La arbitrariedad lesiona la confianza en la Consulta Educativa
Son tiempos confusos, donde las dudas, la desconfianza y la intolerancia buscan imponerse entre las complejas relaciones que se generan en las comunidades entre los propios vecinos y entre éstos con las instituciones públicas.
El tema educativo ha estado en la agenda pública, muchas asambleas se han realizado, son varias las explicaciones y argumentos utilizados para justificar una postura favorable o no a la Consulta para la Calidad Educativa; pero al final, todos estos esfuerzos, no logran ocultar una realidad que se expresa en el fin socialista del diseño de Estado que impone el Plan de la Patria.
Siempre es buena la oportunidad para que los padres, madres, representantes y alumnos expresen sus expectativas sobre la calidad educativa, pero cuando ésta se abre en el marco de un país con su tejido social tan resquebrajado, resulta imposible lograr que una consulta como ésta genere confianza en quienes deben participar.
Las noticias que registran los medios sobre la sanción impuesta en Ciudad Guayana y notificada a 3 de 4 Institutos Educativos privados, alimenta la desconfianza que se ha generado sobre la Consulta por la Calidad Educativa.
En este sentido, es oportuno recordar alguno de los titulares de los medios locales del 9 de mayo al respecto, el Correo del Caroní[1]: “Revocan arbitrarias sanciones contra colegios privados de Puerto Ordaz”; y el titular en el portal web de noticias Primicias[2]: “Ratifican en sus cargos a directores de colegios.”
El hecho a que se refieren las notas de prensa tiene que ver con la notificación de remoción de sus cargos y la apertura de un procedimiento administrativo a los directores de varios institutos educativos privados ubicados en Ciudad Guayana. Según declaran los propios padres, madres y representantes, en el oficio a través del cual se notificó la decisión, no se explicaban las razones que la motivaron.
Según el portal Primicia la apertura de la averiguación opera mientras se aclaran algunos hechos, que en el caso de un colegio, se trata de la protesta de los estudiantes de 5to año, quienes escribieron en sus cuerpos la palabra SOS y, en otro caso, a una de las directoras por participar en una protesta.
Según el Correo del Caroní, el viceministro de educación se entera de la decisión tomada por un funcionario local, cuando es llamado por la Asociación Venezolana de Escuelas Católicas (AVEC), pues dos instituciones afiliadas estarían afectadas por esta medida, una de ellas aún no había sido notificada. La decisión terminó siendo revocada por tratarse de una medida calificada como “arbitraria” por Pedro Uzcátegui, Director General de Supervisión del Ministerio de Educación.
Por supuesto, la decisión generó la reacción de los padres, madres y representantes, que independientemente de la condición de Sociedad de Padres o de Consejo Educativo (expresión de la Resolución 058) se organizaron y elevaron su voz de protesta en defensa de las afectadas.
Estos hechos, lleva a poner énfasis en la necesidad de desarrollar por cada colegio, mecanismos de contraloría social, que permitan garantizar que durante el proceso de consulta por la calidad educativa, ningún funcionario local del ministerio de educación, pueda tomar decisiones o acciones que puedan ser calificadas como “arbitrarias”.
Esa Contraloría debe abarcar el antes, el durante y el después de la consulta, concluyendo con un informe de cierre, lo cual demanda un mínimo de organización de los padres en el propio colegio. Pero además, unos padres organizados, podrán exigir que se rindan cuentas sobre el resultado de la consulta en la institución como garantía de transparencia sobre el proceso en la institución respectiva.
Una rendición de cuentas sobre el resultado de la consulta contribuye a generar importantes niveles de confianza, entre la comunidad educativa del instituto donde se realizó la consulta; y además, brinda seguridad en cuanto a los resultados que se entregan en su momento a la zona educativa como producto de la Consulta realizada.
Pero, además, un informe sobre el proceso de observación realizado por los propios padres, como producto de un proceso de contraloría social, permitirá recoger observaciones y elevar denuncias si acaso fuere necesario; por otro lado, servirá para validar el respeto de los promotores de la Consulta a quienes voluntariamente no quisieron participar en la consulta y por último, es una vía legítima para garantizar que la información, producto de la consulta, que se entregue a la zona educativa, sea realmente la expresión directa de quienes participaron en esa Consulta
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Si bien esta propuesta no anula el Plan de la Patria, y por lo tanto no elimina el riesgo de la imposición de una visión socialista; la decisión de revocar y luego restituir a los directores de 3 colegios privados en Ciudad Guayana, permiten demostrar que con organización e información, los padres reunidos en el ámbito de la institución educativa pueden con mayor efectividad enfrentar cualquier arbitrariedad que desde la función pública pretenda anular la pluralidad y la libertad de pensamiento.
Carlos Romero Mendoza.