Sistema de Justicia, consenso y ciudadanos
Si preguntan cuántos integran el movimiento de indignados en Venezuela, creo que la gran mayoría de los Venezolanos estamos hoy en el grupo de los indignados, ante el vergonzoso ejemplo moral y ético que nos ha dado el ex magistrado del TSJ y militar de la República Eladio Aponte Aponte.
A nadie debe sorprender la crisis del Sistema de Justicia en Venezuela, pues es una crisis producto de una enfermedad que no es nueva, pero que simplemente profundizó. Recuerdo que en una revisión de las actividades de la extinta Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) durante el período 1994-1998, se destacaba que los problemas de entonces de la administración de justicia en Venezuela se expresaban de manera concreta en: las recurrente demoras en los tribunales, los altos costos de los procesos, la falta de transparencia de los mismos, la poca previsibilidad de los resultados de las causas y la interferencia política en las decisiones judiciales.
Aponte Aponte en sus palabras nos ha demostrado cómo la interferencia de la política en las decisiones judiciales se ha hecho presente en los casos tan significativos que él ha señalado. El mensaje ha sido demoledor para la confianza hacia el Poder Judicial, por otro lado la respuesta del ciudadano refleja que nuestro sistema de justicia no tiene quien la defienda porque desde hace rato se rompió la confianza en ella.
Muchas propuestas se han realizado para mejorar el Sistema de Justicia en Venezuela, entre algunas recuerdo precisamente que la extinta COPRE en un documento llamado Bases para el Fortalecimiento Democrático del Sistema Político Venezolano de 19 de febrero de 1998 planteaba una serie de propuestas y expresaba que la reforma judicial era una variable esencial para las transformaciones institucionales que el país exigía para hacer del Estado de Derecho un verdadero Estado de Justicia, orientado al objetivo de obtener más y mejor justicia para los ciudadanos. Esa sigue siendo una tarea pendiente.
Muchas propuestas se han realizado para mejorar el Sistema de Justicia en Venezuela, entre algunas recuerdo precisamente que la extinta COPRE en un documento llamado Bases para el Fortalecimiento Democrático del Sistema Político Venezolano de 19 de febrero de 1998 planteaba una serie de propuestas y expresaba que la reforma judicial era una variable esencial para las transformaciones institucionales que el país exigía para hacer del Estado de Derecho un verdadero Estado de Justicia, orientado al objetivo de obtener más y mejor justicia para los ciudadanos. Esa sigue siendo una tarea pendiente.
Los Lineamientos para el Gobierno de Unidad Nacional (2013-2019), obviamente plantea el tema del Sistema de Justicia y al respecto habla de promover un gran diálogo nacional sobre la situación del mismo que logre un gran compromiso institucional que involucre a todos los sectores sociales y se reconoce que la corrupción, el retardo procesal y la impunidad son las características actuales del Sistema de Justicia.
Por cierto, el jueves 19 de abril 2012 Luis Pedro España publicaba un artículo titulado Hacia la Segunda Independencia, en el cual advierte que el país requiere de un gran consenso, en tal sentido señala que para ello, la dificultad no está en “el lado técnico o en el contenido de las políticas públicas, sino del lado de los acuerdos necesarios para viabilizar y mantener en el tiempo las políticas”, es decir en un acuerdo político.
Luis Pedro España advierte que en el pasado el problema ha sido precisamente la falta de consenso. Por lo tanto es obvio que un Compromiso político por un Gobierno de Unidad Nacional, suscrito en septiembre 2011 y los Lineamientos Generales para un Gobierno de Unidad Nacional, presentados en enero 2012, no tienen ningún valor si los dirigentes políticos no los asumen con el suficiente compromiso moral y ético con el futuro del país, no como una mera formalidad política, necesaria para el momento histórico, esos hechos políticos deben trascender a los intereses de cada partido y de cada individuo, deben ser la base del gran consenso al que hace mención Luis Pedro España.
Igualmente no tiene valor ese esfuerzo de la Mesa de Unidad si la misma no es útil para atraer el interés de quienes no participan en actividades política partidistas, en la tarea de comprometerse con el país y su futuro. El ciudadano debe tener la oportunidad para conocer su contenido, debatir sobre el alcance del mismo y empoderarse de esa visión de país, que además por su contenido favorece al proceso de reencuentro entre los venezolanos y entre ellos con la política.
Los ciudadanos debemos ser garantes de un compromiso que evite la improvisación y de un esfuerzo que a todas luces puede apoyar el proceso de inclusión y de reencuentro ciudadano, que alimente además el espíritu de ciudadanía que tanta falta nos hace en una democracia que fue vaciada de ciudadanía. Los ejemplos como Aponte Aponte, sólo sirven para recordar la Venezuela que no queremos.
Hoy más que nunca, viendo nuestra situación como país y como sociedad, tiene una gran vigencia las siguientes palabras que nos dejó Mario Briceño Iragorry, en su Mensaje Sin Destino de 1951: “nunca como la presente necesitó nuestro país de una atención mayor en el examen de sus problemas de pueblo, porque nunca como ahora se hizo tan notoria la crisis de sus valores sustantivos. Tampoco jamás desde la edad heroica nuestro país se había confrontado con mayor número de problemas a la vez”.
@carome31