lunes, 12 de septiembre de 2011

Sobre la Ley Orgánica de Fronteras que se plantea en la AN.

Con fecha 12 de septiembre de 2011, La Nación de San Cristóbal, informa sobre la Ley de Fronteras que está en la Asamblea Nacional, al respecto citan a Rocío San Miguel de la ONG: Control Ciudadano, quien señala:

"La aprobación de la Ley Orgánica de Fronteras, tal y como está plasmada en su proyecto, será utilizada con los fines de alimentar la burocracia y el proyecto de campaña electoral del oficialismo, con miras a las elecciones presidenciales, porque el poder central tendrá la facultad de determinar los espacios fronterizos que recibirán las asignaciones económicas especiales. No cabe la menor duda que esos espacios serán discriminados en función del mapa electoral que existe actualmente; es decir, municipio o estado fronterizo gobernado por la oposición será excluido de estos espacios".

Considera San Miguel que "por intereses ocultos que tratan de producir vacíos de poder en las fronteras, llevamos diez años de omisión legislativa respecto al lapso de dos años que establecía la disposición transitoria sexta para promulgar la Ley, en cuyo proyecto, aprobado por la Asamblea Nacional en segunda discusión, el poder central está confiscando los recursos de las asignaciones económicas especiales -previstas en el artículo 15 de la Constitución Nacional para las regiones fronterizas del país-, bajo la figura de una Corporación de Asuntos Fronterizos, artículos 7 y 8, una estructura con sede en Caracas, en donde estarán representados todos los ministerios decidiendo de qué manera se asignarán los recursos, y en definitiva no enviará dinero a las alcaldías y gobernaciones que no sean afectas a su ideología política".

Asegura que quedará a discreción del Ejecutivo Nacional determinar el espacio noroccidental de Venezuela; es decir, la mitad del estado Zulia, si allí hay un gobernador de oposición, y la totalidad de Falcón porque allí si hay un gobernador a fin al sector oficial.

A su juicio, esto se ejecuta así para "justificar" la ausencia de una política de fronteras a lo largo de doce años de gobierno. De los 58 artículos de la norma, han sido aprobados "de espalda a los habitantes fronterizos 34; y, tememos que al reiniciar las sesiones ordinarias del Parlamento, el 15 de septiembre, se de la segunda discusión y al día siguiente en un madrugonazo se apruebe este instrumento que es centralista, ya que monopoliza los recursos de las asignaciones económicas especiales a discrecionalidad de setenta funcionarios que desconocen la realidad de estas zonas".

Según dice la defensora de los Derechos Humanos, el artículo 32 señala cuál será el presupuesto de la base de esas asignaciones económicas especiales, que no es más que 0,75% del presupuesto nacional ordinario, "con sus concebidas trampas, porque se funda sobre un barril de petróleo a 50 dólares, lo que representa un insulto para las diez fronteras del país, que representa las tres cuartas partes del territorio nacional", tomando en cuenta la dimensión que abarcan los estados Zulia, Táchira, Apure, Amazonas, Bolívar, Monagas, Delta Amacuro, Sucre, Nueva Esparta y Carabobo, que limita con Aruba, Bonaire y Curazao.

Explica la representante de Control Ciudadano que "el gobierno pretenden unificar los recursos destinados sin conocer la realidad distinta de cada región. Ese 0,75% debe aumentar también con base en los ingresos del presupuesto extraordinario de la Nación, que se produce luego del ingreso petrolero al término del ejercicio fiscal. Esa sería la única manera justa de hablar de este porcentaje para las regiones fronterizas".

De paso, sostiene, se pretende unificar el criterio de lo fronterizo sin tomar en cuenta las características y necesidades de cada región, que son muy distintas.

Por ello, considera Rocío San Miguel, la única manera de despolitizar el problema de fronteras en Venezuela es que esta ley otorgue asignaciones económicas especiales, sin discriminación de ninguna naturaleza, y a los municipios colindantes de Venezuela que suman 79. Y, dejar un margen de recursos que pueden otorgarse a otros municipios dentro de esos estados fronterizos donde haya un impacto directo".

"Táchira: frontera más resguardada pero la más insegura"

Por otra parte, comenta la especialista el política y derecho internacional que la membrana que protege al país es su límite internacional, y partiendo de que los cinco tráficos que producen más dinero en Venezuela son drogas, armas, minerales, alimentos y combustible, al mantener desguarecidas estas fronteras, ¿quienes se lucran de estas circunstancias? particularmente me pregunto: ¿si hay 88 unidades de la Guardia Nacional en el estado Táchira, que van desde el Core 1, Gaes, 4 destacamentos, 10 compañías, 38 pelotones, 28 escuadras, una sección de apoyo aéreo que es un lujo; un laboratorio antidrogas y cuatro unidades administrativas, para un total de 88 unidades de este cuerpo de seguridad, al multiplicar por lo menos 5 individuos por cada puesto, tenemos un ejército operando y jurisdiccionando aquí; entonces, qué es lo que está pasando con la seguridad?

-- Preocupa que todo Táchira es zona de seguridad fronteriza, pero adicionalmente es el estado que cuenta con el mayor número de zonas de seguridad derivadas de instalaciones militares; son 31 de un total de 113 en todo el país, que son de utilidad pública, de acuerdo con la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, esto quiere decir que esta región está en manos del ejecutivo Nacional --, explica.

Indica San Miguel que "San Antonio del Táchira, por ejemplo, una ciudad sitiada, sometida a un bloqueo de ciudadanos que priorísticamente son vistos como sospechosos de cualquier tráfico que allí se produzca. Pareciera que hay una connivencia entre los órganos encargados de brindar seguridad y lo que ocurre alrededor de los ilícitos que se producen en la frontera".

Excesivas funciones asignadas a la Guardia Nacional

Argumenta la analista que Venezuela no tiene una policía migratoria, fiscal, aduanera ni sanitaria, y todas esas funciones las viene ejerciendo la GN sin resultados ni rendición de cuentas al país. "Se les han atribuido unas 25 funciones jurisdiccionales que no les son propias y este Proyecto de Ley Orgánica de Fronteras pretende darles una más, el control de las casas de cambio fronterizas".

-- Es obvio que hay una ejercicio deliberado de asignación de competencias a la GN, vinculados a un tráfico de recursos enorme que carece de controles y auditabilidad de ningún organismo distinto al Ejecutivo Nacional. ¿A quién le rinde cuentas? a su comandante en jefe, porque no se producido en estos doce años ni una sola interpelación a los nueve comandantes de este componente armado en la AN.

Tampoco, asegura, se ha abierto una investigación de las miles de denuncias que ocurren alrededor del manejo de esas funciones policiales. Incluso, "el Seniat tiene prácticamente sin normas a la frontera. Los reglamentos que estarían llamados a regular la frontera no se han desarrollado y eso se traduce en que queda al libre arbitrio del funcionario del Seniat dirimir las circunstancias de determinada mercancía y eso genera corrupción", dice.

-- Entonces, tenemos una ciudad sitiada por el Estado y sus instituciones, la mayoría de ellas corruptas; y por el otro los cuerpos irregulares al margen de la ley actuando en contra de los ciudadanos. En medio de todo se encuentran los ciudadanos fronterizos, lidiando diariamente con la autoridad "legal", y también para sobrevivir ante la amenaza de la ilegalidad --, afirma.

Sin embargo, afirma San Miguel que con esta normativa que irá a segunda discusión en la Asamblea, el pueblo tiene una oportunidad histórica de conseguir por lo menos algunas ideas y soluciones que pueden ser incluidas en este proyecto de Ley. Primero, "se debe evitar que esta Corporación de Asuntos Fronterizos se cree en la Capital, conformada por setenta funcionarios que decidirán qué proyectos irán para las fronteras".

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