viernes, 11 de julio de 2014

La visión de Venezuela en el año 1998 a través del ordenamiento territorial

María Andreina Salas y Elides Sulbarán Zambrano[1], publican un interesante trabajo sobre el contenido de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio en Venezuela, en el cual destacan, que luego de la aprobación de esta Ley en el año 1983, la publicación del primer Plan Nacional de Ordenación Territorial de 1998 se convirtió en un importante hito en la historia de ordenación territorial en Venezuela.

El contenido y alcance del Plan Nacional de Ordenación del Territorio se presentó como el instrumento para lograr la competitividad territorial y para sembrar las bases de la diversificación de la economía nacional.

En el Decreto No 2.945 del 14 de octubre de 1998, firmado por el entonces Presidente Caldera, se puede leer en sus considerandos que con el Plan se impulsaba un modelo de desarrollo que facilitara la inserción del país en la economía mundial, reconociéndose y utilizándose las ventajas comparativas y competitivas que existían, garantizando a tal fin los principios de sostenibilidad y de equidad.

Para ese modelo de desarrollo que se propuso en el año 1998, el mejorar la localización de la población y sus actividades, era un elemento clave para la superación de las desigualdades en los niveles de vida de la población. 

El artículo 8 del Plan Nacional de Ordenación Territorial, resulta muy importante de evaluar, pues podría generar un debate sobre aquél modelo presentado por un gobierno que representaba un Estado que en crisis casi era inexistente, y el modelo que hoy representa el Plan de la Patria 2013-2019.   Un debate en este sentido permitiría construir juicios críticos sobre el alcance e impacto del diseño comunal en la dinámica del poder político y del control social visto desde la estrategia de reordenamiento territorial.

La imagen objetiva, como le llamó el Plan, sobre el diseño de Estado que se aspiraba alcanzar con este Plan, fue la siguiente:

1. - Venezuela se habrá orientado hacia el desarrollo sostenible y equitativo que permitirá mejorar la eficiencia general de la economía y la equidad del sistema social, minimizando los impactos negativos sobre el ambiente y maximizando los positivos.

2.- Las distintas regiones del país se habrán desarrollado de manera más equilibrada y habrán alcanzado un grado mayor de integración entre ellas y, al mismo tiempo, el país habrá fortalecido su integración con el resto de América y del mundo.

3.- El territorio marítimo se habrá incorporado al proceso de desarrollo sostenible y se habrá reforzado la presencia venezolana.

4.- El espacio aéreo se habrá controlado y analizado en el marco de las tendencias del escenario económico mundial y acorde con los principios de soberanía nacional.

5.- La estructura general del Sistema de Centros Urbanos se habrá desarrollado en la forma más equilibrada alrededor de las Áreas Metropolitanas que funcionan como Centro Nacional y Centros Regionales, de forma tal que la población y los agentes económicos dispongan de fácil acceso a todos los tipos y niveles de servicios; y, se maximizarán las economías de aglomeración y se minimizarán las deseconomías correspondientes.

6. - Venezuela se habrá posicionado en el ámbito internacional como "Centro Estratégico Regional de América", mediante la consolidación del sistema de centros urbanos propuesto, la prestación de servicios de alto nivel, y la puesta en marcha de negocios competitivos de carácter internacional que garanticen la inserción estratégica del país en la economía global".

7. - Se habrá consolidado un moderno y eficiente sistema de transporte, que articule los diferentes modos, acorde con el sistema de centros urbanos propuesto, asegurando la integración entre las regiones del país y entre éste y sus principales mercados externos. En este contexto, resaltará la presencia de ejes que vincularán al país con el Océano Atlántico, el Mar Caribe, Colombia, Guyana y Brasil, facilitando la prestación de servicios de alto nivel y la movilización de los productos que conforman los Grupos Líderes de Actividad.

8.- La existencia de un sistema nacional de catastro habrá contribuido significativamente a aumentar la seguridad jurídica en materia de tenencia de la tierra.

9.- Se habrá logrado ampliar significativamente la cobertura de la población en materia de telecomunicaciones, informática y las nuevas modalidades de medios audiovisuales mejorando continuamente la calidad de los servicios prestados, favoreciendo la innovación tecnológica en el sector telemático, y convirtiendo a Venezuela en un centro internacional de telecomunicaciones.

10. - Determinados espacios del territorio habrán sido reservados para usos predominante y prioritariamente agropecuarios, pesqueros, forestales, mineros, petroleros, turísticos, urbanos y para la localización de infraestructuras físicas, de acuerdo a sus capacidades económicas, geopolíticas, ecológicas y de seguridad y defensa; sin que ello niegue, en principio, la posibilidad de coexistencia con otros usos compatibles, en función del bienestar colectivo.

11. - Venezuela se habrá consolidado como productor de energía, en un marco compatible con la preservación del ambiente y habrá afianzado su condición de proveedor seguro en el contexto internacional, especialmente para las naciones del continente.

12. - El conjunto de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial se habrá constituido en un sistema integrado y consolidado, administrado de acuerdo a sus respectivos planes de ordenamiento y reglamentos de uso, garantizando la conservación del ambiente, la biodiversidad y el desarrollo de actividades sociales y económicas compatibles con sus potencialidades y limitaciones.

13. - Los espacios terrestres limítrofes con otros países y el correspondiente a la Zona en Reclamación (sujeto al Acuerdo de Ginebra del 17-02-66), se habrán orientado hacia el desarrollo sostenible de conformidad con los principios de soberanía nacional, integración económica, coexistencia pacífica e integridad territorial.

Se ha subrayado las palabras claves de esa visión.   En conclusión, a 16 años de ese Plan Nacional de Ordenación Territorial, Venezuela debió haber sido un Estado que a través del desarrollo regional, garantizara una mayor eficiencia en la economía y mejor equidad social, centrado su impulso en la conformación de sistemas de centros urbanos alrededor de las Áreas Metropolitanas, como estrategia para garantizar a la población y a los agentes económicos un mejor acceso a los servicios.  

Y partiendo de la experiencia de esos centros urbanos, Venezuela buscó posicionarse internacionalmente, apoyado además en su condición de proveedor seguros en el contexto internacional de energía, con políticas públicas responsables en materia de conservación del ambiente y biodiversidad, fronteras, zonas marítimas y espacio aéreo.

Hoy seriamos un país con un avanzado sistema de transporte, moderno y eficiente; con una población con acceso a la tecnología y con sistema nacional de catastro.

El Plan aspiraba una vigencia de 20 años.   Claramente el proceso constituyente que nació justo como consecuencia de las elecciones presidenciales de 1998 dejó en el papel esa visión de país, que en silencio se propuso y en consecuencia nadie compró.

Curiosamente casi 10 años más tarde, una propuesta de reforma constitucional imponía una visión de desarrollo totalmente distinta y a casi 20 años, el Plan de la Patria 2013-2019, se convierte oficialmente en la hoja de ruta que se impone desde el gobierno. 

¿Qué nos pasó como sociedad que no hubo capacidad de compartir aquella visión de un país competitivo y que a grandes rasgos funcionara para todos en un ambiente de progreso y desarrollo?.

Creo que el aporte de aquél primer Plan Nacional de Ordenación Territorial, es precisamente poder darnos un contenido objetivo y político, capaz de ayudarnos a construir un juicio crítico que permita debatir la visión de un país en democracia y diversidad frente a un país en socialismo y sin pluralidad.

Carlos Romero Mendoza

[1] Salas Bourgoin, Maria Andreina y Sulbarán Zambrano, Elides.  Modificación de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio en Venezuela: revisión de un proceso de 10 años sin perspectivas de cristalización. EN: Provincia.  No. 26.  Julio – diciembre 2011.  P. 38

jueves, 10 de julio de 2014

Conociendo el Plan Nacional de Ordenación Territorial de 1998.


Los venezolanos tuvimos un primer Plan de Ordenación del Territorio en el año 1998[1], bajo el gobierno de Rafael Caldera, que fué aprobado a través de un Decreto identificado con el número 2.945, de fecha 14 de octubre de 1998.  El contenido del Plan buscó reafirmar el compromiso del Estado en materia de conservación del ambiente y de reordenamiento territorial como sustento o base del desarrollo económico y social de la nación, tal y como expresamente lo hace saber uno de los considerandos del mismo Plan.

Igualmente, en esos considerandos se reconoció que nuestro proceso de ocupación del territorio había generado deseconomías, tanto de aglomeración como de dispersión, en algunos de sus espacios específicos y además, advertía que en muchos espacios, no coincidían espacialmente la población y los recursos.

Para el Plan, el mejoramiento de la localización de la población y sus actividades, permitiría una distribución de oportunidades, que facilitaría el proceso para superar las desigualdades en los niveles de vida de la población, aspirando así favorecer el cumplimiento de la equidad social, los procesos de descentralización y el aprovechamiento o desarrollo de ventajas comparativas y competitivas.

En este sentido, el artículo 1 del Decreto de 1998, planteó que el objetivo del Plan era orientar la localización de la población, de las actividades económicas y la infraestructura física, armonizando criterios de crecimiento económico, desarrollo social, seguridad y defensa y conservación del ambiente, basado en el conocimiento de las potencialidades y restricciones específicas de cada ámbito geográfico.

Resulta interesante revisar los objetivos específicos que se establecieron en el Plan Nacional de Ordenación del Territorio en 1998, para tratar de encontrar en su contenido algunos rasgos o elementos de un modelo de ordenación territorial que inspiró hace menos de 20 años y que no logró sembrar las bases para orientar el desarrollo integral de Venezuela.

Los objetivos específicos fueron los siguientes:
  1. La transformación integral de la sociedad para hacerla más competitiva y favorecer su inserción en el contexto internacional.
  2. Contribuir a una mejor relación tecnología - ambiente de manear que en cada caso, sea compatible con la necesidad de conservar el capital natural que les permite existir.
  3. Consolidar la integridad territorial, la soberanía nacional y la seguridad alimentaria; así como, la educación para el reforzamiento de la identidad nacional de sus habitantes.
  4. Apoyar las estrategias territoriales y urbanísticas orientadas a que el sistema de centros urbanos funcione como instrumento de eficiencia económica, equidad social, fortalecimiento político- administrativo y ordenación territorial.
  5. Racionalizar la expansión de la frontera de ocupación basándose en el aprovechamiento sostenible de recursos existentes.
  6. Apoyar los procesos de descentralización y desconcentración.
  7. Contribuir a la incorporación de las comunidades indígenas al desarrollo nacional,
  8. Promover acciones dirigidas a proteger la población, la economía y el ambiente ante la ocurrencia de emergencias o desastres provocados por agentes naturales, técnicos o sociales.

Se han subrayado las palabras claves de esos objetivos específicos, que sin duda identifican claramente que la aspiración era hacer de Venezuela un país competitivo, desarrollado desde un sistema de centros urbanos, capaces de garantizar la integridad territorial, la soberanía, la seguridad alimentaria y educación.  Todo ello considerando la frontera venezolana, a los indígenas y considerando políticas de descentralización, desconcentración y prevención de emergencias o desastres naturales, técnicos o sociales.

En cuanto a la estructura del Plan, el mismo se dividía en 9 Capítulos.   Los dos primeros, podrían ser denominados “introductorios”, pues allí se estableció la misión del Plan y la visión del producto final que aspiraba alcanzar el Plan.    El capítulo 3 planteó la estructuración del territorio nacional en 5 espacios de ordenación para el territorio, de manera tal que pudieran definirse distintas acciones de ordenamiento territorial para cada una de ellas.

El capítulo 4, desarrolló lo que se llamó el Sistema de Centros Urbanos, Transporte y Comunicación.  El capítulo 5, planteó la localización de las actividades económicas en el territorio:  hidrocarburos, petroquímica, minería, industriales, turísticos-recreacionales, agrícolas, forestales, etc...

El capítulo 6 del proyecto desarrolló las Areas Bajo Régimen de Administración Especial; por su parte el capítulo 7 planteó el tema de la Frontera y las áreas vecinas a la zona de Reclamación y el capítulo 8 desarrolla un conjunto de directrices para las grandes obras de infraestructura física.  

Por último, el capítulo 9 cierra el contenido del Plan con una serie de disposiciones transitorias, en la cual se destaca que éste instrumento aspiraba a tener una duración de 20 años, es decir hasta el 2018.


Carlos Romero Mendoza.



[1] Plan Nacional de ordenación del Territorio. Decreto No. 2.945.  14 de octubre de 1998. En: Vitalis.  Recuperado 7 de julio de 2014. Online en: http://www.vitalis.net/PNOT.htm

El Derecho de Petición y el registro de los Consejos Comunales.

El registro de los Consejos Comunales ha sido un tema que por años ha ocupado la atención de los vecinos, más no así, de los dirigentes políticos locales.   En el 2011 algunos vecinos de varios municipios de la zona metropolitano intentaron activar un movimiento de Consejos Comunales excluidos[1], por considerarse que la omisión del Estado de registrar los Consejos Comunales, violentaba el ejercicio de nuestro derecho a participar libremente en los asuntos públicos.
Mucha polémica siempre ha generado el tema de los Consejos Comunales y particularmente si lo vemos bajo la óptica de la libertad que la Constitución garantiza a cada Venezolano de asociarse con fines lícitos. En este sentido y buscando que el propio modelo de participación que el gobierno impulsaba no terminara por arrebatarnos nuestra condición de ciudadanos, el Movimiento buscaba servir de plataforma para la asesoría, la búsqueda de soluciones y el debate sobre nuestra condición de ciudadanos y el derecho a la participación[2].
El movimiento ciudadano no se consolidó, en parte porque la búsqueda de apoyo en dirigentes políticos, para que en el ejercicio de su representación acompañaran a los ciudadanos en la exigencia y reclamo del derecho a ser registrados, previo cumplimiento de todos los recaudos formales, no obtuvo ningún resultado satisfactorio, sino por el contrario generó mayor frustración y rechazo hacia la representación política debido a su indiferencia frente a un tema que afectaba y afecta aún en el presente a sus propios electores.
En definitiva fue un buen ejercicio, que además, permitió entender que la dispersión de los vecinos, también impactaba negativamente en una tarea como ésta, pues no necesariamente se cumplían todos los recaudos formales, en parte por la polarización que el tema de la elección de voceros generaba en cada comunidad y la dificultad de entender ese proceso como una vía para garantizar la pluralidad en la participación local y comunitaria.
Pero ese esfuerzo no impidió que otros ciudadanos, en el ejercicio de sus derechos acudieran a los tribunales para exigir al Estado que respondiera a las solicitudes de registro de los Consejos Comunales, atendiendo al derecho que todos tenemos a elevar peticiones a las autoridades públicas competentes.   Recordemos, que la Ley Orgánica de Consejos Comunales, expresamente señala que en 10 días se debe procesar los documentos de solicitud y en consecuencia aceptar o rechazar la solicitud, indicando si hay la necesidad de subsanar algunas deficiencias o corregir algunos recaudos, para lo cual la Ley otorga 30 días a los interesados, al final del cual, podrá decidir si se cumplió o no con las observaciones y proceder o no al registro.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha reiterado en varias sentencias que el derecho de petición es un derecho fundamental y que el mismo, como lo ha reconocido reiteradamente el Tribunal Supremo de Justicia, impone la obligación de obtener la respuesta pertinente en un término prudencial, una respuesta que debe guardar directa relación con la solicitud planteada, debe ser suscrita por la autoridad competente en esa materia en particular y que no impone la obligación de responder a la petición satisfaciendo el interés de los solicitantes, pues puede negar o aceptar el registro, justificando la respuesta[3].
En tal sentido, hay 3 casos prácticos para poder entenderlo mejor y que se impulsaron alegando la presunta violación al derecho de petición consagrado en el artículo 51 de la Constitución.  A saber:
El primero ocurrió en San Cristóbal, estado Táchira, el Consejo Comunal “La Ermita”[4], quienes interpusieron en el 2007 una acción de amparo constitucional contra Fundacomun[5], pues luego de 3 solicitudes enviadas en tiempos diferentes, aún no habían obtenido respuesta escrita a su solicitud de registro.   Aun cuando Fundacomun demostró haber dado respuesta verbal indicando que faltaban algunos recaudos, el Tribunal ordenó dar respuesta escrita de inmediato sobre el registro, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad.
El segundo caso ocurrió en el Municipio Baruta, allí el Consejo Comunal de Santa Rosa de Lima y las Mesetas[6], acudió en junio 2010 a la taquilla única y ésta no dio respuesta oportuna a su solicitud de registro luego de la adecuación de sus voceros, por lo tanto, acudieron a la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo en diciembre 2010, intentando un recurso por abstención o carencia, y ocurrió que durante el proceso, en julio 2011 el consejo comunal obtuvo respuesta efectiva a la solicitd, en ella se indicó que habían fallas en los recaudos presentados por el Consejo Comunal, por lo tanto la Corte decidió que la respuesta daba por terminado el conflicto surgido y satisfacía el derecho a la respuesta que tienen los ciudadanos cuando dirigen una petición a cualquier funcionario público con la competencia legal efectiva en la materia concreta.
En este caso, nuevamente se confirma que ante una petición formulada por el ciudadano, la respuesta de la Administración Pública es obligatoria y debe ser por escrito, asi ésta sea tardía; en este caso la respuesta llegó como presión natural de la demanda.  Por otro lado, si la demora de la Taquilla Única hubiera generado algún daño demostrable para la comunidad, y se hubiera solicitado declarar tal responsabilidad, sin duda, el Tribunal hubiera tenido que entrar a valorar la responsabilidad del Estado.
En este sentido, recientemente en abril 2014 una decisión de un Tribunal en San Cristóbal, multa de 75 UT a Fundacomunal Táchira, porque a través de sus funcionarios actúo de manera contraria a los principios que debe inspirar la conducta de toda administración pública, prevista en el artículo 141 de la Constitución.
En este último caso, sucedió que Fundacomunal Táchira no acudió a la invitación formal que el Consejo Comunal “Garbiras” [7] extendió oportunamente al promotor respectivo para asistir y validar la elección de voceros y en su defecto, el proceso fue avalado por un funcionario del CNE.   En tal sentido, y ante la omisión de Fundacomunal de dar respuesta a la solicitud de registro del Consejo Comunal, se demandó por abstención o carencia a Fundacomunal Táchira y en consecuencia, el Tribunal ordenó que Fundacomunal Táchira se abstuviera a realizar “toda actividad dilatoria en la inscripción del Consejo Comunal” y que se procediera a dar respuesta y a inscribir al Consejo Comunal.   Además, el Tribunal ordenó notificar al Ministerio del Poder Popular para las Comunas a los fines de determinar la responsabilidad disciplinaria del funcionario respectivo, pues su conducta dilató y limitó el ejercicio de la participación ciudadana.
Carlos Romero Mendoza.


[1] El Universal. Crean Frente Nacional de Consejos Comunales Excluidos. 26 de marzo de 2011. Online en:http://www.eluniversal.com/2011/03/26/crean-frente-nacional-de-consejos-comunales-excluidos
[2]Manifiesto de Frente de Consejos Comunales Excluidos. 28 de marzo de 2011. Online en:  http://estado-ley-democracia.blogspot.com/2011/03/manifiesto-de-creacion-del-frente.html
[3] TSJ.  Sentencia definitiva No. 031/2014. 25 de abril de 2014. Recuperado el 28 de junio 2014. Online en: http://tachira.tsj.gov.ve/DECISIONES/2014/ABRIL/2587-25-SP22-G-2013-000133-031-2014.HTML
[4] TSJ.  Expediente No. 19.570-2008. Recuperado el 28 de junio 2014. Online en: http://tachira.tsj.gov.ve/DECISIONES/2008/FEBRERO/1328-19-19570-.HTML
[5] Fundacomun fue reformada y ahora recibe el nombre de Fundacomunal
[6] TSJ. Expediente No AP42-N-2010-000685. Recuperado el 28 de junio 2014. Online en: http://jca.tsj.gov.ve/DECISIONES/2012/MARZO/1477-27-AP42-N-2010-000685-2012-0388.HTML
[7] TSJ.  Sentencia definitiva No. 031/2014. 25 de abril de 2014. Recuperado el 28 de junio 2014. Online en: http://tachira.tsj.gov.ve/DECISIONES/2014/ABRIL/2587-25-SP22-G-2013-000133-031-2014.HTML