El observatorio parlamentario declara sobre la actuación de la AN
Con fecha 15 de septiembre de 2010, el portal web AVN registra una nota de prensa firmada por Yesenia Chapeta, en la cual se señala que opositor Carlos Vecchio, militante de la organización derechista Voluntad Popular, habló este miércoles en nombre del Observatorio Parlamentario, para cuestionar los logros de la actual Asamblea Nacional, respecto a leyes aprobadas para consolidar el Poder Popular (comunidades organizadas) y crear otras formas de propiedad, más allá de la privada. ,
El Observatorio Parlamentario es una instancia creada en marzo de 2009 por partidos antichavistas, gracias al financiamiento de organismos foráneos.
El Observatorio en cuestión decidió redactar un balance sobre la actuación de la AN, el cual fue leído por Vecchio desde la sede de la organización Voluntad Popular.
Una de las leyes más cuestionadas resultó ser la del Consejo Federal de Gobierno (CFG), que plantea la transferencia de competencias a las comunidades organizadas, a fin de que éstas puedan administrar directamente recursos asignados por el Estado.
Vecchio dijo que la Ley Orgánica del CFG fue creada para “quitar competencias y recursos a los gobernadores y alcaldes”; que “atenta contra el proceso de descentralización” y que “otorga más poder al presidente Hugo Chávez”.
Sin embargo, dirigentes sociales que defienden la nueva Ley argumentan que la misma propone un nuevo modelo de descentralización, que desplazará mecanismos burocráticos y vicios de corrupción.
"Sigue siendo un sistema descentralizado. Los recursos seguirán llegando a los estados y municipios, sólo que ya no serán administrados por los gobernadores y alcaldes, sino por nosotros mismos. Eso es todo lo que le duele a la oposición. Cada obra implicaba, en la mayoría de los casos, que los gobernantes y sus allegados cobraran las famosas comisiones”, opinó el vocero del CFG de la parroquia Santa Teresa (Distrito Capital), Dario Charaima.
Frente a esta posición de las comunidades, el opositor Vecchio respondió que los sectores antichavistas apoyan la transferencias de recursos hacia las comunidades, pero desde las gobernaciones y alcaldías, y no desde “Miraflores”, refiriéndose al presidente Hugo Chávez.
No obstante, la Ley del CFG no plantea que Chávez sea quien apruebe los recursos asignados a las comunidades para desarrollar obras, sino que el dinero, depositado en el Fondo de Compensación Interterritorial, sea administrado por el Consejo Federal de Gobierno, integrado a su vez por el “Vicepresidente de la República, los ministros, los gobernadores, un alcalde por cada estado y la sociedad organizada (artículo 11 de la Ley)”.
La creación del CFG, así como del Fondo de Compensación Interterritorial, está contemplada en el artículo 185 de la Constitución.
A su vez, la figura del CFG se remite a otro artículo de la Constitución, el 184, que habla precisamente de nuevos mecanismos para descentralizar la administración de recursos.
Propiedad privada sobre la tierra
Otra normativa criticada por el Observatorio Parlamentario de la oposición es la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Según sostiene la derecha, el instrumento jurídico atenta contra la propiedad privada.
Respecto a este enfoque de la oposición, los dirigentes campesinos que apoyan la citada Ley argumentan que el Estado hace bien al adjudicar las tierras recuperadas de predios latifundistas a consejos comunales, comunas y grupos de pequeños productores, bajo la figura de propiedad social o colectiva.
El dirigente campesino y diputado de la AN Braulio Álvarez ha respondido en reiteradas ocasiones a los cuestionamientos de la oposición sobre la propiedad colectiva en los campos.
“El Estado ha invertido grandes esfuerzos para recuperar esas enormes extensiones de tierras ociosas, muchas de ellas apropiadas fraudulentamente por parte de familias muy adineradas. Supongamos que el Inti (Instituto Nacional de Tierras) procediera entonces a otorgar títulos a particulares, en vez de hacerlo a un colectivo. ¿Qué pasaría? Que los poderosos de siempre comenzarían a adueñarse nuevamente de todas las tierras por la vía del dinero”, explicó Álvarez en una reciente entrevista con AVN.
El Observatorio Parlamentario no se pronunció sobre la eliminación de la tercerización en la Ley de Tierras (cuando el propietario de la tierra la alquila o negocia, sin venderla, a otra persona para que ésta la trabaje), ni acerca de los beneficios sociales que allí se incluyen.
En el artículo 14 de la Ley de Tierras, se explica que las principales beneficiarias de la adjudicación de tierras, a partir del régimen establecido en dicha ley, son las mujeres que trabajan el campo y tienen a su cargo la manutención familiar. Además, a estas trabajadoras rurales se les garantiza un subsidio especial alimentario pre y postnatal por parte del Instituto de Desarrollo Rural.