Ley de Transparencia en España.
El anteproyecto de Ley de Transparencia, aprobado por el consejo de ministros el 23 de marzo, ha recibido 3.600 aportaciones en el plazo otorgado para el proceso de consultas que el Gobierno abrió a los ciudadanos. Sin embargo, el Ejecutivo no se ha marcado ningún límite para estudiarlas y, en su caso, incorporar o no las sugerencias presentadas. “Se hará lo más rápido que se pueda”, han indicado desde la vicepresidencia del Gobierno, alegando que hay algunas aportaciones que se extienden sobre más de un centenar de folios.
Tras el trámite de incorporar o no las alegaciones, se procederá a la tramitación de la norma y su debate en el Congreso. Aún así, el Gobierno de Mariano Rajoy lo presentará, a partir de mañana, en la cumbre del Open Government Partnership (OGP) que se celebra en Brasil.
La página a través de la que se dio acceso al texto de la Ley recibió, en el plazo de 15 días otorgado para enviar aportaciones, casi 80.000 visitas, según datos del propio ministerio de Presidencia. A través de un comunicado, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, manifestó consideración de que la norma “contribuirá de forma determinante a restaurar la confianza en las instituciones y a mejorar la calidad de nuestra democracia”. En el mismo, Sáenz de Santamaría la califica de “completa en términos de obligaciones de transparencia de nuestras administraciones” y sostiene que garantiza “el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la información pública”, a la vez que refuerza “la responsabilidad de los gestores públicos, en el ejercicio de sus funciones y en el manejo de los recursos que son de todos”. Sin embargo, la consideración que el anteproyecto ha merecido entre los colectivos pro transparencia es menos optimista y benévola.
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y a plataforma Coalicción Pro Acceso, que integra a 55 organizaciones, apuntan a que las previsiones que incluye la norma “quedan muy por debajo de los estándares internacionales”. La Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación, Dunja Mjatovic, destacó una serie de puntos en el borrador de la ley, remarcando "la necesidad de reconocer el acceso a la información como un derecho fundamental, la necesidad de ampliar el ámbito de aplicación de la ley para que incluya los órganos judiciales y la necesidad de garantizar la independencia del organismo de control”.
Las 55 organizaciones que integran la Coalición Pro Acceso enviaron un análisis conjunto al gobierno destacando una serie de puntos críticos como el carácter "muy limitado" de la definición de la información que se puede solicitar y el amplio número de excepciones que se podrían aplicar. “La definición de información es demasiado limitada y excluye una gran cantidad de información en manos de entidades públicas”, indicaron. Las organizaciones también han hecho un llamamiento para que se reconozca el derecho de acceso a la información como derecho fundamental, en línea con los estándares internacionales, y en favor de la creación de un órgano independiente, que proteja y promueva este derecho ya que, según consideran “el organismo propuesto para velar por el cumplimiento del derecho de acceso a la información no es independiente y la ley no define de manera muy detallada sus funciones y poderes”. El ente de control que anunció la vicepresidenta será una reconvertida Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios en Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios, cuyo presidente ha de ser nombrado con el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso.
Otra de las iniciativas tras la publicación del texto fue la campaña de Avaaz a favor de una mayor transparencia, que ha logrado el apoyo de más de 80.000 personas que urgen al gobierno a que “presente un nuevo anteproyecto de ley sobre transparencia y acceso a la información más fuerte y exhaustivo, aplicable a todos los organismos públicos, que contenga excepciones limitadas y que reconozca el acceso a la información como un derecho fundamental”.