Texto del Comunicado de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela.
Comunicado de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana
“La violencia de los impíos los arrastrará, porque se niegan a obrar con justicia” Prov 21,7
Ante la gravísima agudización de la
violación de los derechos humanos y las libertades democráticas que
sufren diversos sectores sociales de la Nación, esta Comisión quiere
expresar:
1. A todos/as sincera
solidaridad y cercanía espiritual, en momentos en que el gobierno,
garante superior de los derechos, la paz y la seguridad pública, se ha
convertido en su principal trasgresor, violentando y atacando
residencias familiares de ciudadanos indefensos, agrediendo sin
distinguir localidades ni personas, situación que consideramos social y
moralmente injustificable.
2. Nuestra preocupación
al observar que la mayor violencia la ejercen los organismos de
seguridad, particularmente la Policía Nacional, la Guardia Nacional
Bolivariana y colectivos que usando armas prohibidas, reprimen
manifestaciones de personas que reclaman respeto a las libertades
democráticas y el restablecimiento del orden constitucional roto como lo
declaró la ciudadana Fiscal General de la República.
3. Nuestro desacuerdo
con el hecho público, notorio y comunicacional de la violación al
derecho fundamental al debido proceso que tiene toda persona a ser
juzgada por sus jueces naturales, ya que ha sido utilizada indebidamente
la justicia militar en las detenciones y procesos iniciados, en
absoluta contravención con el artículo 49 de la Constitución.
4. Nuestro rechazo a la
convocatoria de una Asamblea Constituyente que niega y vulnera la
progresividad de los derechos humanos y sumerge a la Nación entera en
una situación de convulsión social y violencia.
Por todas estas razones, la Comisión de Justicia y Paz:
• Insta al Estado Venezolano,
particularmente al Consejo Moral Republicano, a velar por el efectivo
respeto y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la
Constitución Nacional.
• Exhorta al Ministerio Público,
para que intente las acciones a que hubiere lugar contra los
funcionarios públicos involucrados en hechos de violencia, para hacer
efectiva las responsabilidad civil, laboral, militar, penal,
administrativa o disciplinaria en que hubiere incurrido dichos
funcionarios con motivo del ejercicio de sus funciones (Art. 280,281y
286).
• Exige al Poder Judicial,
que conozca de las causas y asuntos que son de su competencia y que le
correspondan en el conocimiento de las violaciones de los Derechos
Humanos, recordándoles su independencia ante los demás poderes que
garantizan la vigencia y el equilibrio del Estado de derecho, y que la
potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas
para que se imparta en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
Encomendamos esta preocupante situación a
la Virgen de Coromoto patrona de Venezuela y exhortamos a todos los
sectores a trabajar por la paz, la concordia social, el respeto
irrestricto a la vida sagrada de todo ser humano y a orar en todos los
ambientes clamando a Dios por Venezuela.
+ Mons. Roberto Lückert
Presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la CEV