La necesidad de regular las redes sociales, entre la desconfianza y el ruido político en España

Cuando la desconfianza domina la dinámica política y el debate público se ha normalizado entre insultos y descalificaciones, cualquier propuesta de política pública nace con una barrera: no se discute su contenido, sino la intención de quien la propone. El debate en torno a la posible prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años en España es un claro ejemplo de ello.

Fuera del ámbito digital, intento observar si hay algún espacio para el debate público sobre el tema en mí entorno, al menos en las redes a través de las cuales me vinculo con otros padres en un entorno escolar, no se percibe una preocupación por el tema de la regulación de las redes sociales, lo que no significa que no haya interés en el tema.

Tal vez, la ausencia del debate en mí entorno, tiene como uno de las razones, que los colegios del municipio en el que resido, el uso de dispositivos digitales está ya restringido, por lo tanto la realidad con la tecnología y su relación con los hijos no es un problema que despierte alertas en este momento, o quizá, hay padres que consideran que el tema no es nuevo, recordemos que ya en el 2024, el tema de la regulación del uso de redes para menores de 15 se presentó en el anteproyecto de Ley de protección digital de niños, niñas y adolescentes, y a ello, debemos agregar, la información que sobre Australia se ha divulgado, luego que adoptara la prohibición como política nacional.

Sin embargo, la propuesta actual va más allá del ámbito educativo. Ya no se dirige a los colegios, sino a los hogares. Y eso abre una reflexión más profunda, que nos lleva a hablar de la crianza digital, el modelaje parental y la responsabilidad compartida entre familias, escuelas, plataformas y Estado. No es extraño, entonces, que surja de inmediato la preocupación por la libertad de expresión y el control del discurso, en un contexto donde la sociedad ha comprado la idea, equivocada, de que el debate democrático ocurre principalmente en las redes sociales.

Las reacciones políticas han sido previsibles; desde acusaciones de autoritarismo y censura hasta la idea de que se trata de una “trampa” para controlar contenidos y distraer de otros problemas. El tono dominante no es el análisis, sino la desconfianza. Algo similar ocurre con parte del debate en redes, en donde entre el ruido y la polarización se diluyen aportes más serenos provenientes de docentes, orientadores, asociaciones de padres o estudios académicos, que en muchos casos son cuestionados por otros usuarios, buscando desvirtuar y crear desconfianza de lo que allí se expresa y de quien expone.

Más allá de la confrontación política, hay analistas y representantes del sector digital que advierten sobre algunos potenciales riesgos que no pueden ignorarse si miramos los anuncios del presidente del Gobierno de España de forma integral, a saber: la posible vulneración de la privacidad mediante sistemas de verificación de edad, la censura preventiva, la indefinición de conceptos como “odio” o “polarización”, y la tentación de que sea el propio Gobierno quien determine los límites del discurso legítimo. Estas preocupaciones no son menores y exigen un debate serio con aportes técnicos y/o científicos sólidos para el debate.

En ese contexto, estudios como el publicado en el 2025 por varias organizaciones en España, entre ella UNICEF España, bajo el titulo Infancia Digital. INFANCIA, ADOLESCENCIA Y BIENESTAR DIGITAL Una aproximación desde la salud, la convivencia y la responsabilidad social, sobre el cual escribí en un artículo anterior, permite conocer que los padres, presentan una realidad en la que muchos se sienten abrumados y sobrepasados por la tecnología, con una sensación que les lleva a cuestionar la crianza digital que han asumido, y quienes reconocen que hay un acceso cada vez más precoz de sus hijos al entorno digital y una delegación excesiva de responsabilidades, muchas veces por falta de tiempo.

Por su parte, la preocupación en la relación con la tecnología, también la experimentan los propios adolescentes, como lo destaca el estudio previamente mencionado, quienes identifican riesgos claros: uso adictivo, problemas de sueño, exposición a contenidos inapropiados, ciberacoso y un impacto negativo en la salud mental. Y, de forma preocupante, expresan sentirse poco acompañados tanto en casa como en los centros educativos.

Las redes sin duda son un espacio de socialización, hoy al mismo nivel que la escuela o la familia, pero en un entorno virtual, una realidad que no es posible ignorar, pero si regular en cuanto a ese llamado acompañamiento progresivo para acceder y comprender ese mundo virtual lo mejor posible, porque tantos peligros hay en el mundo real, como en el mundo online, por lo tanto hay que preparar a los hijos para ello y entenderlo los adultos.

No podemos ignorar que hoy las redes sociales son un espacio de socialización tan real como lo son la escuela o la familia, aun cuando sea en un entorno virtual, por ello la regulación surge como una necesidad, pero hacerlo sin pedagogica es un error. Regular puede ser necesario. Educar es imprescindible. Y sin confianza, respeto y debate informado —en los hogares, en los centros educativos y en la esfera pública— cualquier medida y/o política pública, por bienintencionada que sea, corre el riesgo de fracasar antes incluso de aplicarse.

Tal vez la pregunta más honesta no sea si estamos a favor o en contra de una medida concreta, sino ¿Qué papel debe asumir el Estado para fortalecer a las familias y a la escuela en esa tarea de acompañamiento y pedagogía permanente que la realidad digital exige?

En mí artículo anterior, identifico en el marco institucional de la Comunidad de Madrid, una norma que considero útil para explorar en la búsqueda de una respuesta concreta a la pregunta que formulo en el párrafo anterior; consciente, que la misma, exige del diálogo, encuentro y formación de docentes y padres para poder navegar con criterio y seguridad en el mundo digital.

Carlos Romero Mendoza
@carome31