viernes, 11 de noviembre de 2016

AN y el control político en materia de Seguridad Alimentaria.



La Asamblea Nacional, el pasado 11 de noviembre ha creado una Comisión Especial encargada de estudiar la crisis agroalimentaria que vive Venezuela y que estará presidida por el diputado Carlos Paparoni, diputado por el Estado Mérida. 

Pero además, aprobó un Acuerdo para combatir escasez y alto costo de alimentos en Venezuela, que según medios de comunicación digital estableció los siguientes puntos:
1) Se exige al Gobierno el cumplimiento de la Constitución y que proceda a la sustitución del ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres.

2) Los diputados acordaron exigir al presidente Nicolás Maduro que se permita el ingreso de la ayuda humanitaria en el país para el abastecimiento de productos a fin de garantizar la alimentación de todos los venezolanos.

3) Exigir al Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Alimentación, al Instituto Nacional de Nutrición  y demás órganos con competencia en esta materia publicar las cifras oficiales sobre la escasez, inflación desnutrición y desabastecimiento de productos de alimentación.

4) Instar al presidente de la República, Nicolás Maduro a ejecutar políticas que favorezcan la producción nacional para cubrir la demanda de los venezolanos en materia de alimentación.

5) Instar al Ejecutivo Nacional a abandonar el hostigamiento a los altos sectores productivos del país.

6) Crear una comisión especial que se encargue del estudio de las soluciones a la crisis agroalimentaria que vive el país.

7) Dar publicidad al presente acuerdo.

Hay que recordar que el 11 de febrero del año 2016, la Asamblea Nacional también aprobó el Acuerdo mediante el cual se declaró la crisis humanitaria e inexistencia de seguridad alimentaria en Venezuela, el cual está sustentado en los artículos 305, 156 numeral 23, en ese acuerdo se exigió al gobierno y cuyo cumplimiento debería ser una de las principales tareas de esa Comisión Especial que se ha creado.

Esa Comisión Especial debería verificar los acuerdos aprobados por la AN para verificar su cumplimiento, a saber:

-Existencia de un Plan de Seguridad Alimentaria.   El primer acuerdo era el exhortar al Ejecutivo Nacional para que presente un Plan de Seguridad Alimentaria, en cuyo contenido debería incorporar 11 aspectos que fueron expresamente mencionados en ese acuerdo.   

-Solicitud al BCV.   El otro acuerdo era exigir al BCV información detallada pública y periódica sobre los índices de escasez

-Solicitudes a otros órganos del Estado.    Un tercer acuerdo buscaba exigir a los Institutos Nacionales de Nutrición y Estadística, la presentación de información estadística oportuna sobre los temas allí señalados.

-Gestiones Internacionales.  Un cuarto acuerdo, buscaba solicitar la visita de dos comisiones de expertos, una en representación de UNICEF y la otra de la FAO, para que evaluaran la situación.

-Encomienda a dos comisiones permanentes para solicitar información:

1.- Comisión Permanente de Político Exterior, Soberanía e Integración, el Acuerdo del 11 de febrero 2016, le encomendó la tarea de solicitar informe escrito al Ministerio de RELACIONES Exteriores sobre el estado de acuerdos que Venezuela ha celebrado en materia de intercambio de alimentos, transferencia de tecnología alimentaria y asistencia en producción.

2.- Comisión Permanente de Administración y Servicios, se le encomendó la tarea de solicitar información al Ministerio de Alimentación, sobre el estado de las operaciones de la Corporación Venezolana de Alimentos, de las empresas del estado o administradas por el propio Estado, dedicadas a producción agrícola, de alimentaos, materias primas e insumos para estos sectores, de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria y la red de distribución de alimentos, etc…

Estas acciones tomadas desde la Asamblea Nacional, son coherentes en la búsqueda por valorar la realidad venezolana y evaluar la capacidad del Estado en garantizar la seguridad Alimentaria.

Para la FAO, seguridad alimentaria opera cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias y así poder llevar una vida activa y saludable. 

Carlos Romero.

AN y el control político en materia de Seguridad Alimentaria.



La Asamblea Nacional, el pasado 11 de noviembre ha creado una Comisión Especial encargada de estudiar la crisis agroalimentaria que vive Venezuela y que estará presidida por el diputado Carlos Paparoni, diputado por el Estado Mérida. 

Pero además, aprobó un Acuerdo para combatir escasez y alto costo de alimentos en Venezuela, que según medios de comunicación digital estableció los siguientes puntos:
1) Se exige al Gobierno el cumplimiento de la Constitución y que proceda a la sustitución del ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres.

2) Los diputados acordaron exigir al presidente Nicolás Maduro que se permita el ingreso de la ayuda humanitaria en el país para el abastecimiento de productos a fin de garantizar la alimentación de todos los venezolanos.

3) Exigir al Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Alimentación, al Instituto Nacional de Nutrición  y demás órganos con competencia en esta materia publicar las cifras oficiales sobre la escasez, inflación desnutrición y desabastecimiento de productos de alimentación.

4) Instar al presidente de la República, Nicolás Maduro a ejecutar políticas que favorezcan la producción nacional para cubrir la demanda de los venezolanos en materia de alimentación.

5) Instar al Ejecutivo Nacional a abandonar el hostigamiento a los altos sectores productivos del país.

6) Crear una comisión especial que se encargue del estudio de las soluciones a la crisis agroalimentaria que vive el país.

7) Dar publicidad al presente acuerdo.

Hay que recordar que el 11 de febrero del año 2016, la Asamblea Nacional también aprobó el Acuerdo mediante el cual se declaró la crisis humanitaria e inexistencia de seguridad alimentaria en Venezuela, el cual está sustentado en los artículos 305, 156 numeral 23, en ese acuerdo se exigió al gobierno y cuyo cumplimiento debería ser una de las principales tareas de esa Comisión Especial que se ha creado.

Esa Comisión Especial debería verificar los acuerdos aprobados por la AN para verificar su cumplimiento, a saber:

-Existencia de un Plan de Seguridad Alimentaria.   El primer acuerdo era el exhortar al Ejecutivo Nacional para que presente un Plan de Seguridad Alimentaria, en cuyo contenido debería incorporar 11 aspectos que fueron expresamente mencionados en ese acuerdo.   

-Solicitud al BCV.   El otro acuerdo era exigir al BCV información detallada pública y periódica sobre los índices de escasez

-Solicitudes a otros órganos del Estado.    Un tercer acuerdo buscaba exigir a los Institutos Nacionales de Nutrición y Estadística, la presentación de información estadística oportuna sobre los temas allí señalados.

-Gestiones Internacionales.  Un cuarto acuerdo, buscaba solicitar la visita de dos comisiones de expertos, una en representación de UNICEF y la otra de la FAO, para que evaluaran la situación.

-Encomienda a dos comisiones permanentes para solicitar información:

1.- Comisión Permanente de Político Exterior, Soberanía e Integración, el Acuerdo del 11 de febrero 2016, le encomendó la tarea de solicitar informe escrito al Ministerio de RELACIONES Exteriores sobre el estado de acuerdos que Venezuela ha celebrado en materia de intercambio de alimentos, transferencia de tecnología alimentaria y asistencia en producción.

2.- Comisión Permanente de Administración y Servicios, se le encomendó la tarea de solicitar información al Ministerio de Alimentación, sobre el estado de las operaciones de la Corporación Venezolana de Alimentos, de las empresas del estado o administradas por el propio Estado, dedicadas a producción agrícola, de alimentaos, materias primas e insumos para estos sectores, de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria y la red de distribución de alimentos, etc…

Estas acciones tomadas desde la Asamblea Nacional, son coherentes en la búsqueda por valorar la realidad venezolana y evaluar la capacidad del Estado en garantizar la seguridad Alimentaria.

Para la FAO, seguridad alimentaria opera cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias y así poder llevar una vida activa y saludable. 

Carlos Romero.

miércoles, 26 de octubre de 2016

Guía para entender el Juicio Político desde el contenido del Acuerdo de la AN


I.-        Comentario inicial

Red de Organizaciones de Baruta comprometida con su misión de inclusión social y promoción de la participación en la busqueda de libertades políticas, el 25 de octubre desarrolló  una Asamblea informativa sobre el contenido y alcance del Acuerdo para iniciar el procedimiento de Declaratoria y de responsabilidad politica del Presidente de la República ante la grave ruptura del orden consttiucional y democrático y la devastación de las bases económicas y sociales de la nación.

El título es largo pero expone las distintas dimensiones de la crisis venezolana: constitucional: ruptura del orden constitucional; política: ruptura del órden democrático; económica: devastación de las bases económicas y social: devastación de las bases sociales de la nación.
  
La hoja de ruta y la argumentación política y jurídica sobre la cual descansa el proceso de juicio político, están contenidas en ese Acuerdo y el mismo debe ser conocido para lograr comprender su alcance y defender a la Asamblea Nacional como Poder legítimo, constitucional y garante de la representación política plural del país, para el debate de los temas políticos y publicos de los grandes problemas nacionales.  

Intentar anular la Asamblea Nacional, es intentar desconocer nuestra expresión soberana a través del voto del 6 de diciembre 2016.  El momento de apoyo y acompañamiento ha llegado, no hay duda y no hay vuelta atrás, el domingo 23 de octubre y el miércoles 25 de octubre, la Asamblea Nacional reivindicó la institucionalidad política para el debate de los asuntos públicos, concretando de una manera magistral el rescate del Parlamento y la defensa de su legítimidad de origen.  
  
II:        Contenido del acuerdo para entenderlo mejor:

-La Justificación y Motivación.

¿En cuál articulo constitucional se soporta el inicio de este procedimiento de declaratoria de responsabilidad política?
En el artículo 187 numeal 3, a través del cual la Asamblea Nacional tiene funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública.

¿Para qué ese control?
Porque la institucionalidad democrática debe en todo momento ser preservada de acuerdo a los artículo 2 y 333 de la Constitución y los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana.

Este primer considerando nos da el argumento jurídico para avanzar en el procedimiento.

El segundo considerando expone que esa función de control parlamentario, puede conducir a un voto de censura contra el Vicepresidente Ejecutivo o Ministros, a la autorización, cuando corresponda, del enjuiciamiento del Presidete de la República o a la declaratoria de responsabilidad política, señalando allí mismo que el fundamento jurídico son los artículos 187, numeral 10; 240, 222, 246 y 166 numeral 2 de la Constitución.

¿Qué implica y a quienes involucra esa declaratoria de responsabilidad que se activó el 25 de octubre?
El tercer considerando lo señala expresamente, ese procedimiento puede dar lugar a que se solicite al Poder Ciudadano el ejercicio de las acciones respectivas, sin perjuicio de requerir al Ministerio Público el inicio de investigaciones de los delitos que puedan haberse cometido.  

El tercer considerando define claramente la ruta por la cual ha de transitar la investigación que se debe realizar a los fines de llegar a concretar jurídicamente la responsabilidad política del Presidente de la República.

¿Qué argumentos soportan este procedimiento?

Hay 17 considerandos que aportan esos argumentos, a saber:

Considerando 4:  Obligación constitucional del Presidente de procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezoalnos, así como la independencia, integridade, soberanía del territorio y defensa de la República, aún en un marco de estado de excepción, por cieto, inconstituicional, conforme a lo previsto expresamente en el artículo 232 de la Constitución.

Los Considerandos 5, 6, 9 y 10:   Estos 4 considerandos encuentran en el Estado de Excepción una de las razones para soportar este procedimiento de responsabilidad política al Presidente de la República, por las siguientes razones:

-Que el mismo ha servido para que el Presidente gobierne desde el 14 de enero de 2016, recordando que el mismo ha sido declarado y prorrogado al margen de la Constitución sin aprobación de la Asamblea Nacional.
-Que ha servido para que la Sala Constitucional del TSJ, mediante sentencias arbitrarias, haya menoscabadao las facultades de la Asamblea Nacional en materai de controles parlamentarios, inclusive de aquellos controles internacionales previstos en tratados internacionales.
-Que ha permitido una exacerbada concentración de poderes.
-Que ha permitido que el gobienro lesione severeamente la Democracia.
-Que ha favorecido la corrupción.
-Que ha facilitado que el proyecto de Ley de Presupuesto no se haya presentado ante la Asamblea Nacional.

Los considerandos 7 y 8:   Encuentran un tercer elemento, en la conducta del Presidente al respaldar el desconocimiento que han hecho los Ministros y otros funcioanrios públicos a las solicitudes de comparecencia del Parlamento, al ignorar la competencia parlamentaria de remover ministros mediante el voto de censura del Parlamento y por último al facultarse a sí mismo para aprobar contratos de interés público con Estados o entidades oficiales extranjeras, violentando el artículo 150 de la Constitución.

Considerando 11: Registra el tema de la persecución política que se ha acrecentado y que genera claramente una corresponsabilidad del Presidente.

Considerando 12:  Advierte y alerta que el Presidente ha consumado la supresión de la separación de poderes, y en confabulación Ejecutivo-Poder Judicial han concretado un golpe de estado al supsender la manifestaicón de voluntad prevista en la constitución.

Considerando 13:  Encuentra otro elemento en el obstaculo que la Sala Constitucional, impulsada por el Presidente de la República, han puesto al impedir que se promulguen las leyes, lesionando así, la posibilidad de solcuioner problemas, generar transparencia en el manejo de finanzas públicas y facilitar la cooperacíon itnernacional para enfrentare la crisis humanitaria.

Considerandos 14, 15 y 16:  Esos considerandos abordan el tema de las consecuencias económicas que ha generado esta grave crisis causada por la violación a los principios democráticos y a los derechos humanos.

Los Acuerdos
Luego de 17 considerandos importantísimos, se llegan a 6 acuerdos.

Acuerdo 1:  Plantea lo siguiente:
-Iniciar el procedimiento de declaratoria de responsabilidad política del Presidente de la República.   Procedimiento que explica el propio documento puede involucrar al final del mismo al Poder Ciudadano y/o al Ministerio Público para concretar jurídicamente la responsabilidad política.
 -Citar al Presidente el 1 de noviembre de 2016 para que exponga ante la Asamblea Nacional sus argumentos en cuanto a su responsabilidad politica en la crisis política, econóimca, constitucional y social del país.

Acuerdo 2:  Declararse en sesión permanente de consulta popular, por medio de la Plenaria y Comisiones Permanentes, tanto en la sede del propio Parlamento, como en las Comunidades, para determinar junto al pueblo en asambleas de ciudadanos, movilizaciones y otras modalidades las decisiones posteriores que deban ser adoptadas.  Soportando este vínculo e iniciativa de acompañamiento ciudadano en los artículos 187, numeal 4 de la Constitución y los artículos 127 y 128 del Reeglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.

Acuerdo 3:  Encomendar a una Comisión Especial designada el 23 de octubre evaluar si es posible declarar el abandono del cargo por le Presidetne de la República.

Acuerdo 4:   Reitera el compromiso institucional de la Asamblea Nacional en restituir el orden constitucional, según el 333 de la Constitución.

Acuerdo 5:   Reitera su compromiso institucional de acudir a las instancias internacionales competentes para las denuncias que fueron anunciadas el 13 de octubre 2016.

III.- Comentario final.

De esta forma con argumentos de derecho y de hecho, se aprobó este documento que claramente marcará un antes y un después de esta crisis política, pero que registra el camino a seguir y expone la constitucionalidad de este procedimiento de una manera clara y concreta.

Tres Acuerdos serán documentos de referencia para la historia, tres documentos que concretan en menos de un año la importancia de haber rescatado la institucionalidad de la Asamblea Nacional, esos Acuerdos son:

-Acuerdo sobre el Rescate de la Democracia y la Constitución. 13 de octubre de 2016. En el cual se acordó desconocer la autoridad y vigencia de los actos del Poder Ejecutivo y las sentencias de la Sala Constitucional que contrarien los valores, principios y garantías democrátcias y lesionen los derechos fundamentales.

-Acuerdo para  la Restitución del Órden Constitucional. 23 de octubre de 2016  En el cual se declara la ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de estado continuado.

-Acuerdo para el iniciao del procedcimiento de declararatoria de responsabiulidad política del Presidente de la República. 25 de octubre de 2016.   En el que se inicia esa hoja de ruta para llegar a formalizar una denuncia formal contra el Presidente de la República, luego de declarar la responsabilidad política mediante informe que corresponderá presentar públicamente la Asamblea Nacional.


Carlos Romero Mendoza
26 de octubre 2016