miércoles, 21 de junio de 2017

MANIFIESTO DE LA UNIDAD DEMOCRÁTICA EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN Y LA DEMOCRACIA

MANIFIESTO DE LA UNIDAD DEMOCRÁTICA EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN  
Y LA DEMOCRACIA

Venezuela entera clama por la inmediata salida del régimen dictatorial y el restablecimiento del orden constitucional y democrático, y esto lo podremos lograr con la unidad de los más diversos factores del país, mediante elecciones libres y la renovación de sus instituciones.

Han pasado 81 días de lucha ciudadana en la calle que ha reivindicado el coraje del pueblo y la valentía de los más diversos sectores de la vida nacional. Hoy se congregan las fuerzas de la unidad democrática para ratificar ante los venezolanos su compromiso de restablecer el hilo constitucional y restituir la democracia en Venezuela para enfrentar la fraudulenta pretensión de convocar una supuesta constituyente que busca secuestrar la República y la democracia. La feroz represión de la dictadura ha asesinado a más 80 venezolanos en su mayoría jóvenes, generado más de 15 mil heridos y más de 3 mil presos políticos.

Pero esta feroz represión no ha amilanado el ímpetu de la lucha en las calles en contra del régimen y hoy la dictadura se encuentra más débil. Contamos con el respaldo de la comunidad internacional y el apoyo de importantes sectores y dirigentes que antes no acompañaban nuestra luchas, así como el de instituciones
como la Fiscalía General de la República que ha denunciado la ruptura del hilo constitucional, las violaciones de los DD.HH. y el fraude constituyente, razón por la cual hoy su titular está siendo asediada por la dictadura.

El día de hoy es importante recordar que la historia de Venezuela nos ha enseñado que cuando se encuentran en la calle el pueblo y la unidad nacional en causa común por la libertad se derrotan a las tiranías.

La complicidad entre el Poder Ejecutivo, el TSJ y el CNE, para llevar adelante el fraude constituyente, nos impone su desconocimiento desde ya; por ello no podemos esperar bajo ningún concepto hasta el 30 de julio para desconocerla y es indispensable por tanto pasar a una nueva fase de lucha popular que debe integrar a los más diversos sectores de la sociedad y en especial a quienes desde el mismo régimen han denunciado los abusos del poder y la traición a los supremos intereses de la república que a todos nos une.

El art 333 de nuestra carta magna expresa: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.”

En consecuencia declaramos:

Primero: que el actual régimen se ha puesto al margen de la constitución y en consecuencia, su autoridad y decisiones son inconstitucionales y no pueden ser reconocidas ni obedecidas por nadie, de acuerdo al Art 350 de la Constitución Nacional.

Segundo: asumimos el art 333 de nuestra carta magna que nos obliga a restituir el orden constitucional y como consecuencia de ello se impone a toda la sociedad, el desconocimiento de la convocatoria del fraude constituyente, el nombramiento de nuevos poderes públicos y el llamado a elecciones libres para un nuevo gobierno.

Tercero: que entramos en la fase decisiva de la lucha por la democracia y convocamos a todos los sectores sociales y políticos del país a unificar esfuerzos para lograr la sustitución del régimen dictatorial y la restitución del orden constitucional.

Cuarto: Convocamos a todo el pueblo de Venezuela a enfrentar y desconocer activamente el fraude constituyente en todo el territorio nacional .

Quinto: Convocamos a todo el pueblo de Venezuela, especialmente a los sectores sociales y políticos del país, a organizar la gran protesta nacional permanente que se realizará en todo el territorio nacional, al mismo tiempo y hasta lograr el cambio del régimen dictatorial y la restitución del orden constitucional. En consecuencia haremos uso de todos los mecanismos de protesta democráticos y constitucionales que sean necesarios.

Sexto: Hacemos un llamado a todas las instituciones, gremios, asociaciones y organizaciones de la sociedad a reunirse en asamblea y declarar públicamente su rechazo y desconocimiento a la convocatoria fraudulenta de la ANC y su respaldo a la conformación de nuevos poderes públicos y elecciones libres para restituir el orden constitucional.

Séptimo: Llamamos a todo el pueblo, en todas las comunidades a organizarse en “comités de rescate de la democracia” y constituirse en asambleas permanentes para declarar que no permitirán el uso de los centros electorales y centros comunitarios para la violación de la constitución y estar listos para activación de la gran protesta nacional permanente y simultánea.

Octavo: Convocamos al pueblo a mantener la protesta no violenta y continuar la presión de calle popular en las movilizaciones que seguiremos realizando desde la Unidad Democrática para continuar el debilitamiento de la dictadura de cara a los objetivos que nos hemos trazado.

Noveno: Comunicaremos al país los resultados de un gran Acuerdo Nacional para la Gobernabilidad y Rescate de Venezuela que hemos construido entre los actores políticos y diversos sectores de la sociedad para establecer los lineamientos de la Venezuela del mañana.

Décimo: Hacemos un llamado a todas la instituciones y en especial a la FAN, para que en esta crisis hoy más que nunca cumplan con su deber constitucional establecido en el artículo 328 de la Constitución y con su salvaguarda establecida en el 333.

Viva Venezuela!

MESA DE LA UNIDAD DEMOCRÁTICA 
20 de junio 2017

http://www.unidadvenezuela.org/2017/06/unidad-democratica-iniciara-nueva-etapa-lucha-social-defensa-la-constitucion-la-democracia/ 

lunes, 19 de junio de 2017

Texto del Comunicado de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela.

Comunicado de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana

“La violencia de los impíos los arrastrará, porque se niegan a obrar con justicia” Prov 21,7 
Ante la gravísima agudización de la violación de los derechos humanos y las libertades democráticas que sufren diversos sectores sociales de la Nación, esta Comisión quiere expresar:

1. A todos/as sincera solidaridad y cercanía espiritual, en momentos en que el gobierno, garante superior de los derechos, la paz y la seguridad pública, se ha convertido en su principal trasgresor, violentando y atacando residencias familiares de ciudadanos indefensos, agrediendo sin distinguir localidades ni personas, situación que consideramos social y moralmente injustificable.

2. Nuestra preocupación al observar que la mayor violencia la ejercen los organismos de seguridad, particularmente la Policía Nacional, la Guardia Nacional Bolivariana y colectivos que usando armas prohibidas, reprimen manifestaciones de personas que reclaman respeto a las libertades democráticas y el restablecimiento del orden constitucional roto como lo declaró la ciudadana Fiscal General de la República.

3. Nuestro desacuerdo con el hecho público, notorio y comunicacional de la violación al derecho fundamental al debido proceso que tiene toda persona a ser juzgada por sus jueces naturales, ya que ha sido utilizada indebidamente la justicia militar en las detenciones y procesos iniciados, en absoluta contravención con el artículo 49 de la Constitución.

4. Nuestro rechazo a la convocatoria de una Asamblea Constituyente que niega y vulnera la progresividad de los derechos humanos y sumerge a la Nación entera en una situación de convulsión social y violencia.

Por todas estas razones, la Comisión de Justicia y Paz:

Insta al Estado Venezolano, particularmente al Consejo Moral Republicano, a velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional.

Exhorta al Ministerio Público, para que intente las acciones a que hubiere lugar contra los funcionarios públicos involucrados en hechos de violencia, para hacer efectiva las responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubiere incurrido dichos funcionarios con motivo del ejercicio de sus funciones (Art. 280,281y 286).

Exige al Poder Judicial, que conozca de las causas y asuntos que son de su competencia y que le correspondan en el conocimiento de las violaciones de los Derechos Humanos, recordándoles su independencia ante los demás poderes que garantizan la vigencia y el equilibrio del Estado de derecho, y que la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas para que se imparta en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

Encomendamos esta preocupante situación a la Virgen de Coromoto patrona de Venezuela y exhortamos a todos los sectores a trabajar por la paz, la concordia social, el respeto irrestricto a la vida sagrada de todo ser humano y a orar en todos los ambientes clamando a Dios por Venezuela.
 
+ Mons. Roberto Lückert
Presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la CEV

miércoles, 7 de junio de 2017

Respuesta de la AN a la actuación del CNE en relación a la Constituyente.



El 6 de junio de 2017, la Asamblea Nacional aprueba el ACUERDO EN RECHAZO A LA ACTUACIÓN INCONSTITUCIONAL DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL RELACIONADA CON LAS ELECCIONES A UNA SUPUESTA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, NO CONVOCADA POR EL PUEBLO MEDIA.

Objeto del Acuerdo:

En este Acuerdo la Asamblea rechaza categóricamente la actuación de la Presidenta y demás Rectoras del Consejo Nacional Electoral, por su complicidad con la usurpación de la soberanía popular perpetrada por quien detenta la Presidencia de la República.

En tal sentido, procede a exigir al Consejo Nacional Electoral que suspenda la organización de la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, hasta que se presenten bases comiciales compatibles con la Democracia y hasta que sea convocado y celebrado un referendo en el que el pueblo resuelva si ejerce el poder constituyente y convoca una Asamblea Nacional Constituyente y en qué términos.

Argumentos para rechazar la actuación del CNE.

-Un CNE complaciente con el gobierno.   En este sentido el Acuerdo reclama que la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, acogió con entusiasmo la presentación por el Presidente de la República, de las pretendidas bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente y desde entonces se inició una carrera vertiginosa para alistar la respectiva elección e iniciar el lapso de postulación de candidaturas.

Advierte la Asamblea Nacional que todo ese proceso que calificó de “vertiginoso” se activó sin haber examinado en Directorio las mencionadas bases y sin haber aprobado la convocatoria de tales elecciones y el correspondiente cronograma.

-Un CNE que ignora el principio de supremacía constitucional.  Que el Consejo Nacional Electoral no podía dejar de advertir la manifiesta inconstitucionalidad del planteamiento presidencial, que desconoce la soberanía del pueblo y su poder constituyente y vulnera la universalidad del sufragio correspondiente a toda la ciudadanía, sin segmentaciones o sectorizaciones, y el principio de la representación proporcional (arts. 5, 63 y 347 de la Constitución), así como el derecho al sufragio igual (art. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Los argumentos jurídicos a los que hace referencia el Acuerdo son el artículo 5 y 347 de la Constitución sobre la soberanía intransferible del pueblo y el ejercicio del poder constituyente del pueblo.

Otro actor del Estado facilita el golpe contra la Democracia y Constitución.

-La Asamblea Nacional destaca que Sala Constitucional, en sentencia N° 378/2017, declaró que corresponde a los representantes o gobernantes, no al pueblo, convocar una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual equivale nuevamente a un golpe contra la Democracia y la Constitución, que la Sala Constitucional deberá revertir, esta vez sí, mediante sentencia aclaratoria, ya solicitada por la Fiscal General de la República;

La Asamblea Nacional califica la conducta del CNE como:

1.-Atropellada.   Atropellada porque la actuación del CNE se ha producido sin garantizar:

-La existencia y publicación de los registros electorales de los sectores que según las bases comiciales tendrán representantes en la Asamblea Nacional Constituyente.
-Sin el anuncio la realización de auditorías sobre los supuestos registros;

2.-Sorpresivamente rápida. La Asamblea Nacional califica como premura la conducta del Consejo Nacional Electoral, lindante con el atropello y la improvisación, lo cual, advierte el Acuerdo, contrasta abiertamente con la actitud que asumió en el 2016 respecto de la iniciativa popular referida al referendo revocatorio del mandato del Presidente de la República, a la cual colocó toda clase de obstáculos, para luego plegarse dócilmente ante decisiones emanadas, de manera simultánea y concertada con autoridades ejecutivas, de tribunales manifiestamente incompetentes, que conocieron de denuncias ajenas a la recolección del 1 % de los electores que ya había sido realizada válidamente;

3.- Privilegiada ante otros procesos electorales. Reclama la Asamblea Nacional que la diligencia del Consejo Nacional Electoral ante el Decreto de convocatoria le ha llevado a posponer las elecciones regionales, que debía realizar en el año 2016 y que se había comprometido luego a celebrar en el primer semestre del 2017, y ha conducido al diferimiento de otros procesos que debían tener lugar este año.

Acciones a tomar.

En base a esa conducta la Asamblea acuerda denunciar formalmente  ante el Ministerio Público a las Rectoras del Consejo Nacional Electoral que participen en el desconocimiento de la soberanía popular, por los presuntos delitos cometidos al dictar actos arbitrarios en detrimento de los derechos de los venezolanos y venezolanas.

Califica el proceso como usurpación del poder constituyente y en consecuencia, es violación constitucional.

En el Acuerdo, la Asamblea Nacional afirma y advierte que la elección de una supuesta Asamblea Nacional Constituyente sin que el pueblo haya aprobado en referendo su convocatoria y las bases comiciales correspondientes representaría una usurpación del poder constituyente del pueblo y una vulneración de los artículos 333 y 350 de la Constitución, por lo que el pueblo de Venezuela enfrentará decididamente tal elección y desconocerá activamente el proceso que se lleve a cabo en contra de la soberanía popular.

Carlos Romero
07 de junio 2017

Respuesta de la AN a la iniciativa del Presidente ilegítimo a una supuesta Constituyente.



Un nuevo Acuerdo fija posición sobre la Constituyente.

El 2 de mayo, la Asamblea Nacional a través de un nuevo Acuerdo rechaza expresamente por inconstitucional la pretensión del Ejecutivo Nacional de convocar a una supuesta Asamblea Constituyente sin consultar al electorado venezolano a través de un proceso de referéndum con voto directo, universal y secreto.

Además, en el Acuerdo denunció y expresamente declaró que Nicolás Maduro Moros usurpa el poder del pueblo de Venezuela, depositario del poder constituyente originario al violar flagrantemente los artículos 5 y 347 de la Constitución.

Por último, alertó que la Constituyente responde a un Golpe de Estado continuado con una clara intención de disolver la República.

Argumentos jurídicos para el rechazo:

1.- Artículos 5 y 347 de la Constitución, en los cuales se establece que el constituyente originario es el pueblo, en quien reside intransferiblemente la soberanía.   La Asamblea Nacional en el Acuerdo recuerda que esta afirmación es un presupuesto del Estado y un principio fundamental de Derecho Constitucional.

Además, recuerda la Asamblea Nacional que esa soberanía se ejerce de dos formas:

-Directamente en la forma prevista en la Constitución o,
-Indirectamente, por los órganos que ejercen el Poder Público y por el voto.

2.- Principio de Universalidad del Sufragio.  Advierte la Asamblea Nacional que cualquier convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente debe preservar la universalidad del sufragio, por lo que estaría fuera de la Constitución la instalación de un órgano corporativo que fracture la soberanía con pretensiones de Asamblea Nacional Constituyente.

Argumentos políticos para el rechazo:

-Violación sistemática de la Constitución.   El Acuerdo destaca en uno de sus considerandos que desde hace más de 30 días hay protestas en la calle, exigiendo la celebración de elecciones y el respeto a la Constitución y a la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015 por catorce millones de electores, reiterando la Asamblea Nacional que esa situación de protesta y de reclamo es causada precisamente por las continuas violaciones al texto fundamental en que han incurrido e incurre el Ejecutivo Nacional, el Poder Judicial y el Poder Ciudadano.

Reclama la Asamblea Nacional se mantendrán firme en esa exigencia, a pesar de la brutal represión que ha dejado víctimas fatales. 

-Que hay una crisis que no puede ignorarse.  Recuerda la Asamblea Nacional que el problema actual es la crisis humanitaria, económica y social, cuyo responsable principal el gobierno a través de las erradas políticas del gobierno y la crisis de gobernabilidad.

En este sentido, la Asamblea reitera que la causa de la crisis es el gobierno de Nicolás Maduro Moros y no la Constitución.

Calificación de esta Convocatoria.

La Asamblea Nacional califica este proceso político de la siguiente manera:

-Es un fraude a la Constitución y una usurpación del Poder Originario que corresponde exclusivamente al pueblo, único sujeto político que podría convocar a una legítima Asamblea Nacional Constituyente, tal como lo establece inequívocamente el artículo 347 de la Constitución;

-Es la más reciente y grave materialización del golpe a la Constitución de un gobierno que se niega a respetar las reglas del Estado Democrático de Derecho y pretenden una vez más burlar la soberanía popular y hacen en tal sentido un llamado a defender la Constitución en base al artículo 333 de la Constitución.

Exigencias que hace el Acuerdo.

El Acuerdo en rechazo a la fraudulenta convocatoria de una supuesta Asamblea Constituyente no electa democráticamente y en defensa de la soberanía popular que reside intransferiblemente en el Pueblo, hace los siguientes llamados:

-Al Poder Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano y a todos los órganos del Poder Público que respeten la soberanía popular y que se abstengan de avalar la iniciativa fraudulenta de Nicolás Maduro Moros de convocar una Asamblea Constituyente sin una consulta al electorado que tenga como cauce de instrumentación el voto directo, universal y secreto de los venezolanos a través de un referéndum.

-A la Fuerza Armada Nacional, en todos sus componentes y estructuras, para que observen el artículo 333 de la Constitución y respeten de manera fiel el marco jurídico-institucional establecido en el Texto Fundamental, no atendiendo órdenes superiores que lesionen derechos humanos y menoscaben los principios fundamentales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por último y no menos importante, el rol del Parlamento en esta crisis.

La Asamblea Nacional reitera su compromiso con la defensa de la Constitución y el restablecimiento de su efectiva vigencia, ante las decisiones del Ejecutivo Nacional de derogarla por mecanismos distintos a los previstos en ella.

En ese sentido, insiste como lo ha hecho en el pasado, en convocar a los venezolanos a cumplir con el mandato del artículo 333 de la Constitución como mecanismo de defensa del orden constitucional.

Por otro lado, reitera en el Acuerdo, que sus exigencias para la solución de la crisis son las contenidas en el “Manifiesto de la Asamblea Nacional como vocera del pueblo soberano para lograr restituir la democracia”, aprobado en sesión especial realizada el pasado día jueves 27 de abril de 2017, entre ellas la fijación del cronograma electoral para la celebración de elecciones libres, sin presos políticos ni inhabilitados.

Carlos Romero
6 de junio de 2017

miércoles, 31 de mayo de 2017

Dos sentencias, una Sala Constitucional y un mismo fin político.

El 16 de mayo de 2017, la Sala Constitucional en su Sentencia 355, recordó que hay un nuevo paradigma de participación ciudadana desde la vigencia de la Constitución de 1999, a través del cual la participación no se condiciona al ejercicio del sufragio o la designación de representantes a cargos públicos de representación popular.

La Sala Constitucional reconoce que el nuevo paradigma privilegia la participación ciudadana como un derecho general en el proceso de desarrollo económico y social, reivindicando el papel de los sujetos sociales en la formulación de políticas y programas de acción pública.  

La supuesta intervención efectiva de los ciudadanos en todos los ámbitos del acontecer nacional, que busca esa nueva concepción de participación, contrasta de manera radical con la realidad experimentada por la sociedad venezolana en el caso de la solicitud del referendo revocatorio, en el proceso de legalización de partidos políticos y ahora en la convocatoria unilateral de una Asamblea Constituyente.

Con la Sentencia 355 la Sala Constitucional buscó reconocer por un lado a la comuna como un actor institucional, con caracter muy particular o especial y por el otro, pretendió validar la asamblea de ciudadanos como un instrumento político de participación, todo ello en detrimento del municipio, y del derecho a la libre asociación y participación.

La tarea de impulsar el modelo del poder popular desde la Sala Constitucional, se complementa con la Sentencia dictada el 31 de mayo de 2017, mediante la cual se afirma que no es necesario y menos aún obligante convocar a una consulta popular para la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

En esa sentencia del 31 de mayo de 2017,  la Sala Constitucional asume que la democracia participativa se ejerce en el ordenamiento jurídico venezolano a través del poder popular, en consecuencia, peligrosamente los magistrados de la Sala Constitucional, sostienen que el ejercicio directo de la soberanía popular previstos en el artículo 70 de la Constitución se desarrolla en nuestro ordenamiento jurídico a través de las leyes del poder popular.

Para la Sala Constitucional el pueblo es titular de la soberanía y su ejercicio efectivo es a través del poder popular que encarna la democracia directa; la Sentencia también afirmó que no es posible pretender que las expresiones de ese poder popular sean elegidas como si se tratara de una “representación” del cuerpo electoral, lo que es común en la democracia representativa.

La Sentencia señala que la democracia participativa, se manifiesta de dos formas, la primera a través de referendos (referéndum consultivo, revocatorio, aprobatorio y abrogatorio) y la otra, mediante el ejercicio directo de la soberanía a través del poder popular.  

Para la Sala Constitucional democracia participativa es democracia directa y se ejerce, como ya se señaló, vía poder popular y cuando se habla del ejercicio indirecta de la soberanía, la Sentencia reconoce que la misma se ejerce a través de los órganos del Poder Público.

El artículo 71 de la Constitución reconoce como una opcion, la utilización del referendo como un mecanismo para consultar asuntos de especial trascendencia nacional, en el caso de la consulta popular para la Constituyente, la Sala Constitucional, ignoró todo lo que ha señalado en relación al privilegio que la Constitución de 1999 otorga a la participación ciudadana y decidió que no era necesario y menos aún una obligación constitucional convocar a una consulta popular para convocar a una Constituyente.  

¿Dónde quedó el concepto de derecho general a participar en todos los asuntos públicos en el marco de un nuevo paradigma de participación?. 

Para justificar su decisión, la Sala argumentó que en el caso de la convocatoria a una constituyente, hay circunstancias objetivas sobrevenidas que ambientan el proceso de instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, las cuales se refieren a la aguda situación de la crisis política que ha provocado el decreto de un estado de excepción no concluido aun, que ha motivado la toma de decisiones genéricas, expeditas y de profundidad constitucional, dentro de la cuales, por iniciativa del Presidente de la República se ha resuelto iniciar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que pueda en condiciones pacíficas poner de acuerdo al país en un nuevo Contrato Social, sin hacer uso en esta oportunidad, por tales circunstancias, de lo previsto en el citado artículo 71.

Adicionalmente la Sala Constitucional buscó en el Debate de la Constituyente de 1999 otro argumento y concluyó que en aquél momento no se limitó la Asamblea Constituyente por ser ella expresión directa de la soberanía popular.

La Sala Constitucional, luego de varios argumentos, llegó a la conclusión que por no estar contemplado en ninguna disposición del Capítulo III del Titulo IX, la obligación de un referendo consultivo para convocar a una Asamblea Constituyente, entonces no era necesaria  la consulta popular.

Con estas dos sentencias, en primer lugar, el Tribunal Supremo de Justicia nuevamene abandona su función de ser garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, complementando la ruptura del orden constitucional y el golpe de estado continuado que declaró la Asamblea Nacional el 23 de octubre de 2016.

En segundo lugar, las dos sentencias pretenden justificar la existencia del Estado comunal, uno de los objetivos previstos en la agenda de la Constituyente convocada por el Presidente y peligrosamente abre el camino para debilitar el ejercicio del sufragio directo, universal y secreto en beneficio de la validación del sistema electoral diseñado en el modelo comunal.

Un régimen que opera bajo un estado de excepción inconstitucional, que tuvo que buscar romper el hilo constitucional para mantenerse en el poder y negar el protagonismo del pueblo para evitar medirse en un revocatorio y ahora en una constituyente, ha vacíado de legitimidad a la Presidencia.  

Estas sentencias impone como desafio a la sociedad venezolana el ejercicio del derecho a invocar la desobediencia civil frente a esa constituyente que proviene de un régimen que además de ilegítimo opera al margen de la constitución; pero también exige, que el ejercicio del 350, se vincule con la obligación prevista en el 333 de la Constitución a los fines de articular las acciones pertinentes, cívicas y pacíficas para exigir de manera efectiva, pública y notoria la restitución del orden constitucional y democrático del país.

Es el momento de hacer sentir la voz del ciudadano desde cada comunidad, de tomar nuestras aceras para unir muchas voces a los reclamos y denuncias de la Conferencia Episcopal, de la Asamblea Nacional, de la propia Unidad y de muchos otros actores, en defensa de la democracia y de la Constitución.


Carlos Romero Mendoza.
31 de mayo de 2017

lunes, 29 de mayo de 2017

Ruptura del orden constitucional y desconocimiento al Ejecutivo Nacional




La Asamblea Nacional a través de sus Acuerdos ha venido expresando en palabras y dejando registro de la historia política que transcurre en la actualidad, llegando a decir aquello que muchos quieren decir, pero no se atreven, no saben cómo, no logran articular espacios para hacerlo o simplemente muchos esperan que sean otros lo que lo expresen.

Esos Acuerdos ponen en relieve que la única Asamblea Nacional desde 1999 se ha pronunciado oportuna y de manera decisiva contra un gobierno que simplemente pretende anularla.  Eso es importante destacarlo porque NO SE PUEDE PERMITIR que nos arrebaten la Asamblea Nacional, como hizo la Asamblea Nacional Constituyente con el Congreso de la República.

En los Acuerdos aprobados por la Asamblea Nacional se pueden encontrar argumentos políticos para rechazar cualquier intento de avanzar en un proceso constituyente, ignorando que desde mayo 2016 se ha venido produciendo un golpe de estado continuo.

Una mirada a aspectos importantes de varios Acuerdos:

Acuerdo exhortando al cumplimiento de la Constitución y sobre la responabilidad del Poder Ejecutvio Nacional, del TSJ y del CNE para la preservación de la Paz y ante el cambio democrático en Venezuela.  10 de mayo de 2016.

En ese Acuerdo, la Asamblea Nacional denunció:  ruptura del órden constitucional y democrático en Venezuela, por violación a las  disposiciones constitucionales por parte del Poder Ejecutivo Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral.

Luego el 23 de octubre 2016 la declara formalmente, en el Acuerdo para la restitución del orden constitucional en Venezuela.

Retomando el Acuerdo del 10 de mayo de 2016, La Asamblea Nacional exhortó a los distintos actores del Poder Público para que cumplieran su labor.   

En cualquier asamblea o reunión, basta revisar esas exhortaciones y preguntarle a los asistentes si la misma fue o no atendida por la Asamblea Nacional y en base a la respuesta construir una conclusión que sería la narrativa de un argumento político en el cual se destaque la intencionalidad de acabar con la institucionalidad de la Constitución de 1999 y por ello llega a la Constituyente.

En ese Acuerdo, la AN expresamente eleva un llamado a los siguientes actores:

-Presidente de la República, la AN le instó a remover los obstáculos que impedían el diálogo.  Cuestionó al gobierno de pretender permanecer en el poder, lo cual calificó como una actitud irresponsable.

-A la Sala Constitucional le exigió ser intérpretes estrictos del texto constitucional.  Les instó a no incurrir en abusos en el ejercicio de la función jurisdiccional y que hicieran valer la independencia del Poder Judicial frente al gobieron de Nicolás Maduro.

-Al CNE le exigió condiciones favorables para el ejercicio del derecho fundamental a la participación política de los venezolanos.  Se exhortó al poder electoral actuar como órgano imparcial.

En ese Decreto de mayo de 2016 la Asamblea Nacional propuso al ejecutivo demostrar responsabilidad en el ejercicio del gobierno y a tal fin, propusieron:

  •  Liberación de presos ,
  • Ayuda humanitaria,
  • Abandone discurso de ofensa y de odio.
  • Construir agenda comun con país.

Una Agenda reconocida por todos los actores, y que debe repetirse una y otra vez, porque no puede una Constituyente venir e imponer una realidad sin atender las necesidades elementales de la sociedad que se han exigido en distintas oportunidades y por distintos actores, como en este caso la AN.

Acuerdo sobre el Rescate de la Democracia y la Constitución.  13 de octubre 2016.

En ese Acuerdo hay un principio que como argumento político y jurídico es importante destacar y recordar una y otra vez.

La supremacía constitucional no cede ante el autoritarismo del Poder Ejecutivo, ni ante la tergiversada interpretación  de sus normas por parte dre la Sala Constitucional, es una obligación el 333 de la Constitución.

Importante es señalar que en ese Acuerdo la Asamblea Nacional fijó una posición, que en cada oportunidad los ciudadanos deberíamos divulgar, anunciar y respaldar, porque es el único Poder legitimo y que ha dicho las cosas como son.  La posición que asumió en aquél momento, fue:

Desconocer la autoridad y vigencia de los actos del Poder Ejecutivo y de las sentencias del TSJ contrarias a los valores, princpios y garantías democráticos y lesionen los derechos funamentales.

El 350 de la Constitución puede soportarse en este Acuerdo para desconocer todo acto y toda sentencia que violente los valores, principios y garantías democráticos.

Dos exhortaciones hace la Asamblea Nacional en ese Acuerdo:

Nuevamente se dirige al CNE a exigir condiciones favorables al ejercicio de derechos políticos, garantizando su plena vigencia y efectividad.

Además, llama a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que garanticen el ejercicio de los derechos políticos y el repesto de la volutnad del electorado, espeicalmente el referendo revocatorio y elecciones regionales y coadyuven al restablecimieno del Estado de Derecho.

Por último, se compromete en ese Acuerdo a:

Consultar y organizar a la sociedad venezolana para foverecer un gran movimiento cívico nacional en defensa de la Constitución de la democraica y el voto.

Acuerdo para la restitución del orden constitucional en Venezuela.  23 de octubre de 2016

En este Acuerdo la Asamblea Nacional declara la ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de estado continuado cometido por el régimen de Nicolas Maduro contra la Constitución y el pueblo.

Se dirige a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y le exige no obedecer ni ejecutar ningún acto o decisión contraria a la Constiución.

Nuevamente se dirige a la sociedad organizada y convoca al pueblo a la defensa activa, constante y valiente de la Carta Magna, la democracia y el estado de derecho hasta lograr la restitución del orden constitucional

Y plantea en ese Acuerdo evaluar la situación constitucional del Presidente.

Acuerdo en rechazo a la ruptura del orden constitucional y a la permanencia de la situación de golpe d eestado en venezuela   5 de abril 2017

La Asamblea Nacional en ese texto, condena lo que calificó de violación generalizada y sistemática del orden constitucional y democrático en Vneenzuela y el golpe de estado comentdio lo cual se hav isto conformado por más de 50 sentencias inconstitucionales y agravado por las sentencias 155 y 156.
Acuerdo en rechazo a la ejcución continuada del golpe de estado y en condena a la represión, persecusición, torturas y otras violaciones a los derchos humanos de la población. 19 de abril 2017.

Se exhorta a las autoridades y funcionarios públicos a respetar la Constitución y garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales.

Claramente a lo largo de 4 Acuerdos desde mayo 2016 y hasta abril 2017, el mensaje de la Asamblea Nacional ha estado insistiendo en la ruptura del orden constitucional y democrático provocada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a tal punto que llegó a desconocer la autoridad y vigencia de esos poderes cuando contrarian a los valores y principios constitucionales.

Ese mismo Poder Ejecutivo, pretende ahora manipular la Constitución para imponer una Constituyente, engañando a los ciudadanos y buscando ocuparlos en un debate que pretende dejar en un segundo nivel o restarle importancia a una realidad:   la ruptura del orden constitucional y democrático en el país.

Es ilegítimo convocar a una Constituyente, quien no respeta la Constitución y quien está a espaldas de la voluntad popular, por ello es inconstitucional también esa convocatoria porque no hay mecanismo alguno que logre incluir la voz del soberano, que es la misma voz que en el año 1999 aprobó la Constitución.

Como representantes del pueblo, la Asamblea Nacional, abrió el debate político sobre un tema nacional en el seno del espacio natural de los debates políticos y ha denunciado lo que hoy es más que evidente, el régimen está fuera de la Constitución.

 Carlos Romero Mendoza
29 de mayo de 2017