miércoles, 31 de mayo de 2017

Dos sentencias, una Sala Constitucional y un mismo fin político.

El 16 de mayo de 2017, la Sala Constitucional en su Sentencia 355, recordó que hay un nuevo paradigma de participación ciudadana desde la vigencia de la Constitución de 1999, a través del cual la participación no se condiciona al ejercicio del sufragio o la designación de representantes a cargos públicos de representación popular.

La Sala Constitucional reconoce que el nuevo paradigma privilegia la participación ciudadana como un derecho general en el proceso de desarrollo económico y social, reivindicando el papel de los sujetos sociales en la formulación de políticas y programas de acción pública.  

La supuesta intervención efectiva de los ciudadanos en todos los ámbitos del acontecer nacional, que busca esa nueva concepción de participación, contrasta de manera radical con la realidad experimentada por la sociedad venezolana en el caso de la solicitud del referendo revocatorio, en el proceso de legalización de partidos políticos y ahora en la convocatoria unilateral de una Asamblea Constituyente.

Con la Sentencia 355 la Sala Constitucional buscó reconocer por un lado a la comuna como un actor institucional, con caracter muy particular o especial y por el otro, pretendió validar la asamblea de ciudadanos como un instrumento político de participación, todo ello en detrimento del municipio, y del derecho a la libre asociación y participación.

La tarea de impulsar el modelo del poder popular desde la Sala Constitucional, se complementa con la Sentencia dictada el 31 de mayo de 2017, mediante la cual se afirma que no es necesario y menos aún obligante convocar a una consulta popular para la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

En esa sentencia del 31 de mayo de 2017,  la Sala Constitucional asume que la democracia participativa se ejerce en el ordenamiento jurídico venezolano a través del poder popular, en consecuencia, peligrosamente los magistrados de la Sala Constitucional, sostienen que el ejercicio directo de la soberanía popular previstos en el artículo 70 de la Constitución se desarrolla en nuestro ordenamiento jurídico a través de las leyes del poder popular.

Para la Sala Constitucional el pueblo es titular de la soberanía y su ejercicio efectivo es a través del poder popular que encarna la democracia directa; la Sentencia también afirmó que no es posible pretender que las expresiones de ese poder popular sean elegidas como si se tratara de una “representación” del cuerpo electoral, lo que es común en la democracia representativa.

La Sentencia señala que la democracia participativa, se manifiesta de dos formas, la primera a través de referendos (referéndum consultivo, revocatorio, aprobatorio y abrogatorio) y la otra, mediante el ejercicio directo de la soberanía a través del poder popular.  

Para la Sala Constitucional democracia participativa es democracia directa y se ejerce, como ya se señaló, vía poder popular y cuando se habla del ejercicio indirecta de la soberanía, la Sentencia reconoce que la misma se ejerce a través de los órganos del Poder Público.

El artículo 71 de la Constitución reconoce como una opcion, la utilización del referendo como un mecanismo para consultar asuntos de especial trascendencia nacional, en el caso de la consulta popular para la Constituyente, la Sala Constitucional, ignoró todo lo que ha señalado en relación al privilegio que la Constitución de 1999 otorga a la participación ciudadana y decidió que no era necesario y menos aún una obligación constitucional convocar a una consulta popular para convocar a una Constituyente.  

¿Dónde quedó el concepto de derecho general a participar en todos los asuntos públicos en el marco de un nuevo paradigma de participación?. 

Para justificar su decisión, la Sala argumentó que en el caso de la convocatoria a una constituyente, hay circunstancias objetivas sobrevenidas que ambientan el proceso de instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, las cuales se refieren a la aguda situación de la crisis política que ha provocado el decreto de un estado de excepción no concluido aun, que ha motivado la toma de decisiones genéricas, expeditas y de profundidad constitucional, dentro de la cuales, por iniciativa del Presidente de la República se ha resuelto iniciar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que pueda en condiciones pacíficas poner de acuerdo al país en un nuevo Contrato Social, sin hacer uso en esta oportunidad, por tales circunstancias, de lo previsto en el citado artículo 71.

Adicionalmente la Sala Constitucional buscó en el Debate de la Constituyente de 1999 otro argumento y concluyó que en aquél momento no se limitó la Asamblea Constituyente por ser ella expresión directa de la soberanía popular.

La Sala Constitucional, luego de varios argumentos, llegó a la conclusión que por no estar contemplado en ninguna disposición del Capítulo III del Titulo IX, la obligación de un referendo consultivo para convocar a una Asamblea Constituyente, entonces no era necesaria  la consulta popular.

Con estas dos sentencias, en primer lugar, el Tribunal Supremo de Justicia nuevamene abandona su función de ser garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, complementando la ruptura del orden constitucional y el golpe de estado continuado que declaró la Asamblea Nacional el 23 de octubre de 2016.

En segundo lugar, las dos sentencias pretenden justificar la existencia del Estado comunal, uno de los objetivos previstos en la agenda de la Constituyente convocada por el Presidente y peligrosamente abre el camino para debilitar el ejercicio del sufragio directo, universal y secreto en beneficio de la validación del sistema electoral diseñado en el modelo comunal.

Un régimen que opera bajo un estado de excepción inconstitucional, que tuvo que buscar romper el hilo constitucional para mantenerse en el poder y negar el protagonismo del pueblo para evitar medirse en un revocatorio y ahora en una constituyente, ha vacíado de legitimidad a la Presidencia.  

Estas sentencias impone como desafio a la sociedad venezolana el ejercicio del derecho a invocar la desobediencia civil frente a esa constituyente que proviene de un régimen que además de ilegítimo opera al margen de la constitución; pero también exige, que el ejercicio del 350, se vincule con la obligación prevista en el 333 de la Constitución a los fines de articular las acciones pertinentes, cívicas y pacíficas para exigir de manera efectiva, pública y notoria la restitución del orden constitucional y democrático del país.

Es el momento de hacer sentir la voz del ciudadano desde cada comunidad, de tomar nuestras aceras para unir muchas voces a los reclamos y denuncias de la Conferencia Episcopal, de la Asamblea Nacional, de la propia Unidad y de muchos otros actores, en defensa de la democracia y de la Constitución.


Carlos Romero Mendoza.
31 de mayo de 2017

lunes, 29 de mayo de 2017

Ruptura del orden constitucional y desconocimiento al Ejecutivo Nacional




La Asamblea Nacional a través de sus Acuerdos ha venido expresando en palabras y dejando registro de la historia política que transcurre en la actualidad, llegando a decir aquello que muchos quieren decir, pero no se atreven, no saben cómo, no logran articular espacios para hacerlo o simplemente muchos esperan que sean otros lo que lo expresen.

Esos Acuerdos ponen en relieve que la única Asamblea Nacional desde 1999 se ha pronunciado oportuna y de manera decisiva contra un gobierno que simplemente pretende anularla.  Eso es importante destacarlo porque NO SE PUEDE PERMITIR que nos arrebaten la Asamblea Nacional, como hizo la Asamblea Nacional Constituyente con el Congreso de la República.

En los Acuerdos aprobados por la Asamblea Nacional se pueden encontrar argumentos políticos para rechazar cualquier intento de avanzar en un proceso constituyente, ignorando que desde mayo 2016 se ha venido produciendo un golpe de estado continuo.

Una mirada a aspectos importantes de varios Acuerdos:

Acuerdo exhortando al cumplimiento de la Constitución y sobre la responabilidad del Poder Ejecutvio Nacional, del TSJ y del CNE para la preservación de la Paz y ante el cambio democrático en Venezuela.  10 de mayo de 2016.

En ese Acuerdo, la Asamblea Nacional denunció:  ruptura del órden constitucional y democrático en Venezuela, por violación a las  disposiciones constitucionales por parte del Poder Ejecutivo Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral.

Luego el 23 de octubre 2016 la declara formalmente, en el Acuerdo para la restitución del orden constitucional en Venezuela.

Retomando el Acuerdo del 10 de mayo de 2016, La Asamblea Nacional exhortó a los distintos actores del Poder Público para que cumplieran su labor.   

En cualquier asamblea o reunión, basta revisar esas exhortaciones y preguntarle a los asistentes si la misma fue o no atendida por la Asamblea Nacional y en base a la respuesta construir una conclusión que sería la narrativa de un argumento político en el cual se destaque la intencionalidad de acabar con la institucionalidad de la Constitución de 1999 y por ello llega a la Constituyente.

En ese Acuerdo, la AN expresamente eleva un llamado a los siguientes actores:

-Presidente de la República, la AN le instó a remover los obstáculos que impedían el diálogo.  Cuestionó al gobierno de pretender permanecer en el poder, lo cual calificó como una actitud irresponsable.

-A la Sala Constitucional le exigió ser intérpretes estrictos del texto constitucional.  Les instó a no incurrir en abusos en el ejercicio de la función jurisdiccional y que hicieran valer la independencia del Poder Judicial frente al gobieron de Nicolás Maduro.

-Al CNE le exigió condiciones favorables para el ejercicio del derecho fundamental a la participación política de los venezolanos.  Se exhortó al poder electoral actuar como órgano imparcial.

En ese Decreto de mayo de 2016 la Asamblea Nacional propuso al ejecutivo demostrar responsabilidad en el ejercicio del gobierno y a tal fin, propusieron:

  •  Liberación de presos ,
  • Ayuda humanitaria,
  • Abandone discurso de ofensa y de odio.
  • Construir agenda comun con país.

Una Agenda reconocida por todos los actores, y que debe repetirse una y otra vez, porque no puede una Constituyente venir e imponer una realidad sin atender las necesidades elementales de la sociedad que se han exigido en distintas oportunidades y por distintos actores, como en este caso la AN.

Acuerdo sobre el Rescate de la Democracia y la Constitución.  13 de octubre 2016.

En ese Acuerdo hay un principio que como argumento político y jurídico es importante destacar y recordar una y otra vez.

La supremacía constitucional no cede ante el autoritarismo del Poder Ejecutivo, ni ante la tergiversada interpretación  de sus normas por parte dre la Sala Constitucional, es una obligación el 333 de la Constitución.

Importante es señalar que en ese Acuerdo la Asamblea Nacional fijó una posición, que en cada oportunidad los ciudadanos deberíamos divulgar, anunciar y respaldar, porque es el único Poder legitimo y que ha dicho las cosas como son.  La posición que asumió en aquél momento, fue:

Desconocer la autoridad y vigencia de los actos del Poder Ejecutivo y de las sentencias del TSJ contrarias a los valores, princpios y garantías democráticos y lesionen los derechos funamentales.

El 350 de la Constitución puede soportarse en este Acuerdo para desconocer todo acto y toda sentencia que violente los valores, principios y garantías democráticos.

Dos exhortaciones hace la Asamblea Nacional en ese Acuerdo:

Nuevamente se dirige al CNE a exigir condiciones favorables al ejercicio de derechos políticos, garantizando su plena vigencia y efectividad.

Además, llama a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que garanticen el ejercicio de los derechos políticos y el repesto de la volutnad del electorado, espeicalmente el referendo revocatorio y elecciones regionales y coadyuven al restablecimieno del Estado de Derecho.

Por último, se compromete en ese Acuerdo a:

Consultar y organizar a la sociedad venezolana para foverecer un gran movimiento cívico nacional en defensa de la Constitución de la democraica y el voto.

Acuerdo para la restitución del orden constitucional en Venezuela.  23 de octubre de 2016

En este Acuerdo la Asamblea Nacional declara la ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de estado continuado cometido por el régimen de Nicolas Maduro contra la Constitución y el pueblo.

Se dirige a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y le exige no obedecer ni ejecutar ningún acto o decisión contraria a la Constiución.

Nuevamente se dirige a la sociedad organizada y convoca al pueblo a la defensa activa, constante y valiente de la Carta Magna, la democracia y el estado de derecho hasta lograr la restitución del orden constitucional

Y plantea en ese Acuerdo evaluar la situación constitucional del Presidente.

Acuerdo en rechazo a la ruptura del orden constitucional y a la permanencia de la situación de golpe d eestado en venezuela   5 de abril 2017

La Asamblea Nacional en ese texto, condena lo que calificó de violación generalizada y sistemática del orden constitucional y democrático en Vneenzuela y el golpe de estado comentdio lo cual se hav isto conformado por más de 50 sentencias inconstitucionales y agravado por las sentencias 155 y 156.
Acuerdo en rechazo a la ejcución continuada del golpe de estado y en condena a la represión, persecusición, torturas y otras violaciones a los derchos humanos de la población. 19 de abril 2017.

Se exhorta a las autoridades y funcionarios públicos a respetar la Constitución y garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales.

Claramente a lo largo de 4 Acuerdos desde mayo 2016 y hasta abril 2017, el mensaje de la Asamblea Nacional ha estado insistiendo en la ruptura del orden constitucional y democrático provocada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a tal punto que llegó a desconocer la autoridad y vigencia de esos poderes cuando contrarian a los valores y principios constitucionales.

Ese mismo Poder Ejecutivo, pretende ahora manipular la Constitución para imponer una Constituyente, engañando a los ciudadanos y buscando ocuparlos en un debate que pretende dejar en un segundo nivel o restarle importancia a una realidad:   la ruptura del orden constitucional y democrático en el país.

Es ilegítimo convocar a una Constituyente, quien no respeta la Constitución y quien está a espaldas de la voluntad popular, por ello es inconstitucional también esa convocatoria porque no hay mecanismo alguno que logre incluir la voz del soberano, que es la misma voz que en el año 1999 aprobó la Constitución.

Como representantes del pueblo, la Asamblea Nacional, abrió el debate político sobre un tema nacional en el seno del espacio natural de los debates políticos y ha denunciado lo que hoy es más que evidente, el régimen está fuera de la Constitución.

 Carlos Romero Mendoza
29 de mayo de 2017

martes, 23 de mayo de 2017

Sala Constitucional reconoce a las Comunas y con ellas debilitar el voto directo, secreto y universal.



La Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM) vigente, a partir del año 2010 introduce a la Comuna como una nueva entidad local, en tal sentido, el artículo 19 identifica como entidades locales a:



1.         La comuna.

2.         Los distritos metropolitanos.

3.         Las áreas metropolitanas.

4.      Las parroquias y demarcaciones dentro del territorio del Municipio, tales como la urbanización, el barrio, la aldea y el caserío. 


Para la creación de esas entidades locales la LOPPM estableció que es necesario una ley estadal, pero al mismo tiempo, estableció que la Comuna tendría su propia ley, a través de la cual se regularía su conformación y desarrollo.  


La Sala Constitucional en su sentencia No.355 de fecha 16 de mayo de 2017, ignorando su dudosa legalidad, intenta reconocer a la Comuna como un actor legítimo del modelo institucional del Estado Venezolano.


La Sentencia 355 de 16 de mayo de 2017  reconoce a la comuna como una “entidad especialísima, que no se asemeja a ninguna otra entidad de carácter local” y por ello justifica que no puede estar regida de la misma forma que el resto de las entidades locales, razón por la cual, se crea una ley orgánica que desarrolle sus presupuestos básicos y regule sustancialmente todo lo concerniente a ellas.



La Sala Constitucional pretende validar el trato especial que legislador ha hecho de la comuna, afirmando que ello no implica una sustracción del carácter local de la entidad, y mucho menos una violación a la autonomía municipal. 



Los supuestos y condiciones para crear entidades locales, según lo preve el artículo 173 de la Constitución, serán las previstas en la Ley, que en el caso que se analiza, claramente es la LOPPM y además, esa norma agrega que la creación de esas entidades locales debe responder a la iniciativa vecinal o comunitaria, con el objeto de promover la desconcentración de la administración del Municipio, la participación ciudadana y la mejor prestación de los servicios públicos.



Esa norma constitucional que en principio pareciera regular sólo a las Parroquias como entidades locales, permite a la Sala Constitucional justificar el reconocimiento de las Comunas como actores legales de la institucionalidad política. 



Obviamente la Sala Constitucional no se pronuncia sobre la naturaleza y misión de las Comunas, es decir, como actor en la propuesta de un nuevo modelo político, económico y social que fue rechazado en un referendo en el 2007, pero que se retomó en el denominado Plan de la Patria 2013-2019. Es precisamente en el análisis de la misión de las Comunas en el diseño de Estado en donde se identifica el engaño y la estafa que representa esa entidad local, que por esencia no responde a los principios de un Estado Federal descentralizado en los términos que indica la Constitución vigente.


La Sentencia reconoce que la iniciativa para la creación de las parroquias y las otras entidades locales corresponde a la organización de la comunidad mediante agrupaciones sociales electas democráticamente y debidamente registradas ante los órganos competentes, lo cual no está aludiendo únicamente a las instancias del Poder Popular, pues los requisitos exigidos por la Ley se refieren específicamente a la elección y registro de las mismas sin diferenciar la obligatoriedad de ser un Consejo Comunal, una Comuna o una Ciudad Comunal, que son las instancias de participación del Poder Popular.


Esa afirmación de la Sala Constitucional ignora la realidad, desconoce lo que sucede en la práctica a través de Fundacomunal y en la dinámica práctica entre la relación gobierno y ciudadanos, que hoy se ha pretendido canalizar de manera excluyente sólo a través de quienes se organicen en instancias del Poder Popular y que estén reconocidos por Fundacomunal, lo que supone en términos generales, organizaciones comprometidas al desarrollo del proyecto político, económico y social denominado Plan de la Patria 2013-2019.



La Sala Constitucional, también vincula el artículo 173 previamente señalado con el artículo 128 de la Constitución, que establece expresamente la responsabilidad del Estado en el desarrollo de la política de ordenación del territorio con la premisa del desarrollo sustentable e incluyendo la participación ciudadana en ese proceso de ordenación del territorio.



Según la Sala Constitucional, a través de la Comuna se plantea una nueva concepción de la capacidad de aprovechamiento de los territorio, espacio, población y desarrollo económico-social, los cuales constituyen la base de la política de Estado que ha de desarrollar la ordenación territorial.   Con ese argumento la Sala Constitucional sostiene que su creación no implica la desobediencia de los mandatos contenidos en la Constitución sobre el Municipio, negando su carácter inconstitucional como entidad local. 
 

Es muy claro que la Sala Constitucional intenta construir una narrativa que encuentre en la voluntad del constituyente la justificación de privilegiar la participación ciudadana y validar el modelo de elección que fue diseñado para el modelo comunal como un mecanismo reconocido y aceptado para garantizar una participación ciudadana efectiva. 


La Sentencia recurre a los artículos 30 y 33 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal que desarrollan la Parroquia como entidad local, para buscar allí la prueba o evidencia de la importancia que por mandato constitucional tiene la participación de la comunidad organizada. Los Magistrados omiten señalar que esos artículos hacen referencia a la parroquia, no a la comuna, en consecuencia, ¿por qué no fortalecer las parroquias, lejos de crear una nueva entidad local?.


La Sala Constitucional además de justificar la creación de la Comuna a los fines de promover  una política de ordenación del territorio a través de una nueva entidad local, recuerda, como lo hace a lo largo de la Sentencia 355, que el legislador nacional, tiene potestad de modificar o alterar los niveles de autonomía municipal, pues la misma está condicionada a la Constitución y a las leyes de la República.


Sostiene la Sentencia que en Venezuela no existen Confederaciones y que los entes políticos territoriales, tal como su nombre lo indica, forman parte de un todo, que es el Estado venezolano, cuyas competencias se encuentran desarrolladas en la Constitución Nacional y, por lo tanto, es ésta quienes ha de establecer tanto sus atribuciones como sus límites, de allí que las leyes nacionales jueguen un papel fundamental para garantizar el desarrollo de los preceptos normativos del Texto Fundamental, por ello, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, como se puede advertir a lo largo del análisis realizado sobre el particular se sancionó con total apego a las normas constitucionales.   


En conclusión, la Sala Constitucional, pretende reconocer que la “Comuna se erige como una entidad local que busca consolidar el desarrollo social del Estado, a través de una nueva utilización del espacio, del territorio y de sus recursos, logrando el desarrollo social y económico integral de todo el territorio nacional; de esta forma, la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, establece el carácter especialísimo de esta entidad local, la cual tal como señala el artículo 19 numeral 1 se regirán por la ley de su creación”.

La Sentencia afirma que la Comuna es un mecanismo de participacion ciudadana y de agrupamiento tanto vecinal como colectivo, que se integran idependientemente del territorio municipal, que no puede asumirse como un desmembramiento del Municipio, por el contrario, es una noción distinta e independiente que no guarda relación con los límites del poder local.

Por lo tanto, es grave que advierta que la Comuna termina siendo una entidad de base participativa e integral, calificación que no existe en la Ley,  ajena al esquema tradicional de la división vertical del Poder Público. 

Claramente con esa Sentencia 355 se desconoce el reconocimiento del Municipio como unidad política primaria y como única forma de organización del territorio nacional, tal y como lo señala expresamente la Constitución Nacional.


Los ilegales Magistrados de la Sala Constitucional pretenden reconocer a la Comuna como entidad local y de esa manera, engañan a los venezolanos, pues lo que realmente están haciendo es facilitando el desmontaje del modelo de Estado Federal Descentralizado.  Lo grave es que lo hacen cuando a todas luces es evidente el fracaso del modelo comunal.


La legitimidad sin duda alguna aparece como un tema básico en el debate electoral, pues como bien lo expresa Sobella Mejías, ex rectora del CNE, hay principios que no admiten discusión, como el principio de igualdad y no discriminación, en tal sentido, afirmó que “no hay venezolanos ni de primera ni de segunda (…) los Clap, las UBCH, consejo comunales no poseen legitimidad de origen” y hay que agregar a esa lista  a las denominadas Comunas[1].


Como lo señaló Mejías, el único parámetro para un proceso electoral válido,  es el Registro Electoral Permanente, por lo tanto si asumimos ese parámetro en los procesos de supuesta conformación de las Comunas, atendiendo a la legalidad existente, claramente muchas de ellas no podrán justificar su propia existencia. 


Carlos Romero Mendoza
23/05/2017


[1] Panorama.  Exrectora del CNE Sobella Mejías: Proceso Constituyente debe ir a referéndum consultivo.  18 de mayo de 2017.  Online en: http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Exrectora-del-CNE-Sobella-Mejias-Proceso-Constituyente-debe-ir-a-referendum-consultivo-20170518-0017.htmlLa