Diputados Regionales y recursos contra la Ley de Asignaciones Económicas Especiales.
Tal Cual Digital, informa bajo la nota firmada por David Ludovic Jorge, que la presidenta del Consejo Legislativo de Miranda (CLEM), Verónica Barboza, consignó ayer ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un recurso en contra de la reforma a la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) que asigna el control de los recursos en las regiones a la Vicepresidencia de la República.
La legisladora visitó el tribunal en compañía de varios colegas de los consejos legislativos de Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Lara, Nueva Esparta, Sucre, Táchira y Zulia.
Tras entregar el escrito, explicó que se trata del tercer recurso interpuesto por este bloque de legisladores regionales que tienen un objetivo en común: la defensa de la descentralización.
"Ante el TSJ también interpusimos un recurso contra la nueva Ley del Consejo Federal de Gobierno (CFG) y hemos reclamando por la promulgación de la Ley de Hacienda Pública Estadal, con la que el Parlamento está en mora", recordó Barboza.
Sobre este último punto, agregó que el grupo de legisladores agrupados bajo una iniciativa denominada "Sembrando la descentralización" consignarán ante la AN un proyecto de este instrumento legal pendiente, derivado de las conversaciones entre todos los consejos legislativos con diputados opositores.
La también dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT) explicó que con las nuevas legislaciones, sobre todo con la LAEE, las regiones pierden el control de casi la mitad de sus ingresos, y es la vicepresidencia la que controla el dinero que se entrega para la realización de proyectos.
Los tres recursos fueron consignados ante la Sala Constitucional y han tenido como ponente a la presidenta del máximo Tribunal, Luisa Estella Morales.
POLÍTICO Y NO ESTRUCTURAL
Por su parte, el alcalde de Baruta, Gerardo Blyde, alertó sobre el carácter político de la nueva distribución de recursos a las regiones. "Nos convocaron a una reunión del CFG donde nos entregaron un baremo con el que evaluarán los proyectos para los que las gobernaciones y alcaldías piden recursos. 65% de los puntos de ese baremo tienen que ver con aspectos políticos y solamente 35% con las verdaderas necesidades a las que los proyectos pueden dar solución", alertó.
Fuente.