martes, 18 de abril de 2017

Asamblea Nacional rechaza la ejecución continuada del golpe de estado y condena represión, perscución ydemás violaciones a los DDHH.




El 18 de abril de 2017, la Asamblea Nacional aprueba el ACUERDO EN RECHAZO A LA EJECUCIÓN CONTINUADA DEL GOLPE DE ESTADO Y EN CONDENA A LA REPRESIÓN, PERSECUCIÓN, TORTURAS Y OTRAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN.

En el contenido de ese Acuerdo, reitera la denuncia que ha venido haciendo desde hace meses, sobre la ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela.  Ruptura que la Asamblea Nacional expresamente señala en ese documento que se concreta a través de:

  1. Ausencia de separación de poderes.
  2. El socavamiento del Estado de Derecho, 
  3. La violación generalizada de los derechos humanos.,
  4. El desconocimiento de la soberanía popular y de la representación política y la suspensión de facto del derecho al voto, lo cual se evidencia con  la suspensión arbitraria del referendo revocatorio en el 2016 y ha llevado consigo la postergación inconstitucional de las elecciones regionales.

El Acuerdo reitera la existencia un cerco político-judicial contra la Asamblea Nacional, que expresamente califica como un golpe de Estado continuado, que se agrava con las sentencias de la Sala Constitucional N° 155, 156, 157 y 158. 


A través de este nuevo Acuerdo, la Asamblea Nacional hace varias denuncias:

1.            Denuncia el fraude a la Constitución en los siguientes hechos:

-Designación de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia.
-Suspensión de la proclamación de los Diputados de Amazonas y de la Región Sur Indígena,
-La existencia de más de 50 sentencias de la Sala Constitucional que han pretendido bloquear el ejercicio de las funciones del Parlamento.

2.            Denuncia que con el tema de las sentencias y la reacción de la Fiscal, así como de la comunidad internacional, ha quedado en evidencia el control absoluto del Presidente de la República y de órganos de la esfera militar sobre la administración de justicia;

3.        Denuncia una serie de serie de graves violaciones de los derechos humanos para sostenerse en el poder:

3.1- Torturas físicas, psíquicas y morales contra militantes de partidos políticos para obtener confesiones forzosas,
3.2- Ataques contra centros de salud, lo cual está prohibido hasta en tiempos de guerra, y
3.3- Persecución de un grupo de personas fundada en motivos políticos.

4.            Denuncia que el gobierno de Nicolás Maduro ha acudido a la represión desmedida y al uso desproporcionado de la fuerza, por medio de los cuerpos policiales y de integrantes de la Fuerza Armada Nacional, mediante el empleo de armas de fuego y de sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, en violación de la Constitución, dado esto lugar a asesinatos y a atentados a la integridad corporal.

5.            Denuncia la detención arbitraria, criminalización y tortura de los hermanos Sánchez, y reclama que el régimen haya utilizado falsas declaraciones en cadena nacional, lo que representa una grave violación a los derechos humanos.  Ese caso es una evidencia más del golpe de Estado a las libertades ciudadanas del cual el régimen es responsable.

La Asamblea Nacional en el Acuerdo advierte expresamente que la represión es una continuación del golpe de Estado perpetrado por la cúpula ejecutivo-militar-judicial, y una confirmación de que estamos ante una autocracia que no consiente la protesta y la crítica de la ciudadanía.

Además, cuestiona que el gobierno califique como terrorismo todo lo que suponga la organización de los ciudadanos para la defensa pacífica de sus derechos y para la exigencia de elecciones en aras de un futuro mejor, así como a inhabilitar arbitrariamente a líderes políticos;

La Asamblea Nacional alerta que para la fecha del Acuerdo hay 538 privaciones de libertad, junto a otras denuncias de torturas o maltratos, en el marco de una grosera segregación contra los manifestantes opositores que tienen vedado el ingreso al Municipio Libertador y que son víctimas de toda clase de excesos para impedir que se congreguen en espacios públicos que son de todos los venezolanos.

Por último hace un llamado a la obligación de defender la Constitución, prevista en el artículo 333 y llama a todos los ciudadanos a mantenerse firmes junto a nuestros representantes parlamentarios, en protesta permanente, pacífica pero contundente, hasta la recuperación del orden constitucional y del derecho al voto, lo cual se expresa en el respeto a las competencias de la Asamblea Nacional, la liberación de los presos políticos y la realización de elecciones.

Los Acuerdos son muy concretos, por un lado exhortar a las autoridades públicas a respetar la Consttución y a garantizar, en el ámbito de sus competencias, la plena vigencia de los derechos fundamentales.   Así mismo, hace un llamado a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público para que cumplan con su responsabilidad de velar por los derechos funamentales que están previstos en la Constitución.

Reiteran la acción de denunciar este golpe de Estado y rechazan expresamente la violación al derecho a al vida, a la libertad personal, a la integridad física, psíquica y moral de las personas, exigiendo, respeto absoluto y garantía de los derechos constitucionales, previstos tambíen en tratados internacionales sobre derechos humanos.

Carlos Romero Mendoza.
18 de abril de 2017



domingo, 9 de abril de 2017

El rechazo de la Asamblea Nacional a la ruptura del orden constitucional.



El 5 de abril de 2017, la Asamblea Nacional aprueba el Acuerdo de la Asamblea Nacional en Rechazo a la Ruptura del orden constitucional y a la permanecia de la situación de Golpe de Estado en Venezuela, en respuesta a las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Esa ruptura del orden constitucional a la que hace mención el Acuerdo de abril, resulta oportuno destacas que fue declarada formalmente por la propia Asamblea Nacional el 23 de octubre de 2016 a través del Acuerdo para la Restitución del Orden Constitucional.

La Asamblea Nacional en su Acuerdo del 5 de abril 2017, expresa que las supuestas aclaratorias, concretan la ruptura del orden constitucional, pues además de realizarse sin el sustento de la legislación procesal, responden claramente a la inexistencia de separación de poderes, lo cual agrava la situación inconstitucional creada con las sentencias 155 y 156, profundizando además con su contenido, el desmantelamiento del Estado de Derecho.

El reclamo y cuestionamiento que hace la Asamblea Nacional a través del Acuerdo  tiene su fundamento en el hecho que la supuesta aclaratoria a las dos sentencias mencionadas, lo que realmente hacen es reafirmar la inhabilitación de hecho e inhabilitación funcional de la Asamblea Nacional a través de decisiones de la Sala Constitucional, manteniendo sin alteración alguna las siguienes realidades jurídicas:

1.-       La nulidad absoluta de todos los actos de la Asamblea Nacional, mientras se mantenga la situación de desacato.

2.-       La nulidad absoluta y desconocimiento de toda vigencia y efectividad jurídica de las leyes sancionadas por la Asamblea Nacional, por considerarlas manifiestamente inconstitucional mientras dure el desacato.

Ambas situaciones fueron expresamente rechazadas el 16 de noviembre de 2016 por los diputados a través del Acuerdo en Defensa  de los Principios Democráticos y Repúblicanos, con motivo de la sentencia 948, del 15 de noviembre de 2016.  

3.-       El desconocimiento de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, lo cual ha servido de excusa para que el Ejecutivo haya privado a la administración parlamentaria la atribución de ejecutar su propio presupuesto así como también, haya suspendido el salario de los diputados por varios meses e incluso los actos aprobados por la Asamblea Nacional no han logrado publicarse en la Gaceta Oficial.

4.-       La suspensión de la representación judicial de la Asamblea Nacional, lo que impide al Parlamento, representarse en procesos judiciales, designar apoderados judiciales para defender en jucios actos o normas emanadas del Parlamento.

5.-       La restricción de la inmunidad parlamentaria, en esta materia destaca el caso del diputado Gilbert Caro y al respecto también la Asamblea Nacional fijó posición el 17 de enero de 2017, a través del Acuerdo sobre la Inmunidad Parlamentaria y la Responsabilidad Penal de los Funcionarios que la violen.

6.-       La facultad privativa de aprobar la ley de presupuesto y ejercer control efectivo sobre la propuesta de presupuesto que presenta el Presidente y sobre la propia ejecución presupuestaria.   Sobre esta delicada materia, la Asamblea Nacional aprobó el Acuerdo sobre la Violación de los Principios Constitucionales en materia Presupuestaria y de Endeudamiento Público, del 9 de febrero de 2017.

7.-       La inhabilitación de la Asamblea Nacional para debatir y conocer sobre los estados de excepción; tema sobre el cual, el Parlamento también fijó posición, en el Acuerdo sobre el Estado de Excepción y Emergencia Financiera del el 17 de mayo de 2016.

8.-       La suspensión indefinida de la función de la Asamblea Nacional de controlar al gobierno, en consecuencia, la Sala Constitución no reconoce la función contralora del parlamento, por lo que la Asamblea Nacional no puede dar voto de censura a los ministros o vicepresidente, no puede requerir interpelación o comparecencia de funcionarios públicos o informaicón a la administración.   Se incluye en esta materia, la imposibilidad de la Asamblea Nacional de aprobar empréstitos o contratos de interés público con entidades extranjeras.

Sobre los contratos de interés público con entidades extranjeras, la Asamblea Nacional expresó su rechazo en el Acuerdo en Rechazo a la Sentencia No. 618 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 20 de julio de 2016, aprobado el 26 de julio de ese año.

Oportuno es destacar que el 26 de mayo de 2016, ya la Asamblea Nacional había adelantado su posición y preocupación en esta materia de contratos de interés público, a través del Acuerdo sobre el Respeto a las Facultades propias e Intransferibles de la Asamblea Nacional sobre los Contratos de Interés Público que Suscriba el Ejecutivo Nacional con Estados o Entidades Oficiales Extranjeras o con Sociedades no domiciliadas en Venezuela.   

En ese Acuerdo del 26 de mayo de 2016, recordó la Asamblea Nacional lo siguiente:

“Serán absolutamente nulos los contratos de interés público nacional,  estadal  o municipal  que  celebre el  Ejecutivo Nacional con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en  Venezuela sin la aprobación de la Asamblea Nacional; así como otros contratos de interés público nacional que suscriba sin esta aprobación fuera de los casos exceptuados por la ley.”

9-        El desacato, mecanismo jurídico que fraudulentamente se ha utilizado a los fines de liquidar funcionalmente a la Asamblea Nacional, la estrategia es muy clara, mientras el propio Estado a través de sus tribunales no decida sobre el supuesto fraude en las elecciones parlamentarias del Estado Amazonas, el propio Estado limita a la Asamblea y a la vez impide que los ciudadanos venezolanos tengan representantes ante la Asamblea Nacional.    El desacato es inducido y el responsable es el propio Estado.

Claramente con lo señala el Acuerdo en Rechazo a la Ruptura del orden constitucional y a la permanencia de la situaicón de golpe de estado en Venezuela, hay una violación gneralizada y sisemática del orden constitucional y democrático en Venezuela, confirmado por mas de 50 sentencias inconstitucionales y actos en contra del parlamento.

La Sala Constitucional se ha prestado para impulsar el desmontaje institucional del Estado, frente a lo cual, la Asamblea Nacional ha respondido a través de múltiples Acuerdos, como hemos visto,

Foto de Google Imagenes
El 31 de enero de 2017 otro pronunciamiento de la Asamblea Nacional a través de un Acuerdo en Defensa de la Soberanía Popular y de la Autonomía y Atribuciones de la Asamblea Nacional, advierte que sin Parlamento no hay Democracia, y expresamente reconoce como responsable últmo de esas acciones al Gobierno Nacional, que “se ha valido de ese envilecimiento de la justicia para liberarse de los pocos controles democráticos que aún podían ejercerse sobre su actuación, erigiéndose completamente en antidemocrático.”

En reiteradas oportunidades la Asamblea Nacional ha convocado a los Venezolanos al rescate de la democracia y a la restitución del orden constitucional, y en el Acuerdo del 5 de abril, reitera ese llamado exhortando al pueblo a mantenerse movilizado y en protesta permanetne, junto a sus representantes, conforme al artículo 333 de la Constitución, hasta lograr el fin perseguido en la convocatoria que ha venido haciendo desde el año 2016.

Oportuno resulta citar a la Conferencia Episcopal Venezolana, cuando nos dice en su Comunicado del 31 de marzo:

Estamos muy cerca de la Semana Santa. Para los católicos la conmemoración de los atropellos contra Nuestro Señor Jesucristo es un urgente llamado a tomar conciencia y a actuar de manera pacífica pero contundente ante la arremetida del poder. No se puede permanecer pasivos, acobardados ni desesperanzados. Tenemos que defender nuestros derechos y los derechos de los demás. Es hora de preguntarse muy seria y responsablemente si no son válidas y oportunas, por ejemplo, la desobediencia civil, las manifestaciones pacíficas, los justos reclamos a los poderes públicos nacionales y/o internacionales y las protestas cívicas.[1]

Carlos Romero Mendoza
9 de abril de 2017.




[1]El Nacional. Conferencia Episcopal Venezolana se pronunció sobre sentencias del TSJ.  31 de marzo de 2017. Onnline en: http://www.el-nacional.com/noticias/iglesia/conferencia-episcopal-venezolana-pronuncio-sobre-sentencia-del-tsj_88436

miércoles, 5 de abril de 2017

DECLARACION CIUDADANA EN DEFENSA DE LA VOLUNTAD DEL PUEBLO.

El siguiente texto, es una copia del documento que la RedOrgBaruta, organización de vecinos del Municipio Baruta que impulsan la participación como herramienta para construir posibles soluciones a problemas que afectan la calidad de vida.   El 2 de mayo de 2016, en una reunión extraordinaria, con una participación de importante número de vecinos, de manera incluyente se construyó una Declaración que fue entregada a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia.   El texto está muy vigente, por ello lo rescato y lo comparto:

La RED DE ORGANIZACIONES VECINALES DE BARUTA, luego de debatir y analizar el conflicto de Poderes que amenaza los principios democráticos, en cuanto a la separación de poderes, la soberanía popular y la propia vigencia de la Constitución, acudimos al Tribunal Supremo de Justicia y a la Asamblea Nacional a los fines de expresar:

Repudiamos contundentemente la reiterada conducta de la Sala Constitucional de obstaculizar, obstruir e impedir que la Asamblea Nacional cumpla con la misión que la Constitución le ordena y que, por votación directa, secreta y universal, los electores le encomendamos.

Rechazamos a una Sala Constitucional que lejos de garantizar con objetividad e imparcialidad la supremacía de la Constitución, actúa como agente de este régimen, manipulando las normas constitucionales a los fines de buscar interpretaciones “jurídicas” para afianzar el camino hacia un modelo de gobierno mucho más autoritario y corrupto, que simplemente ignora el bienestar común y los fines últimos del Estado previstos en la propia Constitución.

Exigimos a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, respetar los valores y principios inherentes al ejercicio de sus funciones expresados en la Constitución y en nombre de las generaciones futuras, evitar que el tumor maligno que representa para ese órgano del Estado, la actual Sala Constitucional, haga metástasis, pues de lo contrario, sus nombres serán reconocidos con profunda verguenza en la historia de una justicia que se volvió ciega, sorda y muda ante una crisis que va dejando al país en ruinas y a sus habitantes sin su cualidad de ciudadanos.

Recordamos a los “Magistrados” de la Sala Constitucional, que intentar anular la Asamblea Nacional, es ignorar la voluntad política de un pueblo que, de manera soberana, asumió el voto como fuente originaria de legitimidad, de institucionalidad y de representación política.

Por lo anteriormente expuesto, desconocemos a la Sala Constitucional, como intérprete de la Constitución y como único garante de la supremacía constitucional.

Repudiamos el intento del Gobierno de dejarnos sin Asamblea Nacional, sólo porque expresa la visión democrática de la salida de la crisis, lo cual representa un claro desconocimiento a la vigencia efectiva de la Constitución.

Declaración Ciudadana en Defensa de la Voluntad del Pueblo

Expresamos a la Asamblea Nacional, nuestro más absoluto respaldo, así como también, nuestro deseo de acompañarles y que nos acompañen en la tarea de no dejar que el foro político nacional por excelencia nos sea arrebatado. Con la misma contundencia como voluntariamente y de manera espontanea salimos a la calle a firmar por la vía del revocatorio, de la misma manera, hoy nos activamos en defensa de la Asamblea Nacional y del orden Constitucional.

Manifestamos nuestra satisfacción y apoyo a la Asamblea Nacional, por haber rescatado ese foro político nacional, sin discriminación y exclusión, que había sido confiscado en los últimos 15 años.

Por último, exhortamos a todos los ciudadanos y organizaciones amigas, a no olvidar, que el artículo 333 de la Constitución nos advierte que, si en algún momento se intenta violentar la vigencia de la Constitución, es nuestro deber como ciudadanos actúar en su defensa para garantizar su efectiva vigencia.

Aprobada en reunión extraordinaria el 2 de mayo de 2016 en el Municipio Baruta.

Firma en resguardo de vecinos integrantes de RedOrgBaruta.

domingo, 2 de abril de 2017

Los 4 puntos del Documento de la Conferencia Episcopal luego de la sentencia del TSJ anulando a la Asamblea Nacional.

1.-¿A qué nos invitó la Conferencia Episcopal Venezolana en su Declaración del 1 de abril de 2017?

Invitó a hacer una seria reflexión de los acontecimientos de los últimos días, refiriéndose a la reunión de la OEA y a las decisiones del TSJ.  Calificando esos acontecimientos como una nueva crisis nacional sumamente grave que lesiona la democracia y la convivencia de los venezolanos.

En tal sentido en el documento la Iglesia se pregunta si es válido y oportuno la desobediencia civil, las manifestaciones pacíficas, los justos reclamos a los poderes públicos nacionales y/o internacionales y las protestas cívicas.

En tal sentido nos recuerda la Conferencia que frente al mal nadie puede permanecer como un simple espectador, en tal sentido, nos invita a asumir nuestra responsabilidad que califican ineludible, lo cual es un llamado es a ser protagonistas del presente y del futuro de Venezuela, mensaje e invitación que previamente habían hecho en la Exhortación de la Conferencia Episcopal Venezolana de enero 2017.

2.-¿Qué nos dice la Conferencia Episcopal Venezolana sobre la decisión del TSJ?

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que califica como moralmente inaceptable. 

Rechaza que el TSJ haya desconocido e inhabilitado al órgano público que representa la soberanía popular, en función del ejercicio omnímodo y unilateral del poder, sin tomar en cuenta a la gente.  La Conferencia Episcopal advierte que una nación sin parlamento es como un cuerpo sin alma.

Advierte que esa decisión moralmente inaceptable y reprobable del TSJ sobrepasa el ejercicio equitativo del poder y ello podría generar una escalada de violencia en Venezuela.

3.- ¿Qué otras consideraciones hace la Conferencia sobre la crisis?

Además de reclamar la decisión, la Conferencia Episcopal Venezolana advierte:

1.-        Que el tema pareciera gira en torno a lo político, pues se centra en la conquista del poder político y en tal sentido, llama a la atención que esa crisis debe tener presente las necesidades de la gente, entre las cuales señala:

-La incapacidad para dar solución a la escasez y carestía de los alimentos y medicinas,
-La creciente violencia, la incitación al odio y
-El desconocimiento de las normas elementales para una convivencia en paz,

2.-        Que esta nueva crisis abre las puertas a la arbitrariedad, la corrupción y la persecución, representa un despeñadero hacia la dictadura siendo, como siempre, los más débiles y pobres de la sociedad los más perjudicados.

3.-        Que no hay que olvidar que desconocer la existencia del otro y sus derechos es destruir toda posibilidad de convivencia democrática y plural, además de ser una provocación a la desesperanza. En consecuencia, hacen un llamado para generar gestos con los cuales se promueva la tarea de construir una convivencia libre, justa y fraterna; es tarea que nos compete a todos, cada cual según su posición.

4.- ¿Cómo termina el documento de la Conferencia Episcopal Venezolana?

Recordándonos que como estamos cerca de la Semana Santa es oportuno hacer un llamado urgente para tomar conciencia y actuar de manera pacífica, pero contundente ante la arremetida del poder.

Reitera la CEV el llamado a que no seamos pasivos, acobardados ni desesperanzados, es necesario defender nuestros derechos y los derechos de los demás.

Y termina el documento invocando la Intercesión del Nazareno y de María Santísima para que esta hora menguada que vive nuestra patria encuentre, en la sensatez y prudencia de sus hombres y mujeres, los caminos para superar tan grave y riesgosa crisis. 

Fuente:
Conferencia Episcopal Venezolana. 31 de marzo 2017. Online en: http://www.el-nacional.com/noticias/iglesia/conferencia-episcopal-venezolana-pronuncio-sobre-sentencia-del-tsj_88436


Carlos Romero Mendoza
2 de abril de 2017.

sábado, 18 de marzo de 2017

Conociendo el Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán 2015



El Pacto de Política Alimentaria Urbana, fue un documento presentado al Secretario General de la ONU en octubre de 2015, durante la ceremonia del Día Mundial de la Alimentación en Expo Milán 2015.   

Ese Pacto es presentado como el primer protocolo internacional que insta a las ciudades a desarrollar sistemas alimentarios sostenibles que garanticen alimentos saludables y accesibles a toda su población, proteger la biodiversidad y reducir el desperdicio de alimentos[1].


Originalmente en Milán el Pacto fue suscrito por 116 ciudades a través de sus representantes políticos[2],  para la fecha de esta nota, un total de 183 ciudades han firmado este Pacto, entre ellas Buenos Aires, Bogotá, La Paz, entre otras, no hay allí ninguna ciudad venezolana.[3]

En el Pacto los Alcaldes presentes en el Expo2015 en Milán, primeros firmantes del mismo, reconocieron que el Pacto es consecuencia del reconocimiento a la ciudad como actor estratégico para el desarrollo de los sistemas alimentarios sostenibles y la promoción de dietas saludables.

Así mismo, identificaron que hay obstáculos que cada ciudad debe enfrentar para garantizar el adecuado abastecimiento alimentario, entre los cuales, señalaron:  el desequilibrio en términos de acceso y distribución, el deterioro ambiental, la escasez de recursos y el cambio climático, formas de producción y consumo no sostenibles, las pérdidas y el desperdicio de alimentos.

A través del Pacto, los Alcaldes alertaron que el proceso de urbanización acelerado, exige repensar las formas de abastecimiento de los productos alimenticios y del agua, así como también otros bienes y servicios esenciales que se ven impactados ante esta realidad.

El hambre y la malnutrición son identificadas por los Alcaldes, en un problema grave, porque no sólo coexisten, sino que en consecuencia, se convierten en una carga pesada en términos de salud, bienestar individual y en un costo social, económico significativo para los ayuntamiento, las comunidades, las familias y el estado.

Reconocieron los Alcaldes que hay algunos actores sociales importantes en los sistemas alimentarios a través de los cuales se busca garantizar  un acceso constante y seguro a una variedad de alimentos adecuados, seguros, locales, justos, saludables y nutritivos para todos, ellos son:

-Las empresas agrícolas familiares y los pequeños productores de alimentos, pues a través de ellas se contribuye en la preservación de sistemas alimentarios resilientes, justos y culturalmente adecuados; y además, permiten la reorientación de los sistemas alimentarios y de las cadenas de valor a favor de dietas sostenibles y facilita el acercamiento entre consumidores, productores rurales y urbanos;

-La sociedad civil y el sector privado, pues son reconocidos como actores claves para el abastecimiento de alimentos en las ciudades, contribuyendo con la experiencia, innovación y campañas a favor de sistemas alimentarios más sostenibles, y para la incorporación de los enfoque de inclusión social y derechos humanos en las políticas alimentarias urbanas

Destacan que la agricultura urbana y periurbana ofrecen diferentes oportunidades para la conservación e integración de la biodiversidad en el contexto urbano/regional y en los sistemas alimentarios y concluyen afirmando que la estrecha relación existente entre las políticas alimentarias y muchos otros desafíos y políticas a nivel urbano es esencial adoptar un enfoque integrado comprensivo, interdisciplinar e interinstitucional.

Los Alcaldes reunidos en Milán, acordaron a través de este Pacto lo siguiente:

1.-   Desarrollar sistemas alimentarios que sean sostenibles, inclusivos, resilientes, seguros y diversificados, para asegurar comida sana y accesible a todos en un marco de acción basado en los derechos, con el fin de reducir los desperdicios de alimentos y preservar la biodiversidad y, al mismo tiempo, mitigar y adaptarse a los efectos de los cambios climáticos;

2.-   Reconocer la necesidad de coordinación y colaboración entre los distintos actores.   En tal sentido se comprometieron a promover esa coordinación entre departamentos y sectores a nivel municipal y territorial, favoreciendo la inclusión de consideraciones relativas a la política alimentaria urbana dentro de las políticas, los programas y las iniciativas en campo social, económico y ambiental, que interesen, entre otras cosas, la distribución y el abastecimiento alimentarios, la protección social, la nutrición, la equidad, la producción alimentaria, la instrucción, la seguridad alimentaria y la reducción de los desperdicios;

3.-   Promover la coherencia entre las políticas y los programas municipales relativos a la alimentación y las políticas y los procesos sub-nacionales, nacionales, regionales e internacionales pertinentes.

4.-   Impulsar la participación e inclusión de todos los Actores.  Los Alcaldes asumieron el reto de involucrar a todos los sectores del sistema alimentario (incluidas las autoridades locales, los entes técnicos y académicos, la sociedad civil, los pequeños productores y el sector privado), para el desarrollo, la actuación y la evaluación de políticas, programas e iniciativas en campo alimentario;

Así mismo un último Acuerdo en el Pacto, expresa el compromiso de las ciudades firmantes, en promover la participación de otras ciudades en el marco de nuestra acción a favor de las políticas alimentarias.

5.-   Realizar las adecuaciones necesarias para garantizar ese sistema alimentario a que se hace referencia en el primer punto.  En este sentido se comprometieron en la tarea de revisar y modificar las políticas, los planes y las normas existentes a nivel urbano para favorecer la creación de sistemas alimentarios justos, resilientes y sostenibles.

6.-   Por último, se comprometieron a emplear el Marco de Acción, en cada ciudad, como punto de partida para organizar el propio sistema alimentario urbano y compartir los avances entre las ciudades participantes, los gobiernos nacionales de pertinencia y las organizaciones internacionales, en su caso.

Carlos Romero Mendoza.
18 de marzo de 2017.


[1]Gobierno Provincial Corrientes. Dirección de relaciones internacionales. Ministerio de Coordinación y Planificación. FAO: Firma del Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milan. 26 de agosto 2016. Online en: http://relacionesinternacionales.corrientes.gov.ar/noticia/fao-firma-del-pacto-de-politica-alimentaria-urbana-de-milan
[2]Eldiario.es.  Pacto Urbano de Alimentación. 28 de diciembre 2015.  Online en: http://www.eldiario.es/paisajesurbanos/Pacto-urbano-alimentacion_6_467613268.html
[3]Milan Urban Food Policy Pact.  Pagina oficial consultada 16 de marzo de 2017. Online en: http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/signatory-cities/