martes, 17 de mayo de 2016

Una mirada al Proyecto de Ley de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública.

I.- El proyecto de ley y su alcance:
El proyecto de Ley de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública, complementa la normativa que son útiles para combatir la corrupción y para facilitar políticas de participación e inclusión ciudadana.  El proyecto fue aprobado en primera discusión el 5 de abril de 2016; el mismo, reconoce y busca asegurar el cumplimiento del ejercicio del derecho humano fundamental de acceder a la información pública y  garantizar los derechos consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás tratados internacionales vigentes, ratificados por Venezuela en la materia.
El proyecto de ley contempla la protección de la información personal en poder del sector público o privado y fortaleciendo la democracia, el gobierno abierto, la buena administración, así como la preeminencia del estado de derecho.  

II.- Los principios sobre los que reposa este proyecto:Los principios en los que se fundamenta el mencionado proyecto serán:

  • Máxima publicidad.
  • Acceso público y gratuito
  • Recibir completa, inmediata y adecuada respuesta
  • La reserva como excepción.
  • Transparencia activa.
  • Aplicabilidad favorable.
  • Control y accesibilidad en la gestión pública.
III.- Unificando críteros sobreinformación pública.
El proyecto de Ley reconoce como información pública, aquella información que  emane o esté en posesión de cualquiera de los sujetos de esa Ley, incluyendo todo tipo de datos en documentos que se encuentren en poder de los órganos o entes del sector público, y la información contenida en expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contrataciones públicas, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, alianzas estratégicas, actas constitutivas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad, sin importar su fuente o fecha de elaboración.

Esa información pública puede estar en cualquier formato, sea papel, digital, telemático, electrónico y cualquier otro que pudiera crearse, pero en idioma castellano.   El proyecto de ley clasifica la información en: pública, personal, personal de funcionarios públicos e información reservada.

IV.- Excepciones.
Los legisladores plantean las siguientes excepciones al Derecho de Acceso a la información,

-Información sobre Seguridad y Defensa Nacional;
-Información del Ámbito Internacional
-Información Relacionada con la Potestad de Control del Estado y la Administración de Justicia
-Información que afecte a la Seguridad Personal o Familiar:
-Información relacionada con patentes, derechos de autor y secretos comerciales

V.- Lapsos para considerar que una  información es clasificada.
El lapso máximo para clasificar una información como reservada es de diez (10) años.

VI.- Institucionalidad:
Desde el punto de vista institucional, se crea un Consejo para la Transparencia como órgano garante del derecho de acceso a la información pública cuyo objeto es la promoción, verificación, seguimiento, evaluación de la implementación de esta ley y el proceso sancionatorio por incumplimiento.  El órgano de adscripción de este Consejo, será la Contraloría General de la República, en el diseño institucional se le reconoce personalidad jurdíca y se le garantiza que el mismo no podrá ser intervenido por ningún ente del Consejo Moral Repúblicano.   Una interesante excepción digna de ser analizada jurídicamente.

Ese Consejo, podrá contar con unidades de apoyo, de servicio técnico y administrativo que sean necesarias para el cumplimiento de sus deber por cinco (5) Consejeros autonomía organizativa, funcional, financiera, técnica, presupuestaria, de personal y tendrá facultades normativas en el ámbito de sus competencias.

Los Consejeros serán designados mediante votación favorable de las dos (2) terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, mediante un proceso que cumpla con los principios de participación ciudadana, transparencia y publicidad

VII.- Procedimientos.
Por úlitmo, ese proyecto de Ley, preve los procedimientos administrativos; un procedimiento para clasificar información y regula la divulgación de la información.

Carlos Romero.

Fuente:
Proyecto de Ley aprobado en primera discusión.

lunes, 16 de mayo de 2016

Una mirada al Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica del 13 de mayo 2016


El 13 de mayo de 2016, se anunció un nuevo Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, sustentado en la Constitución y en supuestos hechos que buscan alterar el orden interno; tambien, se menciona la crisis en el precio del petróleo, así como el fenómeno del Niño, entre otras razones, entre las cuales no podía faltar supuestos ataques de sectores de la oposición a la Revolución.   El contenido se reduce a unas normas que facilitan mayor discrecionalidad del gobierno, tomando como eje central la crisis agroalimentaria.
El Decreto abarca varias áreas, según las cuales plantea varias acciones, a saber:
I.-Seguridad Alimentaria.

1.1- Medidas para asegurar el apoyo del sector productivo privado en la producción, comercialización y distribución de insumos y bienes.  

1.2- Combate al bachaqueo, acaparamiento, alteración fraudulentas de precio, etc…

1.3- Garantizar la correcta distribución y comercialización de alimentos de primera necesidad vía CLAP, incluso con intervención de las FANB y demás órganos de seguridad ciudadana.

1.4- Establecimiento de políticas de evaluación, seguimiento y control de la producción, distribución y comercialización de productos de primera necesidad.

1.5- Atribuir funciones de vigilancia y organización a los CLAP, a los Consejos Comunales y Poder popular al con FANB, policía Nacional, estadal y municipal, para garantizar el orden público y seguridad y soberanía del país.

1.6- Autorización para los ministros de dictar medidas que garanticen la venta de productos regulados según cronograma con el fin de lograr que los artículos de primera necesidad  lleguen a toda la población, con el debido control.

1.7- Diseño e implementación de mecanismos excepcionales para suministro de insumos, maquinarias, semillas, créditos y demás para el desarrollo agrícola y ganadero.

II.-  Finanzas

2.1- Autorización, por parte del Presidente en Consejo de Ministros de erogaciones con cargo al Tesoro Nacional y otras fuentes no previstas en la ley de Presupuesto para optimizar  la atención d la situación excepcional.

2.2- Aprobación y suscripción por parte del Ejecutivo Nacional de contratos de interés público para la obtención de recursos financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de recursos estratégicos para el desarrollo económico del país.

III.- Discrecionalidad en levantar sanciones.

3.1- Decidir la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político contra las máximas autoridades del Poder Público y otros altos funcionarios.  Cuando dichas sanciones busquen obstaculizar la continuidad de la implementación de medidas económicas urgentes.

IV- Planificación en crisis

4.1- Establecimiento de rubros prioritarios para las compras del Estado o categorías de éstos y la asignación de divisas de manera directa.

4.2- Procura nacional o internacional urgente de bienes o suministros esenciales para garantizar salud, alimentación y sostenimiento de los servicios básicos en todo el territorio.  Vía acuerdos comerciales o de cooperación, mediante aplicación excepcional de mecanismo de contratación expedita. 

V.- Sistema Eléctrico.

5.1- Requerir de organismos internacionales y nacionales, así como del sector privado apoyo y asesoría técnica para la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional.

5.2- Aplicar medidas urgentes para reestablecer la energía eléctrica del Estado.

VI- Medio Ambiente

6.1- Implementar medidas necesarias para contrarrestar los efectos de los fenómenos climáticos: ajuste horario laboral, recuperación de los ecosistemas involucrados en la generación hidroeléctrica del país, vigilancia especial de las cuencas por parte de la fuerza pública.

6.2- Tomar medidas de protección de zonas boscosas para evitar deforestación, tala y quema, que alteran los ciclos hidrológicos e impactan los ciclos productivos y cosechas.   Vigilancia a cargo de FANB.

VII.- Soberanía.

7.1- Dictar medidas y ejecutar planes especiales de seguridad pública que garanticen el sostenimiento del orden público ante acciones desestabilizadoras que pretendan irrumpir en la vida interna del país o en las relaciones internacionales.

7.2- Adopción de medidas especiales en el orden de política exterior que garanticen el absoluto ejercicio de las soberanía nacional e impiden al injerencia den asuntos internos.

7.3-  Faculta al Ministerio de Relaciones Exteriores a auditar y supervisar contratos de personas naturales o jurídicas a los fines de suspender financiamiento a proyectos en el país estos se sean destinados a fines políticos o de desestabilización.

VIII.- Otras Medidas.

-Extraordinarias:
El artículo 3, permite que dicte otras medidas de orden social, ambiental, económico, político y jurídico que considere convenientes para resolver la situación excepcional objeto del decreto.
Según el artículo 1 del Decreto busca asegurar el pleno ejercicio de los derechos a la población, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes y servicios fundamentales y disminuir los efectos de las circunstancias de orden natural que han impactado la generación eléctrica y el acceso a los alimentos y otros productos esenciales para la vida.

El artículo 6 preve que a los fines de mantener y preserva la paz social y el orden público, podrán coordinar y ejecutar medidas para garantizar la soberanía y defensa nacional, con estricta sujeción a los derechos humanos.

-Financieras:
Otro artículo el 4, establece que el Ministerio con competencia en materia de banca y finanzas podrá efectuar las coordinaciones necesarias con el BCV para establecer límites máximos de ingreso o egreso de moneda venezolana de curso legal en efectivo, así como restricciones a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras, restringir dichas operaciones al uso de medios electrónicos autorizados en el país.

-Orden Público:
Expresamente establece que se podrá suspender temporalmente el porte de armas en el territorio nacional.
Carlos Romero

Fuente:

miércoles, 4 de mayo de 2016

Una mirada al proyecto de Ley de Protección e Indemnización a Usuarios frente a fallas de Servicio Eléctrico


La Asamblea Nacional propone en momentos de crisis eléctrica un proyecto de Ley titulado: LEY DE PROTECCIÓN E INDEMNIZACIÓN A USUARIOS FRENTE A FALLAS DEL SERVICIO ELÉCTRICO.   Aprobada en primera discusión el 26 de abril de 2016.
 
Ese proyecto de Ley plantea como objeto central la defensa, protección, información e indemnización de los usuarios del servicio eléctrico en caso de daños generados por fallas en el suministro de energía eléctrica.

Obligaciones.

El proyecto establece una serie de obligaciones a la empresa responsable del servicio eléctrico:
·                    Responder de manera expedita a los reclamos. En este sentido, oportuno es señalar que la Ley Orgánica del Servicio Electrico vigente, establece la obligación al Ministerio competente en materia eléctrica de responder oportunamente los reclamos y resolver los conflictos que le sean sometidos a su consideración.  En este caso se trata de una obligación a la empresa responsable de del servicio eléctrico. 

·                    Informar con anterioridad suficiente a la comunidad afectada, en caso de interrupción o falla en el suministro eléctrico, por todos los medios disponibles. De programarse interrupción deberá indicarse con precisión las medidas preventivas que se recomienda adoptar para evitar los daños.

·                    Elaborar un plan de racionamiento en el que debe indicarse: las razones técnicas, el área geográfica afectable, la disminución de suministro que se pronostica para lograr ajustes; el tiempo previsible de duración del plan; el cálculo del impacto económico que tendrá la implementación del plan y las medidas que se adoptarán para evitar la recurrencia del plan.

El Plan de racionamiento, debe ser diseñado atendiendo al principio de equidad, de manera que se garantice la distribución equilibrada de la energía eléctrica disponible a todos los sectores afectados, sin otra limitante que la preferencia debida al suministro de electricidad a los servicios de salud y de orden público.

·                    Informar de manera pública y visible al usuario, así como en su plataforma web, el procedimiento para reclamos, recursos, quejas, requisitos, plazos, medios probatorios e información sobre la defensa de los derechos como usuarios.

Precisamente el proyecto de Ley garantiza a los usuarios el derecho a acceder a la información clara, veraz y detallada sobre los puntos previamente señalados. 
Sanciones.

En el caso de no informar en materia de racionamiento, interrupción o falla, tendrá una sanción de destitución inmediata de la persona que funja como presidente de la empresa; sin que pueda éste ocupar algún cargo directivo en sociedades u organismos públicos relacionados con el sector, por el plazo de un (1) año. 

A esta disposición le haría falta definir ante qué instancia se hace la denuncia, de manera que se determine quién le corresponde ordenar esa destitución, luego, por supuesto de una debida revisión de la denuncia.   Allí queda abierta la sanción con el riesgo de no tener efectividad.

El reclamo como herramienta.

El proyecto de Ley viene a regular cómo se procesa el reclamo, empezando por exigir que cada empresa prestadora del servicio, tenga una Oficina de Reclamos, supervisada por el organismo nacional responsable del tema de protección de usuarios y consumidores.
La gratuidad, simplicidad, la posibilidad de actuar sin asistencia de abogado.  El reclamo debe ser registrado debidamente y las empresa podrá decidirla incluso antes de terminar el procedimiento previsto, para lo cual debe contar con la aprobación del usuario.

Así mismo se prevé una caducidad de 90 días para hacer el reclamo, 3 días hábiles tendrá la empresa, una vez presentado el reclamo para examinarlo y tendrá 5 días para decidir sobre el reclamo.
El reclamo y la información, es oportuno señalar, son derechos garantizados en la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico vigente.

 El modelo de gestión.
El proyecto de Ley declara como servicio público de primera necesidad todas las actividades que constituyen el suministro de energía eléctrica y define al usuario como toda persona natural o jurídica, de carácter público o privado, organizada o no, que utilice legalmente o pague el servicio eléctrico dentro del territorio de la República.
 
Carlos Romero.