuchada y donde nuestra condición de venezolanos sea reconocida en igualdad de condiciones.
Que la mentira no nos quite la democracia, y que la intolerancia no nos expropie la representación.
Carlos Romero Mendoza. @carome31