domingo, 20 de agosto de 2017

La respuesta de la AN a la ANC ante intento de disolverla.




El 19 de agosto de 2017, la Asamblea Nacional aprueba un nuevo Acuerdo con dos objetivos concretos: 


  1. Ratificar el compromiso de la Asamblea Nacional de continuar ejerciendo sus atribuciones constitucionales.
  2. Rechazar las pretensiones de usurpación de las funciones del cuerpo parlamentario por parte de la inconstitucional y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente.

El contenido del Acuerdo se puede dividir en 4 partes, a saber:

1.-          Compromiso en la restitución del orden constitucional de la Asamblea Nacional:

El Acuerdo, expresa que como únicos legítimos representantes del pueblo, los diputados de la actual Asamblea Nacional, primero, han denunciado la inconstitucionalidad y el fraude en que han incurrido el Poder Ejecutivo, el Poder Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, en relación a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, la elección de sus integrantes e instalación en contra de la voluntad del pueblo soberano.

En segundo lugar, han desconocido la eficacia jurídica de esos actos, a través de los cuales se pretende imponer una voluntad contraria a la del pueblo venezolano, usurpando su soberanía, todo lo cual acarrea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 de la Constitución vigente, la ineficacia y nulidad de todos esos actos de convocatoria, elección, instalación y funcionamiento, así como los que se dicten en el seno de esa pretendida Asamblea Nacional Constituyente.

En este sentido, es oportuno citar el artículo 138 de la Constitución que expresamente señala:  Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos.

2.-          Posición sobre la Constituyente:

El Acuerdo, expresamene reitera que la Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional y denuncia, que la misma pretende subordinar a los poderes constituidos.

En tal sentido, aclara, que esa subordinación representa un exceso en los límites de sus atribuciones, incluso de haber sido legítimamente conformada.   El Acuerdo destaca que conforme a lo dispuesto en el artículo 347 de la Constitución, las atribuciones de cualquier Asamblea Constituyente se circunscribe a la creación de un nuevo ordenamiento jurídico y la redacción de una nueva Constitución.

Advierte la Asamblea Nacional, que aún en el supuesto que se hubiera constituido válidamente, las decisiones el nuevo ordenamiento jurídico propuesto por una Asamblea Nacional Constituyente solamente regiría una vez resultare aprobado mediante referendo popular y se promulgue la nueva Constitución.

3.-          La naturaleza plenipotenciaria de la supuesta Constituyente.

En función de lo antes señalado, el Acuerdo reitera que la Asamblea Nacional permanece en pleno ejercicio de sus atribuciones e  insiste que la Asamblea Nacional constituyente, no puede en forma alguna impedir, usurpar, limitar o afectar su funcionamiento.

En tal sentido, la Asamblea Nacional a través del Acuerdo, aclara que el artículo 349 de la Constitución, cuando advierte que los poderes constituidos no podrán impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, no quiere decir que los poderes constituidos dejan de funcionar, por el contrario, permanencen vigentes conforme a la Constitución 1999.

Lo que el 349 de la Constitución pretende señalar es que los poderes constituidos no pueden impedir la entrada en vigencia de una nueva constitución, si ésta fuere aprobada por el pueblo soberano.

El artículo 349 dice lo siguiente:

El Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Una vez promulgada la nueva Constitución, ésta se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o en la Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente.

El Acuerdo además, agrega que el artículo 347 de la Constitución establece claramente la misión de la Asamblea Constituyente, enmarcando su labor en la tarea de “crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.

En consecuencia, para la Asamblea Nacional, una Asamblea Constituyente carecería de poderes de decisión porque únicamente le correspondería elaborar, redactar las normas, que deberán ser sometidas a la aprobación del pueblo.

Los artículos 347 y 350 de la Constitución Nacional vigente, delimitan las potestades y las normas a las que debe sujetarse la Constituyente, respetando la autoridad de los poderes constituidos.

4.-          La decisión de la Constituyente de asumir competencias de la Asamblea Nacional.

El Acuerdo expresa que esa decisión de la Constituyente es un acto inconstitucional, nulo y jurídicamente ineficaz.

Además, el Acuerdo alerta que con el mismo, la Asamblea Nacional Constituyente pretende desconocer y burlar, una vez más, la voluntad del electorado expresada en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre 2015; que son en definitiva, el mismo electorado, que se  abstuvo de participar el pasado 30 de julio 2017, como expresión de rechazo y protesta en contra del fraude constituyente.

Nuevamente insiste el Acuerdo que la Asamblea Nacional Constituyente pretende asumir las atribuciones legislativas de esta Asamblea Nacional, en materias dirigidas a garantizar la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero del país, además de los derechos de los venezolanos.

En tal sentido, la Asamblea Nacional reitera de manera categórica que la Asamblea Nacional Constituyente no puede en forma alguna interferir en sus funciones, y menos aún puede pretender suplirla en la adopción de la legislación en materias de la reserva legal, que corresponden exclusivamente a este cuerpo parlamentario, legítimo representante de la voluntad general.

5.-          Los Acuerdos:

5.1-        Denunciar.

-Denunciar una vez más el fraude constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente y la usurpación de la soberanía popular, legítimamente representada por este cuerpo parlamentario único titular del Poder Legislativo Nacional.

-Denunciar ante la comunidad internacional la violación por parte de pretendida Asamblea Nacional Constituyente de los derechos políticos del pueblo venezolano y el ejercicio de la representación popular que corresponde a este cuerpo parlamentario, en particular ante los órganos del sistema internacional de protección de derechos humanos, a través del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, al Secretario General y al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución y en los tratados, pactos y convenciones internacionales sobre derechos civiles y políticos.

5.2-        Compromiso con el pueblo y con la democracia.

Ratificar el compromiso de esta Asamblea Nacional con el pueblo, de mantenerse firme en la defensa de los valores y principios democráticos, con fundamento en los cuales desconoce el acto de esa pretendida Asamblea Nacional Constituyente del 18 de agosto de 2017, mediante el cual pretende asumir potestades legislativas de este cuerpo legislativo.

5.3-        Desconocer

Rechazar y desconocer las pretensiones de usurpar las funciones legislativas que le corresponden a este cuerpo parlamentario legítimamente constituido, conforme a la vigente Constitución de 1999.

5.4-        Actuar

Crear una Comisión Especial, conformada por cinco (5) diputados encargada de investigar y sistematizar el fraude constituyente, de manera que la Asamblea Nacional pueda intentar acciones legales nacionales e internacionales en defensa de la institucionalidad democrática y de los Derechos de los venezolanos.

Carlos Romero Mendoza
20 de agosto 2017

miércoles, 19 de julio de 2017

Una mirada al Compromiso Unitario para la Gobernabilidad.



I.                      Motivación del Compromiso Unitario.

El principal argumento que hace el documento presentado por la Unidad Democrática de Venezuela se centra en el reconocimiento de que el país decidió cambiar, y que cuando eso sucede, no hay fuerza que pueda detenerlo.

Ese cambio político a que hace mención la Unidad es calificado en el documento como indetenible e inminente.

La Unidad Democrática  hace saber en el Compromiso Unitario que tiene la certeza de la proximidad de un cambio en la dirección del país, en tal sentido para facilitar la gobernabilidad, la eficiencia y la estabilidad del próximo gobierno que califica como de Unidad y Reconstrucción Nacional.

II.-        Objetivos de ese gobierno de Unidad y Reconstrucción Nacional.

1.-        Asumir como prioridad y orientación fundamental de su acción: la justicia social.  En tal sentido se compromete a:

1.1.-    Procurar acciones específicas para superar todas las penurias que por culpa de este gobierno y sus políticas nos ha tocado vivir.
1.2.-    Hacer todos los esfuerzos para alcanzar la dirección del Estado, con el único propósito de encausar desde allí un verdadero gobierno comprometido con los venezolanos más pobres.

2.-        Aplicación de un Plan de Atención Inmediata a la Crisis Humanitaria, con énfasis en:

2.1-Alimentación (abastecimiento y precios).
2.2- Salud (medicamentos y atención).
2.3- La necesidad de dar respuestas concretas al legítimo descontento popular, con apropiado sentido de urgencia y prioridad.

3.-        Aplicación de un Plan efectivo, profesional y contundente de ataque al grave problema de la inseguridad, la violencia y la delincuencia desatadas, que incluya:

3.1- Depuración y saneamiento de los cuerpos policiales, incluida la Guardia
Nacional Bolivariana.
3.2- La justa remuneración y equipamiento de sus efectivos, e
3.3- El desarme y desarticulación de los grupos paramilitares que han sido armados por el actual Régimen.
3.4- La atención sistemática a los factores que se han identificado como causantes y reforzadores de la violencia.

4.-        Asumir el compromiso para superar la pobreza (principal problema de la agenda nacional) como lineamiento permanente y estratégico por los próximos gobiernos de la Unidad Democrática.

IV.-      Compromiso expreso con la Unidad como principio.

El documento asume dos principios básicos en este sentido:

2.1-  La Unidad es indispensable y es condición necesaria para el logro del cambio político y para la viabilidad, estabilidad y gobernabilidad.

2.2.  La Unidad es una plataforma válida e instancia de conducción y coordinación política, junto a los partidos que la conforman, así como con un Gran Frente Social donde estarán presentes todos los sectores del país, incluso los que hoy adversan la necesidad de cambio, siempre y cuando lo hayan hecho en el marco de la ley, el respeto de los derechos humanos y el resguardo del patrimonio de la Nación y su Estado.

V.-       Sobre el programa común de la Unidad.

1.-        Lograr el cambio político: civil, constitucional, democrático, electoral y pacífico.
2.-        Asegurar la gobernabilidad mediante la conformación de un Gobierno de Unidad y
Reconstrucción Nacional, amplio, pluralista e incluyente, para esto, el documento advierte que es fundamental, haber logrado el cambio y haber superado el actual Régimen.
3.-        Iniciar con urgencia y sin dilaciones, una amplia consulta nacional sobre las bases o lineamientos mínimos del Plan de Gobierno de Unidad Nacional.   

Ese Programa Común se desarrollará en 3 etapas:

1.- Una primera etapa que atienda la emergencia social;
2.- Una segunda fase de estabilización del país bajo el criterio de un nuevo modelo social y económico que procure el progreso nacional; y
3.- La ejecución de las reformas necesarias para que el país entre en la modernidad y disponga de la base material y espiritual para alcanzar su auténtico bienestar.

Esos tres objetivos, advierte el documento, sólo se podrán alcanzar si se garantiza una amplia convergencia de intereses a través de una coalición social y política.

VI.-      Sobre el Gobierno Unitario, amplio, plural y eficiente que se plantea.

El Compromiso establece los siguientes criterios para ese próximo gobierno:

1.         Habrá representación en el próximo gobierno de las organizaciones políticas nacionales que forman parte de la Unidad Democrática y los sectores independientes de la sociedad venezolana.

2.-        Se gobernará con los mejores, los más capacitados y con quienes hayan demostrado mayor vocación de servicio, mayor sensibilidad social y un profundo patriotismo que ponga por encima el interés de la República y sus ciudadanos más humildes, sin discriminación por su ideología u origen partidista.

3.-        Se participará en el gobierno con el compormiso de no aspirar y menos aceptar hegemonía en el Gabinete Ejecutivo.

4.-        Elecciones primarias para elegir al próximo candidato (a) de la Unidad para asumir la Presidencia de la República.

5.-        El compromiso del próximo Presidente de la República a renunciar a su derecho de reelección inmediata.

6.-        Convocar a colaborar con el próximo gobierno a todos los funcionarios actuales o exfuncionarios que en función de sus capacidades y talentos, contribuyan con la superación pacífica y constitucional de la actual dictadura y colaboren con la reconciliación y reconstrucción del país.

7.-        Recuperar el prestigio, independencia e institucionalidad de la Fuerza Armada Nacional, reiterando así un gobierno de naturaleza civil, como lo establece la Constitución.

El documento presenta a la Fuerza Armada Nacional como el garante de la soberanía e instrumento neutral al servicio de todos los venezolanos.   En tal sentido, se compromete en ese próximo gobierno a  diseñar conjuntamente con ella los mejores mecanismos para actualizar su capacidad de apresto, garantizar el bienestar de la familia militar más vulnerable, e incorporar a la FAN al proceso de rescate y reconstrucción nacional que nos compromete a todos como sociedad.

8.-        En el mismo tema de la Fuerza Armada Nacional, el próximo gobierno cumplirá y hará respetar  el artículo 328 de nuestra Constitución Nacional, en el que se destaca el carácter y funciones de la Fuerza Armada Nacional Venezuela.

9.-        Al momento de la instalación del Gobierno de Unidad y Reconstrucción de Venezuela, se respetará el tiempo que corresponda seguir en funciones a los titulares de los poderes públicos que hayan sido escogidos de manera legal y constitucional.

Advierte el compromiso que serán llamados, como a todos los otros venezolanos a contribuir con la tarea de la reconstrucción nacional, y aquellos que han cometido graves violaciones o delitos contra los venezolanos o contra la Constitución en el ejercicio de sus cargos o que hayan obstaculizado de manera ilegal en el ejercicio de sus cargos el derecho ciudadano de expresarse libremente en elecciones, la Asamblea Nacional procederá a iniciar el proceso de su destitución y nombramiento de sus reemplazos respectivos.

VII.-     Reconocimiento a través del respeto y cooperación con las autoridades regionales municipales electas, sin distinción política alguna.

El documento destaca los siguientes aspectos:

1.            Hay un compromiso expreso hacia la descentralización política prevista en la Constitución.
2.            Se reconoce que la gestión pública es eficiente y transparente si las decisiones de los gobiernos regionales y locales.
3.            Respeto por la permanencia de los funcionarios públicos al servicio del Estado en los distintos niveles de gobierno y en sus respectivos cargos, salvo aquellos casos en que hayan incurrido en delitos o en los que demostradamente obstaculizaron el derecho de los venezolanos a las elecciones y a la democracia.
4.            Hay un compromiso expreso a trabajar con todas las instancias y niveles de gobierno, independientemente del partido o ideología que profesen, en el marco del principio de cooperación que debe existir entre los poderes.
5.            Reconocimiento de las instancias locales de representación y participación comunitaria y de acción social, que se incorporen al proyecto de reconstrucción nacional.
6.            Compromiso a respetar a quienes piensen políticamente distinto, pues esto constituye la base de pluralidad necesaria en toda democracia.

VIII.- El cierre del documento y el llamado a los venezolanos.

El documento cierra afirmando:

1.            La Unidad Democrática seguirá funcionando para asistir al gobierno de Unidad Nacional como una gran base social y política organizada, soporte de su trascendental tarea de reconstrucción nacional.

2.            La  Unidad Democrática colaborará con el gobierno, en cuanto instancia plural y representativa de las organizaciones políticas democráticas, con el ánimo de mantener y actualizar los acuerdos y consensos sociales nacionales para todos los gobiernos de coalición y unidad que el país necesite para alcanzar su máxima aspiración: el logro de la justicia social, la libertad individual y el pleno ejercicio de la democracia política y social que es consustancial con los deseos de todos los venezolanos.

Por último, hace un llamado a todos los venezolanos de buena voluntad, de espíritu democrático y comprometido con el desarrollo del país, para que se adhieran a este Compromiso Unitario para la gobernabilidad, el cual constituye una guía para la transformación democrática del país y la forma de asegurar el progreso y el bienestar para todos los venezolanos, sin excepción.

Carlos ROmero.
19 de julio 2017-