viernes, 24 de febrero de 2017

Un ejemplo de participación y Tecnología unidas desde la institucionalidad local para hacer efectiva la inclusión en temas públicos.

Cuando la participación se encuentra con la tecnología para hacer efectiva la inclusión del ciudadano en los temas de la ciudad, encuentran para febrero 2017 una plataforma interesante de revisar y valorar como esfuerzo de acercar al ciudadano a los temas públicos. 

El programa se desarrolla en Barcelona, España y se llama Decidamos la Barcelona que queremos.(Imagen 1)

Imagen 1
La plataforma se presenta como un espacio digital para una ciudad más abierta, transparente y colaborativa. 

En su contenido para el 24 de febrero de 2017 se presenta con varios procesos abierto de consulta o de oferta concreta de participación, a saber: 
  1. Coproducción de proyectos en Grácia.  
  2.  Situación del Teatro Arnau. 
  3. Programa de actuación municipal. 
  4. Normas de participación. 
  5. MetaDecidim Red de Bus. 
  6. La Meridiana te pide tú cambio. 
  7. Mercado de Sant Antoni. 
Cada uno de esos procesos o temas, tienen su propia descripción, por ejemplo, revisemos uno de ellos, a saber: Programa de actuación municipal. 

La plataforma web le explica en un resumen al ciudadano de qué se trata esa consulta y a través del mismo invita a que participe en el proceso de consulta que libremente podría iniciar a partir de esa lectura. En este caso la autoridad local le dice al ciudadano: 

Imagen 2
El Plan de Actuación Municipal se elabora al inicio de cada mandato y establece las líneas prioritarias, los objetivos y las actuaciones de la acción del gobierno. Es, por tanto, la hoja de ruta municipal que orienta qué modelo queremos para nuestra ciudad. El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un proceso de participación ciudadana para construir, pensar y debatir las actuaciones y prioridades de este mandato. Un paso adelante en la construcción colectiva de una ciudad más justa y democrática (Imagen 2)

Este tema elegido como ejemplo, así como los demás mencionados previamente, tienen su propia ficha, su propio proceso de consulta y garantiza no sólo la  información necesaria para la participación, sino también los mecanismos efectivos para que realmente el ciudadano pueda expresarse sobre el tema específico si así lo desea. 

Veamos la ficha digital que este tema presenta al interesado que luego de leer la introducción acepta entrar en el proceso de participación que oferta el gobierno municipal. 

El primer paso del proceso es una página web en la que está desarrollada la información básica, sobre el contenido, alcance, documentos adicionales, links relacionados de la propuesta que se consulta. 

El segundo paso del proceso, desarolla un espacio virtual en el cual el interesado puede revisar las propuestas que se han registrado sobre el tema, desde el inicio de la consulta hasta la fecha que corresponda. Para el 24 de febrero 2017, en esa etapa se anuncia que se registraron unos 10.860 propuestas. Por cierto además de permitir que el interesado las revise una por una, facilita al interesado votar también de manera individual por esas propuestas según su interés. 

El tercer paso, tiene que ver con la información al interesado sobre los encuentros presenciales para abordar la propuesta, identificando con un mapa el lugar, facilitando la dirección y una reseña del mismo. 

Un carto paso permite entrar a un espacio virtual en el cual la oportunidad de escribir, opinar y debatir se abre al interesado. 

Un último paso en ese paso virtual al proceso de consulta número 3 de los ofertados por el Municipio de Barcelona, permite revisar, evaluar y valorar el resultado final del proceso de consulta. 

Pasos y Etapas del proceso de consulta
La plataforma no se agota con ese último paso, permite además, que los interesados puedan revisar de manera esquemática cuáles y cuántas fueron las etapas desarrolladas en este proceso participativo, en este caso que se revisa, fueron 4 etapas, ellas fueron: 

Información. Que desarrolla brevemente el tema de la propuesta y el proceso participativo. 
Aportaciones. Que explica que por dos meses y medio se abrió la consulta a los vecinos. 
Respuesta. Que es el compromiso del gobierno de dar respuesta a las propuestas, a las consultas que le han formulado. 
Retorno. En esta etapa se presenta el plan de acción municipal con los aportes que se han logrado sistematizar de este ejercicio. 

El único requisito para participar es registrarse en la plataforma.

Este es un interesante proceso de inclusión ciudadana a través de la tecnología, en temas de desarrollo local, promovido por un gobierno municipal y que respeta el procedimiento lógico de iniciar un proceso y cerrarlo de manera adecuada y oportuna según las expectativas creadas. 

Para muchos este proceso podría ser valorado como algo muy normal, pero no lo es para los Venezolanos.

En Venezuela para lograr una experiencia así, necesitamos superar el Plan de la Patría 2013-2019, y promover que espacios que hoy detenta el Consejo Local de Planificación Pública, pero que mañana pudiera ser otro, asuman el reto de poner a disposición del ciudadano las ideas de desarrollo y facilitar la inclusión con herramientas tecnológicas como ésta. 

En el diseño institucional de hoy, en el marco constitucional vigente, el Consejo Local de Planificación Pública, sólo necesitaría una reforma legislativa, que restituyera su integración conforme al marco de la propia constitución, que promoviera una verdadera pluralidad en su integración y representación y que le permitiera mecanismos adecuados para reincorporar a nuestros municipios al debate de una agenda global que se expresada en distintos documentos internacionales a saber: en los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, en la Nueva Agenda Urbana (Hábitat III) y en la propia Encíclica Laudato Si. 

Venezuela necesita rescatar la institucionalidad para poder abordar con responsabilidad el desarrollo local y así contribuir con el desarrollo nacional en miras de superar las ruinas institucionales que ha dejado el Socialismo del Siglo XXI y construir una sociedad plural, incluyente y con calidad de vida, en el que se respete la dignididad del ser humanos, se reconozcan los derechos humanos y se reestablezca el Estado de Derecho. 

LINK DE LA PLATAFORMA DECIDAMOS LA BARCELONA QUE QUEREMOS:


Carlos Romero Mendoza

Asamblea Nacional fija posición frente a proceso de renovación de partidos y organizaciones políticas.


La Asamblea Nacional fijó posición frente al proceso de legalización de los Partidos Políticos y Organizaciones Políticas mediante el  ACUERDO SOBRE EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y EL PROCESO DE RENOVACIÓN DEL REGISTRO DE MILITANCIA IMPUESTO POR EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, aprobado el día 14 de febrero de 2017.

La estructura de ese Acuerdo es la siguiente:
 
- 10 Considerandos

- 04 Acuerdos.



El contenido de los Considerandos son los siguientes: 
 

1.-  Fundamento legal.
 

Los artículos sobre los cuales la Asamblea Nacional se fundamenta para expresar su rechazo al proceso de renovación del Registro de la militancia de los partidos y organizaciones políticas son los siguientes:



1.-  Artículo 52, a través del cual se consagra el derecho a la libre asociación para fines lícitos y la obligación del Estado a garantizar el ejercicio de esa libertad.
 

Artículo 52. Toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley. El Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho.
 

2.- Artículo 62, a través del cual se garantiza el derecho de todos los ciudadanos a participar libremente en los asuntos pública y a tal fin el Estado está obligado a generar condiciones favorables para el ejercicio de ese derecho.

Artículo 62. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas.


La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.

3.- Artículo 67 a través del cual la Constitución reconoce el derecho de todo ciudadano o ciudadana a asociarse en organizaciones con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección; 

Artículo 67. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. Sus organismos de dirección y sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus integrantes. No se permitirá el financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado.


La ley regulará lo concerniente al financiamiento y a las contribuciones privadas de las organizaciones con fines políticos, y los mecanismos de control que aseguren la pulcritud en el origen y manejo de las mismas. Así mismo regulará las campañas políticas y electorales, su duración y límites de gastos propendiendo a su democratización.


Los ciudadanos y ciudadanas, por iniciativa propia, y las asociaciones con fines políticos, tienen derecho a concurrir a los procesos electorales postulando candidatos o candidatas. El financiamiento de la propaganda política y de las campañas electorales será regulado por la ley. Las direcciones de las asociaciones con fines políticos no podrán contratar con entidades del sector público.

2.-           Fundamento político:

La actuación que se espera del Consejo Nacional Electoral:

La Asamblea Nacional expresamente recuerda el artículo 294 de la Constitución en el cual se expresa los principios que deben inspirar al Consejo Nacional Electoral, ellos son:
  • Independencia orgánica.
  • Autonomía funcional y presupuestaria.
  • Despartidización de los organismos electorales.
  • Imparcialidad y participación ciudadana.
  • Descentralización de la administración electoral.
  • Transparencia.
  • Celeridad del acto de votación y escrutinio.
Importancia de los partidos políticos para el sistema democrático:

La Asamblea Nacional reitera que los partidos u organizaciones políticas son instituciones esenciales de la democracia.  El Acuerdo reconoce que la diversidad de organizaciones políticas, garantiza el pluralismo político y la apertura ideológica, lo que contribuye a la evolución de la democracia.

El documento político de la Asamblea también destaca la necesidad de favorecer la existencia de estas organizaciones políticas, recordando que el principio de representación proporcional facilitó el funcionamiento y la presencia de las mismas.

Denuncia que motiva el Acuerdo:

1.-           Que el proceso de renovación del registro de militancia de las organizaciones políticas está diseñado de tal modo que se convierte en una barrera injustificada para el mantenimiento de la inscripción y existencia de las organizaciones políticas.

2.-           Que el ente Rector del Poder Electoral pasa a actuar como un órgano que crea obstáculos para la pervivencia de estas organizaciones en lugar de facilitar su funcionamiento.
3.-           Que este efecto restrictivo sobre el ejercicio del derecho a la participación política se pone de manifiesto en el reducido número de puntos de registro de militantes aprobados, dentro de un lapso brevísimo de recolección, y en los criterios sustantivos de la reglamentación dictada por el Consejo Nacional Electoral;

Con estos tres puntos el Acuerdo de la Asamblea Nacional advierte que ese proceso atenta contra los derechos constitucionales mencionados previamente.

4.-           Que nuevamente la Sala Constitucional se convierte en un agente del proceso político que impone Nicolás Maduro y en tal sentido dicta dos sentencias que interpretan las normas relacionadas a la renovación de los partidos.

La sentencia N° 1/2016 y su correspondiente aclaratoria N° 878/2016, establecieron pautas claramente restrictivas sobre la renovación de la nómina de militantes y el mantenimiento de la inscripción de las organizaciones políticas.

La Sentencia fijó condiciones no previstas en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, con lo cual violentó la reserva legal que rige en la materia y las atribuciones de la Asamblea Nacional, así como de los derechos y principios constitucionales señalados. 

La decisión del 5 de enero de 2017[1] señaló:

1.-           EL 1% del voto a que se hace referencia en la Ley es el voto lista, porque éste es el que resulta de los candidatos postulados por un determinado grupo u organización política.

2.-           Hay renovación automática sólo si el partido político respectivo, logró una votación igual o superior al 1% de los votos válidos en una elección nacional en por lo menos 12 de los Estados Federales, en caso contrario, deberá renovarse, aplica tal norma a los partidos regionales. 

3.-           Se prohíbe la doble militancia. 

La otra decisión publicada el 21 de octubre de 2016[2], además de reiterar algunos puntos de la anterior decisión, exhortó al CNE a garantizar que no se produzca el registro de una doble militancia y destacó que el partido que no cumpla con la renovación, no podrá participar en ningún proceso electoral, sea interno, o bien de carácter municipal, estadal o nacional.   Esta última sentencia reprogramó el calendario de renovación.

5.-           Denunció también la Asamblea Nacional que una de las Rectoras del Consejo Nacional Electoral manifestó públicamente que no pueden adelantarse convocatorias a elecciones hasta que culmine la renovación del registro de militancia, lo cual no tiene ningún sustento legal.  

6.-           Por último, la Asamblea Nacional a través de su Acuerdo, recordó que la elección de Gobernadores o Gobernadoras debió celebrarse en el año 2016, y que el Consejo Nacional no puede aducir el proceso de renovación de registro de militancia como pretexto para seguir postergando estos comicios. 

Los Acuerdos de la Asamblea Nacional del 14 de febrero:

-Rechazar las condiciones del proceso de renovación del registro de militancia de las organizaciones políticas impuesto por el Consejo Nacional Electoral por las siguientes razones:

  • Viola derechos y principios constitucionales.
  • Evidencia el propósito de supeditar la soberanía popular, y el derecho a ejercerla a través de esas organizaciones o de otros medios de participación directa o indirecta, a intereses partidistas y a concepciones restrictivas de la asociación con fines políticos contrarias a la Constitución.

-Exigir al Consejo Nacional Electoral que convoque de inmediato las elecciones regionales. 


-Denunciar ante la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas, el Parlatino, el Parlasur, y demás instancias internacionales dedicadas a la garantía o promoción de los derechos humanos y de la democracia, la grave vulneración del derecho de participación política y de asociación que se pretende cometer.


Carlos Romero Mendoza
24 febrero 2017

martes, 21 de febrero de 2017

Asamblea Nacional responde al TSJ sobre la prohibición de valorar la responsabilidad política del presidente.



El 17 de noviembre de 2016, la Asamblea Nacional aprueba un Acuerdo político a través del cual fija posición sobre la sentencia 948 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia[1], el documento aprobado recibió el título de:

ACUERDO EN DEFENSA DE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS Y REPUBLICANOS, CON MOTIVO DE LA SENTENCIA N° 948 DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2016.

El Procurador General de la República (e), con la participación de otros abogados, acudieron al TSJ para solicitar un Amparo argumentando que el Acuerdo de iniciar el procedimiento de declaratoria de responsabilidad política del Presidente de la República ante la grave ruptura del orden constitucional y democrático y de la devastación de las bases económicas y sociales de la Nación, aprobado el 25 de octubre de 2016, amenaza a los Poderes Públicos, la democracia y el sistema republicano, en consecuencia atenta contra la estabilidad y paz de la República.

A través de esta sentencia, el TSJ ordena a los diputados de la Asamblea Nacional a abstenerse de continuar con el denominado “juicio político” y además extiende la prohibición a dictar cualquier otro tipo de acto que se encuentre al margen de sus atribuciones o que contraríen la Constitución.

Y para agregar más restricciones, la Sala Constitucional prohíbe a los diputados realizar cualquier convocatoria y/o acto que altere el orden público, instigue contra autoridades y Poderes Públicos.

Fundamento legal que inspira a la Asamblea Nacional a dictar el Acuerdo:

- Artículo 222 de la Constitución que expresamente reconoce que la Asamblea Nacional, en ejercicio del control parlamentario, podrá declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos.

Artículo 222:  La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución y en la ley y mediante cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su Reglamento. En ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad. 

- Artículo 232 que reconoce la responsabilidad del Presidente de la República por sus actos y por el cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo. 

Artículo 232: El Presidente o Presidenta de la República es responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo.

Está obligado u obligada a procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos y venezolanas, así como la independencia, integridad, soberanía del territorio y defensa de la República. La declaración de los estados de excepción no modifica el principio de su responsabilidad, ni la del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, ni la de los Ministros o Ministras, de conformidad con esta Constitución y con la ley.

La Asamblea Nacional en ese Acuerdo del 17 de noviembre sostiene que es incuestionable y en consecuencia, reconoce que  el Presidente de la República es un funcionario público con responsabilidad para dirigir la acción de Gobierno, conforme a lo establecido en los artículos 225 y 226 de la Constitución.

El Presidente como todo funcionario público es responsable y la Asamblea Nacional ejerce sobre el gobierno que dirige, una función de control según el numeral 3 del artículo 187 de la Constitución, por lo tanto, insiste la Asamblea Nacional, el Presidente es responsable de manera individual y personal por el ejercicio de su cargo artículos 139 y 232 de la Constitución.

El argumento de la responsabilidad del Presidente es coherente con la sentencia del 23 de junio de 2002, No. 1338, que es destacada en el contenido del Acuerdo y en la cual se afirmó:  

“La responsabilidad política es imputable sólo a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, que son las personas que ocupan cargos de dirección política. De esta manera, cuando el órgano que declara la responsabilidad es el órgano parlamentario nacional (Congreso y ahora Asamblea Nacional) sólo puede ser declarado responsable en lo político el Presidente de la República y los Ministros, como órganos directos que son de aquél. Nadie, aparte de tales personas, puede incurrir en una responsabilidad de tal naturaleza. Lo que hace el órgano parlamentario es controlar la actuación (u omisión) de quienes han resultado encargados de conducir al Estado.  El poder parlamentario no cesa con esa declaratoria de responsabilidad política, sino que ésta podría ir seguida de otras acciones, como la autorización para el enjuiciamiento del Presidente o el voto de censura a uno o varios ministros”. 

En este sentido la Asamblea Nacional reitera que el acto parlamentario dictado por la Asamblea Nacional el 23 de octubre de 2016 está ajustado a esa interpretación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dictado en la fecha señalada previamente.

Principios que resalta el Acuerdo de la Asamblea Nacional:

En el Acuerdo la Asamblea Nacional reitera los siguientes principios:
  • Que los derechos fundamentales están por encima de toda autoridad constituida.
  • Que esos derechos fundamentales no pierden su vigencia por que la Sala Constitucional se niegue a reconocerlos y brindar la protección que los ciudadanos le requieran, frente a las amenazas provenientes del Ejecutivo Nacional.
  • Que la Asamblea Nacional es un Poder Público autónomo e independiente.
  • Que los diputados responden a sus electores y no están sujetos a mandato ni instrucciones de otro Poder Público, según el artículo 199 y 201 de la Constitución.
  • Que por encima del Ejecutivo Nacional y de los Magistrados del TSJ no están por encima de los ciudadanos, investidos o no de autoridad, por lo que la misma constitución le impone a los ciudadanos el deber de reestablecer la efectiva vigencia de la Constitución, cuando la misma dejare de observarse por cualquier medio que fuere.
Denuncias que formula la Asamblea a través del Acuerdo:

La Asamblea advierte que la Sala Constitucional con esta sentencia: 
  •  Insiste en desconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional y de los representantes del electorado del estado Amazonas.
  • Pretende una vez más negar el ejercicio de las funciones del Poder Legislativo Nacional e impedir un mecanismo de control expresamente atribuido a la Asamblea Nacional.
  • Atenta contra el derecho de los ciudadanos a la participación política, al ser los diputados sus representantes, elegidos democráticamente y a través de quienes ejercen su soberanía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 186 de la Constitución;
  • Se aparta de su función de garante de las normas y principios constitucionales, y en su lugar se ha dedicado a tergiversar la Constitución y adecuar su interpretación a las pretensiones del Ejecutivo Nacional.
  • Se hace notorio el activismo político de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que se evidencia su falta de cualidad para el ejercicio de tan alta función jurisdiccional.
  • Olvida que las decisiones judiciales se dictan por autoridad de la Ley, quedando desprovistas de esa autoridad, cuando evidentemente contravienen las previsiones del derecho que dicen aplicar, como ha ocurrido en la sentencia que motivó el Acuerdo que se divulga en este escrito.
La Asamblea afirma que siendo la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia una de las atribuciones de esta Asamblea Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 de la Constitución, está en el deber de exigirles que sean fieles intérpretes del texto constitucional y no inventores de sus normas.

La Asamblea Nacional recuerda en su Acuerdo de noviembre que el nombramiento de los tres magistrados de la Sala Constitucional son nulos, como lo declara el Acuerdo del 14 de julio de 2016, que aprobó el Informe Final de la Comisión  Especial para el Rescate de la Institucionalidad del Tribunal Supremo De Justicia.

Denuncia además que la Sala Constitucional mediante sentencia 19 de julio de 2016[2], violentó las reglas procesales relativas a la competencia subjetiva de los magistrados, quienes debieron inhibirse de conocer y decidir sobre un asunto que involucraba sus intereses personales, que era su propia designación.

Esa decisión de julio declaró:
  • Nula la Comisión Especial para el rescate de la institucionalidad del TSJ, así como el acto de su creación, acciones desplegadas por la misma, informes y otros instrumentos producidos, los cuales carecen de validez, existencia y eficacia jurídica.
  • Nula el acto parlamentario del 14 de julio de 2016 por medio del cual los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron el informe presentado por la Comisión señalada en el punto anterior.
  • Nula cualquier comisión o acción o cualquier artificio que tenga por objeto anular la designación de magistrados  del TSJ, porque subvierte el procedimiento constitucional para la remoción de magistrados y en consecuencia es írrito y nulo, carente de validez, existencia y eficacia jurídico, y quienes participen en ello están sujetos a responsabilidad penal, civil y administrativa.
En consecuencia anula la convocatoria realizada por la secretaria a la sesión ordinaria del 14 de julio de 2016 y deja sin efecto, sin validez y sin eficacia jurídica los actos de aquella sesión ordinaria.

En esa sentencia de junio, la Sala Constitucional reiteró que el acto parlamentario que en sesión extraordinaria del 23 de diciembre de 2015 mediante el cual se designaron los 34 magistrados para llenar las vacantes del TSJ conserva su total validez.

Carlos Romero Mendoza.
20 de febrero 2017.