Pensando en la descentralización.
Recientemente, una nota de prensa anunciaba una ceremonia simbólica de unión matrimonial entre la “Señora Mi Cali Soñada” y el “Señor Santiago de Cali”, que representó el compromiso del gobierno local de sacar adelante la ciudad con una nueva cultura ciudadana, con honestidad y mucho trabajo [1].
Esa ceremonia simbólica tenía como objetivo la presentación formal del Plan de Desarrollo Municipal Cali Progresa Contigo 2013-2019, que registra la visión compartida de ciudad, construida a través de una metodología incluyente que permitió a distintos actores locales ser parte del debate y de la discusión para la construcción de esos consensos básicos sobre la visión de ciudad[2].
Ese Plan de Desarrollo Municipal de Cali, así como el que se aprobó también recientemente en Cúcuta, son dos de ejemplos a través de los cuales los gobiernos asumen un compromiso con acciones locales, que responden de manera concreta a las metas previstas en los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030. En otras palabras, aquella agenda global, expresada en 17 Objetivos, aprobada por la ONU en septiembre 2015, encuentran en Cali y en Cúcuta, dos experiencias, de muchas otras en las cuales sus metas son adecuadas a la realidad local y enmarcadas dentro de unos lineamientos generales del gobierno colombiano.
Pretender que en Venezuela un Municipio logre aprobar un Plan de Desarrollo Municipal a través de un proceso amplio y plural de participación ciudadana, a través del Consejo Local de Planificación Pública (CLPP), resulta una misión casi que imposible, principalmente porque ello supone el cambio del modelo político, social y económico que se pretende imponer, a espaldas de la voluntad popular y que se expresa concretamente a través del Plan de la Patria 2013-2019.
La Conferencia Episcopal Venezolana, muy acertadamente en el año 2014, alertó que ese Plan de la Patria, escondía en su contenido un modelo de gobierno autoritario y que el intento de imponerlo en el país era una de las principales causas de la crisis venezolana.
Legalmente hablando, el CLPP se presenta en el diseño institucional de los municipios como la instancia responsable del proceso de discusión y construcción del Plan Municipal de Desarrollo, pero a partir del 2010, una reforma legislativa transformó al CLPP como instancia para fortalecer al Poder Popular, a través de la función planificadora y consolidar el modelo de Estado Comunal.
El Plan de la Patria, entre sus objetivos confirma la orientación del CLPP y expresamente identifica al gobierno comunal y a la administración de los medios de producción de bienes y servicios de propiedad social, como las bases del desarrollo de un nuevo sistema federal. Resulta importante advertir que a lo largo del contenido del Plan de la Patria, se omite el uso del termino “descentralización”, lo cual pone en evidencia el desconocimiento expreso al mandato constitucional del artículo 158 de hacer de la descentralización la herramienta para profundizar la democracia, acercar el poder a los ciudadano y crear mejores condiciones, tanto para el propio ejercicio de la democracia, como para que el Estado cumpla de manera más eficaz y eficiente sus fines y objetivos.
La descentralización debe ser asumida como política de Estado, es un mandato constitucional, su omisión advierte otro elemento más que complementa la conducta reiterada del gobierno de irrespetar y desconocer el orden constitucional vigente.
Soñar que en algún momento futuro, nuestros municipios pueden facilitar espacios para la construcción de una visión compartida del desarrollo, supone rescatar la descentralización como política de estado y garantizar niveles óptimos de autonomía municipal, que permitan impulsar las potencialidades de cada municipio y asumir el compromiso que exige la tarea de fortalecer la la economía local y promover importantes niveles de cohesión social.
El país reclama cambio y en la descentralización encuentra un modelo constitucionalmente viable para asumir los desafios que supone reconstruir al país en ruinas que nos ha dejado el legado de Hugo Chávez Frías.
La descentralización es un proceso complejo y lento, supone la participación de todos los actores políticos, así como también requiere de un diseño institucional que responda la necesidad y las expectativas asumidas frente a ese proceso de descentralización. En el pasado la legalidad diseñó una institucionalidad integrada por una Comisión Nacional de Descentralización; un Consejo Territorial Gobierno, un Consejo Regional de Gobierno y un Consejo Nacional de Alcaldes, a los fines de impulsar la descentralización política administrativa.
En la actualidad la Constitución pone en manos del Consejo Federal de Gobierno, las políticas para la descentralización y los recursos económicos para impulsarla; así mismo, vía legislativa, se unen a esta instancia nacional, el Consejo Estadal de Coordinación de Políticas Públicas (CEPLACOP) y el CLPP, a los fines de integrar un Sistema Nacional de Planificación, que de manera legítima, podrían ser reformadas a través de la Asamblea Nacional, a los fines de ponerlas al servicio de la descentralización y de la restitución del orden constitucional.
El desafío más inmediato que tenemos como sociedad es acercarnos a la descentralización como alternativa constitucional y ello supone abrir el debate político. El Plan de la Patria y el gobierno revolucionario tienen fecha de caducidad definida, asumamos un debate amplio, incluyente, en el marco de las elecciones regionales y luego las municipales, para replantear el rol de los Estados y de los Municipios, de sus instituciones y actores en el rescate del país.
En lo inmediato la amenazada Asamblea Nacional tiene la posibilidad de abrir las puertas a la descentralización como debate y como propuesta; las elecciones regionales y municipales, cualquier sea la fecha en que estas ocurran, ponen en la agenda la oportunidad para ese debate nacional de la descentralización como proyecto y política de Estado.
Sin duda hoy la atención está en otro tema, pero el tiempo histórico reclama que, en paralelo, el proyecto país sea debatido, sirva para lograr mayor cohesión social y se convierta en referencia objetiva para el reclamo permanente por respeto a la soberanía popular, así como también, permita construir la suficiente confianza para avanzar hacia el fin esperado por todos: el cambio político.
Carlos Romero Mendoza.
Artículo escrito para Politika Ucab y publicado el 9 de junio 2016.
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[1] Con ‘matrimonio’ simbólico con la ciudad, Armitage presentó su marca de gobierno. 7 de baril 2016. http://www.publimetro.co/cali/con-matrimonio-simbolico-con-la-ciudad-armitage-presento-su-marca-de-gobierno/lmkpdh!pMq9wJf4u6vQ/
[2] Plan de Desarrollo de Cúcuta, 2016-2019. http://www.laopinion.com.co/columna-de-opinion/plan-de-desarrollo-de-cucuta-2016-2019-112038#ATHS