Asamblea Nacional rechaza la ejecución continuada del golpe de estado y condena represión, perscución ydemás violaciones a los DDHH.
El 18 de abril de 2017, la Asamblea Nacional aprueba
el ACUERDO EN RECHAZO A LA EJECUCIÓN
CONTINUADA DEL GOLPE DE ESTADO Y EN CONDENA A LA REPRESIÓN, PERSECUCIÓN,
TORTURAS Y OTRAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN.
En el contenido de ese Acuerdo,
reitera la denuncia que ha venido
haciendo desde hace meses, sobre la ruptura del orden constitucional y
democrático en Venezuela. Ruptura que la Asamblea Nacional expresamente señala
en ese documento que se concreta a través de:
- Ausencia de separación de poderes.
- El socavamiento del Estado de Derecho,
- La violación generalizada de los derechos humanos.,
- El desconocimiento de la soberanía popular y de la representación política y la suspensión de facto del derecho al voto, lo cual se evidencia con la suspensión arbitraria del referendo revocatorio en el 2016 y ha llevado consigo la postergación inconstitucional de las elecciones regionales.
El Acuerdo reitera la existencia
un cerco político-judicial contra la Asamblea Nacional, que expresamente califica
como un golpe de Estado continuado, que se agrava con las sentencias de la Sala
Constitucional N° 155, 156, 157 y 158.
A través de este nuevo Acuerdo, la Asamblea
Nacional hace varias denuncias:
1.
Denuncia el fraude a la Constitución en los siguientes
hechos:
-Designación de magistrados en el
Tribunal Supremo de Justicia.
-Suspensión de la proclamación de
los Diputados de Amazonas y de la Región Sur Indígena,
-La existencia de más de 50
sentencias de la Sala Constitucional que han pretendido bloquear el ejercicio
de las funciones del Parlamento.
2.
Denuncia que con el tema de las sentencias y la
reacción de la Fiscal, así como de la comunidad internacional, ha quedado en
evidencia el control absoluto del Presidente de la República y de órganos de la
esfera militar sobre la administración de justicia;
3. Denuncia una serie de serie de graves violaciones de
los derechos humanos para sostenerse en el poder:
3.1- Torturas físicas, psíquicas
y morales contra militantes de partidos políticos para obtener confesiones
forzosas,
3.2- Ataques contra centros de
salud, lo cual está prohibido hasta en tiempos de guerra, y
3.3- Persecución de un grupo de
personas fundada en motivos políticos.
4.
Denuncia que el gobierno de Nicolás Maduro ha acudido
a la represión desmedida y al uso desproporcionado de la fuerza, por medio de
los cuerpos policiales y de integrantes de la Fuerza Armada Nacional, mediante
el empleo de armas de fuego y de sustancias tóxicas en el control de
manifestaciones pacíficas, en violación de la Constitución, dado esto lugar a
asesinatos y a atentados a la integridad corporal.
5.
Denuncia la detención arbitraria, criminalización y
tortura de los hermanos Sánchez, y reclama que el régimen haya utilizado falsas
declaraciones en cadena nacional, lo que representa una grave violación a los
derechos humanos. Ese caso es una evidencia
más del golpe de Estado a las libertades ciudadanas del cual el régimen es
responsable.
La Asamblea Nacional en el
Acuerdo advierte expresamente que la represión es una continuación del golpe de
Estado perpetrado por la cúpula ejecutivo-militar-judicial, y una confirmación
de que estamos ante una autocracia que no consiente la protesta y la crítica de
la ciudadanía.
Además, cuestiona que el gobierno
califique como terrorismo todo lo que suponga la organización de los ciudadanos
para la defensa pacífica de sus derechos y para la exigencia de elecciones en
aras de un futuro mejor, así como a inhabilitar arbitrariamente a líderes
políticos;
La Asamblea Nacional alerta que para
la fecha del Acuerdo hay 538 privaciones de libertad, junto a otras denuncias
de torturas o maltratos, en el marco de una grosera segregación contra los
manifestantes opositores que tienen vedado el ingreso al Municipio Libertador y
que son víctimas de toda clase de excesos para impedir que se congreguen en
espacios públicos que son de todos los venezolanos.
Por último hace un llamado a la
obligación de defender la Constitución, prevista en el artículo 333 y llama a
todos los ciudadanos a mantenerse firmes junto a nuestros representantes
parlamentarios, en protesta permanente, pacífica pero contundente, hasta la
recuperación del orden constitucional y del derecho al voto, lo cual se expresa
en el respeto a las competencias de la Asamblea Nacional, la liberación de los
presos políticos y la realización de elecciones.
Los Acuerdos son muy concretos, por un lado exhortar a las autoridades públicas a respetar la Consttución y a garantizar, en el ámbito de sus competencias, la plena vigencia de los derechos fundamentales. Así mismo, hace un llamado a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público para que cumplan con su responsabilidad de velar por los derechos funamentales que están previstos en la Constitución.
Reiteran la acción de denunciar este golpe de Estado y rechazan expresamente la violación al derecho a al vida, a la libertad personal, a la integridad física, psíquica y moral de las personas, exigiendo, respeto absoluto y garantía de los derechos constitucionales, previstos tambíen en tratados internacionales sobre derechos humanos.
Carlos Romero Mendoza.
18 de abril de 2017