miércoles, 11 de abril de 2012

Incertidumbre y desinformación en el manejo de los ahorros de los trabajadores.


El Presidente Chávez al anunciar la creación de un Fondo Público para las Prestaciones Sociales  agrega que los recursos de ese Fondo “podrían” ser utilizados para la construcción de viviendas y otras inversiones de los trabajadores[1].

El destino que “podría” dársele a los recursos de las prestaciones sociales de los trabajadores venezolanos, es ratificado por el especialista y miembro de la Comisión Presidencial para la Reforma Laboral, Antonio Espinoza Prieto cuando en unas declaraciones celebra la “autorización” para crear el Fondo Público de Prestaciones Sociales en el marco de la reforma laboral.[2]

No creo que este anuncio deje duda alguna, pero si el Fondo es creado en la reforma del 1º de mayo, y allí se deja expresamente señalado que sus recursos “podrían” ser destinados a viviendas y otros fines de inversión para el trabajador, se abren las puertas para que no sólo el gobierno maneje los ahorros de los trabajadores, sino que también le “expropie” al trabajador, a través de una futura ley, su derecho y su libertad para decidir el destino de sus propios ahorros causados por su trabajo diario.

Debe preocuparnos y el sentido común se impone, cuando en un proceso de reforma a una ley tan sensible como la que regula las relaciones laborales, priva la desinformación por parte del gobierno nacional, que habiendo creado una Comisión Presidencial para acometer la tarea de la reforma laboral, no ha logrado consolidar a pocas semanas del 1º de mayo una propuesta concreta y específica que permita garantizar una real, efectiva y directa consulta ciudadana.

No podemos confundir la metodología para lograr construir con diferentes aportes e ideas una propuesta de ley o de una reforma, que es lo que ha hecho el gobierno con algunos sectores, con una metodología de consulta para una reforma legislativa, ésta última impone por lógica, contar con un proyecto de ley de reforma, el cual no existe.

Es imposible que los ciudadanos no se preocupen o se alerten cuando de manera sorpresiva se anuncia un Fondo Público que administrará los ahorros que cada uno  ha generado como consecuencia de su propio trabajo activo y diario; más aún, es imposible no generar incertidumbre, cuando pese a todo lo que se ha dicho, aparece una propuesta como esta de manera sorpresiva a unas semanas antes de la fecha anunciada para la aprobación de la reforma.

Aún cuando haya más de 19 mil propuestas presentadas, la ausencia de un documento consolidado que sea público, violenta el derecho a participar directamente en el debate de este asunto laboral y genera grandes niveles de incertidumbre,  más cuando de antemano sabemos que ese proyecto no pasará por la Asamblea Nacional, pues al menos allí, habría alguna opción para garantizar su publicidad y así estar informados sobre el alcance de la reforma.

Pretender que vamos a tener un debate plural en pocas semanas es imposible, el tiempo no contribuye para que trabajadores, patronos y menos aún ciudadanos en general puedan debatir y ser consultados sobre esta reforma.  

Es irónico pensar que en el pasado cuando éramos una democracia representativa, experimentamos mejores niveles de participación a través de la descentralización, de las asociaciones de vecinos y de los gremios, por ejemplo; y que hoy, cuando decimos ser una democracia participativa, lo que menos se garantiza es la publicidad y la información para que podamos participar en reformas tan sensibles como ésta.

 Carlos Romero.

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