martes, 18 de abril de 2017

Asamblea Nacional rechaza la ejecución continuada del golpe de estado y condena represión, perscución ydemás violaciones a los DDHH.




El 18 de abril de 2017, la Asamblea Nacional aprueba el ACUERDO EN RECHAZO A LA EJECUCIÓN CONTINUADA DEL GOLPE DE ESTADO Y EN CONDENA A LA REPRESIÓN, PERSECUCIÓN, TORTURAS Y OTRAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN.

En el contenido de ese Acuerdo, reitera la denuncia que ha venido haciendo desde hace meses, sobre la ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela.  Ruptura que la Asamblea Nacional expresamente señala en ese documento que se concreta a través de:

  1. Ausencia de separación de poderes.
  2. El socavamiento del Estado de Derecho, 
  3. La violación generalizada de los derechos humanos.,
  4. El desconocimiento de la soberanía popular y de la representación política y la suspensión de facto del derecho al voto, lo cual se evidencia con  la suspensión arbitraria del referendo revocatorio en el 2016 y ha llevado consigo la postergación inconstitucional de las elecciones regionales.

El Acuerdo reitera la existencia un cerco político-judicial contra la Asamblea Nacional, que expresamente califica como un golpe de Estado continuado, que se agrava con las sentencias de la Sala Constitucional N° 155, 156, 157 y 158. 


A través de este nuevo Acuerdo, la Asamblea Nacional hace varias denuncias:

1.            Denuncia el fraude a la Constitución en los siguientes hechos:

-Designación de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia.
-Suspensión de la proclamación de los Diputados de Amazonas y de la Región Sur Indígena,
-La existencia de más de 50 sentencias de la Sala Constitucional que han pretendido bloquear el ejercicio de las funciones del Parlamento.

2.            Denuncia que con el tema de las sentencias y la reacción de la Fiscal, así como de la comunidad internacional, ha quedado en evidencia el control absoluto del Presidente de la República y de órganos de la esfera militar sobre la administración de justicia;

3.        Denuncia una serie de serie de graves violaciones de los derechos humanos para sostenerse en el poder:

3.1- Torturas físicas, psíquicas y morales contra militantes de partidos políticos para obtener confesiones forzosas,
3.2- Ataques contra centros de salud, lo cual está prohibido hasta en tiempos de guerra, y
3.3- Persecución de un grupo de personas fundada en motivos políticos.

4.            Denuncia que el gobierno de Nicolás Maduro ha acudido a la represión desmedida y al uso desproporcionado de la fuerza, por medio de los cuerpos policiales y de integrantes de la Fuerza Armada Nacional, mediante el empleo de armas de fuego y de sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, en violación de la Constitución, dado esto lugar a asesinatos y a atentados a la integridad corporal.

5.            Denuncia la detención arbitraria, criminalización y tortura de los hermanos Sánchez, y reclama que el régimen haya utilizado falsas declaraciones en cadena nacional, lo que representa una grave violación a los derechos humanos.  Ese caso es una evidencia más del golpe de Estado a las libertades ciudadanas del cual el régimen es responsable.

La Asamblea Nacional en el Acuerdo advierte expresamente que la represión es una continuación del golpe de Estado perpetrado por la cúpula ejecutivo-militar-judicial, y una confirmación de que estamos ante una autocracia que no consiente la protesta y la crítica de la ciudadanía.

Además, cuestiona que el gobierno califique como terrorismo todo lo que suponga la organización de los ciudadanos para la defensa pacífica de sus derechos y para la exigencia de elecciones en aras de un futuro mejor, así como a inhabilitar arbitrariamente a líderes políticos;

La Asamblea Nacional alerta que para la fecha del Acuerdo hay 538 privaciones de libertad, junto a otras denuncias de torturas o maltratos, en el marco de una grosera segregación contra los manifestantes opositores que tienen vedado el ingreso al Municipio Libertador y que son víctimas de toda clase de excesos para impedir que se congreguen en espacios públicos que son de todos los venezolanos.

Por último hace un llamado a la obligación de defender la Constitución, prevista en el artículo 333 y llama a todos los ciudadanos a mantenerse firmes junto a nuestros representantes parlamentarios, en protesta permanente, pacífica pero contundente, hasta la recuperación del orden constitucional y del derecho al voto, lo cual se expresa en el respeto a las competencias de la Asamblea Nacional, la liberación de los presos políticos y la realización de elecciones.

Los Acuerdos son muy concretos, por un lado exhortar a las autoridades públicas a respetar la Consttución y a garantizar, en el ámbito de sus competencias, la plena vigencia de los derechos fundamentales.   Así mismo, hace un llamado a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público para que cumplan con su responsabilidad de velar por los derechos funamentales que están previstos en la Constitución.

Reiteran la acción de denunciar este golpe de Estado y rechazan expresamente la violación al derecho a al vida, a la libertad personal, a la integridad física, psíquica y moral de las personas, exigiendo, respeto absoluto y garantía de los derechos constitucionales, previstos tambíen en tratados internacionales sobre derechos humanos.

Carlos Romero Mendoza.
18 de abril de 2017



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