Estado-Ley-Democracia

Era diciembre 2018 cuando los gremios, organizaciones no gubernamentales, universidades, sindicatos y partidos políticos, todos actores sociales se mostraron unidos frente al país para presentar un primer avance de lo que entonces llamaron “Plan País, el día después”, cuyo objetivo, no era otro que plantear el camino parar “ recuperar al Estado y ponerlo al servicio de la gente, empoderar a los venezolanos para liberar sus fuerzas creativas y productivas, y reinsertar al país en el concierto de las naciones del mundo ”. [1] Imagen:  El Clarin. Enero 2019 Unas semanas después, el 31 de enero 2019, el Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, asumió frente al país el compromiso de materializar el Plan País, el cual reconoció que su resultado sería la suma de muchos aportes técnicos y de sacrificio de muchísimas personas. “No tenemos recursos económicos, pero sí recursos humanos” [2] , destacó Juan Guaidó. Sin duda un importante hecho político representó ese acto

El compromiso por restaurar el orden constitucional y democrático en Venezuela, exige rechazar categóricamente esa falsa consulta popular del próximo 1 de diciembre que ha convocado el gobernador del Estado Miranda Héctor Rodríguez, quien expresó con mucha claridad que esa convocatoria electoral lo que busca es evaluar si la organización popular, comunas, gobiernos comunitarios y movimientos sociales está funcionando correctamente. [1] Por lo tanto, con la excusa de decidir sobre la transferencia de recursos a las Comunas, cuya fuente será el producto de las multas previstas en la Ley de Convivencia para la paz y seguridad ciudadana del Estado Miranda aprobada en el año 2017, el gobernador Rodríguez liderará un ejercicio de movilización política, y abrirá un peligroso camino para formalizar la transferencia de recursos al poder popular, justo cuando estamos entrando al año 2020 cuando es plantea una agenda electoral. Aún cuando Oriana Osio [2] , organizadora de la c

Recientemente, una nota de prensa anunciaba una ceremonia simbólica de unión matrimonial entre la “Señora Mi Cali Soñada” y el “Señor Santiago de Cali”, que representó el compromiso del gobierno local de sacar adelante la ciudad con una nueva cultura ciudadana, con honestidad y mucho trabajo [1] . Esa ceremonia simbólica tenía como objetivo la presentación formal del Plan de Desarrollo Municipal Cali Progresa Contigo 2013-2019, que registra la visión compartida de ciudad, construida a través de una metodología incluyente que permitió a distintos actores locales ser parte del debate y de la discusión para la construcción de esos consensos básicos sobre la visión de ciudad [2] . Ese Plan de Desarrollo Municipal de Cali, así como el que se aprobó también recientemente en Cúcuta, son dos de ejemplos a través de los cuales los gobiernos asumen un compromiso con acciones locales, que responden de manera concreta a las metas previstas en los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030. 

La disposición de debatir y dialogar sobre la descentralización ha estado presente en las últimas semanas tanto en el Perú como en el Uruguay. En el Perú, el Presidente Kuczynski presidió, el 26 de junio del corriente año, la Cumbre de Descentralización, en la cual, junto a 750 alcaldes y 20 gobernadores, abrió las puertas para el debate y diálogo sobre la descentralización en ese país [1] . En ese mismo sentido, utilizando la tecnología como aliada, el Gobierno de Uruguay promueve el encuentro con la sociedad civil organizada a los fines de abordar el tema de la descentralización del Estado y lo logra hacer a través de un programa llamado Diálogo Social , con el cual aspira diseñar una estrategia de desarrollo sostenible coherente con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de 2030. En ese programa se plantean 10 temas. Uno de ellos lo han denominado Descentralización y Ciudad , y el pasado 7 de julio, con el registro de 7 propuestas y la participación de 55 instituciones, s