TSJ amenaza la existencia del Municipio como ente autónomo con la sentencia del 16 de mayo de 2017.

La Sala Constitucional, a través de la sentencia  335 de 16 de mayo de 2017, pretende imponer una visión centralizada de la planificación para el desarrollo, sacrificando el principio de Autonomía Municipal, validando de esa manera el diseño institucional que ha impuesto mediante las leyes que desarrollan el estado Comunal.  

La Sala Constitucional busca justificar el desarrollo del modelo comunal en la autonomía municipal que según el artículo 178 está condicionada a la Constitución y a las Leyes, a saber:

Artículo 178:  Son de la competencia del Municipio el gobierno y administración de sus intereses y la gestión de las materias que le asigne esta Constitución y las leyes nacionales, en cuanto concierne a la vida local.

¿Puede la decisión unilateral del Poder Nacional afectar la autonomía municipal a tal punto de arrebatar competencias a los municipios, cuando éstas le son reconocidas constitucionalmente?

Pues la Sentencia de la Sala Constitucional de fecha 16 de mayo de 2017 responde que si es posible.   A tal fin los argumentos de la Sala son:

1.-           Los Municipios no pueden desconocer los fines del Estado, del cual forma parte y menos aún, pueden pretender ser independiente y soberano

 

2.-           Las competencias establecidas en el 178, no son exclusivas de los Municipios, según la Sala Constitucional hay una concurrencia de poderes a los fines de legislar sobre esas materias cuya gestión le corresponde al municipio; en consecuencia, el legislador nacional está plenamente facultado por la Constitución para legislar en materias atribuidas a los municipios.   

Es oportuno citar la Sentencia de la Sala Constitucional, en relación a las competencias municipales:

“…..las competencias otorgadas a los municipios en razón de su autonomía política, son propias, concurrentes, descentralizadas y delegadas, por lo tanto son compartidas con el Poder Nacional y Estadal, encontrándose sujetas a los lineamientos que la Constitución y las leyes nacionales e incluso las estadales,…… ninguna entidad local es independiente y autosuficiente como para desprenderse de los lineamientos que dirigen al Estado, y por tanto de los fines perseguidos por éste”.

3.-           El Municipio está subordinado al Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

En base a esos tres criterios, la Justicia de Paz, permite encontrar un ejemplo práctico en donde la decisión unilateral de un poder nacional, arrebata una competencia, expresamente reconocida en el numeral 7 del artículo 178.   ¿Cómo se arrebata una competencia reconocida al Municipio en la Constitución, sin afectar o lesionar la autonomía municipal, así sea esta relativa?.

La Sala Constitucional busca en el principio de autonomía municipal limitada y en la subordinación del Municipio al desarrollo económico y social de la nación, la justificación política para la conformación del modelo de Estado Comunal.   

La Sala Constitucional reconoce que el Municipio tiene competencia en materia de desarrollo económico, pero advierte que ello no impide que la Constitución y las Leyes Nacionales, a las cuales está subordinado, impulsen un nuevo concepto de gestión pública, que se concreta a través del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

La sentencia señala que ese Plan es el garante de la distribución real y equitativa de los recursos, atendiendo a los principios de productividad y solidaridad que inspiran al régimen socioeconómico venezolano, y en consecuencia a ese Plan debe subordinarse el Municipio.  Ese régimen a que se hace mención está previsto en el artículo 299 de la Constitución:

Artículo 299. El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática participativa y de consulta abierta.

La Sala Constitucional advierte que desarrollar esa nueva visión de gestión pública, no implica un vacío de contenido de las competencias municipales en esa materia e identifica al Consejo Local de Planificación Pública (CLPP), como el espacio institucional responsable de garantizar la integridad del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social a nivel de las entidades locales.   

Para la Sala Constitucional, el artículo 299 que plantea el nuevo régimen socioeconómico y la Ley Orgánica de Planificación Pública, son los fundamentos legales en los cuales se sustenta el supuesto desarrollo de un nuevo concepto de gestión pública.   La lectura del artículo 1 de la Ley mencionada, deja muy clara la orientación de la planificación y de los órganos que integran el Sistema Nacional de Planificación en eso que la Sala Constitucional denomina como: “nuevo concepto de gestión pública”.  A saber:  

Artículo 1:  La presente Ley tiene por objeto desarrollar y fortalecer el Poder Popular mediante el establecimiento de los principios y normas que sobre la planificación rigen a las ramas del Poder Público y las instancias del Poder Popular, así como la organización y funcionamiento de los órganos encargados de la planificación y coordinación de las políticas públicas, a fin de garantizar un sistema de planificación, que tenga como propósito el empleo de los recursos públicos dirigidos a la consecución, coordinación y armonización de los planes, programas y proyectos para la transformación del país, a través de una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta, para la construcción de la sociedad socialista de justicia y equidad.  (Subrayado es nuestro)

Desde esta visión, el CLPP se convierte en un actor para imponer la visión centralizada del desarrollo, por lo tanto se convierte en un obstáculo para la autonomía municipal y para el propio desarrollo local porque supuestamente, está supeditado al desarrollo nacional bajo la visión centralizada del régimen.  

La sentencia 355 permite aclarar de manera definitiva la finalidad política que tuvo la reforma a la Ley del CLPP de 2010, cuyo contenido confiscó esa instancia a los fines imponer la visión del Plan de la Patria 2013-2019.

Prueba de ello fue el anuncio de Jorge Rodríguez en el año 2013 cuando planteó la Municipalización del Plan de la Patria como una herramienta para fortalecer la revolución en Caracas[1], y la incorporación de los Consejos de Planificación Comunal en el CLPP, asumiéndolos como única expresión de organizaciones vecinales y sociedad organizada a que hace referencia el artículo 182 de la Constitución. 

Precisamente la lectura de ese artículo 182, no condiciona al CLPP para los fines que señala la Sala Constitucional en su sentencia, por lo tanto, esa orientación está dada más por efecto de una Ley nacional, que unilateralmente, ha impuesto al órgano corresponsable de la planificación del desarrollo local, un diseño y una “subordinación” expresa, en la cual las realidades particulares de cada municipio, la dinámica propia de la vida local, a que  hace mención el artículo 178 de la Constitución son ignoradas y desconocidas expresamente.      

En tal sentido, se transcribe a continuación el artículo 182 de la Constitución:

Artículo 182. Se crea el Consejo Local de Planificación Pública, presidido por el Alcalde o Alcaldesa e integrado por los concejales y concejalas, los Presidentes o Presidentas de la Juntas Parroquiales y representantes de organizaciones vecinales y otras de la sociedad organizada, de conformidad con las disposiciones que establezca la ley.

La Sentencia de la Sala Constitucional del 16 de mayo de 2017, niega cualquier posible autonomía de los gobiernos municipales para asumir los temas propios de la vida local, más aún cuando los mismos tengan que ver con el desarrollo económico y social, pues en esa materia están subordinados a un modelo político que hoy se concreta en el Plan de la Patria 2013-2019.

No hay duda que esta sentencia abona criterios para profundizar la ruptura del orden constitucional, justificando ese estado paralelo denominado comunal. 

Carlos Romero Mendoza 

22 de mayo 2017.

---

[1]AVN. Municipalización del Plan de la Patria profundizará la revolución en Caracas. 10 de diciembre 2013. Online en: http://www.avn.info.ve/contenido/municipalizaci%C3%B3n-del-plan-patria-profundizar%C3%A1-revoluci%C3%B3n-caracas