domingo, 4 de septiembre de 2016

Una mirada al modelo Oaxaca de participación ciudadana en el tema de agua potable y alcantarillado.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce que el Estado es garante del derecho de los ciudadanos al acceso, disposición y saneamiento de agua para el consumo personal y domestico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.   

En tal sentido, el Estado deberá legislar en materia de los recursos hídricos a los fines de desarrollar las reglas del juego para el acceso, uso equitativo y sustentable en esta materia, estableciendo la participación de la Federación, de las entidades federativas, los municipios y los ciudadanos.

La Ley de Aguas Nacionales de México destaca el papel del Ejecutivo Federal en impulsar la participación ciudadana, y promover la descentralización de la gestión del recurso hídrico. En materia de participación, la Ley delega en la Comisión Nacional de Agua, ente desconcentrado de la Secretaria de Agua, en conjunto con los Estados, Municipios y Distrito Federal, la responsabilidad de promover la participación ciudadana de los mexicanos en materia hídrica.  

El Estado de Oaxaca tiene su Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Oaxaca, en la cual diseña un Sistema Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, reconociendo que es el Municipio el responsable de ese servicio público en concurso con el Estado y que tal atribución la ejerce a través de un Organismo Operador Municipal o bien de un Organismo Operador Intermunicipal.

Esta Ley Estatal reconoce el derecho de los usuarios a participar la planeación, programación, administración, operación, supervisión y vigilancia de los sistemas hidraúlicos, a tal fin la ley establece la creación de comités de agua y alcantarillado, que será regulada por medio de otra ley y sus respectivos reglamentos.

El 7 de julio de 2016, una nota de prensa que es publicada en la plataforma web del Gobierno del Estado de Oaxaca en México, informa sobre la instalación del Consejo Ciudadano de Agua, cuya creación está contenida en la Ley Estadal del Organismo Operador del denominado Servicio Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca del 31 de octubre de 2013.

En ese texto legal reconoce al Consejo Ciudadano del Agua como un órgano consultivo, integrante del llamado Organismo Operador, que en este caso, se circunscribe al Municipio de Oaxaca de Juarez.  En ese Consejo la Ley estadal facilita la participación ciudadana a través de 4 vecinos que por su reconocimiento público y conocimiento en materia de agua potable sean designados a incorporarse a ese Consejo en calidad de Presidente y en calidad de consejeros ciudadanos.

Ese Consejo Ciudadano de Agua, cumplirá sus funciones, según la Ley, a traves de comisiones de trabajo, entre las cuales se mencionan expresamente: agua potable, alcantarillado, saneamiento, cultura de agua, coordinación intergubernamental, y deja abierta la posibilidad de incluir otras mesas, según se consideren necesarias para cumplir con su misión.

La Ley estadal define de manera concreta las funciones de ese Consejo Ciudadano de Agua, a saber:
  1. Proporcionar información en materia de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales;
  2. Promover tareas de concertación y actividades de colaboración en materia de agua potable y alcantarillado entre la ciudadanía y el Gobierno.
La designación de los 4 ciudadanos que se mencionaron previamente, para cumplir la función de Presidente y Consejeros Ciudadanos, es realizada por el órgano supremo del Organismo Operador, que se llama Comité de Administración.

El diseño legal de ese Consejo Ciudadano de Agua, prevé la figura de un Secretario Ejecutivo, que será el Director del Organismo Operador Público Denominado Servicio de Agua Potable y Alcantarillado; y también la incorporación de 5 invitados permanentes, a saber: el Secretario General de Gobierno; el Secretario de Administración; el Secretario de Finanzas; el Secretario de Infraestructuras y Ordenamiento Territorial y el Director de la Comisión Estadal de Agua.

Retomando la nota de prensa a la que se refiere el primer párrafo de este escrito, allí el Director del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de Oaxaca, expresamente señala que la activaciión de ese Consejo Ciudadano de Agua, pretende garantizar la coordinación permanente de todos los actores necesarios en el compromiso de mantener la eficiencia de la infraestructura hidáulica y sanitaria.

Este diseño legal e institucional de Oaxaca, México, nos permite reflexionar sobre la participación ciudadana en la problemática del agua, pero además, en la participación de un legislador estadal, en el caso Mexicano en regular el sistema de agua potable y alcantarillado, reconociéndose parte de una Estado Federal, que no le limita en el ejercicio de sus competencias.

Este modelo de Oaxaca es uno de los ejemplos que se pueden encontrar de un diseño institucional que permite que el ciudadano sea considerado actor con voz en el tema del agua potable y saneamiento.

En el caso venezolano, la Ley Orgánica de Prestación del Servicio de Agua Potable, reconoce al ciudadano, en la figura del suscriptor o usuario del servicio público, como actor que puede organizarse a través de una Asociación denominada Mesa Técnica de Agua, creada bajo las normas del Código Civil y a través de la cual puede participar efectivamente en el tema de agua potable y saneamiento.

Esa Ley reconoce al Poder Público Municipal como el actor institucional responsable de impulsar ese mecanismo de participación y de reglamentarlo, atendiendo a los lineamientos de la Superintendencia Nacional de Agua Potable y Saneamiento que no existe en el país.

La omisión del Gobierno de crear esa Superintendencia no puede anular el derecho a la participación de los ciudadanos en materia de agua y menos aún, desconocer la autonomía municipal, garantizada constitucional, para atender aquellos temas que son propios de la vida local, en particular el tema del agua potable.
 
Que oportuno sería que los Municipios reconocieran legalmente la legitimidad de los ciudadanos a través de un espacio institucional en el cual los ciudadanos y las autoridades locales, pudieran artícular y coordinar el reclamo a información oportuna y veraz, sobre la temporalidad del racionamiento de agua potable que hoy imposibilita la efectiva prestación del servicio de manera continua, permanente y con calidad a los vecinos de muchísimas comunidades en todo el país.

Carlos Romero Mendoza.
3 septimebre 2016.

viernes, 26 de agosto de 2016

El Agua Potable en la Agenda del Gobierno no es tema de primera importancia.



Una mirada por la región latinoamericana, nos lleva a Panamá en donde el Gobierno ha logrado aprobar un Plan Nacional de Seguridad Hídrica, el cual, según nota de prensa[1], ha sido el producto de 12 consultas públicas y cuyo contenido es presentado como el instrumento de planificación para definir políticas públicas que busquen mejorar el suministro de agua en cantidad y calidad aceptable para los panameños.

Ese Plan Nacional, se prevé no sólo la creación de una institucionalidad que logre desarrollar e implementar el Plan en un marco de cooperación interinstitucional, sino que además, prevé la reducción de riesgos asociados con eventos como las sequías e inundaciones.

En Venezuela en noviembre 2013, Miguel Leonardo Rodríguez, entonces Ministro de Ambiente, luego fue Presidente de Hidroven y actualmente diputado suspendido por el TSJ por Amazonas, anunció como algo real la presentación de un Plan Nacional de Agua, con un costo de 16 mil millones de bolívares y cuya misión era mejorar, reforzar y establecer el suministro de agua, especialmente en comunidades populares[2]

Tres años más tarde el Plan no es un documento público al cual se pueda acceder vía la página web de Hidroven y menos vía la página web de Hidrocapital, al menos para el 24 de agosto de 2016; ahora bien, según nota de prensa del 8 de mayo del 2014, ese Plan Nacional de Aguas, sirvió de justificación para que la Asamblea Nacional aprobara la cantidad de 2 mil 210 millones de bolívares, que según Ramón Lobo, entonces vicepresidente de la Subcomisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, sería destinado para el Plan Nacional de Agua en el marco del Plan de la Patria.[3]

Según Manuel Briceño, entonces Presidente de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la AN, en mayo 2014, afirmó que el Plan Nacional de Agua fortalecería la rehabilitación de las infraestructuras importantes para abastecer de agua potable a toda la población; la dinámica, particularmente en Caracas, advierte con mucha claridad que tal misión no se logró, lo que pone en evidencia el fracaso de ese Plan y su inexistencia en el mundo virtual.

Mientras Naciones Unidas a través de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 y el Vaticano a través de la Encíclica Laudato Si abordan el problema de la cantidad y calidad del agua como uno de los grandes desafíos del presente que exige diálogo y acuerdos, el Gobierno de Nicolás Maduro, no asume el debate, mantiene silencio, crea más y más incertidumbre en la población en la medida que no facilita información alguna sobre la crisis hídrica y lo que si deja claramente establecido es que el racionamiento es indefinido, el deterioro del servicio público irreversible y en consecuencia el Socialismo del Siglo XXI se convierte en la principal causa del deterioro de la calidad de vida de los venezolanos

Para el Socialismo del Siglo XXI, presidido por Nicolás Maduro, la Ley de Aguas como la Ley Orgánica de Prestación del Servicio del Agua Potable y Saneamiento, se convierten en instrumentos jurídicos nominales y formales, ignorados e inútiles en la práctica por el propio Estado. Las ruinas institucionales y jurídicas que soportan al régimen, lo convierten en el promotor de la privatización de la prestación del servicio de agua, pero además, lo hace responsable del pago doble por el servicio de agua, sin la debida garantía de calidad; ello ocurre cuando el ciudadano compra cisternas porque pasan días que no llega agua, o porque no se cumple el horario de racionamiento, el servicio especial que exige un pago considerable a un actor privado, representa un pago adicional al pago ordinario que se hace a empresas como Hidrocapital.  

Para la Laudato Si, el tema del agua debe ser asumido como un asunto de primera importancia, pero la ausencia de información por parte del gobierno nacional y el informe de la Asamblea Nacional sobre la Crisis del Agua aprobado en abril 2016, ponen en evidencia que en Venezuela el tema no es de primera importancia.

Para valorar la actuación del Gobierno, es importante iniciar el análisis con los compromisos asumidos a través del Plan de la Patria 2013-2019, que según los representantes del oficialismo, tiene valor y fuerza de ley, esos compromisos previstos en el Objetivo 3.4 que plantea la profundización de una nueva geopolítica nacional, fueron:

  1. Fortalecer y mejorar los sistemas de agua potable a lo largo del territorio nacional.
  2. Mantener e incrementar la continuidad del servicio de agua potable a 250 litros por persona, tanto en zonas urbanas como rurales en todo el territorio.
  3. Construir 100 acueductos a nivel nacional para garantizar la producción de 4.000 millones de metros cúbicos de agua potable, para satisfacer la demanda de 32.000.000 de habitantes para el 2019.
  4. Culminar la construcción de Tuy 4, que beneficiaría el área metropolitana con 21.000 litros/segundo de agua.  Acueducto Luisa Cáceres de Arismendi, beneficiando Nueva Esparta y Sucre con 2.700 litros/segundo.   Ampliación de Sistema Regional del Centro, que beneficiaria el estado Carabobo, Aragua, aumentando producción de 7.300 a 9.000 litros/segundo.  Acueducto Barcelona-Guanta-Lecherías, para beneficiar habitantes de esas poblaciones aumentando producción de 3.000 a 6.000 litros/segundo.
  5.  Continuar la construcción de distribución de agua potable y saneamiento de aguas servidas en asentamientos que aún presenta carencia del servicio.

Ese Plan de la Patria va quedando moribundo con el pasar del tiempo y esos compromisos facilitan el análisis para valorar el fracaso del Socialismo del Siglo XXI y del Gobierno de Nicolás Maduro en garantizar a los venezolanos agua limpia, segura y permanente.

La Asamblea Nacional como Poder autónomo y constitucionalmente llamado a ejercer un control político sobre el Poder Ejecutivo, con la legitimidad que posee, asumió la responsabilidad de evaluar la crisis del agua y es así como en abril 2016, aprueba en plenaria, el Primer Informe sobre la Crisis de Agua en Venezuela, presentado por una Comisión Mixta[4] y cuyo contenido resulta importante para ser analizado y debatido en asambleas de ciudadanos para comprender mejor las causas del racionamiento de agua en nuestras comunidades. 

En ese informe, disponible en la página web de la Asamblea Nacional, se advierte de la contaminación “irreversible” de las fuentes de agua potable que surten a Caracas y a la conurbación de Maracay-Valencia; destaca el incumplimiento del Estado en ejecutar las grandes obras propuestas y su irresponsabilidad en ejecutar obras que hoy no tienen utilidad práctica; además reclama que el Estado no cumple su obligación de informar sobre la calidad del agua y cuestiona que las empresas de servicio se han convertido en instrumentos políticos.   

Concluye la Asamblea Nacional afirmando que el Niño no es la causa principal de la crisis hídrica, identificando en consecuencia que la causa directa se encuentra en la implementación de  un modelo político y económico, que la Asamblea advierte se caracteriza por el mal manejo de políticas públicas, falta de planificación, ineficiencia y abrupta corrupción de los recursos públicos.

El Gobierno no puede responder simplemente con un racionamiento y menos aún se puede permitir que el mismo sea asumido como indefinido, es urgente, el reclamo pacífico, cívico y contundente, organizado y sistemático de los ciudadanos porque en esa Constitución aprobada vía referendo, expresamente se reconoce que el Estado es responsable, y en consecuencia, los riesgos a los que expone el gobierno a la sociedad con la escasez y las ausencia de garantías sobre la calidad del agua no pueden ser ignorados.

Carlos Romero Mendoza.
25 de agosto 2016


[1]HolaCiudad.com.  Gobierno Panamá adopta Plan Nacional de Seguridad Hídrica. 24 de agosto 2016.  Online em: http://www.holaciudad.com/noticias/Gobierno-Panama-Nacional-Seguridad-Hidrica_0_947305264.html
[2]Confirmado.com    Ministro de Ambiente anuncia lanzamiento de Plan Nacional de Agua. 8 de noviembre 2013. Online en: http://confirmado.com.ve/ministro-de-ambiente-anuncia-lanzamiento-de-plan-nacional-del-agua/
[3]VTV.  AN autoriza recursos para ejecutar Plan Nacional de Aguas. 8 de mayo de 2014. Online en: http://www.vtv.gob.ve/articulos/2014/05/07/ana-autoriza-recursos-para-ejecutar-plan-nacional-de-agua-1575.html
[4] Asamblea Nacional.  Primer Informe Problemática del Agua en Venzuela. Abril 2016. Online en: http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_a97a5452d6b0b0e7b07b977dab009ab23b197324.pdf

lunes, 15 de agosto de 2016

Pacto San Antonio de Padua: iniciativa que acerca la Casa Común al Ciudadano.



La Encíclica Laudato Si reconoce la necesidad de incorporar a los actores locales en la tarea de enfrentar los desafíos que plantea los problemas comunes del Planeta.  El Papa hace un llamado para que la generación presente actúe con responsabilidad pensando en las generaciones futuras y en tal sentido, es oportuno señalar que en Venezuela, el artículo 127 de la Constitución reconoce que esa labor de cuidar el ambiente no sólo es un deber, sino que también es un derecho. 

El primer capítulo de Laudato Si, identifica los principales problemas que afectan a la “Casa Común”, que es la forma como el Papa Francisco se refiere al Planeta Tierra; esos problemas son: la contaminación ambiental, producida por el manejo de los residuos; el agua potable y limpia; el crecimiento desmedido y desordenados de las ciudades; los riesgos sobre la biodiversidad y la rapidez con la que se impone el mundo digital y que no necesariamente avanza previendo garantizar el bien común.

El capítulo V de la Encíclica es dedicado al diálogo como línea de acción básica y fundamental, en su contenido se exhorta a que los habitantes tenga un espacio privilegiado en ese diálogo, pues resulta imposible repensar la relación del hombre con el ambiente, sin incluirlo como actor y sin valorar las particularidades de cada cultura, de cada sociedad, pues como bien señala la Encíclica, la calidad de vida no es algo que se pueda imponer, por el contrario, la misma debe ser asumida y entendida desde cada dinámica en particular. 

Para que ese diálogo funcione, el Papa Francisco recuerda que es esencial la información, lo que supone, que todos los actores involucrados tengan la oportunidad de valorar los riesgos, las posibilidades, pero es esencial, advierte la Encíclica que la participación de los ciudadanos trascienda a la simple decisión de un proyecto, para llegar a los niveles de seguimiento y monitoreo de esos proyectos. La sinceridad y la verdad en las discusiones científicas y políticas, deben acompañar el contenido de la información y el espíritu del diálogo. 

La Encíclica Laudato Si expresa su confianza en la capacidad de las instancias locales de impulsar grandes cambios; principalmente, porque reconoce que en esas instancias es donde mejor se puede orientar algunas acciones concretas como la modificación del consumo, el desarrollo de una economía de residuos y reciclaje, la protección de especies y la programación de una agricultura diversificada con rotación de cultivos.

Una interesante iniciativa que puede representar un importante ejemplo de cómo se concreta el llamado a diálogo y a enfrentar los problemas de la Casa Común expresados en la Laudato Si desde actores locales y mediante un diálogo formal,  se ubica en Argentina y es denominada Pacto de San Antonio de Padua.   

La iniciativa argentina fue impulsada desde enero 2016 por un grupo de intendentes del partido judicialista de la Provincia de Buenos Aires y a lo largo de estos meses, se han sumado al Pacto Alcaldes de Chile[1] y  Gobernadores y Alcaldes del Uruguay[2].

El Pacto de San Antonio de Padua se presenta en su portal web como un compromiso para adoptar políticas y acciones en materia social frente a las necesidades y problemas que requieren atención.  Su contenido, señala el material que sirve de fundamento a este Pacto, resulta de las reflexiones del Papa Francisco, que de manera reiterada ha señalado el imperativo moral de atender la crisis de los excluidos del sistema y el daño ambiental que pone en riesgo la convivencia en esa Casa Común[3].

Independientemente de las fuerzas políticas que han impulsado este documento con el apoyo de la Iglesia Católica, el Pacto per sé, representa un esfuerzo importante por acercar la Laudato Si al ciudadano a través de los compromisos políticos de asumir con acciones y decisiones los desafíos que plantean los problemas que afectan a cada ciudadano.

El Pacto de San Antonio de Padua, asume el compromiso de abordar 10 distintos temas, a saber:

1.-        Lucha contra el narcotráfico. 
2.-        Prevención de la drogodependencia.
3.-        Lucha contra el Hambre.
4.-        Combate contra la violencia de género.
5.-        Defensa de la familia y rechazo al aborto.
6.-        Impulso de las energías renovable.
7.-        Combate de la pobreza.
8.-        Acceso universal a la salud, la educaicón y el agua potable.
9.-        Erradicación del abuso infantil y la trata de personas.
10.-     Creación de observatorios par cambiar los paradigmas de conductas hacia el cuidado de la causa común.

Estos 10 temas, son coherentes y están directamente conectados por un lado con la Laudato Si y por el otro, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable aprobados en septiembre 2015 por la Asamblea General de la ONU.  

¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo?, pregunta el Papa en la Encíclica Laudato Si y pareciera que una iniciativa como ésta, se convierte en una fórmula válida para buscar la respuesta a esa inquietud, que será una solución integral y con importante base de legitimidad, en la medida que los habitantes y sus comunidades sean efectivamente involucrados. El tiempo permitirá valorar si esto fue un intento más o un compromiso sólido y sostenible.

Carlos Romero Mendoza
15 agosto 2016.


[1]Inforegión.com.ar.  Intendentes ratificaron Pacto San Antonio de Padua.  01 de marzo de 2016.  Online en: http://www.inforegion.com.ar/noticia/177583/intendentes-ratificaron-el-pacto-de-san-antonio-de-padua
[2]Diagonales.com.  El Pacto de San Antonio de Padua cruza fronteras: adhirieron los 19 Gobernadores y 115 Alcaldes de Uruguay.  21 de julio de 2016.  Online en:  http://www.diagonales.com/369-El-Pacto-de-San-Antonio-de-Padua-cruza-fronteras-adhirieron-los-19-Gobernadores-y-115-Alcaldes-de-Uruguay.note.aspx
[3] Pacto de San Antonio de Padua.  Recuperado el 10 de agosto de 2016. Online en: http://www.pactodepadua.com.ar/

martes, 9 de agosto de 2016

Diálogo Social en Uruguay: tecnología al servicio del encuentro ciudadano con temas públicos



La Encíclica Laudato Si invita a todos los seres humanos a promover el diálogo entre todos los actores para poder valorar la forma como estamos construyendo el futuro del Planeta.
  
“Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos”.  Dice el Papa Francisco en la Encíclica mencionada.

En este sentido, resulta oportuna conocer y acercarse a la experiencia llamada Diálogo Social que vía digital y presencial ha impulsado el gobierno del Uruguay, a los fines de acercar los temas medulares del desarrollo a los ciudadanos uruguayos.

Diálogo Social es presentado en su plataforma web como una iniciativa que promueve un encuentro amplio y participativo de la sociedad uruguaya para pensar el Uruguay del futuro. Es un proceso organizado y convocado por la Presidencia de la República. Tiene como objetivo generar insumos, en diversas áreas y temáticas, para contribuir a producir una estrategia de desarrollo del país, sostenible, en el mediano y largo plazo. Se organiza en tres grandes bloques temáticos: Desarrollo e Inserción Internacional, Protección social y Políticas Transversales y 10 mesas de diálogo, vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Vista de la plataforma web
Cualquier interesado puede verificar el espacio web: http://dialogosocial.gub.uy/ y allí poder explorar el contenido que esa página públicamente ofrece.   Son tres las alternativas que ofrece la plataforma web para la información y participación de los uruguayos, una de ellas es identificada como: Participación, otra: Documentos y una última, es denominada: Propuesta.

En Participación, cualquier interesado, puede registrarse en la mesa temática que corresponda al calendario del Diálogo Social, para el 6 de agosto de 2016 era la mesa de Arte y Cultura, que en la metodología presentada es identificada como mesa 10.

En ese espacio, se puede conocer el nombre de todas aquellas instituciones que se han registrado en esa mesa y que han elevado a los responsables de esa plataforma alguna propuesta concreta sobre el tema que corresponde en la agenda metodológica del Diálogo Social.

En Documentos los interesados pueden acceder a foros temáticos, por ejemplo para el 6 de agosto 2016 el tema era Protección social, allí podrán apreciar documentos que respaldan la participación en ese foro de la CEPAL, BID, entre otros.

Por último, en Propuestas, es el espacio virtual donde se alojan o se encuentran todos aquellos documentos que han sido consignadas por las organizaciones y personas privadas registradas previamente en esa plataforma, las cuales pueden ser leídas y revisadas sin dificultad.

La metodología propuesta en Diálogo Social , plantea unas 10 mesas temáticas, que a su vez agrupan en tres áreas, a saber:

I.- Desarrollo e Inserción Internacional:
Mesa 1:            Crecimiento Económico Sostenible.
Mesa 2:            Infraestructura, Producción e Innovación
Mesa 3:            Educación

II.-       Protección Social
Mesa 4:            Derechos y Justicia Social.
Mesa 5:            Saludo y Deporte
Mesa 6:            Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

III.-     Políticas Transversales
Mesa 7:            Descentralización y Ciudades 
Mesa 8:            Género y Generaciones Cambio Climático y Medio Ambiente.
Mesa 9:            Arte y Cultura.

Estas Mesas Temáticas, responden a los temas que nos son comunes como sociedad, expresados tanto en la Encíclica Papal como en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU, entre ellos: el cambio climático, el crecimiento económico sostenible y  la educación.

En otras palabras esta iniciativa del Gobierno del Uruguay concreta una experiencia útil e importante en ese llamado a conversar sobre los temas que nos unen y sin duda, el desarrollo es un tema de interés general, colectivo y que nos debe motivar a ser actores en la construcción de esa visión compartida.

Si en Venezuela, tuviéramos que buscar un espacio institucional para poder poner en la agenda un debate político sobre algunos temas como los que se plantean en Uruguay, claramente el Consejo Local de Planificación Pública y el Consejo Estadal de Coordinación de Políticas Públicas, podrían ser dos instancias idóneas para procesar ese debate o al menos para canalizarlo institucional, y luego procesarlo vía Consejo Federal de Gobierno.

Para hacer uso de esos espacios institucionales que integran el Sistema Nacional de Planificación Pública y Popular, se requiere la reforma a la Ley que regula el Sistema y a sus órganos para rescatar esos espacios y ponerlos al servicio del desarrollo sostenible y del propio ciudadano.

Por otro lado, es importante reconocer que esas instancias no han logrado el reconocimiento de los ciudadanos y menos de las autoridades, son espacios que deben existir por mandato legal, pero cuyo impacto no trasciende a la mera formalidad.   Por lo tanto, esa realidad hace que en la primera oportunidad que la sociedad tenga de eliminarlas, sin valorar mucho su valor político e institucional, las mismas terminen siendo una experiencia fallida de un modelo político fracasado.

Eliminar esas estructuras requiere de una reforma Constitucional, por lo tanto y valorando a la Asamblea Nacional como ente legislativo legítimo y válidamente conformado, serían ellos los llamados a recuperar esas instituciones de planificación para ponerla al servicio del debate sobre el desarrollo y a construir esos consensos sobre nuestro futuro.    

Es importante recordar que el Consejo Local de Planificación Pública y el Consejo Estadal de Coordinación y Planificación de Políticas Públicas, tienen en su misión legal, la responsabilidad de aprobar el Plan Municipal y Estadal de Desarrollo, respectivamente, por lo que resulta muy coherente en buscar en ellos el espacio institucional para debates como los que se plantean en Uruguay.

Incluso esos debates podrían hacer que esas instancias señaladas aporten suficientes insumos para construir en el Consejo Federal de Gobierno una Agenda Nacional o un Pacto Nacional de Descentralización, producto del concurso y participación de las distintas instancias políticas territoriales.

Por supuesto para lograr eso que se expresa en las líneas previas requiere un debate político para determinar la suerte o el futuro de esos espacios de planificación, pero su rescate, sin necesidad de reformar la Constitución podría ser una excelente oportunidad estratégica para lograr rescatar importantes niveles de cohesión social, es decir para lograr el reencuentro de la sociedad en función de un fin compartido y común: el desarrollo.  

Carlos Romero Mendoza
9/08/2016