sábado, 18 de marzo de 2017

Conociendo el Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán 2015



El Pacto de Política Alimentaria Urbana, fue un documento presentado al Secretario General de la ONU en octubre de 2015, durante la ceremonia del Día Mundial de la Alimentación en Expo Milán 2015.   

Ese Pacto es presentado como el primer protocolo internacional que insta a las ciudades a desarrollar sistemas alimentarios sostenibles que garanticen alimentos saludables y accesibles a toda su población, proteger la biodiversidad y reducir el desperdicio de alimentos[1].


Originalmente en Milán el Pacto fue suscrito por 116 ciudades a través de sus representantes políticos[2],  para la fecha de esta nota, un total de 183 ciudades han firmado este Pacto, entre ellas Buenos Aires, Bogotá, La Paz, entre otras, no hay allí ninguna ciudad venezolana.[3]

En el Pacto los Alcaldes presentes en el Expo2015 en Milán, primeros firmantes del mismo, reconocieron que el Pacto es consecuencia del reconocimiento a la ciudad como actor estratégico para el desarrollo de los sistemas alimentarios sostenibles y la promoción de dietas saludables.

Así mismo, identificaron que hay obstáculos que cada ciudad debe enfrentar para garantizar el adecuado abastecimiento alimentario, entre los cuales, señalaron:  el desequilibrio en términos de acceso y distribución, el deterioro ambiental, la escasez de recursos y el cambio climático, formas de producción y consumo no sostenibles, las pérdidas y el desperdicio de alimentos.

A través del Pacto, los Alcaldes alertaron que el proceso de urbanización acelerado, exige repensar las formas de abastecimiento de los productos alimenticios y del agua, así como también otros bienes y servicios esenciales que se ven impactados ante esta realidad.

El hambre y la malnutrición son identificadas por los Alcaldes, en un problema grave, porque no sólo coexisten, sino que en consecuencia, se convierten en una carga pesada en términos de salud, bienestar individual y en un costo social, económico significativo para los ayuntamiento, las comunidades, las familias y el estado.

Reconocieron los Alcaldes que hay algunos actores sociales importantes en los sistemas alimentarios a través de los cuales se busca garantizar  un acceso constante y seguro a una variedad de alimentos adecuados, seguros, locales, justos, saludables y nutritivos para todos, ellos son:

-Las empresas agrícolas familiares y los pequeños productores de alimentos, pues a través de ellas se contribuye en la preservación de sistemas alimentarios resilientes, justos y culturalmente adecuados; y además, permiten la reorientación de los sistemas alimentarios y de las cadenas de valor a favor de dietas sostenibles y facilita el acercamiento entre consumidores, productores rurales y urbanos;

-La sociedad civil y el sector privado, pues son reconocidos como actores claves para el abastecimiento de alimentos en las ciudades, contribuyendo con la experiencia, innovación y campañas a favor de sistemas alimentarios más sostenibles, y para la incorporación de los enfoque de inclusión social y derechos humanos en las políticas alimentarias urbanas

Destacan que la agricultura urbana y periurbana ofrecen diferentes oportunidades para la conservación e integración de la biodiversidad en el contexto urbano/regional y en los sistemas alimentarios y concluyen afirmando que la estrecha relación existente entre las políticas alimentarias y muchos otros desafíos y políticas a nivel urbano es esencial adoptar un enfoque integrado comprensivo, interdisciplinar e interinstitucional.

Los Alcaldes reunidos en Milán, acordaron a través de este Pacto lo siguiente:

1.-   Desarrollar sistemas alimentarios que sean sostenibles, inclusivos, resilientes, seguros y diversificados, para asegurar comida sana y accesible a todos en un marco de acción basado en los derechos, con el fin de reducir los desperdicios de alimentos y preservar la biodiversidad y, al mismo tiempo, mitigar y adaptarse a los efectos de los cambios climáticos;

2.-   Reconocer la necesidad de coordinación y colaboración entre los distintos actores.   En tal sentido se comprometieron a promover esa coordinación entre departamentos y sectores a nivel municipal y territorial, favoreciendo la inclusión de consideraciones relativas a la política alimentaria urbana dentro de las políticas, los programas y las iniciativas en campo social, económico y ambiental, que interesen, entre otras cosas, la distribución y el abastecimiento alimentarios, la protección social, la nutrición, la equidad, la producción alimentaria, la instrucción, la seguridad alimentaria y la reducción de los desperdicios;

3.-   Promover la coherencia entre las políticas y los programas municipales relativos a la alimentación y las políticas y los procesos sub-nacionales, nacionales, regionales e internacionales pertinentes.

4.-   Impulsar la participación e inclusión de todos los Actores.  Los Alcaldes asumieron el reto de involucrar a todos los sectores del sistema alimentario (incluidas las autoridades locales, los entes técnicos y académicos, la sociedad civil, los pequeños productores y el sector privado), para el desarrollo, la actuación y la evaluación de políticas, programas e iniciativas en campo alimentario;

Así mismo un último Acuerdo en el Pacto, expresa el compromiso de las ciudades firmantes, en promover la participación de otras ciudades en el marco de nuestra acción a favor de las políticas alimentarias.

5.-   Realizar las adecuaciones necesarias para garantizar ese sistema alimentario a que se hace referencia en el primer punto.  En este sentido se comprometieron en la tarea de revisar y modificar las políticas, los planes y las normas existentes a nivel urbano para favorecer la creación de sistemas alimentarios justos, resilientes y sostenibles.

6.-   Por último, se comprometieron a emplear el Marco de Acción, en cada ciudad, como punto de partida para organizar el propio sistema alimentario urbano y compartir los avances entre las ciudades participantes, los gobiernos nacionales de pertinencia y las organizaciones internacionales, en su caso.

Carlos Romero Mendoza.
18 de marzo de 2017.


[1]Gobierno Provincial Corrientes. Dirección de relaciones internacionales. Ministerio de Coordinación y Planificación. FAO: Firma del Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milan. 26 de agosto 2016. Online en: http://relacionesinternacionales.corrientes.gov.ar/noticia/fao-firma-del-pacto-de-politica-alimentaria-urbana-de-milan
[2]Eldiario.es.  Pacto Urbano de Alimentación. 28 de diciembre 2015.  Online en: http://www.eldiario.es/paisajesurbanos/Pacto-urbano-alimentacion_6_467613268.html
[3]Milan Urban Food Policy Pact.  Pagina oficial consultada 16 de marzo de 2017. Online en: http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/signatory-cities/

miércoles, 15 de marzo de 2017

Declarada la crisis humanitaria en materia alimentaria.



Por tercera vez, la Asamblea Nacional se pronuncia de manera contundente sobre el tema seguridad alimentaria[1].

La primera vez fue el  11 de febrero de 2016 con el título Acuerdo mediante el cual se declara crisis humanitaria e inexistencia de Seguridad Alimentaria de la Población Venezolana.

La segunda vez fue el 21 de julio de 2016 con el Acuerdo de condena de la represión política y de la violación de los derechos humanos, a propósito del ejercicio del derecho constitucional a la protesta por el hambre y la escasez de alimentos.

Ahora el 14 de marzo de 2017 aprueba una Declaratoria de crisis humanitaria en materia alimentaria en el país, el cual se desarrolla en 8 considerandos y 10 acuerdos.

Fundamento jurídico de la declaración:

-Artículo 305 de la Constitución Nacional que obliga al Estado a garantizar la seguridad alimentaria de la población.

Seguridad alimentaria, que recuerda el texto del Acuerdo, debe ser entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a estos por parte del público consumidor.

-Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que destaca el derecho a una alimentación adecuada.  

Causas de la crisis humanitaria:

El Acuerdo de la Asamblea Nacional identifica como causas de la crisis humanitaria las siguientes:

-El modelo económico impuesto por el Ejecutivo Nacional, basado en estatismo, expropiaciones arbitrarias, controles abusivos de precios, y en el desprecio de la iniciativa privada en la economía.

-La severa escasez de materias primas como agroquímicos, semillas, medicinas veterinarias, además de maquinarias y repuestos, lo cual dificulta aún más la atención de las necesidades alimentarias de la población

Consecuencias de la crisis humanitaria:

Las causas anteriores generan unas consecuencias que la Asamblea Nacional destaca en el Acuerdo, a saber:

-El colapso a niveles históricos de la producción nacional.
-Una inflación de 700% .
-Una escasez sobre 90%.
-Una Crisis social sin precedentes que se expresa en 82% de hogares pobres, 73% de personas perdiendo peso, 52% de niños en riesgo de padecer o padeciendo desnutrición y 3 millones de venezolanos comiendo desperdicios.
 
Sobre la respuesta del gobierno la Asamblea Nacional fija posición en el Acuerdo:

Sobre el CLAP la Asamblea advierte que podrían ser un paliativo ante la problemática esbozada, pero alerta, que por ser un mecanismo basado netamente en las importaciones de productos, no ataca la causa de la crisis, facilita el mercado negro y genera un problema grave que es la corrupción expresada en distintas modalidades, afectando a las familias venezolanas.

Desde los datos estadísticos, la Asamblea Nacional destaca que los mismos no han tenido un impacto significativo desde que fueron implementados, afirmando que solo distribuyeron en 2016 el 3% del consumo nacional de alimentos y atendieron de manera regular sola a menos del 10% de la población.

Además la Asamblea Nacional advierte que programas como la Gran Misión Abastecimiento Soberano, Misión Alimentación, Mercal, PDVAL entre otros, no logran impedir la profundización de la crisis alimentaria.

Acuerdos además de la declaración de la crisis humanitaria:

Exhortación a los órganos del Poder Público.

La Asamblea acordó requerir a los órganos del Poder Público, que adopten, atendiendo a sus atribuciones respectivas, medidas urgentes para combatir el hambre.    El Parlamento hace un llamado para que se activen todos los mecanismos institucionales viables para enfrentar la problemática conjuntamente con la sociedad organizada.

Creación de una Comisión especial.

El Acuerdo señala que esa Comisión tendrá la siguiente misión:

-Definir, con participación de todos los sectores políticos, sociales y económicos y mediante consultas desarrolladas en el ámbito local, regional y nacional, las acciones que deben emprenderse para impedir que la crisis alimentaria siga causando perjuicios a veces irreversibles a los venezolanos y venezolanas.

-Identificar fuentes de cooperación internacional para combatir el hambre en Venezuela, incorporando a Caritas de Venezuela a sus actividades y mediante visitas a delegaciones diplomáticas y a organismos internacionales.

Legislar en ocasión a la crisis.

La Asamblea Nacional se comprometió a la pronta presentación y discusión de un Proyecto de Ley sobre la Crisis Humanitaria en materia Alimentaria, que recoja lineamientos fundamentales dirigidos a proteger a la población frente al hambre.

En materia de responsabilidad política, se acordó:

-Exigir al Presidente de la República la inmediata sustitución de Rodolfo Marco Torres como Ministro del Poder Popular para la Alimentación, en acatamiento al voto de censura válidamente emitido por esta Asamblea Nacional, con la mayoría calificada  constitucionalmente establecida.

-Requerir la comparecencia de:
Freddy Bernal, Coordinador Nacional de los CLAP;
Wilmar Castro Soteldo, Ministro de Agricultura;
Otros posibles responsables de la crisis alimentaria, ante la Comisión especial antes mencionada.

Informar a los organismos internacionales.

Copia del Acuerdo será enviado a al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas y al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas.

Carlos Romero Mendoza.
15/03/2017


[1]Romero, Carlos. Seguridad alimentaria un reclamo y una exigencia al Gobierno Nacional 2016. En: Estado-Ley-Democracia.blogspot.com. 21 de diciembre 2016. Online en: http://estado-ley-democracia.blogspot.com/2016/12/seguridad-alimentaria-un-reclamo-y-una.html

viernes, 24 de febrero de 2017

Un ejemplo de participación y Tecnología unidas desde la institucionalidad local para hacer efectiva la inclusión en temas públicos.

Cuando la participación se encuentra con la tecnología para hacer efectiva la inclusión del ciudadano en los temas de la ciudad, encuentran para febrero 2017 una plataforma interesante de revisar y valorar como esfuerzo de acercar al ciudadano a los temas públicos. 

El programa se desarrolla en Barcelona, España y se llama Decidamos la Barcelona que queremos.(Imagen 1)

Imagen 1
La plataforma se presenta como un espacio digital para una ciudad más abierta, transparente y colaborativa. 

En su contenido para el 24 de febrero de 2017 se presenta con varios procesos abierto de consulta o de oferta concreta de participación, a saber: 
  1. Coproducción de proyectos en Grácia.  
  2.  Situación del Teatro Arnau. 
  3. Programa de actuación municipal. 
  4. Normas de participación. 
  5. MetaDecidim Red de Bus. 
  6. La Meridiana te pide tú cambio. 
  7. Mercado de Sant Antoni. 
Cada uno de esos procesos o temas, tienen su propia descripción, por ejemplo, revisemos uno de ellos, a saber: Programa de actuación municipal. 

La plataforma web le explica en un resumen al ciudadano de qué se trata esa consulta y a través del mismo invita a que participe en el proceso de consulta que libremente podría iniciar a partir de esa lectura. En este caso la autoridad local le dice al ciudadano: 

Imagen 2
El Plan de Actuación Municipal se elabora al inicio de cada mandato y establece las líneas prioritarias, los objetivos y las actuaciones de la acción del gobierno. Es, por tanto, la hoja de ruta municipal que orienta qué modelo queremos para nuestra ciudad. El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un proceso de participación ciudadana para construir, pensar y debatir las actuaciones y prioridades de este mandato. Un paso adelante en la construcción colectiva de una ciudad más justa y democrática (Imagen 2)

Este tema elegido como ejemplo, así como los demás mencionados previamente, tienen su propia ficha, su propio proceso de consulta y garantiza no sólo la  información necesaria para la participación, sino también los mecanismos efectivos para que realmente el ciudadano pueda expresarse sobre el tema específico si así lo desea. 

Veamos la ficha digital que este tema presenta al interesado que luego de leer la introducción acepta entrar en el proceso de participación que oferta el gobierno municipal. 

El primer paso del proceso es una página web en la que está desarrollada la información básica, sobre el contenido, alcance, documentos adicionales, links relacionados de la propuesta que se consulta. 

El segundo paso del proceso, desarolla un espacio virtual en el cual el interesado puede revisar las propuestas que se han registrado sobre el tema, desde el inicio de la consulta hasta la fecha que corresponda. Para el 24 de febrero 2017, en esa etapa se anuncia que se registraron unos 10.860 propuestas. Por cierto además de permitir que el interesado las revise una por una, facilita al interesado votar también de manera individual por esas propuestas según su interés. 

El tercer paso, tiene que ver con la información al interesado sobre los encuentros presenciales para abordar la propuesta, identificando con un mapa el lugar, facilitando la dirección y una reseña del mismo. 

Un carto paso permite entrar a un espacio virtual en el cual la oportunidad de escribir, opinar y debatir se abre al interesado. 

Un último paso en ese paso virtual al proceso de consulta número 3 de los ofertados por el Municipio de Barcelona, permite revisar, evaluar y valorar el resultado final del proceso de consulta. 

Pasos y Etapas del proceso de consulta
La plataforma no se agota con ese último paso, permite además, que los interesados puedan revisar de manera esquemática cuáles y cuántas fueron las etapas desarrolladas en este proceso participativo, en este caso que se revisa, fueron 4 etapas, ellas fueron: 

Información. Que desarrolla brevemente el tema de la propuesta y el proceso participativo. 
Aportaciones. Que explica que por dos meses y medio se abrió la consulta a los vecinos. 
Respuesta. Que es el compromiso del gobierno de dar respuesta a las propuestas, a las consultas que le han formulado. 
Retorno. En esta etapa se presenta el plan de acción municipal con los aportes que se han logrado sistematizar de este ejercicio. 

El único requisito para participar es registrarse en la plataforma.

Este es un interesante proceso de inclusión ciudadana a través de la tecnología, en temas de desarrollo local, promovido por un gobierno municipal y que respeta el procedimiento lógico de iniciar un proceso y cerrarlo de manera adecuada y oportuna según las expectativas creadas. 

Para muchos este proceso podría ser valorado como algo muy normal, pero no lo es para los Venezolanos.

En Venezuela para lograr una experiencia así, necesitamos superar el Plan de la Patría 2013-2019, y promover que espacios que hoy detenta el Consejo Local de Planificación Pública, pero que mañana pudiera ser otro, asuman el reto de poner a disposición del ciudadano las ideas de desarrollo y facilitar la inclusión con herramientas tecnológicas como ésta. 

En el diseño institucional de hoy, en el marco constitucional vigente, el Consejo Local de Planificación Pública, sólo necesitaría una reforma legislativa, que restituyera su integración conforme al marco de la propia constitución, que promoviera una verdadera pluralidad en su integración y representación y que le permitiera mecanismos adecuados para reincorporar a nuestros municipios al debate de una agenda global que se expresada en distintos documentos internacionales a saber: en los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, en la Nueva Agenda Urbana (Hábitat III) y en la propia Encíclica Laudato Si. 

Venezuela necesita rescatar la institucionalidad para poder abordar con responsabilidad el desarrollo local y así contribuir con el desarrollo nacional en miras de superar las ruinas institucionales que ha dejado el Socialismo del Siglo XXI y construir una sociedad plural, incluyente y con calidad de vida, en el que se respete la dignididad del ser humanos, se reconozcan los derechos humanos y se reestablezca el Estado de Derecho. 

LINK DE LA PLATAFORMA DECIDAMOS LA BARCELONA QUE QUEREMOS:


Carlos Romero Mendoza

Asamblea Nacional fija posición frente a proceso de renovación de partidos y organizaciones políticas.


La Asamblea Nacional fijó posición frente al proceso de legalización de los Partidos Políticos y Organizaciones Políticas mediante el  ACUERDO SOBRE EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y EL PROCESO DE RENOVACIÓN DEL REGISTRO DE MILITANCIA IMPUESTO POR EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, aprobado el día 14 de febrero de 2017.

La estructura de ese Acuerdo es la siguiente:
 
- 10 Considerandos

- 04 Acuerdos.



El contenido de los Considerandos son los siguientes: 
 

1.-  Fundamento legal.
 

Los artículos sobre los cuales la Asamblea Nacional se fundamenta para expresar su rechazo al proceso de renovación del Registro de la militancia de los partidos y organizaciones políticas son los siguientes:



1.-  Artículo 52, a través del cual se consagra el derecho a la libre asociación para fines lícitos y la obligación del Estado a garantizar el ejercicio de esa libertad.
 

Artículo 52. Toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley. El Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho.
 

2.- Artículo 62, a través del cual se garantiza el derecho de todos los ciudadanos a participar libremente en los asuntos pública y a tal fin el Estado está obligado a generar condiciones favorables para el ejercicio de ese derecho.

Artículo 62. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas.


La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.

3.- Artículo 67 a través del cual la Constitución reconoce el derecho de todo ciudadano o ciudadana a asociarse en organizaciones con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección; 

Artículo 67. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. Sus organismos de dirección y sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus integrantes. No se permitirá el financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado.


La ley regulará lo concerniente al financiamiento y a las contribuciones privadas de las organizaciones con fines políticos, y los mecanismos de control que aseguren la pulcritud en el origen y manejo de las mismas. Así mismo regulará las campañas políticas y electorales, su duración y límites de gastos propendiendo a su democratización.


Los ciudadanos y ciudadanas, por iniciativa propia, y las asociaciones con fines políticos, tienen derecho a concurrir a los procesos electorales postulando candidatos o candidatas. El financiamiento de la propaganda política y de las campañas electorales será regulado por la ley. Las direcciones de las asociaciones con fines políticos no podrán contratar con entidades del sector público.

2.-           Fundamento político:

La actuación que se espera del Consejo Nacional Electoral:

La Asamblea Nacional expresamente recuerda el artículo 294 de la Constitución en el cual se expresa los principios que deben inspirar al Consejo Nacional Electoral, ellos son:
  • Independencia orgánica.
  • Autonomía funcional y presupuestaria.
  • Despartidización de los organismos electorales.
  • Imparcialidad y participación ciudadana.
  • Descentralización de la administración electoral.
  • Transparencia.
  • Celeridad del acto de votación y escrutinio.
Importancia de los partidos políticos para el sistema democrático:

La Asamblea Nacional reitera que los partidos u organizaciones políticas son instituciones esenciales de la democracia.  El Acuerdo reconoce que la diversidad de organizaciones políticas, garantiza el pluralismo político y la apertura ideológica, lo que contribuye a la evolución de la democracia.

El documento político de la Asamblea también destaca la necesidad de favorecer la existencia de estas organizaciones políticas, recordando que el principio de representación proporcional facilitó el funcionamiento y la presencia de las mismas.

Denuncia que motiva el Acuerdo:

1.-           Que el proceso de renovación del registro de militancia de las organizaciones políticas está diseñado de tal modo que se convierte en una barrera injustificada para el mantenimiento de la inscripción y existencia de las organizaciones políticas.

2.-           Que el ente Rector del Poder Electoral pasa a actuar como un órgano que crea obstáculos para la pervivencia de estas organizaciones en lugar de facilitar su funcionamiento.
3.-           Que este efecto restrictivo sobre el ejercicio del derecho a la participación política se pone de manifiesto en el reducido número de puntos de registro de militantes aprobados, dentro de un lapso brevísimo de recolección, y en los criterios sustantivos de la reglamentación dictada por el Consejo Nacional Electoral;

Con estos tres puntos el Acuerdo de la Asamblea Nacional advierte que ese proceso atenta contra los derechos constitucionales mencionados previamente.

4.-           Que nuevamente la Sala Constitucional se convierte en un agente del proceso político que impone Nicolás Maduro y en tal sentido dicta dos sentencias que interpretan las normas relacionadas a la renovación de los partidos.

La sentencia N° 1/2016 y su correspondiente aclaratoria N° 878/2016, establecieron pautas claramente restrictivas sobre la renovación de la nómina de militantes y el mantenimiento de la inscripción de las organizaciones políticas.

La Sentencia fijó condiciones no previstas en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, con lo cual violentó la reserva legal que rige en la materia y las atribuciones de la Asamblea Nacional, así como de los derechos y principios constitucionales señalados. 

La decisión del 5 de enero de 2017[1] señaló:

1.-           EL 1% del voto a que se hace referencia en la Ley es el voto lista, porque éste es el que resulta de los candidatos postulados por un determinado grupo u organización política.

2.-           Hay renovación automática sólo si el partido político respectivo, logró una votación igual o superior al 1% de los votos válidos en una elección nacional en por lo menos 12 de los Estados Federales, en caso contrario, deberá renovarse, aplica tal norma a los partidos regionales. 

3.-           Se prohíbe la doble militancia. 

La otra decisión publicada el 21 de octubre de 2016[2], además de reiterar algunos puntos de la anterior decisión, exhortó al CNE a garantizar que no se produzca el registro de una doble militancia y destacó que el partido que no cumpla con la renovación, no podrá participar en ningún proceso electoral, sea interno, o bien de carácter municipal, estadal o nacional.   Esta última sentencia reprogramó el calendario de renovación.

5.-           Denunció también la Asamblea Nacional que una de las Rectoras del Consejo Nacional Electoral manifestó públicamente que no pueden adelantarse convocatorias a elecciones hasta que culmine la renovación del registro de militancia, lo cual no tiene ningún sustento legal.  

6.-           Por último, la Asamblea Nacional a través de su Acuerdo, recordó que la elección de Gobernadores o Gobernadoras debió celebrarse en el año 2016, y que el Consejo Nacional no puede aducir el proceso de renovación de registro de militancia como pretexto para seguir postergando estos comicios. 

Los Acuerdos de la Asamblea Nacional del 14 de febrero:

-Rechazar las condiciones del proceso de renovación del registro de militancia de las organizaciones políticas impuesto por el Consejo Nacional Electoral por las siguientes razones:

  • Viola derechos y principios constitucionales.
  • Evidencia el propósito de supeditar la soberanía popular, y el derecho a ejercerla a través de esas organizaciones o de otros medios de participación directa o indirecta, a intereses partidistas y a concepciones restrictivas de la asociación con fines políticos contrarias a la Constitución.

-Exigir al Consejo Nacional Electoral que convoque de inmediato las elecciones regionales. 


-Denunciar ante la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas, el Parlatino, el Parlasur, y demás instancias internacionales dedicadas a la garantía o promoción de los derechos humanos y de la democracia, la grave vulneración del derecho de participación política y de asociación que se pretende cometer.


Carlos Romero Mendoza
24 febrero 2017