De la Frontera abandonada a la frontera expropiada.
Carlos Romero Mendoza – 18 de septiembre de 2015
El Estado Mayor Fronterizo Cívico-Militar
fue creado el 2 de agosto de 2013 mediante decreto presidencial 40.220
como instancia responsable de transformar las zonas fronterizas en
territorios de vida, especialmente, aquellas que se ubican en el límite
con Colombia, promoviendo de esta forma el desarrollo social, económico y
cultural bajo un alto grado de conciencia Socialista y Revolucionaria.
La transformación que sufre actualmente
la frontera colombo-venezolana no es precisamente producto del Plan
Estratégico que el decreto ordena construir al Estado Mayor Fronterizo
Cívico-Militar, por el contrario, es el resultado de una transformación
que se impone vía militar aprovechándose de la declaración del Estado de
Excepción.
Lo que se inició por la frontera entre
Táchira y Norte de Santander, se extendió por el Zulia y Apure, y ha
llevado a crear nuevas autoridades militares con responsabilidades
extraordinarias sobre las distintas zonas geográficas afectadas por el
Estado de Excepción.
A partir del 11 de septiembre el decreto 2010 introduce una nueva figura al tablero de actores fronterizos, se trata de la Misión Nueva Frontera de Paz, bajo la conducción de otra autoridad militar y que operará legalmente como una Fundación del Estado.
La Misión Nueva Frontera de Paz busca
constituir una nueva frontera, reforzando y mejorando la seguridad de
dichas zonas, las condiciones de la población y su capacidad productiva,
como estrategia para enfrentar el paramilitarismo, el narcotráfico, el
secuestro, contrabando y cualquier otra expresión contraria al orden
público.
La responsabilidad que tienen los
Alcaldes y Concejales, así como el propio Consejo Local de Planificación
Pública sobre el desarrollo integral local, ha sido ignorada en esta
arquitectura institucional que de manera excepcional se va construyendo
en la zona fronteriza con Colombia.
Por su parte, los gobernadores del
Táchira y del Zulia, autoridades que son parte del Estado Mayor
Fronterizo Cívico-Militar, se han transformado en agentes del ejecutivo
nacional, regresando así al rol político que tuvieron los gobernadores
antes de la descentralización que el país experimentó a partir del año
1988.
Desde Caracas, el Presidente dio la orden de organizar un Seminario Consultivo Nacional[1],
como estrategia para construir algunas propuestas orientadas a refundar
la dinámica económica y social de la frontera. Esta iniciativa
representa un juego político para simular la inclusión ciudadana en la
discusión sobre esa nueva frontera de paz[2].
El resultado de ese Seminario,
particularmente en el Táchira, merece especial atención, porque algunas
de las propuestas simplemente reiteran o ponen en evidencia el abandono
de la frontera por parte del Estado a lo largo de décadas.
Una primera propuesta consiste en aprobar la Ley Orgánica de Fronteras,
la cual debió haberse concretado hace más de 10 años. La omisión del
Estado en cumplir el mandato constitucional es evidente, más cuando el
gobierno ha disfrutado de múltiples leyes habilitantes y de una mayoría
oficialista en la Asamblea Nacional. Claramente estas dos vías para
aprobar el instrumento legal no han sido puestas al servicio de los
intereses y necesidades particulares de los habitantes de la frontera.
Una segunda propuesta, eleva un reclamo
histórico, pues exhorta a mejorar las vías expresas que permitan una
mayor y mejor movilidad. En tal sentido, basta con viajar entre San
Cristóbal a San Antonio, y luego entre San Antonio y Cúcuta para poder
valorar los niveles de avance y/o desarrollo vial de un lado y del otro
de la frontera.
Una tercera propuesta supone la necesidad
de abrir y normalizar el comercio en la frontera, pues es la única
forma viable para lograr aprobar una política de peajes internacionales
con tarifas adecuadas al tipo de carga que genere suficientes ingresos
económicos para invertir en mantenimiento de las propias vías,
mejoramiento educativo de la zona, entre otros beneficios. De esto se
habló mucho cuando existió el peaje entre el puesto de la Guardia
Nacional conocido como Peracal y la población de San Antonio del
Táchira.
Asimismo la propuesta de crear Zonas
Especiales, que sirvan de vitrina para colocar productos e insumos
producidos en Táchira, exige sin duda una frontera abierta, dinámica y
con importante grado de autonomía para diseñar su propio desarrollo.
Algunos industriales expresaron sus ideas
y en tal sentido plantearon un tratamiento especial para importar
materia prima, insumos, herramientas y repuestos para importaciones
menores; igualmente propusieron una taquilla única para la frontera, de
manera que el sector pueda tener acceso a los códigos de las empresas
nacionales y una Escuela Técnica en Ureña. Por cierto, es importante
recordar que el Táchira ya cuenta, desde hace años, con una Escuela
Técnica Industrial (ETI).
Estas propuestas no necesitaban de un
Estado de Excepción para ser presentadas, en esencia son parte de la
responsabilidad constitucional que tiene el Estado desde 1999, cuando
fue llamado a establecer un régimen especial para la Frontera.
Otras propuestas presentadas en el
Seminario, denotan claramente el interés por un mayor control político y
social del Estado; entre ellas, la necesidad de mantener el programa
OLP de manera permanente a nivel de inteligencia; la rigurosa evaluación
de los ciudadanos que son regularizados en el marco de la Misión
Identidad, así como también, mayor supervisión y control sobre las
emisoras fronterizas y medios de comunicación local, buscando mayor
presencia de los medios del Estado en la franja fronteriza.
Por su parte, la corriente del PSUV, llamada Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora[3],
presentó su Plan Frontera, en el cual proponen la conformación de un
Muro Comunal Fronterizo, mediante el cual buscan garantizar mayor
presencia del poder popular organizado para la defensa de la soberanía,
la presencia nacional y para la producción en la zona.
Además de reconocer la necesidad de
fortalecer el PSUV en la zona fronteriza, plantean la incorporación del
poder popular a las Comisiones de Abastecimiento y Seguridad
Alimentaria, y resaltan la necesidad de garantizar la regularidad de los
llamados gabinetes ministeriales fronterizos.
Esta Corriente Revolucionaria también
exhorta a que el Alto Mando Militar fortalezca la unión cívico militar
en la zona de frontera, de manera que se conforme la autodefensa del
pueblo y la organización de las milicias.
La realidad que particularmente se vive
entre Ureña y San Antonio, advierte de un proceso político de
“expropiación” de aquella zona territorial en beneficio de la visión que
impone el Plan de la Patria 2013-2019 y que además resulta oportuno
para intentar incidir en los resultados generales de las elecciones
parlamentarias 2015.
Poco se oye desde Caracas la voz de
reclamo de la sociedad noble del Táchira por un tratamiento respetuoso y
digno por parte del Gobierno Nacional, la inexistente institucionalidad
hace que simplemente el silencio se imponga ante la ausencia de
garantías básicas para el ejercicio de las libertades ciudadanas.
Carlos Romero Mendoza
[1]
Radio Nacional de Venezuela. ¡Con aportes del Pueblo!. Este viernes
iniciará Seminario Consultivo Abierto para establecer una frontera de
paz. 09 de septiembre de 2015. Online en: http://www.rnv.gov.ve/este-viernes-iniciara-seminario-consultivo-abierto-para-establecer-una-frontera-de-paz/
[2] Telesur.net. Claves entre una nueva frontera de paz entre Venezuela y Colombia. 13 de septiembre 2015. Online en: http://www.telesurtv.net/news/En-claves-Lo-que-implica-construir-una-nueva-frontera-de-paz-con-Colombia-20150913-0007.html
[3]
Ensartaos.com.ve La Frontera, ¡Territorio Socialista!. Propuesta CRBZ
para una nueva frontera soberana y Chavista. 10 de septiembre 2015.
Online en: https://ensartaos.com.ve/2015/09/10/noticia/44365?page=8