miércoles, 21 de junio de 2017

MANIFIESTO DE LA UNIDAD DEMOCRÁTICA EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN Y LA DEMOCRACIA

MANIFIESTO DE LA UNIDAD DEMOCRÁTICA EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN  
Y LA DEMOCRACIA

Venezuela entera clama por la inmediata salida del régimen dictatorial y el restablecimiento del orden constitucional y democrático, y esto lo podremos lograr con la unidad de los más diversos factores del país, mediante elecciones libres y la renovación de sus instituciones.

Han pasado 81 días de lucha ciudadana en la calle que ha reivindicado el coraje del pueblo y la valentía de los más diversos sectores de la vida nacional. Hoy se congregan las fuerzas de la unidad democrática para ratificar ante los venezolanos su compromiso de restablecer el hilo constitucional y restituir la democracia en Venezuela para enfrentar la fraudulenta pretensión de convocar una supuesta constituyente que busca secuestrar la República y la democracia. La feroz represión de la dictadura ha asesinado a más 80 venezolanos en su mayoría jóvenes, generado más de 15 mil heridos y más de 3 mil presos políticos.

Pero esta feroz represión no ha amilanado el ímpetu de la lucha en las calles en contra del régimen y hoy la dictadura se encuentra más débil. Contamos con el respaldo de la comunidad internacional y el apoyo de importantes sectores y dirigentes que antes no acompañaban nuestra luchas, así como el de instituciones
como la Fiscalía General de la República que ha denunciado la ruptura del hilo constitucional, las violaciones de los DD.HH. y el fraude constituyente, razón por la cual hoy su titular está siendo asediada por la dictadura.

El día de hoy es importante recordar que la historia de Venezuela nos ha enseñado que cuando se encuentran en la calle el pueblo y la unidad nacional en causa común por la libertad se derrotan a las tiranías.

La complicidad entre el Poder Ejecutivo, el TSJ y el CNE, para llevar adelante el fraude constituyente, nos impone su desconocimiento desde ya; por ello no podemos esperar bajo ningún concepto hasta el 30 de julio para desconocerla y es indispensable por tanto pasar a una nueva fase de lucha popular que debe integrar a los más diversos sectores de la sociedad y en especial a quienes desde el mismo régimen han denunciado los abusos del poder y la traición a los supremos intereses de la república que a todos nos une.

El art 333 de nuestra carta magna expresa: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.”

En consecuencia declaramos:

Primero: que el actual régimen se ha puesto al margen de la constitución y en consecuencia, su autoridad y decisiones son inconstitucionales y no pueden ser reconocidas ni obedecidas por nadie, de acuerdo al Art 350 de la Constitución Nacional.

Segundo: asumimos el art 333 de nuestra carta magna que nos obliga a restituir el orden constitucional y como consecuencia de ello se impone a toda la sociedad, el desconocimiento de la convocatoria del fraude constituyente, el nombramiento de nuevos poderes públicos y el llamado a elecciones libres para un nuevo gobierno.

Tercero: que entramos en la fase decisiva de la lucha por la democracia y convocamos a todos los sectores sociales y políticos del país a unificar esfuerzos para lograr la sustitución del régimen dictatorial y la restitución del orden constitucional.

Cuarto: Convocamos a todo el pueblo de Venezuela a enfrentar y desconocer activamente el fraude constituyente en todo el territorio nacional .

Quinto: Convocamos a todo el pueblo de Venezuela, especialmente a los sectores sociales y políticos del país, a organizar la gran protesta nacional permanente que se realizará en todo el territorio nacional, al mismo tiempo y hasta lograr el cambio del régimen dictatorial y la restitución del orden constitucional. En consecuencia haremos uso de todos los mecanismos de protesta democráticos y constitucionales que sean necesarios.

Sexto: Hacemos un llamado a todas las instituciones, gremios, asociaciones y organizaciones de la sociedad a reunirse en asamblea y declarar públicamente su rechazo y desconocimiento a la convocatoria fraudulenta de la ANC y su respaldo a la conformación de nuevos poderes públicos y elecciones libres para restituir el orden constitucional.

Séptimo: Llamamos a todo el pueblo, en todas las comunidades a organizarse en “comités de rescate de la democracia” y constituirse en asambleas permanentes para declarar que no permitirán el uso de los centros electorales y centros comunitarios para la violación de la constitución y estar listos para activación de la gran protesta nacional permanente y simultánea.

Octavo: Convocamos al pueblo a mantener la protesta no violenta y continuar la presión de calle popular en las movilizaciones que seguiremos realizando desde la Unidad Democrática para continuar el debilitamiento de la dictadura de cara a los objetivos que nos hemos trazado.

Noveno: Comunicaremos al país los resultados de un gran Acuerdo Nacional para la Gobernabilidad y Rescate de Venezuela que hemos construido entre los actores políticos y diversos sectores de la sociedad para establecer los lineamientos de la Venezuela del mañana.

Décimo: Hacemos un llamado a todas la instituciones y en especial a la FAN, para que en esta crisis hoy más que nunca cumplan con su deber constitucional establecido en el artículo 328 de la Constitución y con su salvaguarda establecida en el 333.

Viva Venezuela!

MESA DE LA UNIDAD DEMOCRÁTICA 
20 de junio 2017

http://www.unidadvenezuela.org/2017/06/unidad-democratica-iniciara-nueva-etapa-lucha-social-defensa-la-constitucion-la-democracia/ 

lunes, 19 de junio de 2017

Texto del Comunicado de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela.

Comunicado de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana

“La violencia de los impíos los arrastrará, porque se niegan a obrar con justicia” Prov 21,7 
Ante la gravísima agudización de la violación de los derechos humanos y las libertades democráticas que sufren diversos sectores sociales de la Nación, esta Comisión quiere expresar:

1. A todos/as sincera solidaridad y cercanía espiritual, en momentos en que el gobierno, garante superior de los derechos, la paz y la seguridad pública, se ha convertido en su principal trasgresor, violentando y atacando residencias familiares de ciudadanos indefensos, agrediendo sin distinguir localidades ni personas, situación que consideramos social y moralmente injustificable.

2. Nuestra preocupación al observar que la mayor violencia la ejercen los organismos de seguridad, particularmente la Policía Nacional, la Guardia Nacional Bolivariana y colectivos que usando armas prohibidas, reprimen manifestaciones de personas que reclaman respeto a las libertades democráticas y el restablecimiento del orden constitucional roto como lo declaró la ciudadana Fiscal General de la República.

3. Nuestro desacuerdo con el hecho público, notorio y comunicacional de la violación al derecho fundamental al debido proceso que tiene toda persona a ser juzgada por sus jueces naturales, ya que ha sido utilizada indebidamente la justicia militar en las detenciones y procesos iniciados, en absoluta contravención con el artículo 49 de la Constitución.

4. Nuestro rechazo a la convocatoria de una Asamblea Constituyente que niega y vulnera la progresividad de los derechos humanos y sumerge a la Nación entera en una situación de convulsión social y violencia.

Por todas estas razones, la Comisión de Justicia y Paz:

Insta al Estado Venezolano, particularmente al Consejo Moral Republicano, a velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional.

Exhorta al Ministerio Público, para que intente las acciones a que hubiere lugar contra los funcionarios públicos involucrados en hechos de violencia, para hacer efectiva las responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubiere incurrido dichos funcionarios con motivo del ejercicio de sus funciones (Art. 280,281y 286).

Exige al Poder Judicial, que conozca de las causas y asuntos que son de su competencia y que le correspondan en el conocimiento de las violaciones de los Derechos Humanos, recordándoles su independencia ante los demás poderes que garantizan la vigencia y el equilibrio del Estado de derecho, y que la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas para que se imparta en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

Encomendamos esta preocupante situación a la Virgen de Coromoto patrona de Venezuela y exhortamos a todos los sectores a trabajar por la paz, la concordia social, el respeto irrestricto a la vida sagrada de todo ser humano y a orar en todos los ambientes clamando a Dios por Venezuela.
 
+ Mons. Roberto Lückert
Presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la CEV

miércoles, 7 de junio de 2017

Respuesta de la AN a la actuación del CNE en relación a la Constituyente.



El 6 de junio de 2017, la Asamblea Nacional aprueba el ACUERDO EN RECHAZO A LA ACTUACIÓN INCONSTITUCIONAL DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL RELACIONADA CON LAS ELECCIONES A UNA SUPUESTA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, NO CONVOCADA POR EL PUEBLO MEDIA.

Objeto del Acuerdo:

En este Acuerdo la Asamblea rechaza categóricamente la actuación de la Presidenta y demás Rectoras del Consejo Nacional Electoral, por su complicidad con la usurpación de la soberanía popular perpetrada por quien detenta la Presidencia de la República.

En tal sentido, procede a exigir al Consejo Nacional Electoral que suspenda la organización de la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, hasta que se presenten bases comiciales compatibles con la Democracia y hasta que sea convocado y celebrado un referendo en el que el pueblo resuelva si ejerce el poder constituyente y convoca una Asamblea Nacional Constituyente y en qué términos.

Argumentos para rechazar la actuación del CNE.

-Un CNE complaciente con el gobierno.   En este sentido el Acuerdo reclama que la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, acogió con entusiasmo la presentación por el Presidente de la República, de las pretendidas bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente y desde entonces se inició una carrera vertiginosa para alistar la respectiva elección e iniciar el lapso de postulación de candidaturas.

Advierte la Asamblea Nacional que todo ese proceso que calificó de “vertiginoso” se activó sin haber examinado en Directorio las mencionadas bases y sin haber aprobado la convocatoria de tales elecciones y el correspondiente cronograma.

-Un CNE que ignora el principio de supremacía constitucional.  Que el Consejo Nacional Electoral no podía dejar de advertir la manifiesta inconstitucionalidad del planteamiento presidencial, que desconoce la soberanía del pueblo y su poder constituyente y vulnera la universalidad del sufragio correspondiente a toda la ciudadanía, sin segmentaciones o sectorizaciones, y el principio de la representación proporcional (arts. 5, 63 y 347 de la Constitución), así como el derecho al sufragio igual (art. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Los argumentos jurídicos a los que hace referencia el Acuerdo son el artículo 5 y 347 de la Constitución sobre la soberanía intransferible del pueblo y el ejercicio del poder constituyente del pueblo.

Otro actor del Estado facilita el golpe contra la Democracia y Constitución.

-La Asamblea Nacional destaca que Sala Constitucional, en sentencia N° 378/2017, declaró que corresponde a los representantes o gobernantes, no al pueblo, convocar una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual equivale nuevamente a un golpe contra la Democracia y la Constitución, que la Sala Constitucional deberá revertir, esta vez sí, mediante sentencia aclaratoria, ya solicitada por la Fiscal General de la República;

La Asamblea Nacional califica la conducta del CNE como:

1.-Atropellada.   Atropellada porque la actuación del CNE se ha producido sin garantizar:

-La existencia y publicación de los registros electorales de los sectores que según las bases comiciales tendrán representantes en la Asamblea Nacional Constituyente.
-Sin el anuncio la realización de auditorías sobre los supuestos registros;

2.-Sorpresivamente rápida. La Asamblea Nacional califica como premura la conducta del Consejo Nacional Electoral, lindante con el atropello y la improvisación, lo cual, advierte el Acuerdo, contrasta abiertamente con la actitud que asumió en el 2016 respecto de la iniciativa popular referida al referendo revocatorio del mandato del Presidente de la República, a la cual colocó toda clase de obstáculos, para luego plegarse dócilmente ante decisiones emanadas, de manera simultánea y concertada con autoridades ejecutivas, de tribunales manifiestamente incompetentes, que conocieron de denuncias ajenas a la recolección del 1 % de los electores que ya había sido realizada válidamente;

3.- Privilegiada ante otros procesos electorales. Reclama la Asamblea Nacional que la diligencia del Consejo Nacional Electoral ante el Decreto de convocatoria le ha llevado a posponer las elecciones regionales, que debía realizar en el año 2016 y que se había comprometido luego a celebrar en el primer semestre del 2017, y ha conducido al diferimiento de otros procesos que debían tener lugar este año.

Acciones a tomar.

En base a esa conducta la Asamblea acuerda denunciar formalmente  ante el Ministerio Público a las Rectoras del Consejo Nacional Electoral que participen en el desconocimiento de la soberanía popular, por los presuntos delitos cometidos al dictar actos arbitrarios en detrimento de los derechos de los venezolanos y venezolanas.

Califica el proceso como usurpación del poder constituyente y en consecuencia, es violación constitucional.

En el Acuerdo, la Asamblea Nacional afirma y advierte que la elección de una supuesta Asamblea Nacional Constituyente sin que el pueblo haya aprobado en referendo su convocatoria y las bases comiciales correspondientes representaría una usurpación del poder constituyente del pueblo y una vulneración de los artículos 333 y 350 de la Constitución, por lo que el pueblo de Venezuela enfrentará decididamente tal elección y desconocerá activamente el proceso que se lleve a cabo en contra de la soberanía popular.

Carlos Romero
07 de junio 2017

Respuesta de la AN a la iniciativa del Presidente ilegítimo a una supuesta Constituyente.



Un nuevo Acuerdo fija posición sobre la Constituyente.

El 2 de mayo, la Asamblea Nacional a través de un nuevo Acuerdo rechaza expresamente por inconstitucional la pretensión del Ejecutivo Nacional de convocar a una supuesta Asamblea Constituyente sin consultar al electorado venezolano a través de un proceso de referéndum con voto directo, universal y secreto.

Además, en el Acuerdo denunció y expresamente declaró que Nicolás Maduro Moros usurpa el poder del pueblo de Venezuela, depositario del poder constituyente originario al violar flagrantemente los artículos 5 y 347 de la Constitución.

Por último, alertó que la Constituyente responde a un Golpe de Estado continuado con una clara intención de disolver la República.

Argumentos jurídicos para el rechazo:

1.- Artículos 5 y 347 de la Constitución, en los cuales se establece que el constituyente originario es el pueblo, en quien reside intransferiblemente la soberanía.   La Asamblea Nacional en el Acuerdo recuerda que esta afirmación es un presupuesto del Estado y un principio fundamental de Derecho Constitucional.

Además, recuerda la Asamblea Nacional que esa soberanía se ejerce de dos formas:

-Directamente en la forma prevista en la Constitución o,
-Indirectamente, por los órganos que ejercen el Poder Público y por el voto.

2.- Principio de Universalidad del Sufragio.  Advierte la Asamblea Nacional que cualquier convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente debe preservar la universalidad del sufragio, por lo que estaría fuera de la Constitución la instalación de un órgano corporativo que fracture la soberanía con pretensiones de Asamblea Nacional Constituyente.

Argumentos políticos para el rechazo:

-Violación sistemática de la Constitución.   El Acuerdo destaca en uno de sus considerandos que desde hace más de 30 días hay protestas en la calle, exigiendo la celebración de elecciones y el respeto a la Constitución y a la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015 por catorce millones de electores, reiterando la Asamblea Nacional que esa situación de protesta y de reclamo es causada precisamente por las continuas violaciones al texto fundamental en que han incurrido e incurre el Ejecutivo Nacional, el Poder Judicial y el Poder Ciudadano.

Reclama la Asamblea Nacional se mantendrán firme en esa exigencia, a pesar de la brutal represión que ha dejado víctimas fatales. 

-Que hay una crisis que no puede ignorarse.  Recuerda la Asamblea Nacional que el problema actual es la crisis humanitaria, económica y social, cuyo responsable principal el gobierno a través de las erradas políticas del gobierno y la crisis de gobernabilidad.

En este sentido, la Asamblea reitera que la causa de la crisis es el gobierno de Nicolás Maduro Moros y no la Constitución.

Calificación de esta Convocatoria.

La Asamblea Nacional califica este proceso político de la siguiente manera:

-Es un fraude a la Constitución y una usurpación del Poder Originario que corresponde exclusivamente al pueblo, único sujeto político que podría convocar a una legítima Asamblea Nacional Constituyente, tal como lo establece inequívocamente el artículo 347 de la Constitución;

-Es la más reciente y grave materialización del golpe a la Constitución de un gobierno que se niega a respetar las reglas del Estado Democrático de Derecho y pretenden una vez más burlar la soberanía popular y hacen en tal sentido un llamado a defender la Constitución en base al artículo 333 de la Constitución.

Exigencias que hace el Acuerdo.

El Acuerdo en rechazo a la fraudulenta convocatoria de una supuesta Asamblea Constituyente no electa democráticamente y en defensa de la soberanía popular que reside intransferiblemente en el Pueblo, hace los siguientes llamados:

-Al Poder Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano y a todos los órganos del Poder Público que respeten la soberanía popular y que se abstengan de avalar la iniciativa fraudulenta de Nicolás Maduro Moros de convocar una Asamblea Constituyente sin una consulta al electorado que tenga como cauce de instrumentación el voto directo, universal y secreto de los venezolanos a través de un referéndum.

-A la Fuerza Armada Nacional, en todos sus componentes y estructuras, para que observen el artículo 333 de la Constitución y respeten de manera fiel el marco jurídico-institucional establecido en el Texto Fundamental, no atendiendo órdenes superiores que lesionen derechos humanos y menoscaben los principios fundamentales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por último y no menos importante, el rol del Parlamento en esta crisis.

La Asamblea Nacional reitera su compromiso con la defensa de la Constitución y el restablecimiento de su efectiva vigencia, ante las decisiones del Ejecutivo Nacional de derogarla por mecanismos distintos a los previstos en ella.

En ese sentido, insiste como lo ha hecho en el pasado, en convocar a los venezolanos a cumplir con el mandato del artículo 333 de la Constitución como mecanismo de defensa del orden constitucional.

Por otro lado, reitera en el Acuerdo, que sus exigencias para la solución de la crisis son las contenidas en el “Manifiesto de la Asamblea Nacional como vocera del pueblo soberano para lograr restituir la democracia”, aprobado en sesión especial realizada el pasado día jueves 27 de abril de 2017, entre ellas la fijación del cronograma electoral para la celebración de elecciones libres, sin presos políticos ni inhabilitados.

Carlos Romero
6 de junio de 2017