Un resumen sobre el Consejo Federal de Gobierno.
Con fecha 24 de mayo de 2010, el Diario Oriental El Tiempo sobre el Consejo Federal de Gobierno registra la siguiente información:
La nota de prensa se pregunta: ¿cuánto dinero se transfiere?, ¿a qué instituciones? y ¿a qué tipo de proyectos?.
Estas preguntas relacionadas a la relación Estado Nación, regiones, municipios, aún no tiene respuestas. Serán el CFG y el renovado esquema de financiamiento ejercido por el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) los encargados de establecer los lineamientos en materia de descentralización para los estados y municipios y las organizaciones de base del poder popular.
La nota señala que los cambios, que entrarán en vigencia en 2011, encuentran adeptos y detractores. Y mientras transcurren las pugnas políticas, lo que resta de 2010 queda como un período de transición para que las entidades territoriales y toda forma de organización popular se adapten a las nuevas reglas de juego.
¿Qué dice los opositores?.
Morel Rodríguez. Gobernador Nueva Esparta:
Advierte que con el CFG los recursos regionales pasarán a manos del FCI, con el fin de que “el Gobierno central los maneje a sus anchas”.
Rafic Souki, diputado de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional:
Niega que se pretenda sustituir a las autoridades regionales y municipales. El legislador oficialista asegura que se cumplirá el objetivo de eliminar privilegios y facilitar el desarrollo de las zonas más deprimidas del país, así como del poder popular.
El CFG tiene rango constitucional y fue el pasado mes de febrero cuando la AN le dio el visto bueno a la Ley que lo materializa. En marzo se aprobó el reglamento de funcionamiento, texto donde se detallan los cambios en la distribución y administración de recursos.
Más allá de la diatriba política que las nuevas normas hayan levantado, pues la oposición sostiene que el CFG busca desplazar a las autoridades legítimamente electas e introduce variantes en la organización territorial del país al crear los Distritos Motores de Desarrollo, el hecho es que ambos instrumentos legales obligan al reacomodo de las finanzas regionales.
En principio, de las tres fuentes de ingreso de la provincia, sólo una quedó sin alteración: el situado constitucional, recursos derivados del 20% de los ingresos ordinarios del país, empleados en compromisos burocráticos (nómina y funcionamiento de oficinas). Resguardado el gasto corriente, gobernadores y alcaldes deberán acudir al CFG para percibir los ingresos que les permitirán acometer planes de desarrollo y mejoras de infraestructura; porque sus recursos por las otras dos fuentes, el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Fides) y de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (Laee) fueron delegados al FCI.
Carlos Berrizbeitia, ex diputado de Proyecto Venezuela:
Aún cuando la obligación legal del CFG es repartir entre 23 gobernaciones, 335 municipios y un Distrito Capital, una porción de los ingresos del país, en la práctica, las gobernaciones verán reducidos sus ingresos en favor de los consejos comunales y las comunas.
El ex asambleísta sucrense explica que por la creación del FCI, el Fides -que se nutría de la recaudación de 15% del Impuesto al Valor Agregado (IVA)- fue eliminado.
Según la Ley del CFG, los recursos del Fides son asumidos por el FCI, el cual mermará las asignaciones a las gobernaciones de 42% a 37% del ingreso tributario. Las alcaldías seguirán percibiendo 28% y los consejos comunales 30%. El 5% rebajado a las regiones lo tendrán las comunas y los planes de modernización de las entidades político territoriales.
Para Berrizbeitia se ponen en riesgo las inversiones y los proyectos de desarrollo de cada región, al violentar la potestad de gobernadores y alcaldes de orientar sus recursos a las áreas prioritarias y dejarlos en manos de un CFG “que sólo responde al jefe de Estado”.El alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma, convalidó esta apreciación al creer que la norma representa un “golpe mortal” a la descentralización y es una “manera de avanzar en la concentración del poder en una sola mano”.
Aunado a esto, el pasado 13 de mayo, la AN aprobó, en primera discusión, la reforma del la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (Laee), que implicará un cambio en la asignación de recursos provenientes del 25% de las regalías petroleras.En el proyecto, se especifica que la distribución de los fondos se realizará según los criterios de la secretaría del CFG, y ya no se contemplan porcentajes de asignación, tal como lo establece la ley todavía vigente, donde se estipula 42% para las gobernaciones, 28% alcaldías y 30% consejos comunales.
Tras los cambios legales, Berrizbeitia puntualiza que en el marco jurídico se reconocen las actividades de las gobernaciones y alcaldías, pero concluye que aumenta el peso del llamado poder popular, y con ello la pérdida de potestades de las autoridades electas.
Se han intentado algunos recursos legales.
La nota de prensa se pregunta: ¿cuánto dinero se transfiere?, ¿a qué instituciones? y ¿a qué tipo de proyectos?.
Estas preguntas relacionadas a la relación Estado Nación, regiones, municipios, aún no tiene respuestas. Serán el CFG y el renovado esquema de financiamiento ejercido por el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) los encargados de establecer los lineamientos en materia de descentralización para los estados y municipios y las organizaciones de base del poder popular.
La nota señala que los cambios, que entrarán en vigencia en 2011, encuentran adeptos y detractores. Y mientras transcurren las pugnas políticas, lo que resta de 2010 queda como un período de transición para que las entidades territoriales y toda forma de organización popular se adapten a las nuevas reglas de juego.
¿Qué dice los opositores?.
Morel Rodríguez. Gobernador Nueva Esparta:
Advierte que con el CFG los recursos regionales pasarán a manos del FCI, con el fin de que “el Gobierno central los maneje a sus anchas”.
Rafic Souki, diputado de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional:
Niega que se pretenda sustituir a las autoridades regionales y municipales. El legislador oficialista asegura que se cumplirá el objetivo de eliminar privilegios y facilitar el desarrollo de las zonas más deprimidas del país, así como del poder popular.
El CFG tiene rango constitucional y fue el pasado mes de febrero cuando la AN le dio el visto bueno a la Ley que lo materializa. En marzo se aprobó el reglamento de funcionamiento, texto donde se detallan los cambios en la distribución y administración de recursos.
Más allá de la diatriba política que las nuevas normas hayan levantado, pues la oposición sostiene que el CFG busca desplazar a las autoridades legítimamente electas e introduce variantes en la organización territorial del país al crear los Distritos Motores de Desarrollo, el hecho es que ambos instrumentos legales obligan al reacomodo de las finanzas regionales.
En principio, de las tres fuentes de ingreso de la provincia, sólo una quedó sin alteración: el situado constitucional, recursos derivados del 20% de los ingresos ordinarios del país, empleados en compromisos burocráticos (nómina y funcionamiento de oficinas). Resguardado el gasto corriente, gobernadores y alcaldes deberán acudir al CFG para percibir los ingresos que les permitirán acometer planes de desarrollo y mejoras de infraestructura; porque sus recursos por las otras dos fuentes, el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Fides) y de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (Laee) fueron delegados al FCI.
Carlos Berrizbeitia, ex diputado de Proyecto Venezuela:
Aún cuando la obligación legal del CFG es repartir entre 23 gobernaciones, 335 municipios y un Distrito Capital, una porción de los ingresos del país, en la práctica, las gobernaciones verán reducidos sus ingresos en favor de los consejos comunales y las comunas.
El ex asambleísta sucrense explica que por la creación del FCI, el Fides -que se nutría de la recaudación de 15% del Impuesto al Valor Agregado (IVA)- fue eliminado.
Según la Ley del CFG, los recursos del Fides son asumidos por el FCI, el cual mermará las asignaciones a las gobernaciones de 42% a 37% del ingreso tributario. Las alcaldías seguirán percibiendo 28% y los consejos comunales 30%. El 5% rebajado a las regiones lo tendrán las comunas y los planes de modernización de las entidades político territoriales.
Para Berrizbeitia se ponen en riesgo las inversiones y los proyectos de desarrollo de cada región, al violentar la potestad de gobernadores y alcaldes de orientar sus recursos a las áreas prioritarias y dejarlos en manos de un CFG “que sólo responde al jefe de Estado”.El alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma, convalidó esta apreciación al creer que la norma representa un “golpe mortal” a la descentralización y es una “manera de avanzar en la concentración del poder en una sola mano”.
Aunado a esto, el pasado 13 de mayo, la AN aprobó, en primera discusión, la reforma del la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (Laee), que implicará un cambio en la asignación de recursos provenientes del 25% de las regalías petroleras.En el proyecto, se especifica que la distribución de los fondos se realizará según los criterios de la secretaría del CFG, y ya no se contemplan porcentajes de asignación, tal como lo establece la ley todavía vigente, donde se estipula 42% para las gobernaciones, 28% alcaldías y 30% consejos comunales.
Tras los cambios legales, Berrizbeitia puntualiza que en el marco jurídico se reconocen las actividades de las gobernaciones y alcaldías, pero concluye que aumenta el peso del llamado poder popular, y con ello la pérdida de potestades de las autoridades electas.
Se han intentado algunos recursos legales.
La nota de prensa destaca que las Gobernaciones de Carabobo, Miranda y Táchira han ejercido acciones jurídicas contra la Ley del Consejo Federal de Gobierno.
Los procuradores de Carabobo, Miranda y Táchira, Leonel Pérez Méndez, Rafael Guzmán y David Niño, respectivamente, pidieron al Tribunal Supremo de Justicia la anulación del instrumento. Alegaron vicios en su redacción , así como la “desnaturalización” del artículo 185 de la Constitución, al aprobarse en la nueva norma la transferencia de competencias a estructuras no previstas en la carta magna ( “organizaciones detentadoras de la soberanía originaria del Estado") en detrimento de estados y municipios.Letra legal
El FCI
Los procuradores de Carabobo, Miranda y Táchira, Leonel Pérez Méndez, Rafael Guzmán y David Niño, respectivamente, pidieron al Tribunal Supremo de Justicia la anulación del instrumento. Alegaron vicios en su redacción , así como la “desnaturalización” del artículo 185 de la Constitución, al aprobarse en la nueva norma la transferencia de competencias a estructuras no previstas en la carta magna ( “organizaciones detentadoras de la soberanía originaria del Estado") en detrimento de estados y municipios.Letra legal
El FCI
Ley del Consejo Federal de Gobierno crea el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), cuya finalidad es “planificar un armonioso desarrollo regional en el contexto del proyecto de Nación, además de atender el establecimiento del régimen para la transferencia de las competencias entre los entes territoriales y a las organizaciones detentadoras de la soberanía originaria del Estado, como forma de restituir el poder al pueblo venezolano”.
De acuerdo con la normativa, "los montos se asignarán (a la provincia) a través de la estructura de las regiones socioeconómicas". Estas figuras serán determinadas por el Jefe de Estado, quien ya ha adelantado que dentro de ellas existirán Distritos Productivos que a su vez contendrán las comunas.
El presupuesto 2010 ya anticipaba la necesidad de cambios. El texto señala que “la distribución que se realiza entre las entidades muestra la concentración de importantes recursos en las áreas de mayor población y por ende concentradoras de las principales actividades económicas del país que afectan las posibilidades de desarrollo equilibrado”.
1000 millonesde bolívares fuertes (un millardo) es la cifra que, según dispuso el Presidente de la República, debe conseguir el Ministerio de Planificación para activar el Fondo de Compensación Interterritorial, en 2011.
A partir del próximo año, el FCI empezará a manejar los recursos que hasta ahora se administraban por Fides y Laee.
De acuerdo con la normativa, "los montos se asignarán (a la provincia) a través de la estructura de las regiones socioeconómicas". Estas figuras serán determinadas por el Jefe de Estado, quien ya ha adelantado que dentro de ellas existirán Distritos Productivos que a su vez contendrán las comunas.
El presupuesto 2010 ya anticipaba la necesidad de cambios. El texto señala que “la distribución que se realiza entre las entidades muestra la concentración de importantes recursos en las áreas de mayor población y por ende concentradoras de las principales actividades económicas del país que afectan las posibilidades de desarrollo equilibrado”.
1000 millonesde bolívares fuertes (un millardo) es la cifra que, según dispuso el Presidente de la República, debe conseguir el Ministerio de Planificación para activar el Fondo de Compensación Interterritorial, en 2011.
A partir del próximo año, el FCI empezará a manejar los recursos que hasta ahora se administraban por Fides y Laee.
El poder de decisión en manos rojitas.
Y por último la nota de prensa recuerda que la Secretaría del CFG es rojita y aunque al acto asistieron los mandatarios de los siete estados de gobiernos regionales adversos al chavismo, la secretaría -ente coordinador- quedó conformada sólo por autoridades militantes del Psuv. Los gobernadores elegidos: Willian Lara (Guárico); Stella Lugo (Falcón) y Enrique Maestre (Sucre). Los alcaldes: Amalia Sáez (del municipio Iribarren-Lara), Marisel Velásquez (Díaz-Nueva Esparta) y Luis Caldera (Mara-Zulia).
Fuente:
https://mail.google.com/mail/?shva=1#inbox/128cd5cff5d56039