miércoles, 16 de marzo de 2011

Gobernadores y Alcaldes deben acelerar proceso para adecuarse al Sistema de Policia Naiconal.

Con fecha 16 de marzo de 2011, el portal web de Chamosaurio.com, registra noticia con el siguiente titulo:

Gobernadores y alcaldes deben adecuar sus cuerpos a la Ley de Policía Nacional

La nota que responde a una publicación de YVKE Mundial señala:

La Defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez, hizo énfasis en que la institución que lidera cuenta con 800 funcionarios y funcionarias defensoriales, en 32 sedes en todo el país que velan por los derechos de ciudadanos y ciudadanas.

Este martes en horas de la tarde se dio inicio a la consignación de la memoria y cuenta de la gestión del año 2010 por parte de la Defensora del Pueblo Gabriela del Mar Ramírez y la Defensora Pública, Omaira Camacho.

Al iniciar su intervención la Defensora del Pueblo hizo énfasis en que la institución que lidera atiende los derechos colectivos y difusos y los casos de presunta violación de los derechos humanos, gracias al trabajo de 800 funcionarios y funcionarias defensoriales, en 32 sedes a nivel nacional.

Ramírez informó que los casos atendidos fueron de 11.305 a nivel de expedientes, que requerían de la competencia de la Defensoría, algunos casos con orientaciones simples y otros a partir del derecho de petición establecido en la constitución, obteniendo una oportuna respuesta.

Con respecto al tema policial manifestó que en el marco de estas denuncias "hemos observado una disminución progresiva 2003 y 2008, en el año 2009 observamos un ligero repunte, pero en el año 2010 la cifra volvió a bajar, es una cifra que aún tenemos que trabajar, el año pasado se recibieron 97 denuncias, 40 denuncias menos que en el año 2009 con respecto a privaciones arbitrarias de la vida, estas denuncias están siendo sustanciadas para verificar la veracidad y precedencia de la misma".

La Defensora manifestó con preocupación que las Policías estadales alberguan el 43,3 % de las denuncias antes mencionadas y un 22,8 las municipales.

Con respecto a las denuncias relativas a vulneraciones del derecho a la libertad personal manifestó que han disminuido significativamente en relación al año anterior (2009) de 86,5 %. En lo que tiene que ver con el derecho a la integridad personal se recibieron 2230 denuncias.

Resaltó como avance significativo la creación del cuerpo de Policía Nacional Bolivariana con la Universidad destinada a la formación de estos funcionarios, al tiempo que hizo el llamado "a los Gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas a que aceleren la adecuación de sus respectivos cuerpos a los parámetros contenidos en la Ley de Policía Nacional y a las prácticas que deben constituirse como una cultura policial firme en nuestro país.

Igualmente anunció que la defensoría diseñó un mecanismo de atención, llamados defensorías móviles,ubicadas en el estado Falcón, Portuguesa, Táchira, Bolívar y Monagas, estas unidades están habilitadas en regiones donde por su extensión geográfica o donde el número de municipios es mayor que el resto de los estados, se ha utilizado esta modalidad para atender a la totalidad de la demanda del pueblo desplazándose a estas receptorías.

A través del número 08000Pueblo se recibieron 591 casos de los cuales 201 se constituyeron en expediente y 390 en orientaciones. "Para el año que concluye hemos realizado casi 7 mil inspecciones, exactamente 6991, de las cuales 1212 están ubicadas en centro de detención policial, 724 en Centros Penitenciarios, 1108 en Centros Educativos y 717 en Centros de Salud" afirmó la Defensora del Pueblo.

Indemnización a víctimas del Caracazo

La Defensoría del Pueblo logró durante el 2010 indemnizar a 64 personas que fueron víctimas de los trágicos sucesos de El Caracazo, logrando con esto beneficiar a un total de 186 familiares entre hijos, esposos y concubinos.

Ramírez comentó que este proceso de indemnizaciones se dio gracias a la decisión unilateral del Gobierno Nacional de aportar este beneficio para los familiares de las víctimas de los sucesos de El Caracazo que vivió el pueblo venezolano durante los últimos días de febrero y primeros de días de marzo de 1989, cuando el Gobierno de Carlos Andrés Pérez masacró a miles de personas a través del uso de la fuerza pública.

Destacó la defensora que gracias a la voluntad del Ejecutivo Nacional se ha permitido durante los últimos años hacer justicia a los familiares de las víctimas de El Caracazo, pues ya se ha alcanzado condenar a varios responsables de estos sucesos y comenzar un proceso de reivindicación de los derechos humanos de las personas afectadas.

Fuente:

Marly Sierra
http://www.chamosaurio.org/2011/03/gobernadores-y-alcaldes-deben-adecuar.html

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