sábado, 16 de enero de 2016

CENTRALISMO y EXCLUSIÓN DE LAS AUTORIDADES LOCALES EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FRONTERA

La exclusión de las autoridades municipales en el desarrollo integral de la frontera se concretó con la Ley Orgánica de Fronteras publicada en Gaceta Oficial el 30 de diciembre 2015 y aprobada vía habilitante.  Resulta útil rescatar el proyecto de Ley Orgánica de Fronteras, cuyo informe en primera discusión, tiene como fecha el 27 de julio de 2004, para poder contrastar el valor que 10 años atrás tenía el Municipio en las políticas fronterizas y su inexistencia como actor en el marco de esta Ley vigente.

Hay que empezar por destacar que en el proyecto de Ley del 2004, se planteó la necesidad de contar con un instrumento llamado Plan Municipal de Fronteras, el cual sería diseñado con la cooperación de los alcaldes fronterizos, quienes en unión a las Juntas Parroquiales del Municipio Fronterizo, del gobierno regional, así como de la Fuerza Armada Nacional y del sector empresarial se pretendió agrupar en algo llamado Unidad de Desarrollo Fronterizo.

En esa Unidad de Desarrollo Fronterizo, integrada por varios actores, recaía en el diseño del marco normativo fronterizo, la tarea de establecer las condiciones necesarias para un desarrollo sustentable de la zona fronteriza para mejorar la calidad de vida, velar por suministros y mantenimiento de servicios públicos básicos, la seguridad alimentaria, entre otras. 

La Ley Orgánica de 2015, simplemente habla de un Plan de Desarrollo Integral de Zonas Fronterizas, cuyo diseño está en manos del Ministerio con competencia en planificación, en coordinación con ministerios del poder popular en competencia en defensa y relaciones exteriores y adecuado al Plan Nacional de Desarrollo y a la Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria aprobado vía habilitante en el año 2014.  

Este Plan de Desarrollo Integral de los Espacios Fronterizos es un instrumento de planificación que si bien debe responder a las especificidades de los espacios fronterizos, debe ser dictado por el Presidente. Ahora bien la Ley menciona que debe tomar en cuenta en su contenido los otros planes, programas y proyectos de las regiones fronterizas respectivas.  

No hay mención ninguna a un Plan Municipal y menos aún a un Plan Municipal de Desarrollo que en una zona de frontera debe tener alto impacto en las políticas de frontera, y el cual es aprobado por el Concejo Municipal, pero en cuyo proceso de elaboración participan los llamados Consejos Locales de Planificación Pública.  

Cuando la Ley Orgánica de Frontera habla de regiones fronterizas, se refiere a la región de desarrollo integral que el Ejecutivo puede crear mediante Decreto y que estará conformada por espacios geográficos de la República, reconociendo toda forma de organización territorial o social, de organización administrativa de desarrollo y defensa integral que exista en la frontera respectiva.

El proyecto de Ley del 2004 planteó hablar de Zona de Integración Fronteriza, y las definía como aquél espacio geográfico de los municipios fronterizos, en donde se procuraría optimizar condiciones para el desarrollo integral económico, social y de ordenación urbana de la zona, a través de la planificación coordinada y celebración de convenios, programas y actividades con los países vecinos a través de los órganos correspondientes. 

En este sentido el proyecto de Ley a que se hace referencia en este artículo, asumía a los alcaldes como unos actores efectivos para la promoción del desarrollo fronterizo y a tal fin, facultaba a los mismos a solicitar a la Asamblea Nacional, el establecimiento de mecanismos de cooperación con los países vecinos, siempre que su objetivo fuera el desarrollo fronterizo del municipio respectivo.  

En este sentido, la Ley vigente expresamente prohíbe a los alcaldes y gobernadores a celebrar acuerdos o convenios con autoridades de otros países, sin que previamente haya autorización del Ejecutivo.  Incluso, prohíbe reuniones con autoridades de otros países, sin que la misma sea autorizada por el mismo Ejecutivo y coordinada con el ministerio respectivo, en pocas palabras, no es viable una reunión entre los alcaldes de San Antonio del Táchira y Pedro María Ureña con el de Cúcuta sin que antes haya un paso previo de autorización con el Ejecutivo en Caracas y un mecanismo de coordinación con algún ministro en la capital.

Los alcaldes, en el proyecto de Ley Orgánica de Fronteras del año 2004, junto a los presidentes de las Juntas Parroquiales y con la participación de 3 Concejales, designados por el Concejo Municipal respectivo, se reunirían en algo que se pretendió llamar Consejo de Gobierno del Municipio, en cuyo espacio, éstas autoridades legítimamente electas, asumirían la tarea de gestionar recursos para la inversión y créditos para la financiación de iniciativas presentadas por pequeños productores, comercios, industrias, empresarios, comunidades indígenas, comunidades y unidades familiares para el fomento de actividades de desarrollo productivo, artesanal, pesquero y agropecuario en la zona de frontera.

En el proyecto de Ley del 2004 se propuso la creación de un Fondo de Desarrollo Fronterizo con la finalidad de promover la descentralización administrativa y el desarrollo de los municipios fronterizos y municipios colindantes, marítimos, insulares y las dependencias federales, así como también para propiciar la participación ciudadana, para un mejor logro de tales fines.

Hay que destacar el rol que aquél proyecto de ley quería dar a las autoridades locales en la promoción hacia al descentralización administrativa y de la participación ciudadana en el desarrollo integral fronterizo.  La Ley Orgánica de Frontera vigente, orienta sus normas para dar un papel relevante al Sistema de Regionalización para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria en el desarrollo integral de la frontera, con lo cual impone de manera directa y desde el gobierno central un modelo de control político, social y económico de la sociedad, bajo el modelo del Plan de la Patria.

El Fondo de Desarrollo Fronterizo que pretendió crear el proyecto de ley del 2004, planteó un diseño en el cual en la toma de decisiones sobre el destino de los recursos para el desarrollo fronterizo, participaban distintos actores en representación del Presidente de la República; algunos ministros; gobiernos regionales, asamblea nacional, alcaldes e incluso se preveía la participación de un representante del sector empresarial.  

El proyecto de ley del 2004, además, pretendió incluir una serie de normas orientadas a promover incentivos en el sector agropecuario, industrial, incluso para quienes asumen la tarea de ser funcionarios públicos en la zona fronteriza, así mismo, incorporó otras normas dirigidas a la Fuerza Armada Nacional y a los Indigenas ubicados en la zona fronteriza.

Resulta interesante destacar el intento del proyecto de ley de crear distintas categorías de municipios, según los niveles de desarrollo y cuya definición sería el resultado del análisis de una serie de indicadores construidos en base a la información sobre la mortalidad infantil, desempleo, calidad de servicios públicos, déficit sanitario, educación, vivienda, entre otros datos exclusivos de la zona de frontera que cada 10 años serían revisados.  

En conclusión, en el año 2004 el Poder Público Municipal era considerado un actor para la promoción del desarrollo fronterizo, en el marco de un Estado Federal y Descentralizado, pero nunca llegó a concretarse ese rol activo, porque ese proyecto nunca se aprobó.  

Unos 10 años después, aparece la Ley Orgánica de Fronteras y coherente con el Plan de la Patria 2013-2019, excluye a las instituciones políticas municipales como actor del desarrollo integral de la frontera, ignora el diseño Federal y Descentralizado a que hace referencia la Constitución e impone un criterio de planificación regional, a través del cual pretende conformar en las zonas fronterizas un nuevo orden político, territorial, económico y social, en donde por cierto también el principio de participación ciudadana es ignorado. 

Carlos Romero Mendoza.

viernes, 15 de enero de 2016

La frontera colombo-venezolana está dolida

La indignación que despertó en la sociedad venezolana aquello que se calificó como el “desalojo de viviendas con poder militar” en el año 2000, representado con el caso de Los Semerucos,[1] ahora se repite con indignación y vergüenza cuando el poder del Estado, a través de las fuerzas militares, echa del país a hombres, mujeres y niños, que ante los ojos del propio Estado habían ocupado un rincón de San Antonio del Táchira como pedacito de territorio para vivir.

Cuando Los Semerucos, los enemigos de la revolución eran los petroleros; hoy, son ese grupo de Colombianos que en San Antonio del Táchira pagaron con la humillación los desencuentros del gobierno venezolano con un país que está en ruinas.

Las acciones que hoy sirven para intervenir política y militarmente la frontera, a través del estado de excepción en 6 municipios autónomos del Táchira, coinciden a la perfección con aquellas que se argumentaron en el 2014 durante la crisis que generaron las “guarimbas” en el Táchira.

El paramilitarismo y hasta un supuesto movimiento separatista que se organiza desde Colombia[2], fueron unos de los argumentos que se usaron para enfrentar la protesta de calle y hacer de Daniel Ceballos, Alcalde electo popularmente del municipio autónomo San Cristóbal, el nuevo enemigo del gobierno central.

Fue precisamente, el Alcalde Ceballos, quien un 20 de febrero de 2014, alertó sobre un Estado de Excepción por vías de hecho, cuando la ciudad capital del estado Táchira amaneció tomada por la FANB, con presencia en esquinas estratégicas de equipo militar, además sin el servicio de internet y con la presencia del Alto Mando Militar[3].

No hay que olvidar que justo un día antes, el 19 de febrero 2014, en Consejo de Ministros, Maduro amenazaba con decretar un Estado de Excepción en el Táchira, si fuere necesario, con el objetivo de salvar al Estado de los “fascitas y paracos”[4].

Quienes conocemos la frontera y su particular dinámica, por demás compleja, no podemos desconocer que el narcotráfico, el contrabando principalmente con gasolina y con los indocumentados, son problemas propios de la realidad fronteriza, que exige respuestas permanentes, es decir, no coyunturales, por parte del Estado.

Cuando el bolívar tenía capacidad de compra, es decir, cuando era una moneda realmente fuerte, los venezolanos nos movilizábamos a Cúcuta porque el diferencial cambiario era favorable, ello implica, que si asumimos la interpretación muy particular del gobierno sobre la guerra económica, entonces eran los venezolanos quienes en los años 70 y 80 lesionaban los intereses de Colombia.   Hoy el bolívar ya no es fuerte y desde hace tiempo la dinámica cambió, es ahora el colombiano quien viene a comprar a Venezuela.
En consecuencia, la lógica advierte que por mucha ideologización y verbo que se imponga a través de una campaña mediática por parte del gobierno, la política económica errada seguirá siendo el principal obstáculo para enfrentar con efectividad el bachaqueo y la podrida corrupción gubernamental.

Hoy cuando el gobierno echa de las tierras venezolanas, con violencia y poder militar, a un grupo importante de colombianos, sin detenerse a evaluar su presencia legal o no; e impone una autoridad única por encima de las autoridades legítimamente electas, no queda otra que un sentimiento de vergüenza y rechazo por la forma tan inhumana del tratamiento dado y el intento de controlar definitivamente la zona de frontera.

¿Por qué en el año 2009, cuando la población de San Antonio fue atemorizada por grupos irregulares y obligadas a asumir un auto-toque de queda ante las amenazas que circularon a través de panfletos, el Estado sólo actúo a través de una mayor intervención militar en San Antonio, Ureña y Rubio, sin necesidad de cerrar la frontera y menos aún, de decretar estado de excepción?.

¿Qué dejó de hacer el gobierno venezolano que luego de 6 años, ahora afirma verse obligado a enfrentar a los paramilitares y al contrabando, siendo que toda la zona fronteriza ha sido permanentemente una zona de seguridad estratégica con presencia militar?.

Para quienes somos con orgullo Gochos, no nos queda otra, que con la voz gritar RESPETO, pues la libertad de hacerlo, sigue siendo nuestra herramienta de ciudadanía; además, pensando en los valores que heredamos de nuestros ancestros, y en la memoria de los mismos, debemos reclamar al Estado responsabilidad en su actuación y transparencia, que son principios garantizados de manera constitucional.

La Tierra Tachirense, que describe la obra musical de Chucho Corrales, hoy está maltratada por el gobierno central y pacíficamente se resiste ante un Socialismo que ignora la historia de hombres y mujeres que en el pasado dieron muestras de valor cívico y de capacidad política en la construcción de una patria de verdad.

Esa frontera, que es parte de la Tierra Tachirense, no está podrida como advierte el Presidente[5]. Está enferma y en sus manos sin duda se agravará la enfermedad, porque el diagnóstico no está completo, es sesgado. Responder a tamaño insulto, consigue en registro de la historia, palabras que fueron escritas por un ilustre abogado y escritor tachirense, de nombre Pedro María Morantes (1865-1918), quien bajo el seudónimo de Pio Gil, en el marco de la Revolución Restauradora asumió la crítica como estilo literario frente a un país enfermo de corrupción y con una libertad lesionada.

Pio Gil, buscando determinar la responsabilidad de las distintas clases políticas-sociales sobre la ruina y verguenza de la patria, advirtió que en principio el pueblo que las sufre no es el responsable.

Los responsables del desastre nacional sois vosotros, los que habéis conquistado el tremendo privilegio de representar la patria en todos los casos y de ejercer el patriotismo en todas sus formas; vosotros, los denodados generales, los incorruptibles periodistas, los historiadores y literatos por cuenta del erario público; vosotos, los mentores de la política, los mentores de la sociedad, los mecenas de la inteligencia. Vosotros los estadistas insignes, los doctores sapientísimos, los arengadores en los congresos y en los festines, merced de una propina tan costosa como secreta; vosotros los austeros magistrados de portamonedas repletos que os emborrachaís, que os hartáis y que os divertís entre los clamores de los hambrientos que piden pan, los presos que piden libertad y de los perseguidos que piden justicia; vosotros, los inamovibles empleados que, desde hace tantos años, venís haciendo la felicidad de esta patria que se está muriendo en vuestras manos; vosotros, los pastores vitalicios del rebaño nacional y los agentes fiscales que os enriquecéis con las deudas que echáis sobre los hombros del país; vosotros los jueces y jurados que absolvéis a los asesinos para fomentar el cáncer más disolvente del orden social; la impunidad del crimen; vosotros, únicamente vosotros, y no el pueblo, sois los responsables del envilecimiento de Venezuela.

 Hoy frontera está dolida, la villa heroica de San Antonio, como la calificó Bolívar, es testigo de uno de los hechos más vergonzosos de nuestra historia reciente, en un territorio donde por naturaleza el amarillo sol brilla con fuerza, abrazando bajo un mismo cielo azul, a quienes con afecto y familiaridad, se unen diariamente en una dinámica que es difícil de comprender desde Bogotá y Caracas.

Carlos Romero Mendoza.
 
[1] La protesta militar. Los Semerucos: desalojo con poder militar. 27 de septiembre 2006. Online en: http://laprotestamilitar.blogspot.com/2006/09/los-semerucos-desalojo-con-poder.html
[2] Difunde la verdad. Maduro: paramilitares están detrás de las guarimbas. 30 de mayo 2014. Online: http://www.difundelaverdad.org.ve/portada/maduro-paramilitares-estan-detras-de-las-guarimbas-en-tachira-para-separarla-de-venezuela/#.Vd3c_6PJS_E
[3] El Nacional. “Ceballos: en el Táchira decretaron Estado de Excepción por las vías de Hecho”. 20 de febrero 2014. Online en: http://www.el-nacional.com/regiones/Ceballos-Tachira-declararon-Excepcion-hechos_0_359364185.html
[4]Noticia Al Día. “Maduro está dispuesto a recibir dirigentes estudiantiles y a decretar estado de excepción en el Táchira”. 19 de febrero 2014. Online en: http://noticiaaldia.com/2014/02/maduro-encabeza-consejo-de-ministros-desde-miraflores-en-cadena-nacional/
[5] PSUV. “Frontera Colombo-Venezolana, se pudrió bajo el capitalismo paramilitar”. 24 de agosto de 2015. Online en: http://www.psuv.org.ve/portada/venezuela-frontera-nicolas-maduro-paramilitarismo-paz/#.Vd3fu6PJS_E

ARTICULO PUBLICADO Y ESCRITO PARA POLITIKA UCAB. 29 de agosto de 2015.

La Frontera Abandonada

Llegó primero la declaración del Estado de Excepción antes que la Ley Orgánica de Frontera.  En este sentido, oportuno es recodar que un 27 de julio de 2004 la Asamblea Nacional había aprobado en primera discusión un proyecto de Ley Orgánica de Fronteras que otorgaba un papel esencial en del desarrollo de la zona fronteriza a las autoridades locales.

Ni la Asamblea Nacional, vía legislación ordinaria, ni el Consejo Nacional de Fronteras, vía habilitante en el año 2008[1] y menos aun el Consejo de Defensa Nacional, también mediante una nueva habilitante en 2013[2], mostraron la capacidad política de abordar con responsabilidad los problemas que desde hace décadas enfrentan los habitantes de las fronteras venezolanas.

Feijoo Colomine, ex Secretario del Consejo Nacional de Fronteras, advertía en el año 2013 el cierre técnico de ese órgano por no preverse fondos para 2014; y reconocía, a través de un artículo de opinión, que en nuestras fronteras la vida humana no tenía valor.  Además, destacaba que en esas zonas limítrofes el país perdía cuantiosos recursos económicos, se imponían formas modernas de esclavitud y se deformaba la conciencia social para colectivizarse, construir e imponerse una cultura delicuencial.[3]

Luego en otro artículo, en 2014, Feijoo Colomine reconoció, además, la ausencia de políticas fronterizas para hacer frente efectivo a los graves problemas de las fronteras.

El Consejo Nacional de Fronteras fue conformado por primera vez en el año 1970 bajo el Gobierno de Rafael Caldera, y luego reactivado en su segundo período presidencial en el año 1994. Luis Herrera en el año 1980 y Jaime Lusinchi en 1984, también asumieron la necesidad de activar este órgano para el estudio, análisis y propuestas de políticas fronterizas.

La intensa dinámica y la compleja realidad que caracteriza a la frontera con Colombia impulsó, en 1989, al entonces presidente Carlos Andrés Pérez a crear la Comisión Presidencial de Asuntos Fronterizos Colombo Venezolano.  Incluso Hugo Chávez, también convocó en su momento, para abordar el tema de la frontera con Colombia, a una Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos.

El 2 de agosto de 2013 la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela publica el Decreto Presidencial 279 mediante el cual se crea una nueva instancia llamada Estado Mayor Fronterizo Cívico Militar, responsable de diseñar del Plan Estratégico para la transformación de las zonas limítrofes, y encargado de hacer el seguimiento y control sobre las acciones estratégicas de la política integral de fronteras.

El Decreto mencionado destaca que este Estado Mayor tiene como misión incorporar la conciencia socialista y revolucionaria en las políticas de frontera con el objetivo de preservar la integridad territorial, la soberanía, la seguridad, la identidad nacional y la defensa de la patria.

El Estado Mayor Fronterizo Cívico-Militar está integrado por los gobernadores del Táchira y del Zulia, así como también el Comandante Estratégico Operacional de la FANB, los jefes de las Regiones de Desarrollo y Defensa Integral de Occidente, Los Andes, Los Llanos y Guayana, el Secretario General del Consejo de Defensa de la  Nación, el ministro del Interior, Paz y Justicia, así como también el director de asuntos fronterizos del Ministerio de Relaciones Exteriores.  Lo preside el Ministro del Despacho y seguimiento de la Presidencia.

Esta nueva instancia, en noviembre de 2013, en una segunda reunión de trabajo, acordó concretar mesas de trabajo interinstitucionales para reforzar la defensa de la economía del país y hacerle frente a la llamada guerra económica, que se afirma, es insertada a través de la generación de problemas y conflictos fronterizos[4].

Pero luego, en agosto de 2014, sorprende una nota de prensa anunciando la activación del Estado Mayor Fronterizo Cívico-Militar, pero bajo la responsabilidad del Vicepresidente Jorge Arreaza y se informa que la medida es parte del compromiso con una Comisión Binacional contra el Contrabando[5].

¿Qué pasó con todo ese esfuerzo binacional y con la labor de seguimiento del Estado Mayor Fronterizo Cívico Militar, que luego de dos años de su creación, el Presidente Maduro dice verse obligado a tomar medidas excepcionales sobre la zona fronteriza y además afirma categóricamente que la Frontera se “pudrió bajo el capitalismo paramilitar”?[6].

Por cierto, en 2013, Feijoo Colomine[7] reconoce que la frontera estaba dominada por los modos y manifestaciones más perversos del capitalismo.  Luego en otro artículo de opinión en el 2014, el mismo ex Secretario del Consejo Nacional de Fronteras, advirtió a los seguidores del Socialismo del Siglo XXI, que en la Frontera diariamente la revolución estaba a prueba, y como evidencia de ello, señaló que entre las elecciones de 2006 y las del año 2013 en las zonas fronterizas, la llamada “derecha” había tomado mayor control político, en detrimento de una revolución que disminuyó su población electoral en un 5,8%[8].

Por otro lado, el contenido del Plan de la Patria 2013-2019, no advierte grandes líneas de desarrollo estratégico en beneficio de los habitantes de las fronteras venezolanas; por el contrario, reconoce la existencia de violencia en la zona y de la necesidad de controlar los bienes que se movilizan en la frontera.

En tal sentido, un primer objetivo del Plan de la Patria propone incrementar la actividad operativa cívico militar para la defensa del territorio para controlar y neutralizar el crimen trasnacional y grupos generadores de violencia; y un segundo objetivo, plantea un mayor control sobre la soberanía en el intercambio de bienes en la zona fronteriza, enmarcado en la tarea de profundizar en una nueva geometría nacional.

El narcotráfico, la presencia de Guerrillas, el paramilitarismo, el contrabando principalmente de gasolina, el tema de los indocumentados, la deficiencia en la prestación de los servicios públicos básicos en la zona fronterizas, así como las desigualdades económicas que allí se experimentan, son problemas que por años ha acompañado a los habitantes de las fronteras venezolanas, y que se ha desbordado de una forma sin precedentes en nuestra historia bajo el modelo socialista, de ello son testigos silenciosos los mismos habitantes de la zona fronteriza.

La frontera ha estado olvidada a lo largo de estas décadas. Ahora aparece una solución militar para tomar el control de una zona fronteriza, por problemas que simplemente no se han abordado de manera adecuada y oportuna.  La solución excepcional, aparece en un momento muy complicado para todos y principalmente para un Presidente y un modelo político que experimenta, con mayor intensidad, aquella misma ilegitimidad que llevó a la renuncia de Carlos Andrés Pérez.  Por cierto, fue entonces cuando mí generación experimentó por primera el debate político entre legitimidad e ilegitimidad.

Carlos Romero Mendoza.

[1] COLOMINE, Feijoo. El Pecado Original del Consejo Nacional de Fronteras. 28 de noviembre del 2013. Aporrea. Online en: http://www.aporrea.org/actualidad/a177774.html
[2] COLOMINE, Feijoo.  Ley Orgánica de Fronteras, vía ley habilitante. 10 de julio del 2015. Aporrea. Online en: http://www.aporrea.org/tiburon/a210542.html
[3] Ver nota 1
[4] AVN.  Estado Mayor Fronterizo Cívico-Militar, reforzará la defensa de la Economía. 01 de noviembre 2013. Online en: http://www.avn.info.ve/contenido/estado-mayor-fronterizo-c%C3%ADvico-militar-reforzar%C3%A1-defensa-econom%C3%ADa
[5] El Universal. Activado Estado Mayor Fronterizo Cívico Militar. 8 de agosto de 2014. Online en: http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140808/activado-el-estado-mayor-fronterizo-civico-militar
[6] PSUV.  Venezuela colombo-venezolana se pudrió bajo el capitalismo paramilitar. 24 de agosto de 2015. Online en: http://www.psuv.org.ve/portada/venezuela-frontera-nicolas-maduro-paramilitarismo-paz/#.VehCIaPJS_E
[7] Ver cita 3
[8] Colomine Feijoo.  Las fronteras venezolanas, reto para el Socialismo del Siglo XXI. 29 de abril 2014. Aporrrea. Online en: http://www.aporrea.org/actualidad/a187237.html

ARTICULO ESCRITO Y PUBLICADO POR POLITIKA UCAB. 04 de septiembre 2015.

De la Frontera abandonada a la frontera expropiada.

Carlos Romero Mendoza – 18 de septiembre de 2015
El Estado Mayor Fronterizo Cívico-Militar fue creado el 2 de agosto de 2013 mediante decreto presidencial 40.220 como instancia responsable de transformar las zonas fronterizas en territorios de vida, especialmente, aquellas que se ubican en el límite con Colombia, promoviendo de esta forma el desarrollo social, económico y cultural bajo un alto grado de conciencia Socialista y Revolucionaria.

La transformación que sufre actualmente la frontera colombo-venezolana no es precisamente producto del Plan Estratégico que el decreto ordena construir al Estado Mayor Fronterizo Cívico-Militar, por el contrario, es el resultado de una transformación que se impone vía militar aprovechándose de la declaración del Estado de Excepción.

Lo que se inició por la frontera entre Táchira y Norte de Santander, se extendió por el Zulia y Apure, y ha llevado a crear nuevas autoridades militares con responsabilidades extraordinarias sobre las distintas zonas geográficas afectadas por el Estado de Excepción.

A partir del 11 de septiembre el decreto 2010 introduce una nueva figura al tablero de actores fronterizos, se trata de la Misión Nueva Frontera de Paz, bajo la conducción de otra autoridad militar y que operará legalmente como una Fundación del Estado.

La Misión Nueva Frontera de Paz busca constituir una nueva frontera, reforzando y mejorando la seguridad de dichas zonas, las condiciones de la población y su capacidad productiva, como estrategia para enfrentar el paramilitarismo, el narcotráfico, el secuestro, contrabando y cualquier otra expresión contraria al orden público.

La responsabilidad que tienen los Alcaldes y Concejales, así como el propio Consejo Local de Planificación Pública sobre el desarrollo integral local, ha sido ignorada en esta arquitectura institucional que de manera excepcional se va construyendo en la zona fronteriza con Colombia.

Por su parte, los gobernadores del Táchira y del Zulia, autoridades que son parte del Estado Mayor Fronterizo Cívico-Militar, se han transformado en agentes del ejecutivo nacional, regresando así al rol político que tuvieron los gobernadores antes de la descentralización que el país experimentó a partir del año 1988.

Desde Caracas, el Presidente dio la orden de organizar un Seminario Consultivo Nacional[1], como estrategia para construir algunas propuestas orientadas a refundar la dinámica económica y social de la frontera. Esta iniciativa representa un juego político para simular la inclusión ciudadana en la discusión sobre esa nueva frontera de paz[2].

El resultado de ese Seminario, particularmente en el Táchira, merece especial atención, porque algunas de las propuestas simplemente reiteran o ponen en evidencia el abandono de la frontera por parte del Estado a lo largo de décadas.

Una primera propuesta consiste en aprobar la Ley Orgánica de Fronteras, la cual debió haberse concretado hace más de 10 años. La omisión del Estado en cumplir el mandato constitucional es evidente, más cuando el gobierno ha disfrutado de múltiples leyes habilitantes y de una mayoría oficialista en la Asamblea Nacional. Claramente estas dos vías para aprobar el instrumento legal no han sido puestas al servicio de los intereses y necesidades particulares de los habitantes de la frontera.

Una segunda propuesta, eleva un reclamo histórico, pues exhorta a mejorar las vías expresas que permitan una mayor y mejor movilidad.   En tal sentido, basta con viajar entre San Cristóbal a San Antonio, y luego entre San Antonio y Cúcuta para poder valorar los niveles de avance y/o desarrollo vial de un lado y del otro de la frontera.

Una tercera propuesta supone la necesidad de abrir y normalizar el comercio en la frontera, pues es la única forma viable para lograr aprobar una política de peajes internacionales con tarifas adecuadas al tipo de carga que genere suficientes ingresos económicos para invertir en mantenimiento de las propias vías, mejoramiento educativo de la zona, entre otros beneficios. De esto se habló mucho cuando existió el peaje entre el puesto de la Guardia Nacional conocido como Peracal y la población de San Antonio del Táchira.

Asimismo la propuesta de crear Zonas Especiales, que sirvan de vitrina para colocar productos e insumos producidos en Táchira, exige sin duda una frontera abierta, dinámica y con importante grado de autonomía para diseñar su propio desarrollo.

Algunos industriales expresaron sus ideas y en tal sentido plantearon un tratamiento especial para importar materia prima, insumos, herramientas y repuestos para importaciones menores; igualmente propusieron una taquilla única para la frontera, de manera que el sector pueda tener acceso a los códigos de las empresas nacionales y una Escuela Técnica en Ureña. Por cierto, es importante recordar que el Táchira ya cuenta, desde hace años, con una Escuela Técnica Industrial (ETI).

Estas propuestas no necesitaban de un Estado de Excepción para ser presentadas, en esencia son parte de la responsabilidad constitucional que tiene el Estado desde 1999, cuando fue llamado a establecer un régimen especial para la Frontera.

Otras propuestas presentadas en el Seminario, denotan claramente el interés por un mayor control político y social del Estado; entre ellas, la necesidad de mantener el programa OLP de manera permanente a nivel de inteligencia; la rigurosa evaluación de los ciudadanos que son regularizados en el marco de la Misión Identidad, así como también, mayor supervisión y control sobre las emisoras fronterizas y medios de comunicación local, buscando mayor presencia de los medios del Estado en la franja fronteriza.

Por su parte, la corriente del PSUV, llamada Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora[3], presentó su Plan Frontera, en el cual proponen la conformación de un Muro Comunal Fronterizo, mediante el cual buscan garantizar mayor presencia del poder popular organizado para la defensa de la soberanía, la presencia nacional y para la producción en la zona.

Además de reconocer la necesidad de fortalecer el PSUV en la zona fronteriza, plantean la incorporación del poder popular a las Comisiones de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria, y resaltan la necesidad de garantizar la regularidad de los llamados gabinetes ministeriales fronterizos.

Esta Corriente Revolucionaria también exhorta a que el Alto Mando Militar fortalezca la unión cívico militar en la zona de frontera, de manera que se conforme la autodefensa del pueblo y la organización de las milicias.

La realidad que particularmente se vive entre Ureña y San Antonio, advierte de un proceso político de “expropiación” de aquella zona territorial en beneficio de la visión que impone el Plan de la Patria 2013-2019 y que además resulta oportuno para intentar incidir en los resultados generales de las elecciones parlamentarias 2015.

Poco se oye desde Caracas la voz de reclamo de la sociedad noble del Táchira por un tratamiento respetuoso y digno por parte del Gobierno Nacional, la inexistente institucionalidad hace que simplemente el silencio se imponga ante la ausencia de garantías básicas para el ejercicio de las libertades ciudadanas.

Carlos Romero Mendoza

[1] Radio Nacional de Venezuela. ¡Con aportes del Pueblo!. Este viernes iniciará Seminario Consultivo Abierto para establecer una frontera de paz. 09 de septiembre de 2015. Online en: http://www.rnv.gov.ve/este-viernes-iniciara-seminario-consultivo-abierto-para-establecer-una-frontera-de-paz/
[2] Telesur.net. Claves entre una nueva frontera de paz entre Venezuela y Colombia. 13 de septiembre 2015. Online en: http://www.telesurtv.net/news/En-claves-Lo-que-implica-construir-una-nueva-frontera-de-paz-con-Colombia-20150913-0007.html
[3] Ensartaos.com.ve La Frontera, ¡Territorio Socialista!. Propuesta CRBZ para una nueva frontera soberana y Chavista. 10 de septiembre 2015. Online en: https://ensartaos.com.ve/2015/09/10/noticia/44365?page=8

Artículo escrito para POLITIKA UCAB y publicado el 18 de septiembre de 2015.

jueves, 14 de enero de 2016

La necesidad de debatir sobre el impacto de la Ley Orgánica de Fronteras en el Táchira.

El 13 de enero de 2016, la nueva Asamblea Nacional, aprobó el ACUERDO SOBRE LA CRISIS GENERADA POR EL ACTUAL CIERRE DE FRONTERA Y LA VIOLAION DE DERECHOS HUMANOS EN VEINTICUATRO MUNICIPIOS DE LA REPUBLICA SOMETIDOS A ESTADO DE EXCEPCION , cuyo texto exhorta al Presidente Maduro para que restituya de manera inmediata el Estado de Derecho respecto al Libre Tránsito y demás Garantías en aquellas zonas que aún están bajo el régimen del Estado de Excepción y por otro lado, extiende esa exhortación al Ministro de Defensa para que ordene de manera inmediata abrir la Frontera Colombo-Venezolana.
 

El Acuerdo destaca que el Estado de Excepción generó graves violaciones de derechos humanos, normas constitucionales y tratados internacionales, debidamente suscritos y ratificados por la República, en materia de derecho al libre tránsito; libertad de expresión; debido proceso migratorio y deportaciones forzosas; derecho a la propiedad privada; principio de Unidad Familiar y una clara violación al principio de Integración Latinoamericana.
 

Así mismo, denuncia que ese régimen extraordinario al cual se sometió a las poblaciones fronterizas de Venezuela, generó gravísimos daños en política tributaria para el Estado Venezolano, particularmente a los municipios fronterizos, debido al bloqueo industrial, comercial y aduanero que generó el cierre de frontera.
 

La Asamblea Nacional, además de solicitar mediante este Acuerdo la restitución de las garantías constitucionales en las zonas de frontera, advierte que como institución, no permitirá que se sustituya la economía formal aduanera por la economía informal de utilidad individual que utiliza caminos verdes, conocidos como trochas y que generan oportunidades de corrupción que son públicos, notorios y comunicacionales.
 

En el marco del Acuerdo, se aprobó la creación de la Comisión Especial de Frontera, a los fines de investigar la situación en los municipios de frontera, procesar las denuncias a que hubiere lugar por violación a los derechos humanos y además, analizar y evaluar el alcance de la Ley Orgánica de Fronteras, aprobada vía habilitante el 30 de diciembre 2015. Esa Comisión quedó integrada por los diputados Leidy Gómez, Juan Requesens, Gaby Arellano y Julio Montoya.
 

El Acuerdo se convierte en un documento oficial oportuno para que particularmente en el Táchira, las autoridades electas y los ciudadanos puedan abordar el impacto de la Ley Orgánica de Frontera en la realidad económica, social y política de esa zona fronteriza que perdió aquél dinamismo comercial y de movilidad que siempre la caracterizó.
 

Es oportuno señalar que han surgido en los últimos días algunas iniciativas que buscan en el Estado Táchira, fijar posición sobre el contenido de la Ley Orgánica de Fronteras y la política de cierre fronterizo. Una de esas iniciativas es la convocatoria a una Asamblea entre autoridades electas y actores de la sociedad civil organizada en la Plaza Bolívar del Municipio Pedro María Ureña anunciada para el próximo día 15 de enero de 2016.
 

Miguel Reyes, del Consejo Legislativo del Estado Táchira, explicó recientemente que ese encuentro propuesto en Ureña busca analizar el contenido y alcance de la Ley Orgánica de Fronteras, y abordar el cierre de la frontera con la finalidad de aprobar un Manifiesto de la Frontera, que pueda elevarse ante el Ejecutivo Nacional y la Asamblea Nacional, en cuyo contenido se registren observaciones a la ley orgánica y propuestas e inquietudes sobre los problemas que impactan actualmente a los habitantes de la frontera [1].
 

Según el legislador tachirense, a esa reunión asistirán diputados nacionales, legisladores estadales, integrantes de los Consejos Municipales de los 4 municipios afectados por el estado de excepción y representantes del sector empresarial e industrial de la zona.
 

Pero otra declaración, en este caso del Alcalde del Municipio Pedro María Ureña, Alejandro García, pone en duda la claridad el objetivo de esa convocatoria y reduce la Asamblea en la Plaza Bolívar a un punto único que es el reclamo colectivo para exigir la apertura de la Frontera.[2] 

Por su parte, el Consejo Legislativo del Estado Táchira, tal vez, movidos por la Feria de San Sebastián, acordó crear una Comisión integrada por legisladores del PSUV y de la Unidad, a fin de promover un debate que lleve a construir los consensos necesarios para abrir gradualmente la frontera[3].

El diputado Manuel Peñaloza, del PSUV, afirmó que el Consejo Legislativo del Estado Táchira, está en la disposición de crear un marco normativo que permita facilitar una frontera de paz, en beneficio de la población y que permita lograr acuerdos económicos entre Venezuela y Colombia. Pretender crear un marco normativo desde el Consejo Legislativo Estadal representa una gran oportunidad para evaluar el efecto negativo de esa Ley Orgánica de Frontera en el papel institucional del Poder Legislativo Estadal sobre el desarrollo integral y normativo de la realidad fronteriza.

En esa sesión ordinaria del Consejo Legislativo del Estado Táchira, según información pública, hubo representación de las Cámaras de Comercio de la Fría, San Antonio, Ureña, Transportistas de carga pesada internacional, carboneros, manufactureros, entre otros, quienes en sus participaciones abogaron por el diálogo y el debate.

Precisamente, el diálogo y el debate sobre la nueva Ley Orgánica de Fronteras es uno de los más urgentes e inmediatos desafíos que tiene la sociedad tachirense, pues ese nuevo marco normativo, debilita la participación de las instituciones políticas estadales y municipales en el desarrollo integral de la zona fronteriza y excluye de esa tarea, la pluralidad en la participación ciudadana. 
Carlos Romero.






[1] La Nación.  No queremos una ley de fronteras chucuta y llamamos al pueblo a debatir en asamblea.  12 de enero 2016. Online en: http://lanacionweb.com/politica/no-queremos-una-ley-de-fronteras-chucuta-y-llamamos-al-pueblo-a-debatir-en-asamblea/



[2] La Nación. Asamblea de Ciudadanos en Ureña el viernes para exigir reapertura de la frontera. 12 de enero de 2016.  Online en: http://lanacionweb.com/regional/asamblea-de-ciudadanos-en-urena-el-viernes-para-exigir-al-gobierno-reapertura-de-la-frontera/



[3]La Nación.  Crean Comisión Parlamentaria especial para la reapertura paulatina de la frontera. 13 de enero de 2016. Online: http://lanacionweb.com/politica/crean-comision-parlamentaria-especial-para-la-reapertura-paulatina-de-la-frontera/

 

viernes, 8 de enero de 2016

Consejos Presidenciales del Poder Popular: instrumentos políticos del Ejecutivo Nacional




El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de los Consejos Presidenciales de Gobierno del Poder Popular publicado el 29 de diciembre de 2015 en Gaceta Extraordinaria N. 6.209, es un instrumento que pretende vía habilitante legalizar una estructura política que  vincule a las organizaciones del llamado poder popular, principalmente las comunas, con la estructura organizativa del Ejecutivo Nacional, bajo la dirección del Presidente de la República.

Ese Decreto-Ley establece que la Vicepresidencia Ejecutiva o las Vicepresidencias Sectoriales podrán desarrollar en sus estructuras organizativas, en coordinación con el ministerio del poder popular con competencia en planificación, las unidades de apoyo operativo a los respectivos consejos y advierte que esas unidades de apoyo deben organizarse bajo el principio de austeridad administrativa.

Los Consejos Presidenciales del Poder Popular se convierten en instancias formales de ejercicio del poder popular de manera sectorial en la formulación, evaluación y seguimiento de los planes sectoriales, espaciales e institucionales que se desarrollen en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación; función que realizarán a través de un sistema que crea una relación directa entre estas instancias y el Presidente de la República.

La articulación entre las distintas formas de organización espacial y sectorial que se crean en el marco del poder popular, principalmente las Comunas, con el Ejecutivo Nacional, así como también, las distintas leyes, los recursos disponibles para el desarrollo del poder popular y toda gestión que participe en la formulación de políticas, planes y programas asociados con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, que conocemos como Plan de la Patria 2013-2019, es denominado Sistema de Gobierno Popular.

Ese Decreto Ley crea ese nuevo Sistema de Gobierno Popular y además, lo vincula con otro decreto ley publicado en el año 2014, identificado como Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria de 2014, cuando , faculta el Decreto del 2015 al Presidente para diseñar formas especiales de gestión a los fines de planificación de estos Consejos Presidenciales a través de escalas regionales y subregionales, creadas en el otro Decreto-Ley mencionado del 2014.

El trabajo de esos Consejos Presidenciales del Poder Popular, debe realizarse, según el Decreto-Ley, mediante planes anuales y en el marco del Sistema de Gobierno Popular, que se organiza territorialmente en tres niveles:

Un ámbito local, en el cual se realizarán asambleas en cada instancia de base, organizaciones o comunas para elegir voceros y es en ese ámbito donde se detallarán o identificarán los temas de interés que conformarán parte de las líneas programáticas del Plan respectivo.

Un ámbito de entidades federales, reconocido como instancia deliberativa y de debate en el estado o entidad político territorial equivalente, en el que participan todos los voceros electos en el ámbito local, y allí se definen las propuestas que se elevarán al ámbito nacional.   En cada espacio de entidad federal se deberán elegir 3 voceros para conformar el ámbito territorial Nacional.

Por último, un ámbito nacional, que serán los Consejos Presidenciales del Poder Popular respectivo, y éstos serán convocados por el Presidente, el Vicepresidente o los Vicepresidentes Sectoriales, así como también, los ministros.    En cada sesión inicial, el Consejo fijará sus normas específicas de organización y funcionamiento.   

Los Consejos Presidenciales fueron anunciados el 18 de septiembre 2014[1] desde el estado Lara, en el marco del “sacudón”, con la finalidad de acabar con el remanente de  estructuras “burguesas” que según el Presidente es la razón por la cual merma su capacidad de gestión.      Ese “sacudón” se anunció como la nueva forma para generar bienestar al país y crear un “nuevo Estado”.

En ese anuncio Maduro alertó que los Consejos Populares se construirían por cada ministerio.  Más adelante, en diciembre 2014, una nota de prensa destacaba que desde el 2 de septiembre 2014 se habían instalado 7 consejos presidenciales: Comunas, Mujeres, Clase Obrera, Pueblos Indígenas, Campesinos y Pescadores, Cultores, y solo faltaba en ese momento el de la Juventud.[2]

Un año después, en diciembre 2015, otra nota de prensa destaca la existencia de 12 Consejos Presidenciales del Poder Popular a saber:  Comunas, Personas con Discapacidad, Juventud y Estudiantes, Mujeres, Trabajadores Culturales, Educación, Clase Obrera, Campesino y Pescadores, Salud, Adultos Mayores, Sexodiversidad y Expresiones de Género, Pueblos Indígenas[3].

En el diseño de estos Consejos Presidenciales, las Asambleas se convierten en espacio fundamental.   En asambleas se postularán candidatos, se elegirán voceros, se revocarán o se ratificarán luego que pase 1 año en funciones.  Así mismo, será la instancia para el debate y aprobación de lo que llaman Agenda Programática, y en asamblea se realizará el seguimiento y evaluación de los acuerdos alcanzados en el Consejo Presidencial respectivo.

El Decreto-Ley sólo impone que las asambleas sean debidamente constituidas, de base y que respondan a intereses colectivos, no pone condiciones específicas, lo cual genera un espacio ideal para la discrecionalidad del gobierno, que impacta negativamente la libre asociación de los ciudadanos para participar y los termina convirtiendo en servidores o actores “gratuitos” del gobierno central. 

En conclusión, se legaliza una estructura política nacional, bajo la conducción del Presidente de la República, que busca vincular la estructura del Ejecutivo Nacional con las organizaciones del poder popular y claramente generar una cohesión entre sus seguidores en función de la defensa de un modelo de Estado que por todos lados, a gritos, advierte su fracaso.

Carlos Romero Mendoza.

[1]EL UNIVERSAL.  Maduro lanza los Consejos Presidenciales de Gobierno Popular. 18 de julio de 2014. Online en: http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140718/maduro-lanza-los-consejos-presidenciales-de-gobierno-popular
[2]Ultimas Noticias. Consejos Presidenciales revitalizan el Gobierno. 07 de diciembre 2014. Online en: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/consejos-presidenciales-revitalizan-el-gobierno.aspx
[3]Versión Final. Maduro: Consejos Presidenciales de Gobierno arrancan consulta pública éste miércoles. 15 de diciembre 2015. Online en: http://versionfinal.com.ve/politica-dinero/maduro-se-reune-con-consejos-presidenciales-de-gobierno-popular/