Regulación sobre financiamiento electoral va para el 23 de noviembre.

En relación al tema de financiamiento electoral, hay que distinguir dos cosas: no es lo mismo hablar de financiar espacios publicitarios para actividad proselitista que se reparta entre los candidatos a gobernadores, lo que constituye una forma de financiamiento público indirecto; que hablar de financiar campaña institucional del CNE como Poder Electoral, para reforzar su imagen como rector de un proceso electoral como el del 23 de noviembre, donde se pone en juego la fuerza de la ya muy maltrecha y debilitada descentralización.

El Universal de del 24 de junio, anuncia bajo la nota de Eugenio Martínez, que el CNE evalúa costos para financiar campañas para las regionales. Señala el artículo que aún no está claro ni cuánto correspondería y menos aún cómo se repartiría. (http://www.eluniversal.com/2008/06/24/pol_art_cne-evalua-costo-de_918386.shtml)

Aporrea, por su parte, anunciaba igualmente ayer que se estaban estudiando distintos escenarios para el financiamiento de la campaña electoral, tomada la información de la Agencia Bolivariana de Noticias el 23 de junio, allí se puede recoger el siguiente párrafo:

La información la suministró el rector principal del CNE, Germán Yépez, quien destacó que durante la sesión de este lunes se acordó hacer una solicitud a la Asamblea Nacional (AN) para que apruebe un acuerdo que permita el financiamiento de una parte de la campaña electoral a las organizaciones con fines políticos y la aprobación de un crédito adicional.

“En esta oportunidad el CNE no manejaría la publicidad sino que dotaría a los que finalmente reciban el aporte para la propaganda, además de crear unos mecanismos de fiscalización”, expresó.
(http://www.aporrea.org/actualidad/n115907.html)

Es evidente que hay movimiento político en la búsqueda de conseguir que se retome el financiamiento público para campañas electorales, lo que resulta interesante luego de casi 10 años de elecciones consecutivas, en la cual el tema no ha estado planteado y en la actualidad cuando es evidente que la gran mayoría de los puestos de representación popular están en manos del oficialismo, es que el tema sale a la luz pública, luego que el Tribunal Supremo de Justicia, interpretara que la Constitución en su artículo 67 lo que prohíbe es financiar las actividades ordinarias de las agrupaciones con fines políticas, permitiendo así, el financiamiento para campañas electorales.

Ahora bien, se habla de crear mecanismos de fiscalización, seria muy importante saber ¿qué sucedió con el reglamento del 2004 que controlaba y fiscalizaba precisamente el financiamiento electoral a los partidos, candidatos y grupos de electores?. Esas normas allí establecidas fueron efectivas o simplemente quedaron escritas pero sin impacto en la práctica que refuerce la transparencia como principio que se destaca de nuestra administración pública nacional en el 141 de la Constitución.

Igualmente si le piden apoyo a la Asamblea Nacional para que apruebe un acuerdo que permita ese financiamiento, ¿hubo ese acuerdo para que se financiara la campaña del PSUV?. Porque si hoy lo piden, igual tuvieron que haberlo pedido antes.

Aún cuando Vicente Díaz, rector del CNE, haya declarado el 13 de junio que las normas sobre el financiamiento electoral no operaria para el 23 de noviembre, todo indica que las mismas van y con un diseño donde el control estará en manos del Consejo Nacional Electoral.

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