jueves, 22 de diciembre de 2016

La crisis del agua durante el año 2016 y la responsabilidad del Gobierno.



Salud y Seguridad Alimentaria, han sido temas que han llevado a la Asamblea Nacional a aprobar Acuerdos políticos a través de los cuales se han hecho propuestas concretas al Ejecutivo Nacional, en función de buscar soluciones a los problemas que agobian a los Venezolanos.  

Esos acuerdos permiten valorar, por un lado, la labor de la Asamblea Nacional como foro natural de los problemas nacionales y por el otro, facilita la tarea de evaluar de manera objetiva la voluntad política del Ejecutivo Nacional de abordar esos problemas concretos.

El Agua ha estado también en la agenda legislativa nacional y es así como el 19 de enero 2016, la Asamblea Nacional aprobó el Acuerdo sobre la Problemática del Agua, en cuyo contenido resaltó el estado crítico en el que se encuentran las distintas represas, cuencas, microcuencas, subcuencas y lagos del país por el
bajo nivel de agua y las denuncias sobre contaminación existente.

Además en ese Acuerdo la Asamblea Nacional alertó que los 18 mayores embalses para el abastecimiento de agua potable con los que cuenta el país estaban en un nivel cercano al mínimo, y advirtió que tal situación podría ocasionar un problema de salud pública importante.

En función de la crisis del agua, la Asamblea a través del Acuerdo exhortó a:

Las autoridades competentes nacionales, estadales y municipales a la identificación de las zonas y circunstancias de mayor riesgo para cada escenario de escasez, prestando especial atención a los problemas relacionados con la salud pública y actividades con impacto social o importancia estratégica para la actividad económica del país.

Al Ministerio responsable en el tema de Agua que decrete los planes de contingencia necesarios a corto, mediano y largo plazo, y para que realice un estudio real de toda la red acuífera del país.

Al Ejecutivo Nacional a coordinar con gobernadores, alcaldías, poder popular, mesas técnicas de agua el eficaz mantenimiento y suministro de agua, así como las incorporaciones de planta desalinizadoras en la costa del país para aprovechar los recursos naturales.

Al Ministerio para la Salud a reforzar medidas para que los centros de atención médica puedan atender efectivamente los casos médicos básicos y a tomar medidas santiarias para evitar la contaminación del agua en reservorios y un plan nacional de concientización en todos los niveles.

Así mismo, estableció un compromiso institucional, de investigar el tema y presentar un informe sobre la Crisis del Agua, a través de una Comisión Mixta integrada por las Comisiones Permanentes de Administración y Servicios y de Ambiente, y la de Recursos Naturales y Cambio Climático.

Ese informe se presentó en abril 2016 y en el mismo se identificaron como causas de la crisis del agua las siguientes:
  1. Las Inversiones deficitarias son una de las cusas, advierte el informe que no coinciden cifras de Hidroven con las del INES en cuanto a cobertura.  No hay grandes obras. 
  2. El Sistema de cobranza y tarifa no permiten ingresos suficientes. 
  3. Un 48% aproximado de fugas de agua para ese momento.
  4. No se realizan inversiones de medición y no hay controles sobre tomas clandestinas.
  5. Operación inadecuada y mantenimiento precario del Sistema.
  6. No hay claridad del para qué debe ser la calidad en el servicio.
  7. El tema institucionalidad y leyes no responden a los desafíos y problemas que se presentan.
Se reconoce la grave sequía y el fenómeno del niño como elementos que agravan la crisis, pero no como la principal causa de la crisis; al respecto se destaca en el informe que en otros países de la región, el fenómeno del niño ha impactado con mucha más intensidad que en Venezuela sin que ello haya ocasionado una crisis tan permanente en materia de agua como la que padece la sociedad venezolana.   

Entre las recomendaciones presentadas al Ejecutivo, se pueden destacar las siguientes:
  1. Presentar Plan de Acción para enfrentar problemática en Estado Falcón.
  2. Presentar rendición de cuentas para conocer realidad.
  3. Declarar emergencia y crisis nacional.
  4. Cumplir con la Legislación vigente
Sobre Calidad del Agua en el Acuerdo se exigió al Ejecutivo Nacional el cumplimiento de evaluación de la calidad del agua y se exhortó al Ministerio a informar sobre la calidad del servicio atendiendo a una serie de indicadores.

La descentralización y el trabajo coordinado con otros actores políticos territoriales se plantearon como una necesidad. La coordinación se reconoce importante a los fines de:
  1. Atender responsablemente a los estados y municipios para arreglar roturas y presentar plan de acción para evitar pérdida de agua.
  2. Atender toma de aguas ilegales.
  3. Buscar propuestas a mediano y largo plazo para hacer sustentable el servicio.
La Comisión Mixta sugirió como siguientes pasos a la Asamblea Nacional:
  1. Interpelaciones.
  2. Averiguar presupuesto y crédito
  3.  Averiguar malversación.
  4.   Seguir investigando.
  5. Visitas a sitios críticos.
  6. Unirse a ciudadanos.
  7. Conformar equipos calificados.
  8. Garantizar sostenibilidad ambiental del servicio. Cuidando cuencas.  Diseñar la sustentabilidad financiera y económica del Servicio.
En ese Informe de abril 2016, la Asamblea Nacional advirtió una serie de debilidades para enfrentar el problema del agua, a saber
  1. Gobierno no quiere ser sometido al control político. Obstaculizan cualquier esfuerzo que sobre esta materia se realice.
  2. Construcción de obras hidráulicas sin impacto, sin utilidad.
  3. Obras importantes inconclusas.
  4.  Mal mantenimiento de plantas potabilizadoras
  5. No hay información veraz de las autoridades.
  6. Empresas de servicio se han convertido en instrumentos políticos.
  7. No hay recurso humano calificado para atender el desafío que impone el problema.
  8.   Deficiente e incongruente información oficial.
 La política de racionamiento de agua potable se mantiene por un año más y sin información pública alguna que advierta mejoras para el 2017.    En marzo de 2017 la crisis del agua llevó al Presidente Maduro a anunció la medida de ahorrar energía y agua en tiempo de semana santa, y en tal sentido acordó declarar
días festivos no laborables todos los días de semana santa para todos los trabajadores públicos del país y para el sector educativo; medida que consideró oportuna hasta que llegara la época lluviosa.[1]
 
Luego en abril 2016 el Presidente decidió reducir los días laborables del país de cinco a cuatro días por semana en el marco de un plan de 60 días para atender una emergencia nacional en materia de agua y energía.   En ese momento Maduro advirtió que con el Plan fijado desde el 6 de abril y hasta el 6 de junio, se logrará superar el momento más difícil, de mayor riesgo y prometió que se superaría el problema con la menor afectación.[2]

Termina el año 2016, oportuno para preguntarse: ¿el racionamiento y la calidad del agua mejoró o si hubo anuncios del Ejecutivo Nacional para señalar mejoras en esta materia para el 2017?, ¿quién es responsable políticamente?.

Carlos Romero Mendoza.
22/12/2016


[1]Minea.gob.ve.  Maduro declaró Plan Especial de Ahorro Eléctrico y Agua en Semana Santa.  13 de marzo de 2016. Online en: http://www.minea.gob.ve/2016/03/13/maduro-declaro-plan-especial-de-ahorro-electrico-y-agua-en-semana-santa/
[2]Libremercado.com.  Maduro prohíbe trabajar los viernes para reducir el consumo de agua y luz. 07/04/2016. Online en: http://www.libremercado.com/2016-04-07/maduro-prohibe-trabajar-los-viernes-para-reducir-el-consumo-de-agua-y-luz-1276571413/


miércoles, 21 de diciembre de 2016

Seguridad Alimentaria, un reclamo y una exigencia al Gobierno Nacional en el 2016.


La Asamblea Nacional en dos oportunidades durante este año 2016 elevó su voz institucional exigiendo seguridad alimentaria.

El primero de esos Acuerdos fue aprobado el 11 de febrero de 2016 con el título Acuerdo mediante el cual se declara crisis humanitaria e inexistencia de Seguridad Alimentaria de la Población Venezolana.

El segundo fue aprobado el 21 de julio de 2016 bajo el título Acuerdo de condena de la represión política y de la violación de los derechos humanos, a propósito del ejercicio del derecho constitucional a la protesta por el hambre y la escasez de alimentos.

En ambos documentos se pueden encontrar elementos que claramente pueden valorarse a la hora de debatir sobre la responsabilidad política del Presidente Nicolás Maduro.

En el primer Acuerdo se hacen tres importantes denuncias, a saber:
  1. Se cuestiona al Banco Central de Venezuela por suplantar las cifras de escasez de alimento con unas de acaparamiento, ubicándolas en 87%, sin mayores explicaciones en su informe del 15 de enero de 2016.
  2. Se alerta que los controles de precios y la política cambiaria ha generado distorsiones en los precios de la materia prima, insumos y productos terminados, en cadenas agrícolas y agroindustriales, afectando el acceso y disponibilidad de la población a los alimentos.
  3. Se acusa al incremento de importanción de alimentos y materias primas en detrimento de la producción nacional para el período 2013-2015.  Importaciones que en gran medida estaban cimentadas en la renta petrolera.
  4. La ausencia de disponbilidad suficiente y estable de productos alimenticios, lo que genera dificultades para el acceso oportuno y permanente a los mismos por parte de los venezolanos, lo cual es un hecho público y notorio.
Estas 4 razones llevaron a la Asamblea Nacional hacer 3 exigencias importantes de conocer y valorar para ponderar a través de las mismas la responsabilidad del gobierno nacional en materia de Seguridad Alimentaria:

Una primera exigencia va dirigida al Gobierno Nacional, para que en un lapso perentorio presente un Plan de Seguridad Alimentaria ante la Asamblea Nacional.   Entre las medidas  que se sugieren sea desarrollado por ese Plan se destacan:
  1. Garantizar el abastecimiento de alimentos para el venezolano de manera inmediata, a través del apego a la producción nacional y del uso de las divisas de la República en la importación de materias primas, insumos, agroquímicos, repuestos y maquinarias para la producción agrícola y de alimentos en Venezuela, expresado en un presupuesto de divisas.
  2. Restablecer la confianza en la producción nacional, según los lineamientos establecidos en los artículos 299 y 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
  3. Eliminar los controles y trabas burocráticas innecesarias que perjudiquen la producción nacional agrícola y de alimentos, así como de insumos necesarios para la producción de los mismos.
  4. Restablecer la seguridad jurídica y personal en la áreas rurales de la República; en concreto aquellas destinadas a impedir invasiones, abigeato, secuestros, hurto y robo de equipos agroindustriales, así como las que garanticen la seguridad para el transporte de alimentos e insumos.
  5. Reorientar el presupuesto de la República hacia la inversión en ciencia y tecnología de producción nacional de alimentos.
  6. Incrementar en el corto plazo la producción y eficiencia de las empresas del Estado en el sector de la producción y distribución de alimentos.
    POLITICA DE COSTA RICA
  7. Incrementar los créditos al sector agropecuario así como aquellas destinadas a facilitar los seguros en estos rubros.
  8. Incentivar la inversión privada en el medio rural, que incidan en la elevación de la producción de alimentos.
  9. Realizar un catastro nacional de tierras rurales, que entregue títulos de propiedad a los predios de producción; así como se confeccione un inventario de los rubros convenientes por región, de acuerdo a la información científica verificable, factibilidad económica, estudios y capacitación de los productores.
  10. Atender el problema de la falta de pago de la deuda comercial del sector agroindustrial privado con sus proveedores internacionales por importaciones hechas a través de los regímenes cambiarios administrados por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) y el Centro Nacional de comercio Exterior (CENCOEX).
  11. Requerir ayuda humanitaria a organismos internacionales tendentes a prevenir que se materialice la amenaza de hambruna descrita en los considerandos del presente Acuerdo
Una segunda exigencia va dirigida al Banco Central de Venezuela para la publicación periódica y detallada de las cifras sobre escasez de alimentos.

Una tercera exigencia va al Instituto Nacional de Estadística, así como al Instituto Nacional de Nutrición, para la publicación perentoria, periódica y actualizada de cifras relativas a la pobreza, esperanza de vida al nacer, tasa de mortalidad infantil, desnutrición infantil, disponibilidad energética en la dieta de los venezolanos, población con acceso a agua potable, índice nacional de precios al consumidor y costo de la canasta básica. 

En ese primer Acuerdo la Asamblea Nacional asume dos compromisos calificados como urgentes:

  1. Solicitar a través de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e integración un informe escrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, el estado de los acuerdos celebrados en nombre de la República con potencias  extranjeras sobre  intercambio de alimentos por petróleo, transferenci a de tecnología  alimentaria o asistencia de producción.
  2. Solicitar a través de la Comisión Permanente de Administración y  Servicios, al Ministerio del Poder Popular de Alimentación la presentación de un informe sobre el estado de las operaciones de la Corporación Venezolana de Alimentos, de todas las empresas del Estado o administradas por el mismo, dedicadas a la producción agrícola, de alimentos, y materias primas e insumos para estos sectores, de la superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria y la red de distribución pública de alimentos en general; los planes que aquel ministerio desarrolla y los indicadores que le sirven de base para su misión.
En el ámbito internacional, la Asamblea Nacional en su Acuerdo, solicitó apoyo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) la evaluación de la situación de la seguridad alimentaria en Venezuela, y al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para evaluar la situación de la malnutrición infantil en Venezuela.

A través del segundo Acuerdo, del 21 de julio 2016, la Asamblea Nacional condenó y denunció al gobierno nacional por ordenar reprimir las manifestaciones de la población motivadas por la escasez y el hambre.   Cuestionó que el Ejecutivo Nacional no haya adoptado medidas eficaces tendientes a garantizar la disponibilidad y el acceso efectivo de toda la población a los productos necesarios para alimentarse, así como para solventar la carestía de alimentos.

A través del Acuerdo la Asamblea Nacional reconoce que las protestas son el síntoma de una preocupante escasez que se hace insostenible para la población y denunció la irresponsabilidad del Ejecutivo Nacional de incumplir su obligación de desarrollar una política pública eficaz que garantice a todos el derecho humano al acceso y disponibilidad de los alimentos.  Los diputados advierten en ese Acuerdo que el gobierno con su agresión y persecución política, como respuesta al problema de la protesta por desabastecimiento y escasez, lo que alimenta es la indignación y la conflictividad.

En ese segundo Acuerdo, la Asamblea Nacional cuestionó la incorporación de la Fuerza Armada Nacional Bolivarina en las actividades de distribución de alimentos e invitó a la Defensoría del Pueblo para que cumpla con su deber de velar por el efectivo respeto y garantía de los derecho a la vida, a una existencia digna, a la alimentación y a la manifestación pacífica.

En el primer Acuerdo se  acusó el incremento de la importación de alimentos en detrimento de la producción nacional, en tal sentido y sobre esta materia específica, resulta oportuno valorar de qué forma la Ley sancionada el 30 de noviembre de 2016 denominada Ley para la Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional, contribuye a enfrentar ese incremento de importaciones mencionado al inicio de este párrafo.

Esa Ley sancionada aún no ha sido promulgada por el Presidente, pero tampoco ha sido declarada inconstitucional por el TSJ, pero su vigencia fue amenazada en marzo 2016 por el diputado Francisco Torrealba[1].

Por su parte el Presidente Maduro, públicamente señaló sobre ese proyecto de Ley el 26 de febrero 2016[2]:

Creo que es la ley más vulgar que han presentado hasta ahora. Con esa Ley pretenden privatizar todas las empresas sociales, socialistas del Estado. Pretenden que yo le reconozca a la oligarquía una deuda de miles de millones de dólares, y que yo se la reconozca. Una deuda que no ha sido emitido por la República, imponérmela con ley. No saben con quién se están metiendo“. 

Advirtió además, Maduro que él no aceptaba imposiciones de la Asamblea Nacional, y alertó que si la Ley fuere aprobada motivaría una rebelión popular, legítima y constitucional contra ella. 

Lograr la Seguridad Alimentaria y poner fin al Hambre están contemplados como el Objetivo 2 de Desarrollo Sostenible 2030, y entre sus metas precisamente señala la meta de lograr asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente todo el año, en Venezuela, actualmente ¿se garantiza la alimentación en esos términos?.  

¿Dónde queda en todo esta historia  la responsabilidad política del Presidente Maduro?.

Carlos Romero Mendoza.
21/12/2016


[1]El Naccional. Pedirán al TSJ nulidad de la Ley de Producción Nacional. 02/03/2016. Online en:  http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/parlamento/pediran-al-tsj-nulidad-de-ley-de-produccion-nacion.aspx
[2]Notilogia.com.  Maduro afirma que no aprobará Ley de Producción Nacional propuesta por la Asamblea Nacional. 26/02/2016. Online en: http://www.notilogia.com/2016/02/maduro-afirma-que-no-aprobara-ley-de-produccion-nacional-propuesta-por-an.html