Una mirada al Acuerdo de la Asamblea Nacional del 21 de agosto de 2018.

El 21 de agosto de 2018, la Asamblea Nacional, aprueba el Acuerdo de ratificación de la decisión de la Asamblea Nacional de declarar el abandono del cargo de Nicolás Maduro Moros, y sobre su responsabilidad penal por los hechos de corrupción vinculados a la empresa Odebrecht.

El texto del nuevo Acuerdo consta de 10 considerandos y 6 acuerdos.

Los considerandos que presenta el Acuerdo, registran una relación de hechos políticos a través de los cuales se configura el vacío de poder en el marco de la Constitución y de los Tratados vigentes.

Ese vacío de poder es consecuencia de dos hechos que son destacados en el texto del Acuerdo, a saber:

1.-       La ruptura del orden constitucional, lo que lleva a la Asamblea Nacional a recordar en el Acuerdo que el gobierno de Maduro no puede ser considerado democrático y menos aún, apegado al Derecho, por el contrario, debe ser calificado como un régimen autoritario, que ha pretendido derogar de facto la Constitución.  

2.-       La ausencia de autoridades legítimas en el Poder Ejecutivo Nacional, la irregular composición y parcialidad política del Tribunal Supremo de Justicia integrado por los Magistrados designados antes de 2015,  del Poder Electoral y del Poder Ciudadano.  

Los hechos políticos que registra el Acuerdo, se presentan a continuación de manera cronológica y se convierten en documentos referenciales para el análisis político de la realidad venezolana.  A saber:

1.-       Los Acuerdos aprobados el 13 de diciembre de 2017 y el 9 de enero de 2017, en donde se declara expresamente la responsabilidad política y el abandono del cargo de la Presidencia de Nicolás Maduro Moros.

2.-       El Acuerdo del 22 de mayo de 2018, mediante el cual la Asamblea Nacional declaró como fraudulento y en consecuencia inexistente, el proceso de supuesta reelección de Nicolás Maduro como Presidente de la República.

3.-       El Acuerdo del 5 de abril de 2017, a través del cual, declaró que existen méritos suficientes para continuar el proceso judicial que se inició en contra de Nicolás Maduro Moros, por hechos de corrupción relacionados con Odebrecht.

4.-       Los distintos acuerdos, cuyas fechas omitió la Asamblea Nacional, en los cuales se ha rechazado y desconocido la convocatoria, elección y decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. 

5.-       Por último, este Acuerdo del 21 de agosto 2018, a través del cual, se manifiesta expreso respaldo político de la Asamblea Nacional a la decisión suscrita por los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, designados y juramentos por la Asamblea Nacional, el pasado 15 de agosto de 2018.  

La Asamblea Nacional, en este Acuerdo, deja constancia que desde el año 2016 ha venido denunciando las sistemáticas violaciones a la Constitución, especialmente, por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, las cuales han provocado la ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela, así como la violación de la Carta Democrática Interamericana, entre otros Tratados de Derechos Humanos.

En tal sentido, este Acuerdo del 21 de agosto 2018, reitera y denuncia que en Venezuela hemos tenido un golpe de Estado permanente que comenzó a implementarse desde el año 2016.

Precisamente en ese golpe de Estado permanente la Asamblea Nacional encuentra la razón por la cual los órganos de seguridad no han acatado los exhortos, llamados y declaraciones de la Asamblea Nacional a través de sus diversos Acuerdos.  Aún así, en este Acuerdo de agosto 2018, nuevamente emplazaa los órganos de seguridad del Estado a cumplir los Acuerdos de la Asamblea Nacional.

Otro aspecto importante a destacar de este nuevo Acuerdo de la Asamblea Nacional, está en el reconocimiento que hace a la necesidad de diseñar e implementar una estratégia de amplio apoyo popular que permita la transición democrática, fundamentada en los artículos 333 y 350 de la Constitución.

En tal sentido, en este Acuerdo de 21 de agosto de 2018 la Asamblea Nacional asume el compromiso de iniciar las consultas con todos los sectores de la sociedad venezolana para promover un proceso de restablecimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como lo ordena el 333 y 350 de la propia Constitución y como expresamente se exigió en la consulta popular del 16 de julio del 2017.

Preocupa que en el pasado, también ha habido el reconocimiento a impulsar acciones de inclusión de otros sectores de la sociedad en el proceso de reestablecer el orden constitucional y democrático, pero las mismas, hasta la fecha, no han resultado efectivas.   

Hoy más que nunca estos compromisos deben ser concretados para el bien de todos y en especial, de la Asamblea Nacional, porque es la única vía para restaurar la confianza perdida de sus electores, quienes son la fuente esencial de la legitimidad que hoy detenta y que la convierte en el único Poder Público válido y vigente de la institucionalidad venezolana.

Las piezas del rompecabezas están en la mesa, hay argumentos políticos y jurídicos que han sido registrados en distintos acuerdos que configuran la responsabilidad política;  el abandono del cargo por no cumplir las funciones que le son inherentes y con las cuales, mediante juramento público se comprometió; la ilegitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente; la responsabilidad por corrupción del Presidente Maduro; las violaciones sistemáticas a los derechos humanos; el desconocimiento a la Constitución y al orden jurídico vigente, etc...

Lo único que hace falta en ese rompecabezas, es que haya una Unidad de acciones y estrategías políticas que permitan conectar a ciudadanos y dirigentes en una hoja de ruta concreta hacia el restablecimiento de la democracia.

Se han hecho esfuerzos e intentos importantes, pero que hasta la fecha no han resultado, en esas experiencias pasadas, sin duda alguna, hay lecciones que deben ser revisadas y lograr identificar aquellas enseñanzas importantes para la dirigencia política y la sociedad civil en general.

Los ciudadanos han esperado por una Unidad que aún no se concreta y muchas veces han buscado respuestas inviables, porque no han logrado una organización básica, y porque no hay espacios para el debate, la discusión y el encuentro con sus dirigentes, para aclarar las expectativas y revisar los hechos de manera adecuada.

Como nunca antes, el país reclama de sus ciudadanos mayor organización local, reconocimiento de las dificultades de comunicación a nivel nacional y de la responsabilidad que hoy tenemos de no esperar por una receta mágica, sino por el contrario, ser parte de la construcción de esa hoja de ruta para restituir el orden constitucional y democrático en Venezuela. 

Nos corresponde llamar a los diputados de nuestros Estados, en cada rincón del país, para que inspirados en los valores, principios y garantías constitucionales y atendiendo a esa consulta a la cual la Asamblea Nacional se ha comprometido, el país sea incluído en la construcción de un gran acuerdo nacional, que se traduzca luego en  Acuerdo Nacional.

En principio, corresponde a los ciudadanos en cada ciudad, tomar la iniciativa de respaldar este último Acuerdo de la Asamblea Nacional, de manera organizada, pública, evidente y por escrito, en Asambleas de Ciudadanas, reconocidas en el artículo 70 de la Constitución.

En esa misma Asamblea de Ciudadnos, es oportuno, primero exigir a Asamblea Nacional a que cumpla con la consulta a que se obligó con todos los sectores del país y de manera incluyente en todas las regiones.

Y en segundo lugar, unir nuestras voces al llamado de la Asamblea Nacional a los órganos de seguridad a que respeten el orden constitucional y democrático atendiendo a los artículos 333 y 350 de la Constitución y en consecuencia actúen.

Hoy más que nunca, nos corresponde activar la soberanía popular, no para convocar a una Constituyente, no para elegir concejales sin poder político real, sino para asumir responsablemente la exigencia a que cada quien actúe en el marco de los compromisos y del respeto debido a los valores, principios y garantías constitucionales.

El desafío no es fácil, porque exige humildad, desprendimiento y comprender que el cambio político exige de todos, no de un líder.   

Pareciera que nuevamente Venezuela va a reclamar de una Junta de Gobierno y de un Pacto para que esa junta de gobierno actúe y genere confianza en la sociedad. En la consulta a que se ha comprometido la Asamblea Nacional en el Acuerdo del 21 de agosto de 2018 pudiera estar una oportunidad para identificar los consensos nacionales básicos que sirvan de fuente para legitimiar a ese futuro Pacto de gobernabilidad, que cada ez es más necesario y urgente.

Carlos Romero Mendoza.

22 de agosto de 2018.