martes, 23 de mayo de 2017

Sala Constitucional reconoce a las Comunas y con ellas debilitar el voto directo, secreto y universal.



La Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM) vigente, a partir del año 2010 introduce a la Comuna como una nueva entidad local, en tal sentido, el artículo 19 identifica como entidades locales a:



1.         La comuna.

2.         Los distritos metropolitanos.

3.         Las áreas metropolitanas.

4.      Las parroquias y demarcaciones dentro del territorio del Municipio, tales como la urbanización, el barrio, la aldea y el caserío. 


Para la creación de esas entidades locales la LOPPM estableció que es necesario una ley estadal, pero al mismo tiempo, estableció que la Comuna tendría su propia ley, a través de la cual se regularía su conformación y desarrollo.  


La Sala Constitucional en su sentencia No.355 de fecha 16 de mayo de 2017, ignorando su dudosa legalidad, intenta reconocer a la Comuna como un actor legítimo del modelo institucional del Estado Venezolano.


La Sentencia 355 de 16 de mayo de 2017  reconoce a la comuna como una “entidad especialísima, que no se asemeja a ninguna otra entidad de carácter local” y por ello justifica que no puede estar regida de la misma forma que el resto de las entidades locales, razón por la cual, se crea una ley orgánica que desarrolle sus presupuestos básicos y regule sustancialmente todo lo concerniente a ellas.



La Sala Constitucional pretende validar el trato especial que legislador ha hecho de la comuna, afirmando que ello no implica una sustracción del carácter local de la entidad, y mucho menos una violación a la autonomía municipal. 



Los supuestos y condiciones para crear entidades locales, según lo preve el artículo 173 de la Constitución, serán las previstas en la Ley, que en el caso que se analiza, claramente es la LOPPM y además, esa norma agrega que la creación de esas entidades locales debe responder a la iniciativa vecinal o comunitaria, con el objeto de promover la desconcentración de la administración del Municipio, la participación ciudadana y la mejor prestación de los servicios públicos.



Esa norma constitucional que en principio pareciera regular sólo a las Parroquias como entidades locales, permite a la Sala Constitucional justificar el reconocimiento de las Comunas como actores legales de la institucionalidad política. 



Obviamente la Sala Constitucional no se pronuncia sobre la naturaleza y misión de las Comunas, es decir, como actor en la propuesta de un nuevo modelo político, económico y social que fue rechazado en un referendo en el 2007, pero que se retomó en el denominado Plan de la Patria 2013-2019. Es precisamente en el análisis de la misión de las Comunas en el diseño de Estado en donde se identifica el engaño y la estafa que representa esa entidad local, que por esencia no responde a los principios de un Estado Federal descentralizado en los términos que indica la Constitución vigente.


La Sentencia reconoce que la iniciativa para la creación de las parroquias y las otras entidades locales corresponde a la organización de la comunidad mediante agrupaciones sociales electas democráticamente y debidamente registradas ante los órganos competentes, lo cual no está aludiendo únicamente a las instancias del Poder Popular, pues los requisitos exigidos por la Ley se refieren específicamente a la elección y registro de las mismas sin diferenciar la obligatoriedad de ser un Consejo Comunal, una Comuna o una Ciudad Comunal, que son las instancias de participación del Poder Popular.


Esa afirmación de la Sala Constitucional ignora la realidad, desconoce lo que sucede en la práctica a través de Fundacomunal y en la dinámica práctica entre la relación gobierno y ciudadanos, que hoy se ha pretendido canalizar de manera excluyente sólo a través de quienes se organicen en instancias del Poder Popular y que estén reconocidos por Fundacomunal, lo que supone en términos generales, organizaciones comprometidas al desarrollo del proyecto político, económico y social denominado Plan de la Patria 2013-2019.



La Sala Constitucional, también vincula el artículo 173 previamente señalado con el artículo 128 de la Constitución, que establece expresamente la responsabilidad del Estado en el desarrollo de la política de ordenación del territorio con la premisa del desarrollo sustentable e incluyendo la participación ciudadana en ese proceso de ordenación del territorio.



Según la Sala Constitucional, a través de la Comuna se plantea una nueva concepción de la capacidad de aprovechamiento de los territorio, espacio, población y desarrollo económico-social, los cuales constituyen la base de la política de Estado que ha de desarrollar la ordenación territorial.   Con ese argumento la Sala Constitucional sostiene que su creación no implica la desobediencia de los mandatos contenidos en la Constitución sobre el Municipio, negando su carácter inconstitucional como entidad local. 
 

Es muy claro que la Sala Constitucional intenta construir una narrativa que encuentre en la voluntad del constituyente la justificación de privilegiar la participación ciudadana y validar el modelo de elección que fue diseñado para el modelo comunal como un mecanismo reconocido y aceptado para garantizar una participación ciudadana efectiva. 


La Sentencia recurre a los artículos 30 y 33 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal que desarrollan la Parroquia como entidad local, para buscar allí la prueba o evidencia de la importancia que por mandato constitucional tiene la participación de la comunidad organizada. Los Magistrados omiten señalar que esos artículos hacen referencia a la parroquia, no a la comuna, en consecuencia, ¿por qué no fortalecer las parroquias, lejos de crear una nueva entidad local?.


La Sala Constitucional además de justificar la creación de la Comuna a los fines de promover  una política de ordenación del territorio a través de una nueva entidad local, recuerda, como lo hace a lo largo de la Sentencia 355, que el legislador nacional, tiene potestad de modificar o alterar los niveles de autonomía municipal, pues la misma está condicionada a la Constitución y a las leyes de la República.


Sostiene la Sentencia que en Venezuela no existen Confederaciones y que los entes políticos territoriales, tal como su nombre lo indica, forman parte de un todo, que es el Estado venezolano, cuyas competencias se encuentran desarrolladas en la Constitución Nacional y, por lo tanto, es ésta quienes ha de establecer tanto sus atribuciones como sus límites, de allí que las leyes nacionales jueguen un papel fundamental para garantizar el desarrollo de los preceptos normativos del Texto Fundamental, por ello, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, como se puede advertir a lo largo del análisis realizado sobre el particular se sancionó con total apego a las normas constitucionales.   


En conclusión, la Sala Constitucional, pretende reconocer que la “Comuna se erige como una entidad local que busca consolidar el desarrollo social del Estado, a través de una nueva utilización del espacio, del territorio y de sus recursos, logrando el desarrollo social y económico integral de todo el territorio nacional; de esta forma, la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, establece el carácter especialísimo de esta entidad local, la cual tal como señala el artículo 19 numeral 1 se regirán por la ley de su creación”.

La Sentencia afirma que la Comuna es un mecanismo de participacion ciudadana y de agrupamiento tanto vecinal como colectivo, que se integran idependientemente del territorio municipal, que no puede asumirse como un desmembramiento del Municipio, por el contrario, es una noción distinta e independiente que no guarda relación con los límites del poder local.

Por lo tanto, es grave que advierta que la Comuna termina siendo una entidad de base participativa e integral, calificación que no existe en la Ley,  ajena al esquema tradicional de la división vertical del Poder Público. 

Claramente con esa Sentencia 355 se desconoce el reconocimiento del Municipio como unidad política primaria y como única forma de organización del territorio nacional, tal y como lo señala expresamente la Constitución Nacional.


Los ilegales Magistrados de la Sala Constitucional pretenden reconocer a la Comuna como entidad local y de esa manera, engañan a los venezolanos, pues lo que realmente están haciendo es facilitando el desmontaje del modelo de Estado Federal Descentralizado.  Lo grave es que lo hacen cuando a todas luces es evidente el fracaso del modelo comunal.


La legitimidad sin duda alguna aparece como un tema básico en el debate electoral, pues como bien lo expresa Sobella Mejías, ex rectora del CNE, hay principios que no admiten discusión, como el principio de igualdad y no discriminación, en tal sentido, afirmó que “no hay venezolanos ni de primera ni de segunda (…) los Clap, las UBCH, consejo comunales no poseen legitimidad de origen” y hay que agregar a esa lista  a las denominadas Comunas[1].


Como lo señaló Mejías, el único parámetro para un proceso electoral válido,  es el Registro Electoral Permanente, por lo tanto si asumimos ese parámetro en los procesos de supuesta conformación de las Comunas, atendiendo a la legalidad existente, claramente muchas de ellas no podrán justificar su propia existencia. 


Carlos Romero Mendoza
23/05/2017


[1] Panorama.  Exrectora del CNE Sobella Mejías: Proceso Constituyente debe ir a referéndum consultivo.  18 de mayo de 2017.  Online en: http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Exrectora-del-CNE-Sobella-Mejias-Proceso-Constituyente-debe-ir-a-referendum-consultivo-20170518-0017.htmlLa

lunes, 22 de mayo de 2017

TSJ amenaza la existencia del Municipio como ente autónomo con la sentencia del 16 de mayo de 2017.




La Sala Constitucional, a través de la sentencia  335 de 16 de mayo de 2017, pretende imponer una visión centralizada de la planificación para el desarrollo, sacrificando el principio de Autonomía Municipal, validando de esa manera el diseño institucional que ha impuesto mediante las leyes que desarrollan el estado Comunal.  

La Sala Constitucional busca justificar el desarrollo del modelo comunal en la autonomía municipal que según el artículo 178 está condicionada a la Constitución y a las Leyes, a saber:

Artículo 178:  Son de la competencia del Municipio el gobierno y administración de sus intereses y la gestión de las materias que le asigne esta Constitución y las leyes nacionales, en cuanto concierne a la vida local.

¿Puede la decisión unilateral del Poder Nacional afectar la autonomía municipal a tal punto de arrebatar competencias a los municipios, cuando éstas le son reconocidas constitucionalmente?

Pues la Sentencia de la Sala Constitucional de fecha 16 de mayo de 2017 responde que si es posible.   A tal fin los argumentos de la Sala son:

1.-           Los Municipios no pueden desconocer los fines del Estado, del cual forma parte y menos aún, pueden pretender ser independiente y soberano
 
2.-           Las competencias establecidas en el 178, no son exclusivas de los Municipios, según la Sala Constitucional hay una concurrencia de poderes a los fines de legislar sobre esas materias cuya gestión le corresponde al municipio; en consecuencia, el legislador nacional está plenamente facultado por la Constitución para legislar en materias atribuidas a los municipios.   

Es oportuno citar la Sentencia de la Sala Constitucional, en relación a las competencias municipales:

“…..las competencias otorgadas a los municipios en razón de su autonomía política, son propias, concurrentes, descentralizadas y delegadas, por lo tanto son compartidas con el Poder Nacional y Estadal, encontrándose sujetas a los lineamientos que la Constitución y las leyes nacionales e incluso las estadales,…… ninguna entidad local es independiente y autosuficiente como para desprenderse de los lineamientos que dirigen al Estado, y por tanto de los fines perseguidos por éste”.

3.-           El Municipio está subordinado al Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

En base a esos tres criterios, la Justicia de Paz, permite encontrar un ejemplo práctico en donde la decisión unilateral de un poder nacional, arrebata una competencia, expresamente reconocida en el numeral 7 del artículo 178.   ¿Cómo se arrebata una competencia reconocida al Municipio en la Constitución, sin afectar o lesionar la autonomía municipal, así sea esta relativa?.

La Sala Constitucional busca en el principio de autonomía municipal limitada y en la subordinación del Municipio al desarrollo económico y social de la nación, la justificación política para la conformación del modelo de Estado Comunal.   

La Sala Constitucional reconoce que el Municipio tiene competencia en materia de desarrollo económico, pero advierte que ello no impide que la Constitución y las Leyes Nacionales, a las cuales está subordinado, impulsen un nuevo concepto de gestión pública, que se concreta a través del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

La sentencia señala que ese Plan es el garante de la distribución real y equitativa de los recursos, atendiendo a los principios de productividad y solidaridad que inspiran al régimen socioeconómico venezolano, y en consecuencia a ese Plan debe subordinarse el Municipio.  Ese régimen a que se hace mención está previsto en el artículo 299 de la Constitución:

Artículo 299. El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática participativa y de consulta abierta.

La Sala Constitucional advierte que desarrollar esa nueva visión de gestión pública, no implica un vacío de contenido de las competencias municipales en esa materia e identifica al Consejo Local de Planificación Pública (CLPP), como el espacio institucional responsable de garantizar la integridad del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social a nivel de las entidades locales.   

Para la Sala Constitucional, el artículo 299 que plantea el nuevo régimen socioeconómico y la Ley Orgánica de Planificación Pública, son los fundamentos legales en los cuales se sustenta el supuesto desarrollo de un nuevo concepto de gestión pública.   La lectura del artículo 1 de la Ley mencionada, deja muy clara la orientación de la planificación y de los órganos que integran el Sistema Nacional de Planificación en eso que la Sala Constitucional denomina como: “nuevo concepto de gestión pública”.  A saber:  

Artículo 1:  La presente Ley tiene por objeto desarrollar y fortalecer el Poder Popular mediante el establecimiento de los principios y normas que sobre la planificación rigen a las ramas del Poder Público y las instancias del Poder Popular, así como la organización y funcionamiento de los órganos encargados de la planificación y coordinación de las políticas públicas, a fin de garantizar un sistema de planificación, que tenga como propósito el empleo de los recursos públicos dirigidos a la consecución, coordinación y armonización de los planes, programas y proyectos para la transformación del país, a través de una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta, para la construcción de la sociedad socialista de justicia y equidad.  (Subrayado es nuestro)

Desde esta visión, el CLPP se convierte en un actor para imponer la visión centralizada del desarrollo, por lo tanto se convierte en un obstáculo para la autonomía municipal y para el propio desarrollo local porque supuestamente, está supeditado al desarrollo nacional bajo la visión centralizada del régimen.  

La sentencia 355 permite aclarar de manera definitiva la finalidad política que tuvo la reforma a la Ley del CLPP de 2010, cuyo contenido confiscó esa instancia a los fines imponer la visión del Plan de la Patria 2013-2019.

Prueba de ello fue el anuncio de Jorge Rodríguez en el año 2013 cuando planteó la Municipalización del Plan de la Patria como una herramienta para fortalecer la revolución en Caracas[1], y la incorporación de los Consejos de Planificación Comunal en el CLPP, asumiéndolos como única expresión de organizaciones vecinales y sociedad organizada a que hace referencia el artículo 182 de la Constitución. 

Precisamente la lectura de ese artículo 182, no condiciona al CLPP para los fines que señala la Sala Constitucional en su sentencia, por lo tanto, esa orientación está dada más por efecto de una Ley nacional, que unilateralmente, ha impuesto al órgano corresponsable de la planificación del desarrollo local, un diseño y una “subordinación” expresa, en la cual las realidades particulares de cada municipio, la dinámica propia de la vida local, a que  hace mención el artículo 178 de la Constitución son ignoradas y desconocidas expresamente.      

En tal sentido, se transcribe a continuación el artículo 182 de la Constitución:

Artículo 182. Se crea el Consejo Local de Planificación Pública, presidido por el Alcalde o Alcaldesa e integrado por los concejales y concejalas, los Presidentes o Presidentas de la Juntas Parroquiales y representantes de organizaciones vecinales y otras de la sociedad organizada, de conformidad con las disposiciones que establezca la ley.

La Sentencia de la Sala Constitucional del 16 de mayo de 2017, niega cualquier posible autonomía de los gobiernos municipales para asumir los temas propios de la vida local, más aún cuando los mismos tengan que ver con el desarrollo económico y social, pues en esa materia están subordinados a un modelo político que hoy se concreta en el Plan de la Patria 2013-2019.

No hay duda que esta sentencia abona criterios para profundizar la ruptura del orden constitucional, justificando ese estado paralelo denominado comunal. 

Carlos Romero Mendoza 
22 de mayo 2017.



[1]AVN. Municipalización del Plan de la Patria profundizará la revolución en Caracas. 10 de diciembre 2013. Online en: http://www.avn.info.ve/contenido/municipalizaci%C3%B3n-del-plan-patria-profundizar%C3%A1-revoluci%C3%B3n-caracas