jueves, 19 de enero de 2017

Los Acuerdos políticos de la Asamblea Nacional en materia electoral durante el año 2016


I.-            Lo electoral en la agenda política de la Asamblea Nacional.
Cuando la Asamblea Nacional declaró el 13 de diciembre de 2016 la responsabilidad política del Presidente y luego el 9 de enero de 2017 el abandono de las funciones del presidente Nicolás Maduro, entre sus argumentos estuvo la suspensión de la recolección de firmas para el 20% necesario para activar el referendo revocatorio y luego la justificación que el Presidente ha pretendido hacer para diferir el proceso comicial regional.

Durante el año 2016 la Asamblea ha dedicado 3 Acuerdos políticos exclusivamente al tema electoral, motivado sin duda alguna por la realidad política del país, el primero fue el 11 de agosto de 2016, el mismo tuvo unos 7 considerandos y 7 acuerdos; el segundo fue el 4 de octubre de 2016, el mismo tuvo 16 considerandos y 8 acuerdos; por último el Acuerdo del 15 de diciembre de 2016 que contiene 12 considerandos y 5 acuerdos.

II.-          La Asamblea Nacional levanta su voz institucional para reclamar cronograma electoral.
A través del Acuerdo para el emplazamiento al poder electoral por los cronogramas de las elecciones regionales y el referendo revocatorio, aprobado el 11 de agosto de 2016, la Asamblea Nacional expresa públicamente:

-Que el desarrollo de los procesos electorales son un derecho fundamental y consustancial con la democracia,

-Que ese desarrollo representa la garantía del ejercicio efectivo de la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

-Que es obligación indeclinable del CNE de favorecer el desarrollo de procesos electorales, consultas y referendos. Sin obstaculizar ni dilatar ese ejercicio. 

-Que el CNE es responsable de garantizar el ejercicio democrático de los derechos ciudadanos.

Además, la Asamblea Nacional,  nos remite al artículo 62 de la Constitución para recordarnos que el Estado y la sociedad están obligados a facilitar la generación de condiciones más favorables para la práctica de los derechos políticos de todos los ciudadanos.

En ese Acuerdo de agosto la Asamblea Nacional reclama el incumplimiento de los plazos constitucionales y reglamentarios, destacando que tal situación compromete la responsabilidad del CNE por no ajustar su actuación al mandato constitucional y advierte que tal situación podría llegar a comprometer penalmente a los rectores.

Así mismo cuestiona en primer lugar, que se haya vencido el lapso que el propio CNE estableció en su normativa para tramitación de la iniciativa del referendo revocatorio del mandato del Presidente de la República; y en segundo lugar, que el CNE no haya presentado aún el cronograma para las elecciones regionales.

Esos argumentos sirvieron de fundamento para que los diputados acordaran los siguiente:

-Exigir a la Presidenta del CNE a que asuma su obligación constitucional de generar condiciones favorables para el ejercicio del derecho fundamental a la participación política a través del referendo revocatorio.

-Emplazar al CNE para que formule y publique sin dilaciones indebidas, el cronograma electoral del referendo revocatorio y de las elecciones regionales. 


-Instar a la Defensoría a velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos políticos.


-Instar al Ministerio Público a intentar las acciones que corresponda para hacer efectiva la eventual responsabilidad legal en la que han incurrido los miembros del directorio del CNE por obstaculizar el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos.

-Instar a organizaciones internacionales para que se pronuncien en este tema.

III.-         La Asamblea hace un llamado a respetar el orden constitucional en materia electoral.

Un segundo documento político se aprobó el 4 de octubre de 2016 y se tituló:   Acuerdo sobre el derecho de los venezolanos a que se respete la constitución y tener el referendo revocatorio y las elecciones regionales en el 2016 en el cual la Asamblea Nacional de manera categórica recordó al CNE y a la sociedad en general lo siguiente:

-La obligación del CNE de actuar constitucionalmente bajo los principios de confiabilidad, imparcialidad, transparencia, celeridad y eficiencia, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de los electores.

-La buena fe y la convicción democrática que ha demostrado la oposición y los electores, cuando en cada proceso electoral que ha correspondido, se han sometido a las normas dictadas por el CNE, aun cuando las mismas, han limitado y condicionado el ejercicio del derecho a revocar el mandato.

En ese Acuerdo de octubre la Asamblea Nacional reclamó la omisión en la cual ha incurrido el CNE al no  responder  oportunamente a la solicitud de convocatoria del referendo revocatorio del mandato de Presidente de la República, destacando en varios considerandos las dilaciones y omisiones en que ha incurrido el CNE.

Además cuestionó que en las declaraciones públicas la Presidenta  y rectoras del CNE se han expresado de una forma tal que atentan contra los derechos políticos del electorado.

En el texto hace comparación con los procesos referendarios del 2007 y 2008, intentando valorar  la intencionalidad del CNE de impulsar u obstaculizar el proceso referendario solicitado en el 2016, que ya sabemos no se realizó.

La Asamblea Nacional advirtió y dejó muy claro en su documento político que el CNE se convertía en un actor clave, responsable de la paz y de la estabilidad política del país, y reconocía que en esta materia se está agotando la paciencia de un pueblo.

Expresamente en el Acuerdo los diputados asumen la responsabilidad de exhortar al CNE a que cumpla con la presentación de un cronograma para las elecciones regionales con el fin de realizarlas en el mes de diciembre 2016.

Esos argumentos llevaron a los diputados a los siguientes acuerdos:

-Exigir al CNE que anuncie los centros electorales habilitados para la recolección del 20% del electorado para el referendo.

-Exigir que se publique el cronograma completo de convocatoria y celebración del referendo.   Así mismo exige el cronograma para las elecciones regionales.

En ese Acuerdo la Asamblea nuevamente solicita a la Defensoría del Pueblo a velar por el efectivo respeto y garantía a los derechos políticos y a instancias internacionales a observar la situación y a pronunciarse en consecuencia.

Por último, en ese Acuerdo se estableció el compromiso de la Asamblea Nacional en remitir el texto del mismo al TSJ para que se pronuncie sobre la responsabilidad de las rectoras.

IV-  La Asamblea Nacional reclama la violación de los derechos políticos.

Un último Acuerdo aborda en su título el contenido del mismo, se llamó: Acuerdo sobre la violación de los derechos políticos y crisis del sistema electoral, aprobado el 15 de diciembre de 2016.

Ese Acuerdo inició  con el reconocimiento de algunos principios básicos a saber:

  • El principio de la Supremacía Constitucional.
  • El valor en Venezuela de los tratados internacionales.
  • La obligación de los órganos del Estado en permitir y garantizar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos políticos.

La Asamblea Nacional recordó en el Acuerdo que para toda democracia, es indispensable que su actuación se sostenga en los principios de eficiencia, transparencia y equidad en las instituciones públicas, así como también se hace necesario una cultura que acepte la legitimidad de la oposición política, reconozca y abogue por los derechos todos.

Así mismo recordó en su contenido la misión y objetivo del Poder Electoral.

En ese Acuerdo la Asamblea Nacional denunció:

-Que el Poder Electoral violó los derechos políticos de manera sistemática y ha obstaculizado los trámites para el referendo revocatorio, y también ha obviado la obligación de organizar y celebrar de manera oportuna las elecciones regiones.

-Que el Poder Judicial desatendió su rol de garante de la vigencia y goce efectivo de esos derechos político.

-Que la SALA Constitucional procedió arbitrariamente y sin fundamento a elegir a las rectoras principales del CNE.

-Que el Poder Judicial ha actuado como cómplice del Ejecutivo y del poder electoral en la violación de los derechos políticos, hasta ahora el CNE y el TSJ, han procurado buscar argumentos para negar el derecho a los venezolanos a ejercer la soberanía y los derechos políticos.

-Que la Sala Constitucional desconoce y usurpa las atribuciones que la Constitución confiere a las Universales nacionales, respecto a la postulación de candidatos, así como las funciones del Comité  de Postulaciones Electorales y de la Asamblea Nacional en el proceso de designación de los nuevos rectores.

En sus considerandos, la Asamblea identifica en el Acuerdo varias sentencias a través de las cuales se ha vulnerado el derecho político de los ciudadanos y alerta que no hay garantía de acceso a los órganos de administración de justicia, ante quienes solicitar la tutela judicial de ese derecho político.

Con esos argumentos la Asamblea Nacional cierra su Acuerdo rechazando la usurpación de funciones y calificando  de írrita la sentencia del 13 de diciembre del TSJ que designa a los rectores del CNE.

En el Acuerdo se nos reitera que la Asamblea Nacional aprobó el informe final presentado por la Comité de Postulaciones Electorales el 5 de dic de 2016 y se acordó la designación de una Comisión Especial para reivindicar los derechos políticos y electorales de los Venezolanos que proceda a activar las denuncias que sean necesarias e iniciar los procesos que sean viables por violación de derechos políticos y libertades fundamentales.  Esa Comisión está conformada por 5 diputados.

V.-  El voto como herramienta encuentra  a la Conferencia Episcopal con la Asamblea Nacional.

El 9 de enero de 2017 cuando la Asamblea Nacional aprobó el Acuerdo sobre el abandono de funciones constitucionales de la Presidencia de la República en que ha incurrido el ciudadano Nicolás Maduro Moros, expresó que “la única forma de resolver los graves problemas que aquejan al país y de contener el desmantelamiento de las instituciones republicanas es devolver el poder al pueblo de Venezuela y, por lo tanto, convocar a la celebración de elecciones libres y plurales.”

La omisión del CNE en publicar el cronograma electoral y claramente de haber violentado la Constitución extendiendo el período de los Gobernadores de manera unilateral, llevó a un nuevo Acuerdo aprobado el 19 de enero de 2017 a través del cual la Asamblea Nacional reiteró la necesaria vigencia del derecho al voto de los venezolanos.

Por su parte la Conferencia Episcopal Venezolana en su Exhortación Pastoral  Jesucristo Luz y camino para Venezuela aprobada el 13 de enero de 2017, expresa como una de esas luces para construir una nueva Venezuela la necesidad de contar con un cronograma electoral.  En tal sentido la Exhortación dice:

“Tal y como lo declaramos en el Mensaje de la Asamblea Conjunta con los Laicos (08-09/01/17) estimamos que el pueblo clama por un cambio profundo de orientación política del país que sea producto de la decisión del pueblo soberano (CRBV 5): o el socialismo del Siglo XXI, ausente de la Constitución, o el sistema democrático establecido en la Constitución.  El país exige un itinerario electoral, tal y como se acordó en la Mesa de Diálogo.”

En conclusión el voto es visto por ambos actores como una herramienta necesaria en la solución del conflicto político, económico y social que hoy sufre Venezuela.

Carlos Romero

19/01/2017
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Fuentes:
Asamblea Nacional. Acuerdos.  Recuperados el 15 de enero 2017. Online en: http://www.asambleanacional.gob.ve/documento/show2/id/58
Conferencia Episcopal Venezolana.  Exhortación Pastoral: Jesucristo Luz y camino para Venezuela.  Centésima Séptima Asamblea Plenaria Ordinaria del Episcopado Venezolano. 13 de enero 2017.

domingo, 15 de enero de 2017

Una mirada a la Declaración de responsabilidad política del Presidente aprobada por la Asamblea Nacional.



Una mirada al contenido de la DECLARACION DE LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  POR LA GRAVE RUPTURA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO , LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y LA DEVASTACIÓN DE LAS BASES ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA NACIÓN.  

Fecha de aprobación por parte de la Asamblea Nacional: 13 de diciembre 2016.

Total de Considerandos.  22
Total de Acuerdos: 6

1.-Argumento constitucional:

Se destacan:

Artículo 201 que reconoce la representación popular de los diputados; el artículo 187, numeral 3, mediante el cual la Constitución reconoce que la Asamblea Nacional ejerce funciones sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional y el 222 que desarrolla la competencia de control político sobre los funcionarios públicos.

La Asamblea Nacional destaca que la función de control político, es una manifestación de la institucionalidad democrática  que debe en todo momento ser preservada, de acuerdo con los artículos 2 y 333 de la Constitución y los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana, adoptada con el voto favorable del Estado venezolano.

La Declaración sostiene que el control que ejerce la Asamblea Nacional, puede conducir, entre otras consecuencias, a la aprobación de un voto de censura contra el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva o  contra los Ministros o Ministras, a la autorización, cuando corresponda, del enjuiciamiento d el Presidente o Presidenta de la República o a la declaración de su  responsabilidad política (arts. 187, numeral 10, 240, 222, 246, y 266, numeral 2, de la Constitución).

Por último reconoce la Asamblea Nacional que esa declaración de responsabilidad política del Presidente o Presidenta de la República puede dar lugar a que se solicite al Poder Ciudadano el ejercicio de las acciones respectivas, sin perjuicio de que se requiera al Ministerio Público el inicio de las investigaciones referidas a los delitos que puedan haberse cometido. 

2.- Fundamento para exigir la responsabilidad política del Presidente:

La Declaración señala que constitucionalmente el Presidente  “está obligado u obligada a procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos y venezolanas, así como la independencia, integridad, soberanía del territorio y defensa de la República”, y que” La declaración de los estados de excepción no modifica el principio de su responsabilidad” (art. 232)


3.-  Argumentos para exigir responsabilidad política al Presidente:

3.1-Estado de Excepción:
La Declaración alerta que desde el 14 de enero 2016, el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros,ha gobernado con plenos poderes, con la excusa de un estado de excepción declarado y prorrogado al margen de la Constitución, sin la aprobación de la Asamblea Nacional, el cual ha ido cercenando progresivamente atribuciones parlamentarias inderogables y ha vulnerado derechos fundamentales.

Ese estado de excepción se caracteriza por:
-Prolongarse mucho más allá de lo permitido por la Constitución (art. 338).
-Omitir los controles parlamentarios efectivos, a causa de sentencias arbitrarias del Tribunal Supremo de Justicia que han menoscabado las facultades de la Asamblea Nacional en la materia.
-Ignorar los controles internacionales previstos en tratados de derechos humanos ratificados por Venezuela, tal como lo ha denunciado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;
-Facultarse a sí mismo para aprobar contratos de interés público con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, quebrantando flagrantemente el artículo 150 de la Constitución;
-Omitir la presentación del proyecto de ley de presupuesto ante la Asamblea Nacional y ha acudido a la Sala Constitucional, que está a su servicio, para obtener la facultad de dictar mediante decreto las normas correspondientes en materia presupuestaria y de crédito público.

En conclusión el estado de excepción ilícitamente en vigor ha conducido a una exacerbada concentración de poderes y a un gobierno por decreto que lesion a severamente la Democracia y favorece la corrupción.

3.2- Persecución política.
El aumento de la persecución política.

3.3- Desconocimiento de la Asamblea Nacional.
El Presidente de la República, de manera sistemática ha acudido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para impedir, con criterios políticos, la entrada en vigencia de leyes sancionadas por la Asamblea Nacional que hubieran contribuido a solucionar los problemas del país.

3.4- Incumplimiento al juramento de respetar la Constitución y hacerla cumplir.
3.4.1.- El Presidente de la República ha respaldado el desconocimiento por  los Ministros  y otros funcionarios públicos  de  las solicitudes de comparecencia emanadas de esta  Asamblea Nacional o sus Comisiones.
3.4.2.- Que el Presidente ha ignorado abiertamente la competencia parlamentaria de remover Ministros mediante la aprobación de un voto de censura  por la mayoría calificada de los Diputados y Diputadas de la Asamblea Nacional constitucionalmente establecida;
3.4.3- Que el Presidente de la República ha consumado la supresión de la separación de poderes, lo cual ha permitido que,mediante una confabulación ejecutivo-judicial constitutiva de un golpe de Estado,  se haya suspendido la recolección de las manifestaciones de voluntad necesarias para la iniciativa constitucional del referendo revocatorio presidencial.

3.5- La agudización de la crisis económica:
La Asamblea Nacional denuncia que el Presidente de la República ha incumplido lo establecido en el artículo 311 de la Constitución, según el cual la gestión fiscal debe regirse por los principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal.

Además señala que la información publicada indica que durante los años 2014, 2015 y 2016 en lugar de equilibrio fiscal ha habido una situación de déficit crónico en las cuentas fiscales de la nación que ha generado la desvalorización de la moneda, el alza de los precios de los bienes y servicios y un creciente endeudamiento tanto en moneda nacional como en moneda extranjera.

Concluye que la situación económica y financiera de la República se encuentra severamente comprometida por una gestión fiscal irresponsable que ha llevado el déficit fiscal hasta niveles que no se pueden financiar por vías ordinarias.

Advierte la Asamblea Nacional que la política de  recurrir al peligroso mecanismo de la impresión de dinero por parte del BCV, ha causado la depreciación del bolívar y las elevadas tasas de inflación que castigan el ingreso de quienes viven de su trabajo.

Recuerda la Asamblea que la situación fiscal es  responsabilidad exclusiva del Presidente de la República, tal como lo establece el artículo 236, numeral 11, de la Constitución, que señala expreamente que el Presidente de  la República  es responsable de “Administrar la Hacienda Pública Nacional”.

Por otro lado, la Asamblea denuncia que el administrador de la Hacienda Pública Nacional ha ignorado de manera sistemática el principio de la Unidad de Tesoro, lo que ha permitido la proliferación de un conjunto de fondos parafiscales que realizan gastos sin ningún tipo de control, todo lo cual ha contribuido a agravar el déficit fiscal, al crear un gran desorden y corrupción en la Administración Pública Nacional.

La Declaración destaca que esa crisis económica sin precedentes en Venezuela se ve expresada en las siguientes consecuencias:
-Inflación galopante que en 2016 excederá el 500,0%,
-Una depresión de la economía reflejada en una caída del producto interno bruto superior al 10,0’% ese año, y
-Un grave desabastecimiento de alimentos y medicinas, conjuntamente con un aumento de la pobreza hasta cifras no conocidas en el país.

3.6.- La ruptura del orden constitucional.
Sin perjuicio de la declaración de la responsabilidad política del Presidente de la República u otros funcionarios, prevista en el artículo 222 de la Constitución, lo antes Expuesto se inscribe en una ruptura de quien detenta la Presidencia de la República  respecto de las funciones y deberes constitucionales inherentes a este cargo y de los principios democráticos, lo cual puede implicar un abandono del cargo de Presidente de la República, que debe ser evaluado por esta Asamblea Nacional.

4.- La Declaración.
La Asamblea en ese acto político declaró la responsabilidad política del Presidente de la República por la grave ruptura del orden constitucional y democrático, la violación de derechos humanos y la devastación de las bases económicas y sociales de la nación que ha llevado a cabo, y además, asumió los siguientes compromisos:

1-Acudir al Poder Ciudadano con el objeto de que intente las acciones dirigidas a hacer efectiva dicha responsabilidad, y al Ministerio Público, para que examine los hechos expuestos y se pronuncie sobre la procedencia de solicitar antejuicio de mérito contra el Presidente de la República por sus acciones encaminadas a destrucción la forma política republicana que se ha dado la nacióny otros hechos punibles que presuntamente ha perpetrado.
2.-Acudir a las instancias internacionales competentes para denunciar las violaciones a derechos humanos y a los elementos esenciales de la Democracia que sufren los venezolanos y venezolanas, en cuya comisión el Presidente de la República ha tenido papel protagónico.
3.-Continuar desarrollando y concluir con la mayor celeridad, con el apoyo de la Comisión parlamentaria designada el 23 de octubre de 2016, las consultas sobre la posible existencia de elementos para declarar el abandono del cargo en la Presidencia de la República, en los términos del artículo 233 de la Constitución.

En la Declaración la AN reiteró su compromiso con la restitución del orden constitucional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 333 de la Constitución, considerando que la inobservancia de la Constitución se porduce no solo por medio de un hecho de fuerza contra la institucionalidad en sentido clásico, sino también cuando el Presidente de la República hace uso de su  autoridad civil y militar para socavar la Constitución.

5.- Antecedentes para llegar a la Responsabilidad política del Presidente.

Tres son los antecedentes mencionados, el primero es la sesión del 25 de octubre de 2016, cuando se inició el procedimiento para el establecimiento de la posible responsabilidad política del Presidente de la República, y en el cual el Presidente Nicolás Maduro fue invitado a comparecer ante la plenaria para exponer lo que estimare pertinente en relación con el procedimiento iniciado; el segundo, es una sesión de fecha 27 de octubre 2016, en la cual la Asamblea Nacional recibió a varios actores sociales a los fines de registrar evidencias de la devastación del orden social y económico del país y de las violaciones de derechos humnanos cometidas por represión policial y discriminación política.  

Por último y como tercer antecedente, estan distintas sesiones que se han realizado desde el 25 de octubre3 2016 para evaluar la posible responsabilidad política del Presidente de la República, que permitió corroborar la grave alteración del orden constitucional y democrático que ha sido perpetrada por el Presidente de la República y los órganos judiciales o electorales que dirige, merced a la absoluta concentración de poderes que ha logrado imponer.

Con este resumen, cada quien podrá valorar la importancia de la Declaración política que aprobó la Asamblea Nacional, declarando responsabilidad política del Presidente de la República en la crisis actual.

Carlos Romero Mendoza.
15/1/2017

Una mirada a la Exhortación Pastoral del 13 de enero de 2017: "Jesúcristo luz y camino para Venezuela.



I.- Los Arzobispos y Obispos elevan su voz institucionalmente.
La centésima séptima Asamblea Plenaria Ordinaria del Episcopado Venezolano, ha aprobado con fecha 13 de enero de 2017 una Exhortación Pastoral: Jesucristo luz y camino para Venezuela”, en cuyo contenido los Obispos nos hacen una invitación a iluminar los ambientes en que nos desenvolvemos con la claridad de la verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad, procurando integrar a esta tarea a quienes no comparten nuestra fe o nuestras convicciones, pero quieren construir una convivencia fraterna y pacífica.

II.-  La extremadamente crítica situación.
La Exhortación reconoce que vivimos una realidad extremadamente crítica y reitera, que así como lo ha señalado en documentos previos, la causa fundamental de esta situación es el empeño del Gobierno de imponer el sistema totalitario recogido en el “Plan de la Patria” (llamado Socialismo del Siglo XXI), a pesar de que el sistema socialista marxista ha fracasado en todos los países en que se ha instaurado, dejando una estela de dolor y pobreza.”

Ocho son las situaciones que para la Conferencia Episcopal configuran lo que denominan un “oscuro panorama venezolano”, a saber:

  1. La grave escasez de medicinas y alimentos
  2. El deterioro extremo de la salud pública.
  3. La alta desnutrición en los niños.
  4. La ideologización en la educación.
  5. El altísimo índice de inflación con la consecuente pérdida del poder adquisitivo.
  6. La corrupción generalizada e impune, propiciada particularmente por el control de cambio, el odio y la violencia política.
  7. Los elevados índices de delincuencia e inseguridad.
  8. El pésimo funcionamiento de los servicios públicos.

Los Obispos advierten en la Exhortación que esas situaciones se agravan cada día que pasa, porque no se ponen correctivos a los males y porque la causa que los genera avanza como una tenaza que se va cerrando, con sus secuelas opresivas y destructoras. 

III.-  El reclamo que hacen Arzobispos y Obispos.
La Exhortación denuncia que estamos sumidos a una cultura de muerte, que configura un estado de acciones y decisiones moralmente inaceptables que descalifica éticamente a quien lo provoca, mantiene o justifica.

La Exhortación Pastoral registra en su escrito la voz de los Obispos en reclamo por:

-La obstrucción del Referendo Revocatorio del mandato del Presidente de la República por parte del Consejo Nacional Electoral.
-El intento de cercenar las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional.
-La ola de represión y persecución política que se ha desatado en últimos días lesionan gravemente el ejercicio de la institucionalidad democrática. 

Y en este sentido advierten que sólo en regímenes totalitarios se desconoce la autonomía de los poderes públicos y se impide la libre manifestación de la ciudadanía.

IV.-  El diálogo como vía necesaria.
Sobre el Diálogo los Obispos reconocen que el diálogo entre el Gobierno y la Oposición fue decepcionante, a causa, principalmente, del incumplimiento, por parte del Gobierno, de los acuerdos a que se había llegado en la reunión del 30 de octubre de 2016. 

En este sentido recuerdan que todo diálogo, es positivo y necesario en sí, pero exige, para ser fructífero y exitoso, una plataforma común de objetivos definidos y, sobre todo, una actitud de ánimo respetuosa y receptiva en los participantes, la cual conlleva superar la intolerancia y la autosuficiencia.

En tal sentido, respaldan las condiciones para avanzar en cualquier posible diálogo, expuestas por el Secretario del Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, en comunicación escrita el pasado 01 de diciembre de 2016, las cuales citan en la Exhortación, a saber: 

"1. Aliviar la grave crisis de abastecimiento de comida y medicinas que está sufriendo la población. 2. Las partes concuerden el calendario electoral que permita a los venezolanos decidir sin dilaciones su futuro. 3. Se tomen las medidas necesarias para restituir cuanto antes a la Asamblea Nacional el rol previsto en la Constitución; 4. Se apliquen los instrumentos legales para acelerar el proceso de liberación de los detenidos".

La Exhortación resulta oportuna para que los Obispos agradezcan la disposición de servicio del Papa Francisco y a su vez, lamentaron que su contribución a la paz de Venezuela haya sido mal interpretada.
Las luces para construir la nueva Venezuela, señalan los Obispos deben estar orientadas a la busqueda del bien común guiado por una conciencia recta. 

V.- Los Arzobispos y Obispos nos invitan a reflexionar y a colaborar con la búsqueda en las posibles decisiones.
¿Cómo ser portadores de luz y esperanza en un panorama de oscuridad y de muerte?. Es una pregunta sobre la cual nos invitan a reflexionar.  

Como aporte a esa reflexión, los Obispos nos dicen que para anunciar al Dios de la vida y revertir la cultura de muerte en cultura de vida es necesario generar gestos valientes e iniciativas innovadoras que motiven a esperar contra toda esperanza (Cf. Rom 4,18), para construir una convivencia libre, justa y fraterna; es tarea que nos compete a todos, cada cual según su posición. 

Es una responsabilidad ineludible porque frente al mal nadie puede permanecer como simple espectador. El llamado es a ser protagonistas del presente y del futuro de nuestro querido país.

La Exhortación Pastoral “Jesucristo luz y camino para Venezuela”, propone como soluciones para enfrentar la crisis actual:

  1. Que el Estado venezolano acepte la ayuda internacional.
  2. Que haya un cronograma electoral, acordado en la Mesa de Diálogo.  Pues el cambio de la orientación política debe ser una decisión dle pueblo soberano, conforme al artículo 5 de la Constitución.
  3. Que se asuman políticas orientadas a: reactivar el aparato productivo; garantizar la vigencia del Estado de Derecho; reconstruir el tejido social fracturado; valorar la ética personal, familiar y comunitaria; fomentar la honestidad y la responsabilidad en la vida pública; promover la reconciliación entre personas y grupos y, en definitiva renovar la vida completa del país.
  4. Que todas las agrupaciones políticas, las distintas confesiones religiosas, gremios y asociaciones, universidades y el amplio mundo educativo, así como también los medios de comunicación, logren pntos de encuentro para favorecer la articulación de diversos actores en un proyecto común de país.
  5. Que el Poder Judicial y el Gobierno permitan la libertad inmediata de quienes sufren una prisión injusta.   Ello impone el cumplir con el Código Orgánico Procesal Penal.
  6. Que los dirigentes logren a la mayor brevedad acuerdos para superar la crisis.

Por último, los Arzobispos y Obispos venezolanos, también nos invitan en esa Exhortación Pastoral a tener confianza y esperanza en nuestras capacidades para cambiar la actual situación;  a unirnos  a sus súplicas y a ser luz y camino para Venezuela.

Carlos  Romero Mendoza.
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FUENTE:
Conferencia Episcopal Venezolana. Exhortación Pastoral. “Jesuscristo Luz y Camino para Venezuela”.  13 de enero 2017. Online en: http://www.cev.org.ve/index.php/noticias/215-exhortacion-pastoral-jesucristo-luz-y-camino-para-venezuela-de-la-cvii-asamblea-de-la-cev

lunes, 9 de enero de 2017

Una mirada al Acuerdo de la AN del 9 de enero 2017 que declaró el abandono de funciones de Presidente de Nicolás Maduro.

Una mirada al contenido del:   

ACUERDO SOBRE EL ABANDONO DE LAS FUNCIONES CONSTITUCIONALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN QUE HA INCURRIDO EL CIUDADANO NICOLÁS MADURO MOROS.  

Aprobado el 9 de enero de 2016.

Estrutura del Acuerdo:       25 Considerandos y 6 Acuerdos.

Contenido de los Considerandos:
 

1.      Fundamento constitucional:
1.1.   Artículo 187, numeral 3, que confiere a la Asamblea Nacional funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, manifestación de la institucionalidad democrática qeu debe ser preservada de acuerdo a los artículo 2 y 333 de la Constitución.

1.2.   Artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana.

1.3.   En el deber constitucional del Presidente de “procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos y venezolanas, así como la independencia, la integridad, soberanía del territorio y defensa de la República”, y que “La declaración de los estados de excepción no modifica el principio de su responsabilidad” (art. 232).  

2.      Antecedentes:

El Acuerdo hace mención a dos antecedentes concretos:

1.      La declaración de responsabilidad política del Presidente del 13 de diciembre de 2016.
2.      La sesión del 27 de octubre de 2016 en el que sectores de la sociedad dejaron evidencias de la devastación del orden social y económico de la República y de las violaciones a los derechos humanos en el país.
3.-        Argumentos que fundamentan el Acuerdo: 

3.1-      El Estado de Excepción:
Un total de 4 considerandos desarrollan el tema Estado de Excepción, que recuerda se inició el 14 de enero de 2016 y que se ha venido prorrogando al margen de la Constitución, sin aprobación de la Asamblea Nacional y vía Tribunal Supremo de Justicia.

El Acuerdo reclama el abusando de poder, expresado en un estado de excepción que ha venido cercenando progresivamente atribuciones parlamentarias que claramente la AN califica adecuadamente como inderogables.

Uno de los considerandos destaca que a través de ese estado de excepción el gobierno ha impulsado una exacerbada concentración de poderes y ha venido gobernando por decreto lo cual, denuncia la Asamblea Nacional, ha favorecido la corrupción.

El Acuerdo denunció que ese estado de excepción de facto, como lo calificó la Asamblea Nacional, fue el que permitió a Nicolás Maduro a omitir su obligación de presentar ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2017. 

3.2.-     El desconocimiento de la AN:

El Acuerdo reclama y destaca uno de sus considerandos la orden de Nicolás Maduro a sus Ministros y otros funcionarios públicos de comparecer ante la Asamblea Nacional o sus comisiones.  

Así como también, reclama el desconocimiento de la competencia parlamentaria de remover Ministros mediante voto de censura por mayoría calificada de diputados.

Otro de sus considerandos denuncia a Nicolás Maduro por haberse facultado para aprobar contratos de interés público, violentando el artículo 150 de la Constitución.

3.3-      El desconocimiento al principio de  separación de poderes.

Dos considerandos abordan la supresión de la separación de poderes, que como lo denuncia la Asamblea Nacional ha sido una política promovida por el Presidente con el apoyo del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral.

Precisamente recuerda la Asamblea Nacional en su Acuerdo que fue esa supresión la que facilitó el camino para la suspensión de la recolección de firmas para el referendo revocatorio presidencial.

3.4.-     La violación al derecho a elegir oportunamente.

En materia electoral, un considerando reclama el diferimiento de la elección de gobernadores.

3.5.-     El Secuestro de la justicia:

El Acuerdo dedica uno de sus considerandos a reclamar la sistemática utilización de la Sala Constitucional por parte de Nicolás Maduro para impedir, con criterios políticos, la entrada en vigencia de leyes sancionadas por la Asamblea Nacional.

3.6.-     El impacto financiero de una mala gestión.

Identifica la Asamblea Nacional, en su Acuerdo, en 7 de sus considerandos, las consecuencias financieras de la conducta de Nicolás Maduro.

Primero reconoce que la conducta del gobierno ha agudizado la crisis económica y humanitaria en todos los órdenes.

En segundo lugar, califica de irresponsable la gestión fiscal del gobierno de Maduro, que se traduce en déficit fiscal, depreciación de la moneda, elevadas tasas de inflación, reducción de los ingresos, el socavamiento de la autonomía del BCV.

En tercer lugar, denuncia el incumplimiento de Nicolás Maduro del artículo 311 de la Constitución que registra los principios en los que debe descansar la gestión fiscal.  

En un cuarto lugar, reclama que el incumplimiento sistemático al principio de la Unidad del Tesoro garantizado en la Constitución ante la existencia de muchos fondos parafiscales, sobre los cuales no hay control. 

En quinto lugar denuncia la inflación que califica en el 2016 por encima del 500% y la caída del producto interno bruto superior al 12%, sin olvidar el grave desabastecimiento de alimentos y medicinas, conjuntamente con un aumento de la pobreza.

Y no olvida la errática decisión de sustituir en 72 horas los billetes de 100 bolívares y las consecuencias que esta decisión generó.  Esa decisión la calificó la Asamblea Nacional como una absoluta improvisación e irresponsabilidad del gobierno, hasta el 20 de enero de 2017.

3.7.-   La incapacidad para garantizar seguridad ciudadana.

El Acuerdo reclama que el país se ha convertido en el más violento del mundo con un índice de 92 homicidios por cada 100.000 habitantes.

3.8.-  La existencia de presos políticos.

La Asamblea Nacional, en el Acuerdo aprobado hace mención a 126 presos políticos, sin olvidar a los perseguidos y exiliados políticos.

3.9.-     La pérdida de libertad de expresión.

Menciona el Acuerdo que la violación a la libertad de expresión es permanente y se expresa al manipular el papel periódico a la prensa libre.

Estos 9 argumentos señalados llevan a los siguientes Acuerdos.

4.-        Acuerdos.

Los 4 acuerdos fueron los siguientes:

1.-Se declaró que Nicolás Maduro incurrió en acciones y omisiones que sitúan su desempeño completamente al margen del diseño y funciones constitucionales de la Presidencia de la República.

2.-Que de conformidad con los artículos 232 y 233 de la Constitución, se declaró que Nicolás Maduro Moros ha abandonado su cargo, lo que supone el abandono de:
 -El principio de la supremacía constitucional establecido en el artículo 7 del texto fundamental,
-El principio del Estado Democrático de Derecho y de Justicia establecido en el artículo 2 de la Constitución,
-Las funciones constitucionales inherentes al cargo de Presidente de la República, especialmente la referida a la obligación de cumplir y hacer cumplir el ordenamiento constitucional y las leyes, establecida en el numeral 1 del artículo 236 de la Constitución.  

3.-El tercer Acuerdo, de manera expresa solicitó como única forma para resolver los problemas del país, que se devuelva a la pueblo el poder y se convoquen elecciones libres y plurales.

4.- Se ratificó el compromiso de la Asamblea Nacional de:
4.1.-Restituir del orden constitucional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 333 de la Constitución.
4.2-
   Acudir a las instancias internacionales competentes para denunciar las violaciones a derechos humanos y a los elementos esenciales de la Democracia que sufren los venezolanos. 

Ha sido una declaración política contundente y bien fundamentada, que claramente de manera institucional y con el marco constitucional hace posible que formalmente Nicolás Maduro sea considerado un Presidente Ilegítimo y que además, ha promovido e incentivado la ruptura del orden constitucional.   

Se abre un nuevo capítulo en el camino hacia el reencuentro con la democracia, ello dependerá si el mismo logra ser relegitimado y defendido por los distintos actores de la sociedad civil.

Carlos Romero.
9-1-17.