Una mirada al contenido del Informe Bachelet
Una mirada al contenido del Informe
Bachelet
1.- El
informe y algunas reacciones.
El informe, que se elaboró a petición del Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, fue publicado el 4 de julio 2019,
CNNespañol[1], calificó el Informe Bachelet como “crudo”, El
Clarin lo hace usando el término “devastador”[2], que también fue
utilizado por la plataforma web Infobae[3], La Tercera destacó que el Informe fue “lapidario”[4] y otro calificativo que se puede identificar en las
redes sociales, es el de “demodelor informe”[5]
Por su parte, el Dr. Allan Brewer Carías, en un
estudio titulado Informe Bachelet: el desahucio del régimen, expresa que
ese documento debe ser asumido como un mensaje directo al régimen
depredador, de que debe desalojar el poder, que tiene que irse, que debe cesar
la usurpación y reestablecerse el orden democrático.
Para el profesor Michael
McCarthy[6],
adjunto de Relaciones Exteriores de la Universidad George Washington, destaca que el Informe no cambia la realidad, pero
si la documenta desde el enfoque de los derechos humanos, y con ello obliga a
la comunidad internacional a prestar mucha más atención a la crisis venezolana.
Por su parte, tres voces han expresado la necesidad y
oportunidad de remitir el Informe Bachelet a la Corte Penal Internacional, esas
voces han sido:
Iván Duque[7], presidente de
Colombia:
“Espero que ahora con
este resultado del informe de Michelle Bachelet, la Corte pueda rápidamente, ya
no solo abrir la investigación, sino tener la evidencia contundente para que se
adelante un juicio y reciba su merecido un dictador que ha acabado con el
pueblo venezolano”
El presidente de Chile Sebastián
Piñera[8],
se comprometió a solicitar a Bachelet que el informe sea enviado a la Corte
Penal Internacional, y además agregó que también elevará la solicitud para que
el Consejo de Derechos Humanos de la ONU asuma la labor de vigilancia sobre
Venezuela luego del informe que calificó como “duro”.
José Miguel Vivanco,
director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch[9], en esta materia afirmó:
"El informe
denuncia que los abusos pueden constituir una 'persecución por motivos
políticos' y pide investigar la 'responsabilidad penal individual' por esos
crímenes. Bachelet debería enviar toda la información que recabó su oficina a
la Corte Penal Internacional".
Por último, sobre el Informe Bachelet, resulta
oportuno destacar que la Conferencia Episcopal de Venezuela en su reunión con
la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, formalmente le
solicitó que en su informe reflejara el rostro real de lo que pasa en Venezuela
y que señalar los mecanismos para solucionar los problemas de fondo de lo que
ocurre con los venezolanos[10].
El contenido del Informe si logra reflejar un rostro
real de la crisis venezolana, sin llegar a concretar mecanismos para solucionar
los problemas.
2.- Estructura
del Informe:
El Informe Bachelet desarrolla el siguiente esquema:
I.- Introducción.
II.- Derechos
económicos y sociales.
a) Derecho a la alimentación.
b) Derecho a la Salud.
c) Programa y políticas sociales.
d) Medidas coercitivas unilaterales.
III.- Violaciones
de los derechos civiles.
a) Libertad de opinión y expresión.
b) Represión selectiva y persecución por motivos
políticos.
c) Uso
excesivo de la fuerza y muertes causadas en el contexto de operaciones de
seguridad
IV.- Acceso efectivo
a la justicia y a una reparación adecuada para las víctimas.
V.- Grupos
en situación de riesgo.
a) Pueblos indígenas
b) Personas migrantes y refugiadas.
IX Conclusiones.
3.- Sobre
la introducción.
En esta parte del informe se describe los elementos
que fueron considerados para la elaboración del mismo por parte de la
Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(el ACNUDH), inclusive durante misiones, a saber:
-Visita
a Venezuela del 11 al 22 de marzo de 2019, durante la cual se reunió con una
amplia variedad de partes interesadas, incluyendo actores estatales, en
Caracas, Barquisimeto, Valencia y Ciudad Guayana.
-Visitas
para entrevistar entre septiembre de 2018 y abril de 2019, a personas
refugiadas y migrantes venezolanos en la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, España, México y Perú.
-Visita
de la Alta Comisionada visitó Venezuela del 19 al 21 de junio de 2019. Se
reunió con muchas contrapartes, incluido el Presidente Nicolás Maduro, el
Vicepresidente, el Ministro de Relaciones Exteriores, altos cargos de 17
ministerios, el Presidente de la Asamblea Nacional y diputados/as de la
oposición. Asimismo, se reunió con el Presidente de la Asamblea Nacional
Constituyente, el Fiscal General, el Presidente del Tribunal Supremo de
Justicia y el Defensor del Pueblo. Sostuvo reuniones con representantes de la
Iglesia Católica, el sector empresarial, universidades, estudiantes,
sindicatos, organizaciones de derechos humanos, aproximadamente 200 víctimas,
la comunidad diplomática y el equipo de la Organización de las Naciones Unidas
en el país.
-558
entrevistas con personas víctimas, testigos y otras fuentes, incluyendo
abogados y abogadas, profesionales de la salud y de los medios de comunicación,
defensores y defensoras de los derechos humanos, y ex militares y oficiales de
seguridad.
-159
reuniones con una amplia variedad de partes interesadas, incluyendo actores
estatales. Según su metodología, el ACNUDH solicitó el consentimiento informado
de las fuentes entrevistadas para emplear las informaciones facilitadas y,
cuando procedía, les garantizó confidencialidad. Adoptó todas las precauciones
posibles para proteger las identidades de las fuentes, y observa que muchas de
estas manifestaron su temor a represalias.
En la introducción destaca que el informe se centra
en la situación de los derechos humanos en Venezuela desde 2018, analizando
también desarrollos pertinentes que tuvieron lugar con anterioridad. Destaca patrones de violaciones que afectan directa e
indirectamente a todos los derechos humanos: civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales. El informe incluye un enfoque de género, poniendo de
relieve las experiencias específicas de las mujeres y las niñas.
4.- Sobre
los Derechos Económicos y Sociales, es oportuno destacar:
El
Informe reconoce la existencia de violaciones los derechos económicos y
sociales de la población venezolana. En
esta materia se destaca:
4.1- Sobre el salario y la calidad de vida, el
Informe si bien reconoce que el Gobierno ha decretado varios aumentos en el
salario mínimo, advierte que su poder adquisitivo ha disminuido hasta el punto
de que ya no se lo puede considerar como un salario de subsistencia.
4.2- Sobre el deterioro de los servicios básicos
de transporte público, acceso a la electricidad, agua y gas natural, el Informe
destaca que el deterioro de esos servicios se debe al desvío de recursos, la
corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como
la subinversión, lo cual, advierte han tenido como resultado violaciones al
derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros.
4.3- Sobre el
derecho a la alimentación se reconoce la violación al derecho a la
alimentación, incluida la obligación del Estado para garantizar que la
población no padezca hambre. En tal
sentido, advierte el Informe que el Gobierno no ha demostrado que ha utilizado
todos los recursos disponibles para garantizar la realización progresiva del
derecho a la alimentación, ni tampoco que hubiere buscado, sin éxito,
asistencia internacional para abordar dichas deficiencias
Así
mismo, advierte que la disponibilidad de suficiente comida de calidad es
deficiente. En esta materia denuncia
que los responsables, encargadas y/o jefas de familias se ven obligadas a
dedicar un promedio de 10 horas al día a hacer filas para obtener comida y a esa realidad, agregó que registraron casos
en los cuales algunas mujeres se vieron forzadas a intercambiar comida por
sexo.
4.4- Sobre el
sistema de producción y distribución de alimentos, el Informe afirma
categóricamente que en Venezuela se ha debilitado los sistemas de
producción y distribución de alimentos, aumentando la cantidad de personas que
dependen de programas de asistencia alimentaria.
4.5- Sobre el Derecho a la salud; el informe
reconoce las violaciones al derecho a la salud y responsabiliza de ello al
incumplimiento por parte del gobierno de sus obligaciones fundamentales, las
cuales, advierte de manera expresa son irrenunciables, aun cuando haya motivos
económicos.
Según
el Informe, las violaciones de las obligaciones fundamentales estuvieron
vinculadas a una falta generalizada de disponibilidad de y acceso a fármacos y
tratamientos esenciales, al deterioro de las condiciones en hospitales,
clínicas y maternidades, a la falta de factores subyacentes determinantes de la
salud, incluyendo agua y nutrición adecuada, al deterioro en la inmunización y
salud preventiva y a las restricciones en el acceso a la salud sexual y
reproductiva.
Se
reconoce que también se producen violaciones al derecho a la salud en Venezuela
por el hecho de que el Gobierno no publique datos sobre la salud pública, que
son esenciales para la concepción y puesta en práctica de una respuesta
adecuada a la actual crisis sanitaria que padece el país.
4.6- Sobre los programas y políticas sociales, el
informe reconoce que hay un claro sistema de control social, pues afirma que hoy
en día, los venezolanos dependen cada vez más de los programas sociales para
acceder a niveles mínimos de ingresos y alimentos.
En
tal sentido, el informe destaca un claro caso de discriminación política, en el
sentido que, de los testimonios recabados, principalmente de mujeres que son
activistas y líderes comunitarias, se evidenció como hay amenazas y exclusión
de los programas sociales, por parte de otros líderes comunitarios y por grupos
armados civiles pro-gubernamentales, denominados “colectivos armados”. Las
mujeres reportaron que en ocasiones preferían no exigir sus derechos, incluido
el derecho a pronunciarse en contra del Gobierno, por miedo a represalias.
4.7- Sobre medidas coercitivas unilaterales, el
Informe advierte que la economía venezolana, especialmente su industria
petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes
de que se impusiera cualquier sanción sectorial.
En
este sentido el Informe hace referencia a las cifras publicadas por el Banco
Central de Venezuela el 28 de mayo de 2019, pues advierte que esa información
demuestra que los indicadores económicos fundamentales empezaron a degradarse
drásticamente mucho antes de agosto de 2017.
Sin
embargo, no deja de advertir que las últimas sanciones económicas están
agravando aún más los efectos de la crisis económica, y por tanto la situación
humanitaria, dado que la mayoría de los ingresos en divisas procede de las
exportaciones de petróleo, muchas de las cuales están vinculadas al mercado
estadounidense.
5.- Sobre las violaciones de los derechos
civiles y políticos
En
esta materia, los temas abordados son:
5.1.- Sobre la libertad de opinión y expresión y
en ese sentido, el informe reconoce que hay un ambiente que restringe los
medios de comunicación independiente, en el marco de la hegemonía
comunicacional que ha buscado imponer el régimen.
En
ese sentido, advierte que esa realidad ha empeorado en 2018-2019, período en el
cual, afirma el Informe, se han tenido que cerrar docenas de medios impresos y
el Gobierno clausuró emisoras de radio e hizo que dejaran de emitir canales de
televisión. Aumentaron las detenciones de periodistas, incluyendo de
periodistas extranjeros quienes fueron expulsados o dejaron el país
inmediatamente después de su liberación. El Informe advierte que en la
actualidad hay centenares de periodistas venezolanos exiliados.
5.2- Sobre el Internet y redes sociales, el
informe reconoce que se han convertido en los principales medios de
comunicación e información de la población, limitando aún más el acceso a la
información independiente de las personas que no tienen acceso a internet.
5.3- Sobre la represión selectiva y persecución
por motivos políticos, el Informe señala que durante al menos una década, el
Gobierno, así como las instituciones controladas por el Gobierno han aplicado
leyes y políticas que han acelerado la erosión del estado de derecho y el
desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional.
Y
expresamente se reconoce que esas medidas tienen como objetivo neutralizar,
reprimir y criminalizar a opositores/as políticas y críticas al Gobierno. Esta
tendencia se ha aumentado desde 2016, después de que la oposición ganara la
mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional, lo cual llevó a un incremento
de la represión selectiva de la oposición política y a una restricción
incesante del de por sí limitado espacio democrático.
5.4- Sobre las instituciones y medidas de seguridad, destaca
el papel de los colectivos armados contribuyen a este sistema ejerciendo
control social en las comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de
seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia.
Advierte
con gran claridad que las instituciones responsables de la protección de los
derechos humanos, tales como la Fiscalía General, los jueces y la Defensoría
del Pueblo, generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas,
exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de
derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales, no llevan a
las personas responsables ante la justicia, ni protegen a personas víctimas y
testigos. Dicha inacción contribuye a la impunidad y a la repetición de las
violaciones.
5.5- Sobre los ataques contra miembros de la
oposición y personas críticas al Gobierno, afirma que esas políticas van
acompañadas de una retórica pública, utilizada también por autoridades de alto
rango, que desacredita y ataca de manera constante a quienes critican al
Gobierno o se oponen a él.
5.6-
Sobre el uso excesivo de la fuerza y
muertes en el contexto de las manifestaciones contra el Gobierno, el informe
destaca que a medida que la crisis política, social y económica se fue
agudizando, las manifestaciones contra el Gobierno aumentaron en número e
intensidad a partir de 2014. Según el Gobierno, en 2017 ocurrieron 12,913
manifestaciones, 7,563 en 2018 y 3,251 entre el 1 de enero y el 12 de mayo de
2019.
5.7- Sobre las detenciones arbitrarias, torturas
y malos trato, el Informe cita a la ONG Foro Penal Venezolano, al afirmar que por
lo menos 15.045 personas fueron detenidas por motivos políticos entre enero de
2014 y mayo de 2019. De ellas, 527 fueron detenidas en 2018 y 2.019 entre enero
y mayo de 2019. Al 31 de mayo de 2019,
793 personas seguían privadas arbitrariamente de libertad, 1,437 personas habían
sido liberadas incondicionalmente, y 8,598 personas habían sido liberadas
condicionalmente y afrontaban aún prolongadas actuaciones penales. El resto
fueron liberadas sin haber sido llevadas ante un juez.
5.8- Sobre el Uso excesivo de la fuerza y muertes
causadas en el contexto de operaciones de seguridad, la ACNUDH afirma que las
autoridades clasifican las muertes violentas resultantes de las operaciones de
seguridad como “resistencia a la autoridad” y advierte que el número de estas
muertes es inusualmente alto.
ACNUDH
expresa preocupación porque las autoridades puedan estar utilizando a las FAES
y a otras fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo a la
población y mantener el control social.
6.- Sobre el acceso efectivo a la justicia y
a una reparación adecuada para las víctimas
El
Informe destaca que el Gobierno ha reconocido que existe un problema de acceso
a la justicia para todas las personas y ha pedido al ACNUDH que les ayude a
resolver esta cuestión.
Pero
así mismo advierte que el Ministerio Público ha incumplido con regularidad su
obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los
hechos y el Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de
los derechos humanos.
De
forma categórica afirma que ninguna de esas instituciones, así como tampoco el
Gobierno o la policía dan protección a las víctimas y testigos de violaciones a
los derechos humanos. Además, el Fiscal General ha participado de una retórica
pública de estigmatización y desacreditación de la oposición y de quienes
critican al Gobierno, violando así el principio de presunción de inocencia.
7- Sobre los grupos en situación de riesgo
7.1.- Aborda la situación con los Pueblos
Indígenas, el Informe destaca que la situación humanitaria ha perjudicado
desproporcionadamente los derechos económicos y sociales de muchos pueblos
indígenas, especialmente sus derechos a un nivel de vida digno, incluido el
derecho a la alimentación, y su derecho a la salud.
El
Informe destaca que el cierre de las fronteras de Venezuela tuvo consecuencias
graves en los grupos indígenas cuyos territorios tradicionales se extienden a
ambos lados de la frontera, como los wayuu.
La
ACNUDH advierte sobre la existencia de violaciones de los derechos colectivos
de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos tradicionales
7.2.- Sobre las personas migrantes y refugiadas, en
este tema reitera lo que se ha dicho desde las distintas instancias que abordan
la crisis migratoria venezolana. En
cuanto al número de personas que se han visto obligadas a dejar Venezuela ha
aumentado dramáticamente desde 2018, alcanzando más de 4 millones para el 6 de
junio de 2019. Colombia acoge la mayor cantidad de personas, seguida por Perú,
Chile, la Argentina, Ecuador y el Brasil.
8.- Conclusiones.
ACNUDH
considera que existen motivos razonables para creer que se han cometido graves
violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación
y la salud, en Venezuela.
Afirma
el Informe que el Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta
hace poco y no adoptó las medidas apropiadas, lo cual sin duda alguna, hace
referencia a la responsabilidad del gobierno.
El
Informe alerta que las medidas adoptadas con la finalidad declarada de
preservar el orden público y la seguridad nacional contra presuntas amenazas
internas y externas, ha aumentado la militarización de las instituciones del
Estado y el empleo de la población civil en tareas de inteligencia y defensa.
Por
último, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su Informe
insta al gobierno de Venezuela a adoptar de inmediato medidas para detener y
remediar las graves violaciones de derechos.
El Informe dibuja una realidad que advierte a
cualquier lector, que si la situación no mejora, continuará el éxodo sin
precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país, y empeorarán las
condiciones de vida de quienes permanecen en él.
9. El contenido
y valor del Informe.
Para
valorar el contenido e impacto del Informe, hay dos párrafos que son muy
significativos en este sentido y que pertenece al Editorial del Diario El
Tiempo de Bogotá, a saber:
“Desde
hace tiempo se sabe que Venezuela es un Estado violador de los derechos
humanos, que la ineptitud de sus dirigentes ha llevado a una crisis humanitaria
histórica que ha provocado la salida de más de 4 millones de personas y que
bajo el actual régimen no está en capacidad de suplir las necesidades básicas
de sus ciudadanos. Más o menos, la recetas que cumplen los ‘Estados fallidos’.
Pero
cuando la autora de la radiografía es la alta comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, basada en un juicioso
pero, para algunos, tardío estudio, la descarnada realidad toma un cariz
aterrador que demuestra una vez más que el diagnóstico no pasa por valoraciones
políticas o complots ni es un invento de la oposición ni del “imperialismo
yanqui”, sino que es tan genuino y preocupante como el futuro de los millones
de venezolanos que deambulan por las calles de los países de Latinoamérica con
sus niños en brazos, suplicando por alimentos o medicinas[11].”
El
Informe registra una realidad que por muchos venezolanos han gritado, alertado
y advertido, y que por años no parecía tener eco en la comunidad
internacional. Ahora no solo tiene eco,
sino un documento referencial de una instancia como la ONU.
Sin
duda el régimen venezolano cuestionara su imparcialidad y metodología, pero la
radiografía de una realidad ha quedado registrada en un Informe lapidario,
demoledor o crudo. ¿Cuál será su impacto político?, el tiempo lo dirá.
Carlos
Romero Mendoza.
8
de julio 2019
[1]CNNespañol. Michel Bachelet presenta crudo informe sobre violaciones
de derechos humanos por la crisis en Venezuela. 4 de julio de 2019. Online en: https://cnnespanol.cnn.com/video/bachelet-tortura-venezuela-reporte-acnur-onu-protestas-pkg-yilber-vega/
[2]El Clarin. Tras el devastador
informe de Bachelet, el chavismo sale a marchar hoy con una sorpresa. 5 de julio 2019. Online en: https://www.clarin.com/mundo/venezuela-devastador-informe-bachelet-chavismo-sale-marchar-hoy-sorpresa_0_ONiiqyTUz.html
[3]Infobae.com. El informe de la
ONU sobre Venezuela es devastador, la region ya no podrá mirar para otro
lado. 5 de julio 2019. Online en: https://www.infobae.com/opinion/2019/07/05/el-informe-de-la-onu-sobre-venezuela-es-devastador-la-region-ya-no-podra-mirar-para-otro-lado/
[4]La Tercera. El lapidario informe
de Bachelet sobre Venezuela. 4 de julio 2019. Online en: https://www.youtube.com/watch?v=iRqQjyiUKJ0
[5]Noticiasdenavarra.com. Un
demoledor informa de la ONU acusa a Maduro de graves crímenes de Estado. 6 de
julio 2019. Online en:https://www.noticiasdenavarra.com/2019/07/06/mundo/un-demoledor-informe-de-la-onu-acusa-a-maduro-de-graves-crimenes-de-estado#Loleido
[6]Ver 1. Informe ONU sobre
Venezeuela. ¿postura o cambio?. 5 de julio 2019. Online en. https://cnnespanol.cnn.com/video/informe-onu-venezuela-postura-cambio-michelle-bachelet-violaciones-michael-mccarthy-entrevista-romo-dinero/
[7]El Espectador. Duque pide a a la CPI abrir investigación y
enjuiciar a Nicolás Maduro. 5 de julio 2019. Online en. https://www.elespectador.com/noticias/politica/duque-pide-la-cpi-abrir-investigacion-y-enjuiciar-nicolas-maduro-articulo-869531
[8] Chile prohibirá ingreso de 100 venezolanos ligados al regimen de
Nicolás Maduro. 5 d ejulio 2019. Online en. https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/informe-michelle-bachelet-venezuela-onu-chile-sebastian-pinera-prohibira-ingreso-100-venezolanos-ligados-regimen-nicolas-maduro-noticia-nndc-652647
[9]Infobae. Human Rights Watch pidió que el informe Bachelet sobre
Venezuela sea remitido a la Corte Penal Internacional. 6 de julio 2019. Online en: https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/07/06/human-rights-watch-pidio-que-el-informe-de-bachelet-sobre-venezuela-sea-remitido-a-la-corte-penal-internacional/
[10]Talcualdigital.com. CEV en Informe a Bachelet: se está menospreciando la dignidad de la
persona humana. 21 de junio 2019. Online en: https://talcualdigital.com/index.php/2019/06/21/cev-en-informe-a-bachelet-se-esta-menospreciando-la-dignidad-de-la-persona-humana/
[11]El Tiempo. El Informe Bachelet. Editorial 07 de julio 2019. Online en.https://www.eltiempo.com/opinion/editorial/el-informe-bachelet-editorial-el-tiempo-385488