Declaración del Encuentro Ciudadano por una Educación Democrática.
ENCUENTRO CIUDADANO POR UNA EDUCACIÓN DEMOCRÁTICA
Quienes suscriben este documento, preocupados por el destino de la educación en el país, queremos llamar la atención de la opinión pública nacional por la existencia de una serie de decisiones, resoluciones y acuerdos que, por vía de hecho, modifican la institucionalidad educativa, vulneran el derecho a la educación, y constituyen una guía para la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Educación.
Es por ello que fijamos posición pública ante la discusión, en la Asamblea Nacional, de la Ley Orgánica de Educación.
Con fundamento en lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consideramos que la misma debe contemplar los siguientes aspectos:
1.- Debe asumirse el proceso educativo con una visión democrática, basada en los principios de libertad de conciencia, solidaridad, tolerancia, respeto, justicia, abierta a todas las corrientes del pensamiento, sustentada en los adelantos científicos y pedagógicos y que tenga como norte la calidad académica y libre de inherencias partidista y proselitistas.
2.- Si bien reconocemos el principio de rectoría del Estado en materia educativa, entendemos que éste supone el establecimiento de su responsabilidad en el espíritu de los principios constitucionales y, por tanto, rechazamos que el mismo tenga carácter interventor y controlador del sistema. Por otra parte, este principio define el rol que deben jugar los Ministerios de Educación, así como la asignación de competencias y responsabilidades a gobernaciones y alcaldías en el marco del estado descentralizado y protagónico previsto en la Constitución Nacional, por lo que debe mantenerse la descentralizació n como esquema organizativo del sistema educativo.
3.- Se deben definir y crear los espacios y mecanismos de participación que permitan desarrollar lo establecido en el artículo 62 de la Constitución, que garantiza la participación ciudadana en todos los niveles de definición, ejecución y evaluación de las políticas públicas en educación. De igual manera, se debe garantizar la autonomía pedagógica, de organización y gestión en las instituciones educativas y el papel fundamental de la familia en la formación ciudadana y el desarrollo integral de sus miembros.
4.- La inclusión y la calidad educativa deben constituir el norte de la ley y deben estar acompañadas de una política de compensación de las desigualdades personales, culturales y económicas en beneficio de los sectores más pobres de la población. Para el logro de este objetivo el Estado prestará atención prioritaria a la inversión en educación, a la atención integral del educando, a la dotación de recursos materiales, a la supervisión y evaluación del sistema educativo, la experimentació n y renovación pedagógicas.
5.- Debe ser garantizado el respeto a la profesión docente, a través de sueldos dignos y el diseño de mecanismos de ingreso, estabilidad y ascenso basados en criterios académicos, tal y como lo establece la Constitución Nacional, garantizando a los docentes la libertad de cátedra y el derecho a agremiarse como expresión de la vigencia de un Estado social y de derecho.
6.- La formación de los docentes debe hacerse desde una visión integral, fundamentada en los saberes científicos y pedagógicos propios de la disciplina y con una elevada responsabilidad social, evitando de esta manera una formación unidimensional y sesgada hacia un determinado enfoque de pensamiento. Las universidades tendrán la responsabilidad, en el marco de su autonomía, de diseñar los currículos tomando en cuenta no sólo los requerimientos de los programas educativos vigentes sino los aportes universales en materia educativa.
7.- La educación debe ser concebida como un servicio público de calidad, bajo la rectoría del Estado. La sociedad debe, en el marco de los principios de protagonismo y corresponsabilidad previstos en la Constitución Nacional, contribuir activamente a su desarrollo y por tal motivo se debe respetar la iniciativa privada.
Exhortamos a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, a que el documento que se elabore para segunda discusión, respete los principios aprobados por unanimidad en agosto de 2001, en la primera discusión, y que sea producto de un debate real, inclusivo, de carácter nacional, en el que participen todos los actores involucrados en el hecho educativo, de manera democrática y plural.
Esta solicitud la hacemos en aras de contribuir a generar una Ley que sea el producto de un consenso nacional en torno a tan importante materia ya que, la imposición de Leyes sin el consenso necesario solo es concebible en un estado signado por la autocracia y el autoritarismo.En ese sentido solicitamos, formalmente, que antes de que sea sometido a la segunda discusión en plenaria, nos sea entregado el borrador del proyecto de Ley, con su articulado respectivo, a fin de poder realizar las contribuciones pertinentes y que el informe definitivo incorpore todos los aportes que ha creado la sociedad en su conjunto.
Comisión coordinadora:
Eleazar Narváez - Asociación de Profesores de la UCV.
Josefina Tugnes - Asociación de Profesores de la UNA.
Andrés Suárez - Centro de Estudiantes de la Escuela de Educación de la UCAB.
Tulio Ramírez - Foro InteruniversitarioOlga Ramos - Asamblea de Educación.
Eyra Valdivieso - Escuela de Educación de la UCV.
Yanira Hernández - Escuela de Educación de la UCAB.
Raquel Figueroa - Movimiento Simón Rodríguez.
Orlando Alzuru - Federación Venezolana de Maestros.
Fausto Romeo - Asociación Nacional de Institutos de Educación Privada.
Iván Feo - Frente Democrático Universitario.
Víctor Rago - Foro Ucevista.
José Luís Farías - Secretaría de educación de un Nuevo Tiempo.
Ismael Rodríguez Bello - Consejo de Profesores Jubilados y Pensionados de la UPEL.
Sergio Sáez - Foro Interuniversitario.
Francisco Sayago - Foro Interuniversitario
APUCV. Caracas, 21 de julio de 2009.
Para suscribir este documento, ve al siguiente enlace:
http://www.ipetitio ns.com/petition/ educaciondemocra ticaPLOE/
Quienes suscriben este documento, preocupados por el destino de la educación en el país, queremos llamar la atención de la opinión pública nacional por la existencia de una serie de decisiones, resoluciones y acuerdos que, por vía de hecho, modifican la institucionalidad educativa, vulneran el derecho a la educación, y constituyen una guía para la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Educación.
Es por ello que fijamos posición pública ante la discusión, en la Asamblea Nacional, de la Ley Orgánica de Educación.
Con fundamento en lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consideramos que la misma debe contemplar los siguientes aspectos:
1.- Debe asumirse el proceso educativo con una visión democrática, basada en los principios de libertad de conciencia, solidaridad, tolerancia, respeto, justicia, abierta a todas las corrientes del pensamiento, sustentada en los adelantos científicos y pedagógicos y que tenga como norte la calidad académica y libre de inherencias partidista y proselitistas.
2.- Si bien reconocemos el principio de rectoría del Estado en materia educativa, entendemos que éste supone el establecimiento de su responsabilidad en el espíritu de los principios constitucionales y, por tanto, rechazamos que el mismo tenga carácter interventor y controlador del sistema. Por otra parte, este principio define el rol que deben jugar los Ministerios de Educación, así como la asignación de competencias y responsabilidades a gobernaciones y alcaldías en el marco del estado descentralizado y protagónico previsto en la Constitución Nacional, por lo que debe mantenerse la descentralizació n como esquema organizativo del sistema educativo.
3.- Se deben definir y crear los espacios y mecanismos de participación que permitan desarrollar lo establecido en el artículo 62 de la Constitución, que garantiza la participación ciudadana en todos los niveles de definición, ejecución y evaluación de las políticas públicas en educación. De igual manera, se debe garantizar la autonomía pedagógica, de organización y gestión en las instituciones educativas y el papel fundamental de la familia en la formación ciudadana y el desarrollo integral de sus miembros.
4.- La inclusión y la calidad educativa deben constituir el norte de la ley y deben estar acompañadas de una política de compensación de las desigualdades personales, culturales y económicas en beneficio de los sectores más pobres de la población. Para el logro de este objetivo el Estado prestará atención prioritaria a la inversión en educación, a la atención integral del educando, a la dotación de recursos materiales, a la supervisión y evaluación del sistema educativo, la experimentació n y renovación pedagógicas.
5.- Debe ser garantizado el respeto a la profesión docente, a través de sueldos dignos y el diseño de mecanismos de ingreso, estabilidad y ascenso basados en criterios académicos, tal y como lo establece la Constitución Nacional, garantizando a los docentes la libertad de cátedra y el derecho a agremiarse como expresión de la vigencia de un Estado social y de derecho.
6.- La formación de los docentes debe hacerse desde una visión integral, fundamentada en los saberes científicos y pedagógicos propios de la disciplina y con una elevada responsabilidad social, evitando de esta manera una formación unidimensional y sesgada hacia un determinado enfoque de pensamiento. Las universidades tendrán la responsabilidad, en el marco de su autonomía, de diseñar los currículos tomando en cuenta no sólo los requerimientos de los programas educativos vigentes sino los aportes universales en materia educativa.
7.- La educación debe ser concebida como un servicio público de calidad, bajo la rectoría del Estado. La sociedad debe, en el marco de los principios de protagonismo y corresponsabilidad previstos en la Constitución Nacional, contribuir activamente a su desarrollo y por tal motivo se debe respetar la iniciativa privada.
Exhortamos a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, a que el documento que se elabore para segunda discusión, respete los principios aprobados por unanimidad en agosto de 2001, en la primera discusión, y que sea producto de un debate real, inclusivo, de carácter nacional, en el que participen todos los actores involucrados en el hecho educativo, de manera democrática y plural.
Esta solicitud la hacemos en aras de contribuir a generar una Ley que sea el producto de un consenso nacional en torno a tan importante materia ya que, la imposición de Leyes sin el consenso necesario solo es concebible en un estado signado por la autocracia y el autoritarismo.En ese sentido solicitamos, formalmente, que antes de que sea sometido a la segunda discusión en plenaria, nos sea entregado el borrador del proyecto de Ley, con su articulado respectivo, a fin de poder realizar las contribuciones pertinentes y que el informe definitivo incorpore todos los aportes que ha creado la sociedad en su conjunto.
Comisión coordinadora:
Eleazar Narváez - Asociación de Profesores de la UCV.
Josefina Tugnes - Asociación de Profesores de la UNA.
Andrés Suárez - Centro de Estudiantes de la Escuela de Educación de la UCAB.
Tulio Ramírez - Foro InteruniversitarioOlga Ramos - Asamblea de Educación.
Eyra Valdivieso - Escuela de Educación de la UCV.
Yanira Hernández - Escuela de Educación de la UCAB.
Raquel Figueroa - Movimiento Simón Rodríguez.
Orlando Alzuru - Federación Venezolana de Maestros.
Fausto Romeo - Asociación Nacional de Institutos de Educación Privada.
Iván Feo - Frente Democrático Universitario.
Víctor Rago - Foro Ucevista.
José Luís Farías - Secretaría de educación de un Nuevo Tiempo.
Ismael Rodríguez Bello - Consejo de Profesores Jubilados y Pensionados de la UPEL.
Sergio Sáez - Foro Interuniversitario.
Francisco Sayago - Foro Interuniversitario
APUCV. Caracas, 21 de julio de 2009.
Para suscribir este documento, ve al siguiente enlace:
http://www.ipetitio ns.com/petition/ educaciondemocra ticaPLOE/