martes, 21 de febrero de 2017

Asamblea Nacional responde al TSJ sobre la prohibición de valorar la responsabilidad política del presidente.



El 17 de noviembre de 2016, la Asamblea Nacional aprueba un Acuerdo político a través del cual fija posición sobre la sentencia 948 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia[1], el documento aprobado recibió el título de:

ACUERDO EN DEFENSA DE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS Y REPUBLICANOS, CON MOTIVO DE LA SENTENCIA N° 948 DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2016.

El Procurador General de la República (e), con la participación de otros abogados, acudieron al TSJ para solicitar un Amparo argumentando que el Acuerdo de iniciar el procedimiento de declaratoria de responsabilidad política del Presidente de la República ante la grave ruptura del orden constitucional y democrático y de la devastación de las bases económicas y sociales de la Nación, aprobado el 25 de octubre de 2016, amenaza a los Poderes Públicos, la democracia y el sistema republicano, en consecuencia atenta contra la estabilidad y paz de la República.

A través de esta sentencia, el TSJ ordena a los diputados de la Asamblea Nacional a abstenerse de continuar con el denominado “juicio político” y además extiende la prohibición a dictar cualquier otro tipo de acto que se encuentre al margen de sus atribuciones o que contraríen la Constitución.

Y para agregar más restricciones, la Sala Constitucional prohíbe a los diputados realizar cualquier convocatoria y/o acto que altere el orden público, instigue contra autoridades y Poderes Públicos.

Fundamento legal que inspira a la Asamblea Nacional a dictar el Acuerdo:

- Artículo 222 de la Constitución que expresamente reconoce que la Asamblea Nacional, en ejercicio del control parlamentario, podrá declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos.

Artículo 222:  La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución y en la ley y mediante cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su Reglamento. En ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad. 

- Artículo 232 que reconoce la responsabilidad del Presidente de la República por sus actos y por el cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo. 

Artículo 232: El Presidente o Presidenta de la República es responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo.

Está obligado u obligada a procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos y venezolanas, así como la independencia, integridad, soberanía del territorio y defensa de la República. La declaración de los estados de excepción no modifica el principio de su responsabilidad, ni la del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, ni la de los Ministros o Ministras, de conformidad con esta Constitución y con la ley.

La Asamblea Nacional en ese Acuerdo del 17 de noviembre sostiene que es incuestionable y en consecuencia, reconoce que  el Presidente de la República es un funcionario público con responsabilidad para dirigir la acción de Gobierno, conforme a lo establecido en los artículos 225 y 226 de la Constitución.

El Presidente como todo funcionario público es responsable y la Asamblea Nacional ejerce sobre el gobierno que dirige, una función de control según el numeral 3 del artículo 187 de la Constitución, por lo tanto, insiste la Asamblea Nacional, el Presidente es responsable de manera individual y personal por el ejercicio de su cargo artículos 139 y 232 de la Constitución.

El argumento de la responsabilidad del Presidente es coherente con la sentencia del 23 de junio de 2002, No. 1338, que es destacada en el contenido del Acuerdo y en la cual se afirmó:  

“La responsabilidad política es imputable sólo a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, que son las personas que ocupan cargos de dirección política. De esta manera, cuando el órgano que declara la responsabilidad es el órgano parlamentario nacional (Congreso y ahora Asamblea Nacional) sólo puede ser declarado responsable en lo político el Presidente de la República y los Ministros, como órganos directos que son de aquél. Nadie, aparte de tales personas, puede incurrir en una responsabilidad de tal naturaleza. Lo que hace el órgano parlamentario es controlar la actuación (u omisión) de quienes han resultado encargados de conducir al Estado.  El poder parlamentario no cesa con esa declaratoria de responsabilidad política, sino que ésta podría ir seguida de otras acciones, como la autorización para el enjuiciamiento del Presidente o el voto de censura a uno o varios ministros”. 

En este sentido la Asamblea Nacional reitera que el acto parlamentario dictado por la Asamblea Nacional el 23 de octubre de 2016 está ajustado a esa interpretación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dictado en la fecha señalada previamente.

Principios que resalta el Acuerdo de la Asamblea Nacional:

En el Acuerdo la Asamblea Nacional reitera los siguientes principios:
  • Que los derechos fundamentales están por encima de toda autoridad constituida.
  • Que esos derechos fundamentales no pierden su vigencia por que la Sala Constitucional se niegue a reconocerlos y brindar la protección que los ciudadanos le requieran, frente a las amenazas provenientes del Ejecutivo Nacional.
  • Que la Asamblea Nacional es un Poder Público autónomo e independiente.
  • Que los diputados responden a sus electores y no están sujetos a mandato ni instrucciones de otro Poder Público, según el artículo 199 y 201 de la Constitución.
  • Que por encima del Ejecutivo Nacional y de los Magistrados del TSJ no están por encima de los ciudadanos, investidos o no de autoridad, por lo que la misma constitución le impone a los ciudadanos el deber de reestablecer la efectiva vigencia de la Constitución, cuando la misma dejare de observarse por cualquier medio que fuere.
Denuncias que formula la Asamblea a través del Acuerdo:

La Asamblea advierte que la Sala Constitucional con esta sentencia: 
  •  Insiste en desconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional y de los representantes del electorado del estado Amazonas.
  • Pretende una vez más negar el ejercicio de las funciones del Poder Legislativo Nacional e impedir un mecanismo de control expresamente atribuido a la Asamblea Nacional.
  • Atenta contra el derecho de los ciudadanos a la participación política, al ser los diputados sus representantes, elegidos democráticamente y a través de quienes ejercen su soberanía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 186 de la Constitución;
  • Se aparta de su función de garante de las normas y principios constitucionales, y en su lugar se ha dedicado a tergiversar la Constitución y adecuar su interpretación a las pretensiones del Ejecutivo Nacional.
  • Se hace notorio el activismo político de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que se evidencia su falta de cualidad para el ejercicio de tan alta función jurisdiccional.
  • Olvida que las decisiones judiciales se dictan por autoridad de la Ley, quedando desprovistas de esa autoridad, cuando evidentemente contravienen las previsiones del derecho que dicen aplicar, como ha ocurrido en la sentencia que motivó el Acuerdo que se divulga en este escrito.
La Asamblea afirma que siendo la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia una de las atribuciones de esta Asamblea Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 de la Constitución, está en el deber de exigirles que sean fieles intérpretes del texto constitucional y no inventores de sus normas.

La Asamblea Nacional recuerda en su Acuerdo de noviembre que el nombramiento de los tres magistrados de la Sala Constitucional son nulos, como lo declara el Acuerdo del 14 de julio de 2016, que aprobó el Informe Final de la Comisión  Especial para el Rescate de la Institucionalidad del Tribunal Supremo De Justicia.

Denuncia además que la Sala Constitucional mediante sentencia 19 de julio de 2016[2], violentó las reglas procesales relativas a la competencia subjetiva de los magistrados, quienes debieron inhibirse de conocer y decidir sobre un asunto que involucraba sus intereses personales, que era su propia designación.

Esa decisión de julio declaró:
  • Nula la Comisión Especial para el rescate de la institucionalidad del TSJ, así como el acto de su creación, acciones desplegadas por la misma, informes y otros instrumentos producidos, los cuales carecen de validez, existencia y eficacia jurídica.
  • Nula el acto parlamentario del 14 de julio de 2016 por medio del cual los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron el informe presentado por la Comisión señalada en el punto anterior.
  • Nula cualquier comisión o acción o cualquier artificio que tenga por objeto anular la designación de magistrados  del TSJ, porque subvierte el procedimiento constitucional para la remoción de magistrados y en consecuencia es írrito y nulo, carente de validez, existencia y eficacia jurídico, y quienes participen en ello están sujetos a responsabilidad penal, civil y administrativa.
En consecuencia anula la convocatoria realizada por la secretaria a la sesión ordinaria del 14 de julio de 2016 y deja sin efecto, sin validez y sin eficacia jurídica los actos de aquella sesión ordinaria.

En esa sentencia de junio, la Sala Constitucional reiteró que el acto parlamentario que en sesión extraordinaria del 23 de diciembre de 2015 mediante el cual se designaron los 34 magistrados para llenar las vacantes del TSJ conserva su total validez.

Carlos Romero Mendoza.
20 de febrero 2017.





miércoles, 15 de febrero de 2017

La Asamblea Nacional y la Inmunidad Parlamentaria.


El 17 de enero de 2017, la Asamblea Nacional, aprobó un nuevo acuerdo titulado:

 

ACUERDO SOBRE LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS FUNCIONARIOS QUE LA VIOLEN.

 
Ese Acuerdo presenta el siguiente esquema: 16 considerandos y 10 acuerdos.   A continuación un recorrido por el contenido del mismo:


I.- Principios que inspiran el Acuerdo:

  1. Que los diputados a la Asamblea Nacional son expresión directa de la soberanía popular.
  2. Que la inmunidad parlamentaria es una garantía de la autonomía e independencia del Poder Legislativo.
  3. Que la Constitución de 1999 consagra en su artículo 200 la inmunidad parlamentaria de manera absoluta, sin distinción de la naturaleza de los presuntos delitos que se le imputen a los integrantes de la Asamblea Nacional.
  4. Que la inmunidad parlamentaria ampara a todos los integrantes de la Asamblea Nacional, independientemente de su condición de diputado principal o suplente.  En tal sentido, el artículo 200 de la Constitución no hace distinción en ese sentido y establece claramente que los diputados gozarán de inmunidad “desde su proclamación”.

Todo lo anterior supone que los diputados sólo pueden ser detenidos o enjuiciados previa declaratoria de mérito para el enjuiciamiento por parte del Tribunal Supremo de Justicia y la autorización de la Asamblea Nacional, como expresamente lo dispone el artículo 200 de la Constitución.


II.- El TSJ y la Inmunidad Parlamentaria:


El Tribunal Supremo de Justicia ha interpretado de manera pacífica y reiterada que el régimen de inmunidad parlamentaria del cual gozan los diputados a la Asamblea Nacional, obedece a la necesaria “protección de las delicadas funciones de legislación, fiscalización y control político que desarrollan los integrantes del Poder Legislativo, frente a indebidas
persecuciones propiciadas por los más diversos agentes. Desde la óptica anotada, debe insistirse, la inmunidad parlamentaria, antes que prerrogativa personal de los integrantes del Parlamento, se constituye en una garantía institucional que protege la incolumidad de sus funciones frente a las pretensiones arbitrarias de los particulares u órganos del Poder Público”. (Sentencia de la Sala Plena del 26/10/2010, Exp Nº AA10-L-2010-00182);



III.-  La razón del Acuerdo.

La persecución política, detenciones ilegales y el atropello de los derechos fundamentales, pretendiendo con esa conducta silenciar a la oposición, amedrentar y desmoralizar a los ciudadanos.   Todo ello como consecuencia de la falta de apoyo popular y voluntad política de promover los cambios que el país reclama para superar la crisis.
 
El terrorismo de Estado, exige que la Asamblea Nacional actúe en defensa de los derechos, principalmente  de sus integrantes y de los ciudadanos en general y exigir el respeto de la Constitución, ello en relación a la detención inconstitucional del diputado Gilbert Caro.

IV.-  El Acuerdo alcanzado en la AN:


I.- Rechazo a:

1.- La detención arbitraria contra el diputado Gilber Caro el 11 de enero 2017, violando además de su inmunidad parlamentaria, del debido proceso, al juez natural y al acceso a la información sobre los cargos que se le imputan, consagrados en los artículos 200, 28 y 49 de la Constitución y en consecuencia exigen la liberación inmediata del diputado Gilber Caro.

 

En el caso del diputado Caro, la Asamblea Nacional acordó que harán la denuncia ante la comunidad nacional e internacional, pues representa una nueva violación de las facultades de la Asamblea Nacional y de sus integrantes, además, que tal situación forma parte de la persecución política que este régimen, para mantenerse en el poder.

En este mismo sentido, acordaron alertar a la comunidad nacional e internacional la posibilidad que algunos funcionarios estén fraguando construir falsamente una flagrancia de un delito militar, circunstancias que en ningún caso excluyen las garantías constitucionales de la inmunidad parlamentaria.


Se aprobó designar una Comisión encargada de presentar formal denuncia ante la Fiscalía General de la República, a los fines de exigir la responsabilidad penal de los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional que ejecutaron la inconstitucional detención del diputado Gilbert Caro, así como la responsabilidad de los funcionarios públicos que hayan ordenado tal detención, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 200 de la Constitución y en respeto a los principios y valores democráticos en ella establecidos.

 

2.- -La política del Gobierno Nacional de ejercer un terrorismo de Estado.


II.-  Compromiso de la Asamblea Nacional a reestablecer la vigencia de la Constitución:

En el Acuerdo la Asamblea Nacional reitera su compromiso con el electorado a fin de defender la institucionalidad democrática y continuar en el ejercicio de las funciones reivindicando la vigencia de la Constitución, con miras a reestablecer su efectiva vigencia, en tal sentido, anuncian en el Acuerdo que acudirán a las siguientes instancias internacionales:



-Parlamento Latinoamericano para que en ejercicio de sus atribuciones y conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Tratado de Institucionalización del Parlamento Latinoamericano (Ley Aprobatoria fue publicada en la Gaceta Oficial No. 34.035 del 23 de agosto de 1988), emita un pronunciamiento público en defensa de la democracia representativa en Venezuela y coadyuve con la Asamblea Nacional en los esfuerzos para garantizar que se respeten los derechos políticos de los venezolanos.


-Organizaciones internacionales, a través del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos; al Secretario General y al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), al Nuncio Apostólico de su Santidad el Papa Francisco, Monseñor Aldo Giordano y a la Conferencia Episcopal Venezolana a Notificar el presente acuerdo e instarlos a emitir pronunciamientos públicos en defensa de la representación del pueblo que ejercemos los diputados de la Asamblea Nacional y de su inmunidad parlamentaria.


-Unión Interparlamentaria Mundial para presentar formal denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios.

Carlos Romero Mendoza.
14 de febrero 2017.

viernes, 10 de febrero de 2017

Asamblea Nacional eleva su voz en defensa de sus atribuciones, su autonomia y de la soberanía popular.




El 31 de enero de 2017, la Asamblea Nacional, aprobó el ACUERDO EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA POPULAR Y DE LA AUTONOMÍA Y ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA NACIONAl, cuyo contenido a continuación se revisa:

I.- Premisas que fundamentan el Acuerdo:

Ese Acuerdo se inspira en tres premisas fundamentales:

-Que el Parlamento es una institución esencial para la Democracia;

-Que su desconocimiento lleva consigo la desaparición de la Democracia;

-Que la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015 expresa el pluralismo garantizado por la Constitución y la diversidad de corrientes políticas de la sociedad venezolana, así como el reclamo de cambio de la ciudadanía ante el fracaso del Gobierno nacional y la grave crisis política y social que aqueja al país;

A lo largo de sus 11 considerandos se denuncia la intención del Gobierno de desmontar la institucionalidad democrática, utilizando para tal fin el Tribunal Supremo de Justicia y aprovechándose de la ausencia del principio de separación de poderes que el mismo gobierno ha promovido.

II.- Los hechos que se denuncian porque atentan contra la Asamblea Nacional:

Los hechos que denuncia el Acuerdo son los sigientes:

1.-Vulneración de la autonomía presupuestaria.  El TSJ ha invadido la autonomía de la Asamblea en la ejecución de su propio presupuesto, particularmente en relación con el pago de los sueldos del personal administrativo y obrero, que ahora están sometidos a nuevos condicionamientos del Ejecutivo tendientes a impedir que se les reconozca los aumentos acordados válidamente por la propia Asamblea Nacional en beneficio de su personal.

Así mismo el Acuerdo denuncia que el gobierno ha venido negando a los diputados la necesaria retribución por el desempeño de sus funciones y ha obstaculizado la actuación de los diputados en el exterior, cercenando el derecho a ejercer la diplomacia parlamentaria que es admitida en todos los pasises del mundo.

2.-Desconocimiento de las atribuciones constitucionales de control de la Asamblea Nacional.   El Acuerdo destaca que ese desconocimiento se concreta en primer lugar, en la extensión por más de un año del estado de excepción, sin el control respectivo de la Asamblea Nacional y sólo con el aval de la Sala Constitucional; en segundo lugar, en no reconocer la iniciativa legislativa de la Asamblea Nacional y de sus integrantes; en tercer lugar, en la imposibilidad de emitir votos de censura que produzcan la consecuencia señalada en la propia Constitución y por último, en la imposibilidad de aprobar o no los contratos de interés público.

3.-La manipulación de la Justicia desde el TSJ. El desconocimiento de la Sala Constitucional del TSJ, del derecho al debido proceso de la Asamblea Nacional, dictando en su contra, sin garantía de audiencia, toda clase de decisiones, después de haber creado las condiciones para que esta no pueda contar con una representación judicial propia.

4- El desconocimiento de la inmunidad parlamentaria. El desconocimiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados, violentando las garantías elementales que deben rodear toda privación de libertad, en el caso de Gilber Caro, y la pretensión del gobierno de someterlos a la jurisdicción militar.

III.- La razón de ser de este y otros Acuerdos:

El Acuerdo reitera que su contenido, así como también, el contenido de los documentos políticos que le han precedido, responden a la responsabilidad que sienten los diputados en su condición de representantes del pueblo, de defender sus derechos y prerrogativas constitucionales en aras de un mejor cumplimiento de sus funciones. 

Aclaran que estas acciones no responden a un interés personal sino a su obligación legal y moral de atender las aspiraciones de su electorado y de preservar las garantías institucionales que permiten el desenvolvimiento de la Democracia.

IV.- Los acuerdos aprobados:

La Asamblea Nacional concluye con 4 acuerdos que se presentan de la siguiente manera:

1. Rechazo al desconocimiento de la AN.

1.1.- Los diputados reivindican a través del Acuerdo la importancia de las prerrogativas y derechos que amparan el ejercicio de las funciones parlamentarias, como garantías puestas al servicio del cabal cumplimiento de las tareas de legislación y de control de la Asamblea Nacional.

1.2.- Rechazan el bloqueo contra el Parlamento y la violación de las prerrogativas y facultades de los Diputados y Diputadas llevadas a cabo por el Gobierno nacional en complicidad con el Tribunal Supremo de Justicia.

2. Exigencia de respetar a los diputados de la Asamblea Nacional

2.1.      Exigir el cese inmediato de las medidas que están afectando indebidamente la libertad personal o la libertad de circulación de algunos parlamentarios.

3. Acciones internacionales.


3.1. Los diputados se comprometen a intensificar sus gestiones ante la Unión Interparlamentaria y demás instancias internacionales para defender la institucionalidad parlamentaria y el derecho del pueblo venezolano a vivir en Democracia.

4. Exhortación al TSJ:

4.1.-El Acuerdo exhorta a los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia a que cumplan el papel de jueces que la Constitución les asigna y a que se aparten de la subordinación partidista e ideológica en la que se han sumergido. 

Carlos Romero Mendoza.
10 de febrero de 2017

jueves, 9 de febrero de 2017

La Asamblea Nacional y su posición frente a la crisis nutricional de Venezuela.



El pasado 8 de febrero de 2017, la Asamblea Nacional aprobó el ACUERDO SOBRE LA SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA

Resulta oportuno recordar que la Asamblea Nacional en dos oportunidades durante el año 2016 elevó su voz institucional exigiendo seguridad alimentaria.

El primero de esos Acuerdos fue aprobado el 11 de febrero de 2016 con el título Acuerdo mediante el cual se declara crisis humanitaria e inexistencia de Seguridad Alimentaria de la Población Venezolana.

El segundo fue aprobado el 21 de julio de 2016 bajo el título Acuerdo de condena de la represión política y de la violación de los derechos humanos, a propósito del ejercicio del derecho constitucional a la protesta por el hambre y la escasez de alimentos.[1]


El nuevo Acuerdo sobre el tema seguridad alimentaria, cuenta con 13 considerandos y 7 acuerdos finales.


Los considerandos se pueden dividir en 2 partes, la primera que tiene que ver con el fundamento constitucional y legal; la segunda con estudios y encuestas que permiten levantar alguna información útil sobre el tema.   Por último están los Acuerdos.

Primera parte: Fundamento constitucional y legal:
  1. La obligación del Estado en garantizar a los ciudadanos una seguridad alimentaria, en consecuencia debe velar por la existencia permanente y el acceso a los alimentos. (Art. 305 Constitución vigente)

  2. La obligación del Estado en proteger a la familia, a la madre, padre o quien actúe como jefe de familia; a la maternidad y la paternidad desde el momento de la concepción y proteger el derecho a la vivienda, seguridad social y al trabajo de cada uno de sus integrantes, entre otros derechos, establecidos en el el Título III “De los derechos humanos y garantías, y de los deberes”, Capítulo V “Los derechos sociales y de las familias”, artículos 75 al 97.

  3. En ese mismo Título y Capítulo está la obligación del Estado en proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, afirmándose que se respeta en todo momento el interés supremo del menor.

  4. La obligación por parte del Estado de asegurar con prioridad absoluta, todos los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes, siendo indispensable para ello el desarrollo e implementación de políticas públicas especializadas e inversión pública privilegiada y preferente que garantice el adecuado funcionamiento de instituciones públicas, programas y servicios para la protección de la niñez y adolescencia y la posibilidad de brindar respuestas oportunas y de calidad.  (Artículo 78 de la Constitución Vigente y artículo 7 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente).
Por último cabe destacar que el Acuerdo recordó la existencia de la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, cuyo objetivo es la protección de las familias, y en ella se establece que el Estado, las familias y la sociedad, deben involucrarse en las acciones de prevención de lucha contra la pobreza y la exclusión, para lo cual se deben prever mecanismo de alcance para la obtención de los niveles óptimos de bienestar social.

Segunda parte, se refiere a los hechos que evidencian la crisis en materia de seguridad alimentaria y nutrición.

La Asamblea Nacional en su Acuerdo denuncia la  ausencia de información oficial actualizada, confiable y accesible sobre las familias que se encuentran en una situación vulnerable de pobreza por la crisis alimentaria que estamos viviendo y la inexistencia de indicadores oficiales relativos a salud y nutrición que permitan tomar decisiones oportunas de calidad.

Según encuestas:

El ochenta por ciento (80%) de la población afirma haber perdido hasta más de veinte (20) kilos de peso en los últimos seis (6) meses del 2016, por falta de los alimentos de la cesta básica y por el alto costo de la vida.

De la interpretación de las encuestas se evidencia que la escasez de alimentos y su alto costo, incidieron gravemente en la ingesta diaria de alimentos y en tal sentido, para profundizar en este sentido, la Asamblea acude a la tarea de comparar los resultados de una encuesta realizada en octubre 2016 con los números oficiales del año 2012.

Para el 2012, según el Ministro de Alimentación de ese momento, Carlos Osorio en Venezuela el noventa y ocho por ciento (98%) de la población tenía la capacidad para comer de tres (3) o más comidas por día.

Según  las encuestas realizadas en el mes de octubre 2016:

1) Solo el cuarenta por ciento (40%) de la población comía tres (3) veces al día, aproximadamente, es decir, 12,4 millones de venezolanos;

2) El cincuenta por ciento (50%) comía sólo dos (2) veces al día, es decir, representado por 15,5 millones de venezolanos;

3) Un diez (10%), es decir, un poco más de tres 3 millones de venezolanos, comía una sola vez al día. Situación ésta que ha venido agravándose por la exclusión al programa de abastecimiento de comidas, denominado: Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP);

Según estudio:

El estudio de la organización Caritas de Venezuela, “Línea Basal del Monitoreo Centinela de la Situación Nutricional en niñas y niños menores de cinco (5) años”, desarrollado entre octubre y diciembre de 2016, determinó que en los estados Miranda, Vargas, Zulia y Distrito Capital, se evidencia y es impostergable, la necesidad de una declaración de una crisis alimentaria en Venezuela, de acuerdo con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ese estudio identificó lo siguiente:

1) El veinticinco por ciento (25%) de los niños y niñas evaluados, mostraron de alguna forma desnutrición;
2) El veintiocho por ciento (28%) de los niños y niñas, están en riesgo de desnutrición;

3) Más de la mitad de los niños y niñas, están en desnutrición o están en riesgo de sufrirla;

4) El nueve por ciento (9%) de los niños y niñas, tiene desnutrición aguda;

5) Los niños y niñas menores de dos (2) años, son los más afectados por la desnutrición “aguda”, la prevalencia de desnutrición aguda en niños y niñas menores de seis (6) meses, duplica la de los niños y niñas mayores de dos (2) años;

6) El treinta y un por ciento (31%) de los hogares ha tenido que desmembrar el grupo familiar, para enviar a los miembros más vulnerables a alimentarse en otros lugares distintos al hogar;

7) El cincuenta por ciento (50%) de la gente, deja de comer para que otra persona de la familia pueda hacerlo;

8) Sólo un seis por ciento (6%) de los hogares, alcanzaron una diversidad de dieta adecuada;

La muerte por hambre aparece en Venezuela.

El Acuerdo reclama que la crisis ha cobrado la vida de inocentes venezolanos que simplemente por no tener alimentos, por no poder acceder a ellos, murieron, y los casos que destaca el Acuerdo son:
  1. José Antonio Santander de ocho (8) años y su hermana María Alejandra de tres (3) años en el municipio Santa Rita en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. 

  2. Entre julio y agosto de 2016 Kennedy de catorce (14) años y Aketzali de (7) meses, perdieron la vida porque sus papás no podían alimentarlos. 

  3. El domingo 15 de enero en San Félix, murió Keiner Iván Cardozo Millán, su madre indicó que la familia a veces no desayunaba ni cenaba. 

  4. El 29 de enero de 2017 la niña de siete (7) meses, Orangelis Figuera, falleció en el hospital de Guaiparo, y el 31 de enero Santiago Velásquez de tres (3) meses y Joelvis Quijada de un (1) mes, hechos ocurridos en el estado Bolívar.
El Acuerdo destaca entre sus considerando, la advertencia que todo niño que hasta los 2 años no haya podido alimentarse adecuadamente, tendrá graves secuelas, que serán irreparables, entre las cuales se identifican las siguientes: muerte rápida por cualquier enfermedad, rezago escolar y rezago de sus capacidades intelectuales.

La Asamblea Nacional alerta en el Acuerdo que la crisis de alimentación también afecta a los adultos mayores y en tal sentido cita la denuncia que hizo la ONG Convite en el año 2016 sobre la muerte de treinta (30) adultos mayores que vivían en la Casa Hogar “Madre Teresa de Calcuta”, localizada en Mamera, municipio Libertador, Distrito Capital, por desnutrición

Por otro lado reconoce la Asamblea Nacional, que lamentablemente cada vez hay más venezolanos que deben ir a la basura para conseguir algo que comer, muchos de ellos son niños, adolescentes y adultos mayores. Realidad que ocurre como consecuencia de la desesperación y el hambre.

Ultima parte: los Acuerdos.

Los Acuerdos pueden dividirse en exigencias y exhortos a saber:

La exigencia:
  1. Al Presidente de la República y a los ministerios con competencia en la materia el cumplimiento que por mandato constitucional, tiene el Estado de proteger a la familia venezolana y garantizar a los ciudadanos una seguridad alimentaria, es decir, la existencia permanente y el acceso a los alimentos sin exclusión.

  2. Al Presidente que acepte la ayuda de entes internacionales de contenido alimenticio, para poder atacar la grave crisis que afecta a millones de venezolanos, dado que el programa de abastecimiento CLAP, no ha sido la solución efectiva para cubrir la necesidad inminente del hambre del pueblo venezolano.

  3. Al Ejecutivo Nacional que ponga como prioridad la resolución de la situación presentada, especialmente en lo relativo a niños, niñas, adolescentes y ancianos.
El exhorto:
  1. Al Presidente de la República y a los ministerios con competencia en la materia presenten una estrategia de alcance nacional, para abordar el grave problema de la desnutrición en Venezuela.

  2. A la Contraloría General de la República a procesar y culminar las investigaciones asociadas a las denuncias de corrupción vinculadas a la importación y distribución de alimentos.

  3. Al Defensor del Pueblo y demás entes y órganos especializados en la materia, que se pronuncien y tomen las medidas necesarias para poder solventar la desnutrición comprobada que padecen los venezolanos, violentando de esta manera su Derecho Humano a la vida.

  4. Al Ministro del Poder Popular para la Salud para que responda las denuncias que la Comisión Permanente de Familia de la Asamblea Nacional, ha formulado up supra y explique las razones por las cuales, no se han implementado desde su Despacho, políticas públicas especiales para garantizar la protección de los mil (1000) días de vida de nuestros niños y niñas que son la población más vulnerable y que los daños de desnutrición dejan secuelas de por vida, y que realicen el fortalecimiento inmediato de los servicios y centros de salud de la red pública de ambulatorios, hospitales, centros de atención primaria, servicios de emergencia y centros especializados, para que con prioridad absoluta respondan a las necesidades específicas de los venezolanos.

Referencia:
ACUERDO SOBRE LA SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA.
Acuerdos. Asamblea Nacional.  8 de febrero 2010. 

Carlos Romero Mendoza.
09/02/2017


[1]Romero Carlos.  Seguridad Alimentaria, un reclamo y una exigencia al Gobierno Nacional en el 2016. 21 de diciembre 2016. Online en: http://estado-ley-democracia.blogspot.com/2016/12/seguridad-alimentaria-un-reclamo-y-una.html