jueves, 31 de diciembre de 2015

Gobierno cierra 2015 repitiendo formulas, nada nuevo que ofrecer a sus seguidores.

El Socialismo nuevamente intenta darle la espalda a la voluntad del ciudadano y pretendiendo repetir la receta de diciembre 2010, el oficialismo busca impugnar la elección de 6 diputados y vía habilitante impone nuevas estructuras que responden al modelo político, económico y social rechazado de manera legítima en el referendo del 2 de diciembre de 2007.
Olvida el gobierno que diciembre 2015 no es diciembre 2010, para entonces no había un resultado electoral tan contundente y claro, que además fue oportunamente reconocido por el CNE y aceptado por el Presidente.

Los resultados electorales del 6D representa un primer paso hacia la recuperación de la Asamblea Nacional como institución política para el debate, la discusión de temas nacionales y proyectos legislativos.

Siguiendo la receta socialista, terminando el año 2015 y a última hora,  una habilitante lleva al Presidente a formalizar los Consejos Presidenciales y un denominado Consejo Popular de Estado. Habrá que esperar a revisar el texto de ese decreto-ley para evaluar su alcance y para valorar su diseño dentro del marco constitucional.

No hay novedad en los anuncios, los mismos dejan claro el agotamiento del régimen, el Presidente termina el 2015 sin nada que ofrecer a sus seguidores. 

En este sentido, los Consejos Presidenciales, han estado en la agenda política del gobierno desde el año pasado, esas figuras, fueron vendidas en diciembre 2014 como un nuevo sistema de gobierno popular, a traves de las cuales, se buscaba crear una estructura de mando y participación directa del Poder Popular con el Presidente. 

Ultimas Noticias el 7 de diciembre de 2014 informaba que para 2 de septiembre se habían instalado los consejos presidenciales de las Comunas, el de las Mujeres, el de la Clase Obrera, los Pueblos Indígenas, los Campesinos y Pescadores, los Cultores, y se anunciaba que para el 15 de diciembre 2014 se confomaba el de la Juventud.  

El titular de aquella nota de prensa de Utimas Noticias, advertía que esos Consejos buscaban revitalizar el gobierno; y en tiempos pre electorales, claramente organizaban desde el poder del Estado, una maquinaria de movilización electoral. Los resultados electorales del 6D advierten el fracaso de esta estrategia que ahora se legaliza buscando imponer una realidad. 

Por otro lado, ese Consejo Popular de Estado, como tal no existe en la Constitución. Si revisamos el artículo 251 del texto constitucional, encontramos a un Consejo de Estado, definido como órgano superior de consulta del Gobierno y de la Administración Pública Nacional y cuya misión es recomendar políticas de interés nacional en aquellos asuntos a los que el Presidente de la República reconozca de especial trascendencia y requieran de su opinión.

El desarrollo de esa figura, quedó en manos de una ley futura, pero la Constitución advierte que esas normas deben configurar la integración de ese Consejo de la siguiente manera: el Vicepresidente preside el Consejo, lo acompañan 5 personas designadas por el Presidente, un representante designado por la Asamblea Nacional; un representante designado por el Tribunal Supremo de Justicia y un Gobernador designado por el conjunto de mandatarios estadales. Por lo tanto, cualquier estructura distinta, sin incluir a estos actores, no puede ser asumida como Consejo de Estado.  

Un poco de historia nos lleva al 2012 cuando el fallecido Hugo Chávez instaló un Consejo de Estado cuya tarea fue evaluar la salida de Venezuela del sistema interamericano de justicia.  Luego, en el 2013, Maduro conforma otro Consejo de Estado en el cual planteó cuatro temas para la agenda:

1.  Hacer una evaluación de la relación integral con la República de Colombia;
2.  Revisar lo referente a la seguridad y paz, evaluando los instrumentos y acciones como el Plan Patria Segura y el Movimiento por la Paz y la Vida;
3.  Trabajar el tema de la corrupción, a partir de la necesidad de una política revolucionaria y socialista para combatir a la corrupción,
4.   Formular recomendaciones al modelo productivo, a la economía.

Es oportuno recordar que en Octubre 2012, el fallecido Hugo Chávez, reconoció junto a sus ministros que no pudo crear el espíritu comunal, luego vino aquello que se llamó Plan Comuna o Nada.   La realidad se impone y la ilegitimidad que acompaña la inconstitucionalidad de ese modelo comunal, marca el fracaso y marcará el destino fallido de estas propuestas de un gobierno que repite fórmulas porque ya no tiene nada novedoso que ofrecer, solo les queda abusar del poder y manipular la justicia para ese fin.  

El cambio se inició, la voz del soberano habló con mayor cintundencia que el 2 de diciembre del 2010.  Nos corresponde como ciudadanos acompañar a nuestros diputados electos en la tarea de recuperar la Asamblea y desde allí caminar juntos hacia el reencuentro de la democracia, desde nuestras comunidades y desde nuestros municipios.

Es tiempo de confiar en nosotros, en nuestros diputados y trabajar en fortalecer un espíritu de unidad en defensa del respeto a la voluntad ciudadana y por la recuperación de la Asamblea Nacional, para ponerla al servicio del ciudadano y del desarrollo sustentable.

Carlos Romero Mendoza.


Referencia electrónica:
Ultimas Noticias.  Consejos Presidenciales revitalizan el gobierno.  07 de diciembre 2014.  Online: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/consejos-presidenciales-revitalizan-el-gobierno.aspx

lunes, 21 de diciembre de 2015

EL 5E y sus obstáculos comunales.

En diciembre 2014, en el marco de la celebración de los 15 años de vigencia de la Constitución Nacional, el Presidente Nicolás Maduro, se comprometió a dedicarse de manera exclusiva a recuperar la economía del país, delegando la responsabilidad en los temas sociales a su vicepresidente y demás ministros.

Entonces, Maduro advirtió que recorrería fábricas, campos y la frontera para derrotar a lo que calificó la “mafia criminal” y así lograr para este año 2015 el “redespegue productivo y de diversificación de la economía”, de manera que se pudiera cuidar el empleo, el ingreso y las misiones.[1]  Los resultados están a la vista.

Un año después, en el marco de los 16 años de la aprobación de la Constitución Nacional, el Presidente de la República y el Presidente saliente de la Asamblea Nacional, hacen unos anuncios, cada uno por su lado, que lejos de honrar su juramento de respeto a la Constitución, ponen en duda su propia vigencia y en consecuencia, abren el camino para que aquél calificativo de “moribunda” vuelva a tener espacio en nuestra historia política constitucional.

Un primer anuncio corresponde al Presidente saliente de la Asamblea Nacional, quien decide, conformar un Parlamento Nacional Comunal y un segundo anuncio, advierte la posibilidad que tiene el Presidente de la República de dictar mediante la habilitante una ley para regular lo que ha llamado Consejos Presidenciales.

Ni el Parlamento Nacional Comunal, ni esos Consejos Presidenciales son mencionados en las leyes del poder popular y menos aún, encuentran referencia alguna en la Constitución.  Estas figuras, son simplemente inventos con los cuales se pretende ignorar los resultados del 6 de diciembre de 2015 y claramente persigue reorganizar a los seguidores del oficialismo, es lo único que tienen para ofrecerles.

El gobierno pareciera querer reeditar aquél diciembre 2010, cuando la Asamblea Nacional, a espaldas de los ciudadanos e ignorando el resultado del referendo del 2 de diciembre 2007 impuso el modelo comunal.

La legitimidad incuestionable que registró el propio CNE el pasado día 7 de diciembre de 2015, frente a los ojos de muchos testigos, hace que estas dos propuestas sean simples patadas de ahogados con las que pretenden buscar la ingobernabilidad y el conflicto político entre poderes.  

Para Diosdado Cabello, ese invento llamado Parlamento Nacional Comunal, es un poder que permite al pueblo disponer de recursos, jefaturas, tomar decisiones, leyes y disponer su propia forma de vida. Hasta la fecha, el único Parlamento Comunal, que existe, está en aquellas leyes del 2010, dictadas a espaldas de la voluntad popular de los venezolanos y en donde expresamente limitan tales parlamentos al ámbito geográfico de las comunas.  

Por lo tanto, no existe formalmente norma escrita que le de vida un Parlamento Nacional Comunal y pretender justificar su existencia en la soberanía popular, es simplemente un capricho político, que no logra superar, opacar e ignorar el contundente mensaje de los ciudadanos que pacífica y civicamente acudieron a ejercer la verdadera soberanía a través del voto y bajo ls reglas de juego, desiguales por demás, de un Poder reconocido por la Constitución como es el Poder Electoral.

El Parlamento Nacional Comunal, en consecuencia, resulta más una estrategia política de reunir y reorganizar en torno al modelo Comunal a los seguidores del oficialismo, ello puede interpretarse de las palabras de Diosdado Cabello, cuando les llama a organizarse desde abajo para defender el socialismo e incluso, pareciera marcar el camino hacia las elecciones locales, cuando les dice a sus seguidores que es importante elegir a alcaldes que entiendan eso que se llama Poder Popular.

Es importante destacar, que en el anuncio de ese Parlamento Nacional Comunal pareciera haber un reconocimiento a los resultados electorales, cuando Diosdado Cabello alerta que un “nuevo” parlamento ahora está al servicio de la burguesía y segundo, cuando señala que las instalaciones de la Asamblea Nacional están a la disposición de este Parlamento Nacional Comunal, mientras “ellos estén allí”[2].     

El segundo anuncio, no tuvo tanta impacto mediático, pero resulta el de mayor atención, pues representa el uso de la habilitante para imponer una Ley que claramente alimentará el potencial conflicto de poderes que se avecina en el 2016.

En esa ley-habilitante tratará de legalizar lo que el gobierno central ha llamado Consejos Presidenciales del Poder Popular, los cuales se han venido creando en materia de salud, juventud, comunas, indígenas, género, entre otros y cuya misión, según se ha anunciado públicamente, no es otra que la de crear propuestas y estrategias para rectificar el proceso bolivariano, jugando a gobernar con la pueblo, que realmente termina siendo un intento de gobierno con sus propios seguidores.[3] 

Maduro, para hacer creer que la propuesta de ley habilitante es producto de la voluntad del pueblo, lanzó una consulta en este sentido hasta el 19 de diciembre, y claramente luego de esa fecha, venderá ese texto legal como el resultado de una supuesta voluntad popular.  No nos debe sorprender que en esa ley-habilitante, imponga el Parlamento Nacional Comunal, como expresión de encuentro nacional de esos supuestos Parlamentos Comunales que han creado por Comuna.       

Las dos propuestas que se han hecho en el marco de la celebración de los 16 años de la Constitución, son tan débiles que están condenadas al fracaso, porque no sólo carecen de legitimidad, sino que además, contradicen aquél referendo del 2 de diciembre del 2007, cuando el pueblo soberano, rechazó constitucionalmente el modelo comunal.   Imponer esas propuestas, terminará por ratificar la ruptura del hilo constitucional que ocurrió en el 2010 con la aprobación e imposición del modelo del Estado Comunal desconociendo el resultado del referendo del 2 de diciembre del 2007.

Que oportuno resulta traer al presente y para la reflexión aquellas palabras escritas a mitades del siglo pasado, por Mario Briceño Iragorry en su obra Mensaje Sin Destino que dicen:  “Nunca como en el presente necesitó nuestro país de una atención mayor en el examen de sus problemas de pueblo, porque nunca como ahora se hizo tan notoria la crisis de sus valores sustantivos.  Tampoco jamás desde la edad heroica nuestro país se había confrontado con mayor número de problemas a la vez.”

Nuestro reto es recuperar la Asamblea Nacional, ello impone confiar en nuestros diputados electos y en su capacidad política, pero nos obliga a estar pendientes, a exigirles información y a comprometernos a acompañarlos en la ruta al 5 de enero 2016, que marca el inicio del camino hacia el reencuentro con la democracia.   

La legitimidad de origen y la mayoría calificada son dos poderosas razones para no bajar la guardia y para reclamar cívicamente respeto y reconocimiento a nuestra condición de ciudadanos. 

Carlos Romero Mendoza




[1]El Tiempo.com.ve.  Maduro me dedicaré solo a recuperar la economía. 16 de diciembre 2014. Online en: http://eltiempo.com.ve/venezuela/gobierno/maduro-me-dedicare-solo-a-recuperar-la-economia/165133

[2] Panorama. Diosdado Cabello instaló Parlamento Nacional Comunal. 15 de diciembre de 2015. Online en: http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Diosdado-Cabello-instalo-Parlamento-Nacional-Comunal--20151215-0044.html
[3] Telesurtv.net Maduro recibe propuestas de los Consejos Presidenciales de Gobierno. 15 de diciembre 2015. Online en: http://www.telesurtv.net/news/Maduro-recibe-propuestas-de-los-Consejos-Presidenciales-de-Gobierno-Popular-20151215-0063.html

viernes, 18 de septiembre de 2015

Legalidad vs legitimidad, Fundacomunal y comunidad organizada

La Constitución Nacional garantiza en su artículo 62 el derecho a la libre participación del ciudadano y además ese artículo obliga al Estado a facilitar ese ejercicio, en otras palabras advierte al Estado que no debe complicar los procesos para que el ciudadano pueda legalmente ser reconocido como actor válido en los asuntos públicos.    Por su parte, el Código Civil Venezolano,  en su artículo 789 expresamente señala que en Venezuela se presume siempre la buena fe, y quien alegue mala fe, debe probarla.

El día 17 de septiembre de 2015, fui testigo de un acto que pone en evidencia la más grosera discrecionalidad del Estado a través de representantes de Fundacomunal, en el siempre complejo proceso de renovación de un Consejo Comunal.  Aun cuando el Consejo Comunal al cual pertenezco ya está registrado, el proceso de renovación de las llamadas vocerías no es en la práctica fácil, como engañosamente lo anuncia en su página web Fundacomunal.[1]

La información que Fundacomunal presenta en 4 pasos para la renovación de las vocerías, se presenta engañosa cuando sus representantes intentan manipular la opinión de los voceros haciéndoles ver fallas donde no las hay; muchas veces, aprovechándose de la ausencia de información y otras por interpretaciones subjetivas de quienes no tienen atribución legal de interpretar la ley.

En el Consejo Comunal en el que participo, a los 4 pasos que dice la página web, agregaron uno adicional, que fuera del marco legal, en particular del procedimiento previsto en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Consejo Comunal, 2 representantes de Fundacomunal se atrevieron a sabotear el acto de juramentación del Consejo Comunal de mí urbanización, por cierto nunca lograron presentar identificación alguna que validara su cualidad de funcionarios de Fundacomunal, aún cuando le fue requerido en votación unánime de la Asamblea.

Los dos representantes de Fundacomunal, ignoraron la agenda previamente acordada por los vecinos para la Juramentación de los nuevos voceros, e irrespetando el mandato legal que el artículo 37 de la Ley Orgánica de Consejos Comunales, en su numeral 10, delega en la Comisión Electoral, intentaron evitar la juramentación y se apoderaron de la agenda, primero exigiéndonos comprobarles que había la mitad más uno de los voceros electos.   En el acto de juramentación se evidenció la presencia de más del 74% de los elegidos.  Este requisito que no tiene norma jurídica alguna que lo exija fue suficientemente satisfecho.

El libreto siguió, y dudando de la buena fe de los vecinos e ignorando la asesoría del CNE en el acompañamiento de la renovación de los voceros y la propia presencia de uno de los dos representantes de fundacomunal presentes en el acto de juramentación, intentaron argumentar que había irregularidades en el proceso electoral.

La Asamblea constituida y validada por ellos, de manera unánimemente identificó a uno de los dos funcionarios, indicando la ropa que usaba y manifiestando contar con pruebas fotográficas, como el representante de fundacomunal que estuvo presente en el proceso electoral, y quien sin argumentos se negó a firmar el formato que se exige para consignar todos los recaudos ante Fundacomunal.  ¿Por qué objeta el proceso electoral en esta oportunidad, cuando la responsabilidad de identificar fallas es de fundacomunal luego que se consignen los recaudos según la Ley?.

Siguió con un intento de impugnar, a un mes del proceso y fuera del marco legal, a uno de los 10 miembros (principales y suplentes) del comité electoral, argumentando que no podía reelegirse; con ello el representante de Fundacomunal, impuso un nuevo impedimento que no está previsto en la Ley, pues la Ley solo prohíbe que un integrante de la Comisión Electoral pueda postularse para una vocería, pero no indica otra prohibición.   Según su criterio entonces la ciudadana Tibisay Lucena y demás integrantes del CNE no podrían ser reelegidas en sus cargos, si comparamos con el derecho de reeleción de otra ciudadana a una Comisión Electoral, para la cual sólo puede ser postulada y electa por asamblea.

Ese criterio además, hace que un representante de Fundacomunal, quiera imponerse a la voluntad popular expresada en Asamblea de Ciudadanos legítima y legalmente convocada.   ¿No es la Asamblea la máxima autoridad del Consejo Comunal?, ¿no es ese el espacio para elegir a las nuevas autoridades del Comité Electoral?, ¿no es un derecho ciudadano ser reelegido, más si no hay norma alguna que lo impida?.

Uno de los dos representantes de Fundacomunal, no logrando argumentar y menos conseguir norma alguna que validara su tesis, pasó a otro argumento, afirmando que los voceros fueron electos en plancha o en listas electorales.  Si bien la ley lo prohíbe, no logró comprobar que eso sucedió así.  Cada vocero fue postulado de manera individual y cada votante pudo leer al votar el nombre y apellido, vocería a la que se postulaba de cada uno de los candidatos.

Precisamente el representante de Fundacomunal presente, el día del acto electoral, recorrió cada edificio de la zona para validar que en sitios públicos hubiera información, propaganda y campaña para las postulaciones respectivas.   Por otro lado, esa realidad fue validada por el CNE y fue la manera que a través del voto secreto, directo y universal se efectúo con la rigurosidad de un proceso formal la votación respectiva.

Acto seguido buscó otra excusa, y simplemente la unanimidad de la Asamblea constituida en ese acto, requirió de los funcionarios que respondieran si ellos validaban o no la juramentación de los voceros.  La respuesta nunca se dio, pero uno de ellos, retomó el  argumento de vicios en el proceso y volvió con el mismo discurso sin pruebas y sin algún escrito que soportara lo que estaba diciendo e interpretando.

Al final la Comisión Electoral, invitó a los dos representantes a retirarse, pues claramente estaban saboteando un acto como el de la juramentación, además resulta cuestionable que fundacomunal haya “expropiado” –por así decirlo-, la agenda del acto de juramentación y nunca haya sometido a consideración como lo hizo en otros casos el cambio del objetivo de esa convocatoria.

La asamblea leyó y aprobó unánimemente el acta del día, donde dejó constancia de la aptitud de los representantes de fundacomunal, de la no identificación de ellos con algún documento que les acredite su cualidad de funcionarios, la no presentación de documento escrito y pruebas sobre las presuntas fallas, y claro está, la intención de desconocer luego de semanas el proceso electoral realizado de manera transparente y que en su oportunidad contó con la presencia de uno de los representantes de fundacomunal presente en esta reunión.

Quedó evidente que el funcionario si consideró que había fallas, no las objetó oportunamente en el acto de elección, lo que pone en evidencia su mala intención de hacerlo luego de semanas de aquél evento que él mismo presenció.  Luego, se dejó constancia de la ausencia de pruebas concretas que pongan dudas sobre el proceso electoral realizado.

Al final, el paso siguiente será cumplir con la ley consignando los recaudos y que los plazos se cumplan para lograr que Fundacomunal verifique los pasos seguidos y los soportes presentados.  Probablemente luego de este episodio, lo rechacen, pero deberán hacerlo atendiendo a los requisitos de ley.

Resulta vergonzoso, más no sorprende, que la Revolución Bolivariana pretenda distinguirse de los 40 años de democracia actuando fuera del marco de la Ley, desconociendo el contenido y alcance de la propia Ley Orgánica del Consejo Comunal, actuando de manera contraria a la información pública que engañosamente orienta al ciudadano desde su página web institucional.  

Además, resulta irrespetuoso que el Estado a través de representante de Fundacomunal ponga en duda la buena fe de los electores de una comunidad, y en base a ello, pretenda obstaculizar el derecho a la participación legal de los ciudadanos en los asuntos públicos a través de los Consejos Comunales, llegando incluso, a desconocer la voluntad de los vecinos expresada por Asamblea de Ciudadanos que reconoce la Ley Orgánica del Consejo Comunal como la máxima instancia en un Consejo Comunal que por demás, ya está registrado válidamente.

La cohesión de los vecinos, la presencia de una mayoría consciente en la transparencia del proceso electoral y comprometida con la participación ciudadana,  se unen con el respaldo de un Concejal electo legítimamente presente en ese acto para así recuperar el objetivo de la convocatoria y proceder legítimamente juramentar, conforme a la ley, a  los nuevos voceros de un Consejo Comunal que ya está registrado.

Carlos Romero.


[1] Fundacomunal.  Paso a paso.  Recuperado el 18 de septiembre de 2025. Online en: http://www.fundacomunal.gob.ve/paso-a-paso

viernes, 8 de mayo de 2015

El 1o de mayo 2015, un paso más hacia el control absoluto del Estado sobre alimentos, bienes y servicios.


El Decreto con Rango Valor y Fuerza  de Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, Especulación, Boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de alimentos o productos sometidos a control de precios, publicada en Gaceta Oficial 38.862, del 31 de enero de 2008, declaró en su artículo 4 de manera expresa la utilidad pública e interés social de todos los bienes necesarios para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos o productos sometidos al control de precios.



Posteriormente el 1 de febrero del 2010 la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, deroga el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial señalado en el párrafo anterior, y si bien mantiene la declaración de utilidad pública e interés social sobre todos los bienes necesarios para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación,  acopio, transporte, distribución y comercialización, lo amplía a todos los bienes y servicios

Desde el 2008 el Gobierno quedó facultado a expropiar sin la necesidad de cumplir con formalidad alguna;  en la Ley del 2010, se extendió la medida y se estableció que mientras el proceso de expropiación se desarrollara, el gobierno podría de manera inmediata tomar medidas de ocupación, operatividad temporal e incautación de los bienes y servicios.

En este marco regulatorio que se creó con el Decreto presidencial que originalmente se aprobó en el 2007, luego se reformó parcialmente en el 2008 y se derogó con la Ley mencionada anteriormente del 2010, se introdujo la figura del Comité de Contraloría Social para el Abastecimiento de los Consejos Comunales, como instancia de participación para la promoción de la defensa de los derechos e intereses económicos y sociales de la comunidad.

Igualmente, se les encomendó a esos comité la labor de velar por el control, monitoreo, verificación, vigilancia relativa al abastecimiento de bienes y servicios de primera necesidad y agrega la norma, que también de bienes de cualquier otra naturaleza de interés colectivo en toda la cadena de distribución, producción y consumo.

Estas instancia si bien están obligadas a rendir cuentas al Consejo Comunal respectivo y a la Asamblea de Ciudadanos de su comunidad, terminan en la práctica y según el diseño legal, actuando como agentes del Ejecutivo, pues tan pronto concluyen con la fiscalización respectiva y si han encontrado alguna infracción, tienen el deber de notificar al Ejecutivo para que inicie el proceso de sanción respectivo.

El 13 de julio de 2011 una nota de prensa de AVN advierte sobre el inicio del registro de esos Comités en el Instituto para la Defensa de Personas en el Acceso de los Bienes y Servicios (INDEPABIS).[1]

Hay algunas otras evidencias que advierten de la creación de estos comités, por ejemplo el 19 de junio de 2011 se destaca la conformación de 50 comités para algunos sectores de la zona metropolitana[2]; el 22 de noviembre de ese mismo año, se mencionan 200 comités en Trujillo y en el año 2012 se hablaba de 120 comités en Portuguesa[3].  Es imposible conseguir información consolidada que permita validar una cifra de comités conformados a nivel nacional.

Resulta muy interesante evaluar hasta que punto en esos comités de contraloría social  para el abastecimiento se pueden encontrar algunos antecedentes del origen de la figura del “bachaqueo” definida como “actividad de un grupo de vivos que se benefician ilícitamente de la necesidad de otros”[4]; pues quién más puede organizar una cadena paralela de distribución y venta, sino es aquél tercero que logró oportunamente, gracias al Estado, incluirse en una cadena de distribución y consumo, en la cual logró identificar una alternativa rentable de ingresos adicionales, aprovechándose de la necesidad existente.

En el año 2011 el gobierno creó otra instancia llamada Estado Mayor de Abastecimiento, cuya misión era atender el abastecimiento, la producción y las importaciones y la misma fue integrada por los ministros de: Agricultura y Tierra; Alimentación; Industrias, Economía y Finanzas; Banca Pública y además su estructura se completó con un Superintendente Nacional de Defensa de los Derechos Socio Económicos.[5] 

Resulta oportuno destacar que hace unas semanas, el 4 de mayo de 2015, una nota de prensa hablaba de la existencia del Estado Mayor de Abastecimiento pero de la Gobernación de Mérida, que en una jornada en Timotes, suministró 4 toneladas de productos de limpieza e higiene personal.  Por cierto que en esa Jornada PDVAL participó con 17 kilogramos de alimentos; también estuvo el INTT en operativo para expedir licencias y el CNE con un operativo para actualizar datos.[6]

Con toda la estructura legal existente, Maduro anuncia el 1ero de mayo la creación de un nuevo actor denominado Consejos Populares de Abastecimiento y Producción, que en teoría se organizará en función de fábricas y establecimietnos del país con la finalidad de atacar la escasez y la improductividad.[7]

El anuncio de estos Consejos, ha pasado sin pena ni gloria y no resulta una medida novedosa, sólo representa una nueva estructura política con la cual intentan profundizar el sistema de control absoluto del Estado sobre la sociedad y sus libertades.  Según los medios de comunicación para el 2 de mayo, un día después del anuncio oficial ya se habían conformado 3.815 Consejos.[8]

No olvidemos que adicional a todo lo anteriormente señalado, en marzo 2014 se anunció una tarjeta de abastecimiento seguro, para compra en redes comerciales del Estado[9], y días previos al 1ero de mayo, Maduro anunciaba el lanzamiento del Sistema Abastecimiento Seguro, para garantizar el acceso a los alimentos y demás productos de la cesta básica.  

El Sistema Abastecimiento Seguro, tampoco resulta novedoso, ya en septiembre 2014, se había anunciado un plan piloto, y que se iniciaría con la supuesta instalación de 1500 captahuellas en puntos de venta de alimentos en las redes públicas;[10] las cuales, ahora estarán activadas en todos los supermercados en 45 días a partir del 7 de abril de 2015[11]. 

Progresivamente se ha venido conformando una arquitectura legal para logar el objetivo 2.1 del Plan de la Patria 2013-2019  que plantea la transformación del sistema económico para la transición al modelo socialista, y para ello el mencionado Plan propuso varias acciones entre las cuales se destaca:
  1. La organización de nuevas formas de organización que creen un nuevo tejido productivo (2.1.1).
  2. La definción de estratégias para enfrentar cualquier escenario que se origine como consecuencia de la guerra económica (2.1.1.1);
  3. La fijación de precios justos (2.1.2);
  4. La construcción de un Plan de Abastecimiento de alimentos y bienes esenciales (2.1.4.9);
  5. La distribución directa de insumos y productos, con lo cual creará una nueva institucioanlidad de gestión socialista (2.1.5).
El anuncio del 1º de mayo dejó un complemento de los pasos que viene siguiendo el gobierno en su intento de ejercer definitivamente el control absoluto de la sociedad y la sustitución de un sistema económico por otro, que está muy lejos de cualquier aspiración de desarrollo, y cuyo diseño no garantiza las libertades básicas y menos aún, el respeto a la dignidad del ser humano, como de hecho lo está experimentando y padeciendo la sociedad venezolana.

Carlos Romero Mendoza

 



[1]AVN.  Comenzó registro de comités de contraloría social para el abastecimietno en Caracas.  13 de julio de 2011.  http://www.avn.info.ve/contenido/comenz%C3%B3-registro-comit%C3%A9s-contralor%C3%ADa-social-para-abastecimiento-caracas


[2]El Universal.  Indepabis crea comités de contraloría social para el abastecimiento. 19 de junio de 2011. Online en: http://www.eluniversal.com/2011/06/19/indepabis-crea-comites-de-contraloria-social-para-el-abastecimiento


[3]Radio Nacional de Venezuela.  Conformados 120 comités de contraloría social para el abastecimiento. http://www.rnv.gob.ve/index.php/conformados-120-comits-de-contralora-social-para-el-abastecimiento


[4] Verdad y Rumores.  La Cultura del Bachaqueo.  Editorial.  21 de abril de 2015. Online: http://verdadesyrumores.com/editorial-la-cultura-del-bachaqueo/




[7]El Mundo.  Crearán Consejos Populares de Abastecimiento en cada comercio y fábrica.  01 de mayo 2015. Online en: http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/laboral/crearan-consejos-populares-de-abastecimiento-en-ca.aspx#ixzz3Z81zO5QP



[9]El Universal.  Gobierno anuncia implementación de tarjetas de abastecimiento seguro. 16 de marzo de 2014. Online en: http://www.eluniversal.com/economia/140316/gobierno-anuncia-implementacion-de-tarjeta-de-abastecimiento-seguro


[10]El Universal. Ivan Bello: Plan Piloto de Abastecimiento comprende 1500 captahuellas. 10 de septiembre 2014. Online en: http://www.eluniversal.com/economia/140910/ivan-bello-plan-piloto-de-abastecimiento-comprende-1500-captahuellas


[11]El Nacional. Captahuellas en supermecados en mes y medio.  7 de mayo de 2015. Online en: http://www.el-nacional.com/economia/Captahuellas-supermercados-mes-medio_0_623937790.html


jueves, 22 de enero de 2015

Declaración de Red de Consejos Comunales y Asociaciones de Vecinos sobre el 23 de enero.

Declaración de la Red de Consejos Comunales y Asociaciones Vecinales de Baruta en ocasión del 23 de Enero de 2015

Considerando:

1.-        Que el 23 de Enero es una fecha de especial conmemoración para la democracia venezolana.

2.-        Que el 2 de diciembre de 2007, en el Referendo para la Reforma de la Constitución, dijimos NO al Estado Comunal, en consecuencia al Socialismo del Siglo XXI, y luego desde el 2010 la Asamblea Nacional a espalda de nosotros los representados, sancionó un conjunto de Leyes que son contrarias a la Constitución Nacional.

3.-        Que la violación a la Constitución, en referencia al Estado Comunal se refuerza con la sanción, también inconsulta e inconstitucional, del Plan de la Patria 2013-2019 por parte de la mayoría de la Asamblea Nacional.

4.-        Que la Asamblea Nacional demuestra de nuevo, su desconocimiento a la voluntad popular, pues la mayoría de sus diputados, a espaldas de la voluntad de sus electores naturales, decidieron burlar el espíritu constitucional y designaron, valiéndose de subterfugios jurídicos, nuevas autoridades de los Poderes Públicos Nacionales, a las que consideramos todas ilegítimas.

5.-        Que esta Asamblea Nacional abusando de su cuestionable mayoría y desconociendo la representación que detentan, se convirtieron en jueces y decidieron separar de su cargo a una diputada electa con la mayoría de los votos legítimos que la población de Baruta le otorgó, privándonos de nuestro derecho a ser representados, más cuando el diputado suplente traicionó la motivación de los electores.

6.-        Que la inocultable crisis económica, cuya responsabilidad es de única e insoslayable autoría del Gobierno presidido por Nicolás Maduro, obliga a romper el círculo vicioso que va de los controles a la escasez, de la escasez al contrabando y del contrabando a nuevos controles, en medio de la más devastadora devaluación e inflación, impidiendo el acceso regular de alimentos, medicinas y otros insumos, colocando al ciudadano en una situación de incertidumbre y desesperanza jamás vivida por los venezolanos.

7.-        Que la solución a la crisis política de manera constitucional y pacífica, siempre conducirá a un escenario electoral, que enmarcado en el espíritu del 23 de Enero, debe acompañarse de la necesaria organización, movilización, protesta pacífica y denuncia de los problemas que aquejan al pueblo venezolano.

Exhortamos a los Electores:

1.                  A participar libremente en la recuperación del parlamento en su circuito, como primera tarea en el camino de reencontrarnos con la democracia y recuperar el valor de la representación política.

2.                  A acompañar a nuestros candidatos en el proceso electoral, pero también en su ejercicio parlamentario, a través de los mecanismos de participación y utilizando la tecnología.

3.                  A promover y defender nuestro libre ejercicio al voto, directo, secreto y universal, e implementar las medidas necesarias para garantizar la más amplia participación y la voluntad expresada en las urnas electorales.

4.                  A defender al Parlamento como espacio para el debate político, plural y como caja de resonancia de la diversidad social, económica y política que el país representa.

Exhortamos a los Partidos Políticos:

5.                  A comprometerse con nosotros en la elección de candidatos que asuman su misión política de recuperar al parlamento y la credibilidad de su función frente a los ciudadanos.

6.A dejar de lado sus intereses particulares, demostrar su compromiso ético y moral con las exigencias que el país reclama en la necesaria tarea de reunificar a los venezolanos, recuperar el debate político y plural, desde la casa donde el debate construye consensos para legislar y ordenar pacíficamente a los ciudadanos.

7.              A conciliar sus visiones estratégicas y presentar de manera unitaria una alternativa democrática para dar solución a los problemas que aquejan al país.

Nosotros asumimos el compromiso de continuar nuestra lucha por los principios y valores que nutren nuestra democracia, con énfasis en la participación libre, masiva y unitaria para dar el primer paso en el restablecimiento del equilibrio y autonomía de los poderes públicos.

Con esta declaración consignamos ante los Partidos Políticos, el perfil del candidato(a) a Diputado que el país reclama en estos tiempos difíciles, producto del debate y la discusión en el seno de nuestra RED.

Firman en representación de los Consejos Comunales y Asociaciones Vecinales de Baruta que se mencionan, así como de los ciudadanos que han asumido el reto de participar directamente en los asuntos públicos locales. En Caracas hoy 23 de enero de 2015, fecha que nos recuerda el nacimiento de un período histórico que garantizó movilidad social, pluralidad política y participación ciudadana.

Firman representantes de Consejos Comunales y Asociaciones de Vecinos de Baruta, que se resguardan por la Red.

Perfil del candidato o candidata a Diputado a la Asamblea Nacional, El Decálogo del Parlamentario.

Perfil del candidato o candidata a Diputado a la Asamblea Nacional, El Decálogo del Parlamentario construido por la Red de Consejos Comunales y Organizaciones Vecinales de Baruta, en ocasión de celebrarse el 23 de enero y en un año electoral para renovar integrantes de la Asamblea Nacional:

1.      Un candidato(a) dispuesto a estar en contacto permanente con el ciudadano, a través de la formación de REDES y el uso de las tecnologías de comunicación e información para la divulgación oportuna y necesaria de la realidad del parlamento, permitiendo la comunicación bidireccional y la realización de reuniones o asambleas ciudadanas periódicas.
2.      Un candidato(a) que esté dispuesto a asumir su rol parlamentario a tiempo completo, su compromiso impedirá que se postule a otros cargos de elección popular en el periodo para el que ha sido elegido.
3.      Un candidato(a) que esté al servicio del ciudadano, de las iniciativas en defensa de la democratización y la ampliación de derechos ciudadanos. Trabajará en colaboración con los movimientos sociales y organizaciones ciudadanas y tendrá una agenda pública y concreta.
4.      Un candidato(a) con sensibilidad social, con experiencia comprobable en liderazgo en su área de acción y con respaldo popular.
5.      Un candidato (a) que sea originario de la circunscripción electoral a la que se postule, o que al menos tenga 5 años residenciado en ella, con amplios conocimientos del territorio que representa.
6.      Un candidato(a) con experiencia comprobable en trabajo parlamentario, ó en trabajo social con sus comunidades ó con experticia en alguna área sensible (economía, salud y medicina, ingeniería, educación, sociología, agricultura, etc.)
7.      Un candidato(a) que asuma la responsabilidad de asistir a las Plenarias y a las Comisiones Permanentes a las que pertenezca de manera obligatoria, informando extensiva y continuamente sobre su actividad parlamentaria.
8.      Un candidato(a) que esté dispuesto a asumir de manera permanente su función Contralora con el apoyo de la sociedad civil organizada y con el liderazgo local, que conocen en detalle lo que acontece en sus comunidades.
9.      Un candidato(a) que asuma su rol de representante de sus electores, con independencia partidista, defendiendo la Constitución por encima de su ideología.

10.  Un candidato(a) que asuma la defensa de la función parlamentaria, que legisle, controle y que logre consensos dentro de un ambiente plural y diverso.

23 de enero 2015.