Una lectura a las elecciones del 9 de diciembre 2018
El 3 de diciembre 2000, cuando se
celebraron de manera separada las elecciones de Concejales y Juntas Parroquiales,
según el Informe del Centro Carter, la participación electoral llegó a un 23%,
siendo ella la más baja en toda la historia política electoral de Venezuela.[1]
En el 2000 la abstención llegó a
76,2% y en el 2005 cuando nuevamente los concejales y juntas parroquiales se
eligieron en procesos separados, la abstención llegó a 70,6%[2]. Las siguientes elecciones que lograron
realizarse, por voluntad del Consejo Nacional Electoral fue en el año 2013,
pero en esa oportunidad, desparecieron de la oferta electoral las Juntas
Parroquiales.
En aquellas elecciones del 2013
la abstención bajó y la participación llegó a estar en un 58% de los electores
inscritos y nuevamente en el 2018 las
elecciones separadas de concejales, alcanzó una abstención del 72% según nota
de prensa de Europapress.[3]
Sin duda alguna el venezolano
poco valora la labor de los Concejos Municipales. Desde mí experiencia, los Concejales lejos
de procurar un ejercicio legislativo que confronte con debates y argumentos el
centralismo excesivo y contrario al marco constitucional vigente desde 1999, muchos
se han convertido en operadores políticos y colaboradores de ejecutivos
locales, contrariando así al principio de separación de poderes que se
formalizó en Venezuela a partir del año 2005.
Si se hace un inventario en la
mayoría de los Concejos Municipales, intentando valorar la cantidad de
ordenanzas dictadas por año, distintas a las del presupuesto, nos encontraremos
con un importante déficit legislativo en particular, con aquellas que tienen
que ver con el desarrollo de la autonomía municipal y el impulso de la
descentralización.
Muchos concejales se han dedicado
a desarrollar agendas asistencialistas y muy propias de las Alcaldías en
campañas preventivas de salud, apoyo en solución de problemas con servicios
públicos, atención a los animales, el día del niño, y se han olvidado que su
labor es debatir, discutir y atraer a los ciudadanos a los asuntos públicos.
Venezuela experimentó con los
resultados del año 2000 una brecha importante en la relación ciudadanos y
concejo municipal, brecha que claramente el régimen aprovechó, introduciendo
elementos para imponer progresivamente un nuevo orden social y político en lo
local. Primero fueron los Consejos Comunales
a través de la Ley de 2006, que era muy plural y amplia, pero que con las reformas sucesivas terminó
condicionando su existencia al proyecto Socialismo del Siglo XXI.
Luego vino la Ley de Comunas en el 2010 y
desde allí, todo un proceso progresivo de implantación de un nuevo modelo
político, que pretendió completar los paquetes de decretos leyes que Hugo
Chávez había aprobado en los años previos al 2010.
La Asamblea Nacional en el año
2016 en octubre declaró formalmente mediante un Acuerdo político que había una
ruptura del orden constitucional y democrático; el modelo comunal aún cuando no
ha funcionado, sigue siendo una amenaza, con todo y que el mismo ha demostrado
su inviablidad; pero más allá de eso, el mayor resultado trágico de este
proceso es el debilitamiento del Municipio como actor político del desarrollo y
promotor directo de la calidad de vida de los venezolanos, objetivo que claramente buscaba el Plan de la Patría 2013-2019.
Los venezolanos aún no hemos
comprendido que las elecciones municipales son por naturaleza muy
diferente a
las elecciones presidenciales y de parlamentarios nacionales, más aún en
un
país tan presidencialista y tan centralista como el venezolano. Pero
tampoco hemos valorado que el modelo socialismo siglo XXI precisamente
irrumpió desde las bases institucionales de nuestro Estado federal
descentralizado, intentándose abrir paso a través de la destrucción de
las mismas, usando para ello el marco normativo, al CNE y al TSJ.
La historia exitosa de la descentralización, se nos olvidó, los dirigentes políticos han
olvidado que cuando la descentralización operó, los Municipios vivieron su mejor momento, con dificultades, claro
está. Aquella experiencia y la clara
intención de debilitar a los municipios hasta convertirlos en un cascarón
vacío, como sucedió con la Alcaldía Metropolitana y el Cabildo Metropolitano,
no fueron elementos valorados para diseñar una estrategia de defensa del orden
democrático y de reivindicación de la Constitución.
Dirigentes, partidos y
ciudadanos, nos dejamos arrebatar las Juntas Parroquiales, los Jueces de Paz,
el orden urbanístico como competencia municipal y en definitiva, la autonomía
para gestionar las materias que constitucionalmente le son propias al
municipio.
El 9 de diciembre 2018, el
comportamiento electoral fue el mismo que en el año 2000, aún cuando el malestar
social, la desconfianza en el CNE y el deterioro general del país es mucho mayor que el que experimentaba
Venezuela a inicios del presente siglo; hay un mensaje claro de
desafección ciudadana frente al Concejo Municipal como institución política y unas consecuencias muy graves para
el futuro del Municipio.
Aquí no se trata de crear nuevos
partidos políticos, o de jugar a no participar, el gran desafío es hacer que el
ciudadano sienta que la democracia en el municipio no es cualquier migaja que
dejan por ahí para que algunos se ocupen en el cuadro de poder político, tiene
un rol fundamental, reconocido por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por
las Cumbres Iberoamericanas, hasta por la misma Encíclica Laudato Si.
Aquí no se trata de que los
ciudadanos no partidistas son mejores a los ciudadanos que militan en
partidos, o en un sentido de revancha, demostrar quién puede más o quién
pudo más, en un proceso electoral como el del pasado 9 de diciembre,
que dejó muchas heridas y desconfianza hacia la dirigencia política en
algunos municipios del país. El cambio político y la reivindicación del
municipio necesita de todos los actores de la sociedad civil, ello exige
bajar los egos y las arrogancias de ambos lados.
Necesitamos internalizar y comprender de una vez por todas,
que la llamada Unidad Superior, no es sólo un
término bonito y una oportuna solución para sustituir la Unidad de la
MUD, sino que por
el contrario, es una necesidad y una urgencia, y que para que ello sea
viable, es necesario demostrar que hay capacidad de organización desde
lo local para que así, haya capacidad de articulación con otras
instancias,
utilizando formas y mecanismos que tendrán que irse adecuando a un
modelo
político que se impone por la fuerza, pero que ya no puede ocultar su
ilegitimidad e inconstitucionalidad.
Las elecciones del 9 de diciembre 2018 han reiterado que el problema no
es el voto, es el sistema electoral y el modelo político que no cede en
su aspiración de imponerse, aprovechándose de la sociedad democrática
que no termina de encontrar los elementos no electorales para garantizar
una Unidad Superior.
Carlos Romero Mendoza.
10 de diciembre 2018.
[1]El
Centro Carter. Observando Cambio
Político en Venezuela: La Constitución
Bolivariana y las Elecciones 2000.
Informe Final. 2001. Pág.
78. Online en: https://www.cartercenter.org/documents/388.pdf
[2]La
voz de galicia. Abstencioin en
Municipales en Venezuela superó al 70%.
8 de agosto 2005. Online en: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2005/08/08/abstencion-municipales-venezuela-supero-70/0003_3965821.htm
[3]Europapress. Oficialismo se impone en elecciones
municipales en Venezuela con abstención del 72%. 10 de diciembre 2018. Online en: https://www.europapress.es/internacional/noticia-oficialismo-impone-elecciones-municipales-venezuela-abstencion-72-ciento-20181210044904.html