jueves, 29 de mayo de 2014

El complejo rostro de la sociedad civil.

La página web de la Asamblea Nacional ha puesto a disposición de los interesados el listado de postulaciones de la Sociedad Civil para integrar el Comité Postulaciones Electorales[1], allí se puede apreciar que cuantitativamente ha habido un importante número de postulaciones, un total de 131.

La Organización Súmate el 26 de mayo ha presentado un escrito objetando de esa lista un total de 76 postulaciones argumentando a tal fin la vinculación entre el postulado y el partido oficialista PSUV[2], argumentando a tal fin, que quien sea integrante del CNE no puede estar vinculado con alguna organización política.

La Constitución Nacional en su artículo 295 cuando desarrolla el tema del Comité de Postulaciones Electorales, señala que se integra por representantes de los distintos sectores de la sociedad civil, y para concretar más el tema de la independencia partidista, la Ley del Poder Electoral agrega que no debe estar vinculado a ninguna organización política.

Resulta interesante agrupar las organizaciones que realizaron una o varias postulaciones de ciudadanos para el Comité de Postulaciones Electorales, para evaluar allí la composición de este grupo de postulados, y tratar de identificar qué sectores postularon.   A este ejercicio se le agregará la relación con el PSUV según la información de Súmate para comprender mejor las postulaciones desde el punto de vista cualitativo.

1.-       Organizaciones que son identificadas con un nombre o denominación vinculada con el proceso revolucionario.   Total de postulaciones 27.   Representan el 20% del total de postulaciones.   Veamos 10 ejemplos:

  1. Colectivo de abogados socialistas de Venezuela.
  2. Frente y Foro Nacional de Abogados Bolivarianos. 
  3. Abogados bolivarianos por los derechos humanos y la justicia.
  4. Viviendo Venezolano.  Orquídeas Bolivarianas de Zamora.
  5. Comuna Hugo Chávez Frías.
  6. Frente Revolucionario Socialista Municipio Los Salías.
  7. Central Bolivariana Socialistas de Trabajadores.
  8. Asociación bolivariana de economistas socialistas.
  9. Voluntariado de la misión justicia socialista falcón.
  10. Movimiento Estudiantil Revolucionario UNEFISTA
De este universo, unos 13 postulados reflejan vinculación con el PSUV, ello representa un 48% de postulados.

2.-       Organizaciones que no tenían identificación como Asoc. Civil o Fundación en la lista de postulados. Ejemplo: Gente de Soluciones, Venezuela propositiva, Clase media en positivo, Covidemos, La Araña Feministra.   Total de postulaciones: 18, que representan un 13% del total de las postulaciones; 11 de esas postulaciones están vinculados con el PSUV, esto representa un poquito más de 60%.  

3.-       Organizaciones del Poder Popular: Total de postulados: 13.  12 Consejos Comunales y 1 Comuna.  Representan un 10% de la lista total de postulados. El 33% de esos voceros son miembros del PSUV.

4.-       Organizaciones que son identificadas como Fundaciones y Asociaciones Civiles:  Total de postulaciones:  Total de postulaciones: 17, representa un 13% del total de postulaciones y de ese universo, el 22% son activos del PSUV.  

5.-       Organizaciones Sindicales postularon un 7% del universo de postulados, de los cuales el 60% está inscrito en el PSUV.

6.-       Organizaciones empresariales: Total de postulados: 4 y ninguno registrado ante el PSUV.

7.-       En relación a las organizaciones relacionadas con los abogados, hay 8 postulaciones que vienen de distintos actores como por ejemplo:  Colegio de Abogados de Caracas,  Frente Nacional de Abogados Bolivarianos, Foro de Abogados Bolivarianos, Movimiento Nacional de Abogados Bolivarianos y Juristas Socialistas Bolivarianos, entre otros.  De este universo, el 62% está inscrito en el PSUV.  Así por ejemplo encontramos que el Frente Nacional de Abogados Bolivarianos presenta 2 postulados, 1 inscrito en el PSUV y otro no.

8.-       En relación a la educación:   Hay 11 postulaciones y sólo 2 inscritas en el PSUV.

9.-       La Juventud sólo tiene 1 postulación a través de la Federación Bolivariana de Jóvenes, y su postulado no está inscrito en el PSUV.  Los estudiantes universitarios tienen 2 postulaciones, uno por la Federación de Centros Estudiantes de la USB y otro por el Movimiento Estudiantil Revolucionario UNEFISTA, ninguno inscrito en el PSUV.

10.-     En relación a organizaciones relacionadas con el tema electoral, hay 5 postulaciones, de las cuales 2 son inscritos en el PSUV y destaca por ejemplo la Red Observadores Electorales de Venezuela que de 4 postulados, 1 de ellos está inscrito en el PSUV.

Hay postulaciones que llaman la atención por el nombre de la organización y que según la información de Súmate, están inscritos en el PSUV, ejemplo: Proyecto Social, Comando Político Mppe 7 de octubre y  Conciencia y Gestión, entre otros.   Hay que destacar que hay varias asociaciones de vecinos, forma de organización que progresivamente el poder popular quiso desplazar con la figura de los Consejos Comunales.

Cuantitativamente hablando se aprecia que es numerosa la participación, pero cuando nos vamos a lo cualitativo, encontramos que un 58% de las postulaciones son personas vinculadas al PSUV.   Pero cuando la preocupación es la tendencia política de quienes postulan, en un país con un tejido social quebrado, nos encontramos con el complejo rostro de la diversidad que representa por naturaleza la sociedad civil y lo ambiguo de su definición cuando se acompaña del termino "representación de distintos sectores".    Es así como no sólo hay que evaluar la vinculación partidista de sus postulados, que en este caso fue sólo en relación al PSUV, sino que además, es neceasrio considerar la libertad o autonomía de esas organizaciones postulantes, así como también, la orientación, misión y objetivos de las mismas para comprender mejor la calidad en esas postulaciones para garantizar la transparencia adecuada y necesaria para recuperar mayor confianza institucional del CNE.   
 
Carlos Romero Mendoza. 



[1] Asamblea Nacional. Lista de candidatos a comité de postulaciones por la sociedad civil. 23 de mayo de 2014. Online en:http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_490302a3fb560594f7256b12a84added754b260b.pdf
[2]Sumate. Carta Objeción Postulados. 26 de mayo de 2014. Online en: http://www.sumate.org/Archivos_Rectores/Carta_Objecion_Postulados%20SC%20a%20CPE_26-05-2014.htm

miércoles, 21 de mayo de 2014

Regionalización, Poder Popular y propuesta de ordenación y gestión territorial.

El fallecido presidente Chávez, en su programa Aló Presidente número 300, afirmó que por vía legislativa buscaría materializar lo que no logró en la reforma constitucional. Aquél 13 de enero de 2008, además agregó “no podré nombrar un vicepresidente para cada provincia como era la propuesta, pero sí podemos revisar la regionalización, no sólo desde el punto de vista administrativo, sino también geopolíticamente hablando”.[1]

Aquella revisión de la regionalización a través de la geopolítica que en el 2008 anunció el fallecido presidente, hoy está contenida en el objetivo 3.4 del Plan de la Patria y es precisamente en el marco de ese objetivo donde principalmente, se desarrolla el tema de la nueva ordenación territorial que orienta al gobierno nacional. Precisamente fue en ese mismo año 2008, cuando se aprobó en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica para la Ordenación y Gestión del Territorio[2].

Esa aspiración de regionalizar el país aparece en la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno del 2010 en su primer artículo, y en ese texto legal aparecen los denominados Distritos Motores de Desarrollo. Se menciona en esa Ley, la transferencia de recursos como estrategia para fortalecer estos Distritos Motores de Desarrollo. Luego el reglamento a ésta Ley, agrupa el territorio en 6 regiones y reactiva las viejas Corporaciones de Desarrollo, a través de una nueva figura llamada Oficinas Técnicas Regionales. 

Además no hay que olvidar la existencia de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI)[3], que fueron creadas con una Autoridad Única Regional; así como también las Regiones Estratégicas Militares y su respectiva autoridad militar. [4]

Luego de 6 años el proyecto de Ley de Ordenación y Gestión del Territorio va por su segunda discusión. Si bien el período formal de consulta pública ya pasó, el impacto que su contenido normativo tendrá sobre la ordenación territorial y urbana municipal, no puede pasar inadvertido por los actores políticos y sociales locales.

El proyecto de Ley refuerza claramente la tendencia del gubernamental de regionalizar el país, en tal sentido, crea otras nuevas figuras jurídicas, una primera es el Gabinete Territorial, a través del cual, se impulsará la regionalización estratégica y funcional del territorio nacional. La creación de este Gabinete es responsabilidad directa del Presidente en Consejo de Ministros.

Una segunda figura, parecieran ser unas nuevas Autoridades Regionales, designadas directamente por el Presidente, quienes tendrán la responsabilidad de coordinar las actividades relacionadas con la implementación y ejecución de políticas, planes y proyectos de ordenación y gestión del territorio en su ámbito espacial, es decir en la región respectiva.

Esas autoridades regionales, actuarán como agentes del ejecutivo, y entre sus responsabilidades está la tarea de intermediar en las relaciones que surjan entre los Distritos Motores de Desarrollo, unos llamados “órganos integrados”, demás entes bajo su adscripción y las instituciones del poder público estadal y municipal. Por lo tanto, se podría afirmar, que serán agentes promotores del Poder Popular y del Plan de la Patria.

El proyecto de Ley plantea la existencia de un Plan Regional de Ordenación del Territorio, cuyo seguimiento será responsabilidad directa de la Autoridad Regional. Es importante acotar que las Leyes Orgánicas del Consejo Federal de Gobierno y de Planificación Pública y Popular, crearon en su oportunidad la figura de un Plan de Desarrollo Regional.

En este sentido, el proyecto de ley obliga a las autoridades municipales a adecuar el contenido del Plan Municipal de Ordenación y Gestión del Territorio, a ese Plan Regional de Ordenación del Territorio, pero también, la adecuación debe realizarse en relación al Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y a los Planes Comunales de Ordenación y Gestión del Territorio.

Por lo tanto, el proyecto advierte que el municipio en materia de ordenación territorial y urbana, queda condicionado a los planes mencionados. Y para disminuir aún más la autonomía local en esta materia, el proyecto de Ley condiciona la aprobación del Plan Municipal de Ordenación y Gestión del Territorio a la opinión previa, de una tercera figura llamada Secretaria Técnica Regional.

Según el proyecto de ley, esa Secretaria Técnica Regional, sería un órgano de apoyo técnico al Sistema de Ordenación y Gestión del Territorio, ejercida por el ministerio del poder popular con competencia en materia de ambiente. Y como un elemento a considerar cuando se trata de evaluar el rol de la autonomía local y la intención de regionalizar el territorio, el proyecto de Ley olvida incluir a las autoridades municipales en ese Sistema de Ordenación y Gestión del Territorio.

Para el proyecto de ley, ese Sistema Nacional de Ordenación y Gestión del Territorio está integrado por los siguientes actores: la autoridad nacional, entes y órganos con competencia en materia ambiental y las instancias del poder popular. La Ley Orgánica del Poder Público Municipal vigente establece expresamente que la ordenación territorial del municipio es competencia del municipio a través del contenido del Plan de Desarrollo Urbano, pero además, establece que la competencia tanto del Alcalde, como de los Concejales en esta materia.

A partir de la aprobación de este proyecto de ley, el Concejo Municipal será identificado como la autoridad local en materia de ordenación y gestión del territorio. La figura del Alcalde, como autoridad local, sólo es mencionado como uno de los integrantes de la denominada Comisión Regional de Ordenación y Gestión del Territorio.

En conclusión, por un lado se presenta un proyecto de Ley que introduce nuevos actores políticos, y nuevas instancias burocráticas, sometidas al control directo del Presidente, dentro de una pesada estructura burocrática que no funciona y de un Estado que simplemente termina no existiendo.

Y por el otro lado, a través de estas normas, no sólo se impulsa la regionalización del territorio, sino además, se fortalece el Poder Popular en detrimento al Poder Público Municipal.

Carlos Romero Mendoza

______________________________________________
[1] Romero, Carlos. Regionalización vía Consejo Federal de Gobierno. 9 de agosto de 2010. Online en: http://estado-ley-democracia.blogspot.com/2010/08/la-regionalizacion-del-pais-via-consejo.html 

[2] Asamblea Nacional. Aprobado proyecto de ley organica para la ordenación del territorio. 06-11-2013. Onlnie en: http://estado-ley-democracia.blogspot.com/2010/08/la-regionalizacion-del-pais-via-consejo.html

[3] Romero, Carlos. Conociendo las competencias de las REDI. 04 de mayo de 2013. Online en: http://estado-ley-democracia.blogspot.com/2013/05/conociendo-las-competencias-de-las-redi.html 

[4] Romero, Carlos. Regionalización del país para el sociaslimo. 31 de agosto 2013. Online en: http://estado-ley-democracia.blogspot.com/2013/08/la-regionalizacion-del-pais-para.html

sábado, 17 de mayo de 2014

Sobre el Consejo de Gobierno Comunal y la transferencia de competencias.

La primera Ley de Consejos Comunales se aprobó en el año 2006, allí se estableció expresamente la creación de una Comisión Nacional Presidencial del Poder Popular, designada por el Presidente de la República. 

Esa Comisión Nacional tendría entre sus finalidades: 1) Orientar, coordinar y evaluar el desarrollo de los Consejos Comunales a nivel nacional, regional y local; 2) Impulsar el poder popular y el desarrollo endógeno como herramientas para elevar la calidad de vida de las comunidades; y 3) tramitar los recursos para impulsar el poder popular, entre otros.

Conformada la Comisión Nacional Presidencial del Poder Popular, y previa autorización del Presidente, le correspondía a esa instancia designar las comisiones regionales y locales del Poder Popular. Estas comisiones creadas en el 2006, deberían haberse vinculado a una Comisión Especial de la Asamblea Nacional, con la finalidad de evaluar el proceso de conformación de consejos comunales.  

Esa estructura institucional simplemente fracasó y desapareció del texto legal en la Reforma Parcial a la Ley de Consejos Comunales del año 2009.

Luego de 5 años de aquella reforma parcial a la Ley de Consejos Comunales, el Presidente Maduro anuncia la creación de un Consejo Presidencial de Gobierno Comunal, en el marco de un Encuentro con Comunas, realizado el 17 de mayo de 2014.   La finalidad que persigue éste Consejo, según las noticias, es el “mantener una relación permanente y directa con los consejos comunales para gobernar juntos[1]; ésta propuesta se plantea como una  especia de  “bisagra” entre el gobierno y las instancias comunales[2].  

No podemos afirmar que se trata de la misma Comisión Nacional Presidencial del Poder Popular creada en el año 2006, pero no cabe duda, que se trata de otra instancia nacional y de naturaleza presidencial, a través de la cual, el gobierno central intenta crear un canal directo de relacionarse con la base de la sociedad organizada a través del Poder Popular sin intermediarios.

Mientras unos medios señalan que este Consejo de Gobierno Comunal se relacionará con los consejos comunales, otro, como noticiero al dia, en su portal web, informa que esa relación será con las 632 comunas que existen en el país.   Considerando que no hay comunas en todo el país, pareciera lógico que allí donde no existan las comunas, el gobierno entonces creará esa relación vía consejos comunales[3]

En ese Encuentro con Comunas, el Presidente Maduro, anunció que el Consejo Federal de Gobierno para el 24 de junio dará a conocer la propuesta para transferir competencias a los consejos comunales y comunas.  Este anuncio, pareciera advertirnos que el gobierno ha decidido activar el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica para la gestión comunitaria de competencias, servicios y otras atribuciones, publicado en Gaceta el 15 de junio del 2012.

Resulta importante no perder de vista este anuncio de la transferencia, principalmente por sus implicaciones directas en la gestión local municipal.  Además, el gobierno lo ha establecido como uno de sus objetivos en el Plan de la Patria y allí expresamente se lee que se trata de transferir competencias, servicios y bienes desde las instituciones nacionales, regionales y locales a las organizaciones del poder popular.
   
Con el Consejo Presidencial de Gobierno Comunal y las Mesas permanentes de Gobierno Estudiantil, anunciadas el 11 de mayo 2014[4], el gobierno nacional va transformando la fisonomía del Estado, alejándose claramente del diseño previsto en la Constitución Nacional.


domingo, 11 de mayo de 2014

El proceso político de transformación que se impulsa con la Consulta Nacional Educativa.

El 28 de marzo de 2014, desde el Poliedro de Caracas, se abrieron dos procesos que van en paralelo, pero uno de ellos hace que el otro pase casi desapercibido para un sector de la población.  Por un lado se convocó a una Consulta Nacional para la Calidad Educativa y por otro se activó un proceso político de reorganización de las Organizaciones Bolivarianas Estudiantiles (OBE) a través de elecciones municipales y estadales.   En esa oportunidad Maduro recordó que la OBE fue una idea impulsada por Chávez desde el año 2005[1].

El 10 de mayo de 2014 las Organizaciones Bolivarianas Estudiantiles (OBE), públicamente reiteran su compromiso con “la transformación de la calidad educativa y con el objetivo del Plan de la Patria, en relación a la construcción de la patria potencia” [2].  Esta declaración pública se hace desde el Liceo Femín Toro, en el marco del Encuentro Nacional de OBE, con la presencia del Presidente Maduro y desde donde se ratificó el compromiso de estas organizaciones en el trabajo político en los liceos para contribuir con los cambios culturales, deportivos y académicos necesarios para consolidar la educación pública.

En ese Encuentro Nacional, el gobierno anunció la creación de un gobierno de calle estudiantil, cuyo objetivo, según las notas de prensa, será recopilar propuestas de los estudiantes para mejorar la calidad educativa, las cuales serán analizadas, procesadas y puestas en marcha por el Ejecutivo[3].

La propuesta pareciera concretar el trabajo de calle, divulgación y promoción de la Consulta Nacional para la Calidad Educativa que ya han iniciado las OBE; mientras ello ha venido ocurriendo; los padres, madres y representantes, principalmente de colegios privados, han venido buscando información, protestando por los textos escolares, la Resolución 058 y por una Consulta sobre la cual no se ha garantizado suficiente información, capaz de garantizar la transparencia de ese proceso, pero aún así, algunos ya han fijado fecha para la realización de la misma.

En el pasado el gobierno activó voceros o promotores para consejos comunales y poder popular, en aras de divulgar y vender una idea, hoy la Consulta Nacional, sirve de excusa para fortalecer la OBE y que ésta se convierta en la promotora de una visión socialista de la educación.

La activación protagónica de las OBE en el tema de la Consulta Nacional, se puede identificar en algunos ejemplos: el primero de ellos es en el estado Lara, concretamente en el Municipio Torres, donde a finales de abril, se realizó unas mesas de trabajo para analizar los 10 ejes temáticos para la consulta nacional y además en el Instituto Educativo Fe y Alegría, se explicó a los diferentes colectivos la propuesta de Consulta Nacional para la Calidad Educativa[4].

El segundo ejemplo es en el estado Bolívar, la jefa del municipio escolar, en el municipio Heres, informó sobre una jornada de socialización sobre la consulta nacional, cuyo objetivo fue orientar sobre la aplicación y contenido de la consulta, la misma, según el tutor de OBE en la zona, se realizó simultáneamente en cada uno de los municipios del estado[5].

Por ultimo en Mérida, se reunieron 629 voceros estudiantiles y 23 docentes, representando a cada municipio del estado, en un Congreso para la Consulta Nacional por la Calidad Educativa.  En ese marco se aprovechó para elegir a los voceros municipales y estadales de OBE en el estado.    La nota de prensa es clara al advertir que a partir de la fecha se inician las consultas que aplica las OBE sobre los diez ejes temáticos de la consulta nacional[6].

Estas y otras noticias, permiten construir una hipótesis, que define la Consulta Nacional por la Calidad Educativa como una estrategia política para impulsar la conformación de las OBE, para que se activen en cada instituto educativo, y desde los Consejos Educativos, puedan progresivamente imponer una visión socialista de la Educación, partiendo de las relaciones internas entre los directivos, la familia y la comunidad.

La lectura de las Guías para la Consulta, permiten identificar la figura de las OBE en el proceso de sistematización a través de Congresos Municipales, en tal sentido, es importante señalar que el Observatorio Educativo Venezolano, ha advertido que la participación restringida a través de la OBE, es un elemento que agrega un notable sesgo partidista[7] al proceso de Consulta Nacional.

Además, cuando se lee la pregunta que se realiza en la Consulta Nacional, sobre la participación de los estudiantes en la organización y funcionamiento de la escuela, cobra mayor importancia la hipótesis construida, pues guarda estrecha relación las respuestas con el fin, más que con la construcción de un nuevo currículo.

Como ya se señaló, en el pasado el gobierno desplegó grandes campañas divugaltivas e informativas sobre los consejos comunales, las comunas, y todo ello para “vender” la idea a un grupo de venezolanos, por lo tanto no debe sorprendernos el desarrollo de esta estrategia, cuya novedad es que incorpora a los estudiantes como actores políticos y promotores de una visión socialista de país.  Recordemos que para el estado comunal a partir de los 16 años se tiene derecho a participar directamente.

Es importante entender que el gobierno desde hace años ha insistido que el estado comunal, como gran planteamiento es un nuevo tejido social[8], por lo tanto, ello exige crear nuevas relaciones entre los propios ciudadanos, y nuevas formas de interactuar entre éstos y el estado, a tal fin las Comunas buscan cumplir esa función; en el ámbito educativo, los Consejos Educativos y la Organización Bolivariana Estudiantil se encuentran para intentar esa transformación que facilite la imposición de una visión socialista en la educación.  Por lo tanto, la lucha por una educación plural está en el propio colegio.

Carlos Romero Mendoza. 





[1] Nicolas Maduro. Inicia Consulta nacional de calidad educativa en Venezuela. 29 de marzo 2014. Online en: http://www.nicolasmaduro.org.ve/presidente/inicia-consulta-nacional-calidad-educativa-venezuela/#.U27C0oF5Ne8
[3] Correo del Orinoco. Maduro anunció creación de gobierno de calle estudiantil. 10 de mayo de 2014. Online en: http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/maduro-anuncio-creacion-gobierno-calle-estudiantil/
[5] OBE socializó consulta nacional de la calidad educativa. 6 de mayo de 2014. Online en: http://www.elluchador.info/Cd-Bolivar/Cd-Bolivar/obe-socializo-consulta-nacional-de-la-calidad-educativa-57618
[6] AVN.  Congreso OBE para consulta sobre la calidad educativa comenzó este lunes en Mérida. 05 de mayo de 2014. Online en: http://www.avn.info.ve/contenido/congreso-obe-para-consulta-calidad-educativa-comenz%C3%B3-este-lunes-m%C3%A9rida
[7] Observatorio educativo.  Consulta Educativa: algunos avances y gestos. 07 de mayo de 2014. Online en: http://observatorioeducativo.wordpress.com/author/termometroeducativo/
[8] Panorama. Las comunas son el nuevo tejido social: ministra Isis Ochoa. 23 de noviembre 2012. Online en: http://panorama.com.ve/portal/app/push/noticia43858.php

viernes, 9 de mayo de 2014

La arbitrariedad lesiona la confianza en la Consulta Educativa

Son tiempos confusos, donde las dudas, la desconfianza y la intolerancia buscan imponerse entre las complejas relaciones que se generan en las comunidades entre los propios vecinos y entre éstos con las instituciones públicas.  

El tema educativo ha estado en la agenda pública, muchas asambleas se han realizado, son varias las explicaciones y argumentos utilizados para justificar una postura favorable o no a la Consulta para la Calidad Educativa; pero al final, todos estos esfuerzos, no logran ocultar una realidad que se expresa en el fin socialista del diseño de Estado que impone el Plan de la Patria.

Siempre es buena la oportunidad para que los padres, madres, representantes y alumnos expresen sus expectativas sobre la calidad educativa, pero cuando ésta se abre en el marco de un país con su tejido social tan resquebrajado, resulta imposible lograr que una consulta como ésta genere confianza en quienes deben participar.  

Las noticias que registran los medios sobre la sanción impuesta en Ciudad Guayana y notificada a 3 de 4 Institutos Educativos privados, alimenta la desconfianza que se ha generado sobre la Consulta por la Calidad Educativa.

En este sentido, es oportuno recordar alguno de los titulares de los medios locales del 9 de mayo al respecto, el Correo del Caroní[1]“Revocan arbitrarias sanciones contra colegios privados de Puerto Ordaz”; y el titular en el portal web de noticias Primicias[2]: “Ratifican en sus cargos a directores de colegios.”

El hecho a que se refieren las notas de prensa tiene que ver con la notificación de remoción de sus cargos y la apertura de un procedimiento administrativo a los directores de varios institutos educativos privados ubicados en Ciudad Guayana.  Según declaran los propios padres, madres y representantes, en el oficio a través del cual se notificó la decisión, no se explicaban las razones que la motivaron.

Según el portal Primicia la apertura de la averiguación opera mientras se aclaran algunos hechos, que en el caso de un colegio, se trata de la protesta de los estudiantes de 5to año, quienes escribieron en sus cuerpos la palabra SOS y, en otro caso, a una de las directoras por participar en una protesta.

Según el Correo del Caroní, el viceministro de educación se entera de la decisión tomada por un funcionario local, cuando es llamado por la Asociación Venezolana de Escuelas Católicas (AVEC), pues dos instituciones afiliadas estarían afectadas por esta medida, una de ellas aún no había sido notificada.  La decisión terminó siendo revocada por tratarse de una medida calificada como “arbitraria” por Pedro Uzcátegui, Director General de Supervisión del Ministerio de Educación.

Por supuesto, la decisión generó la reacción de los padres, madres y representantes, que independientemente de la condición de Sociedad de Padres o de Consejo Educativo (expresión de la Resolución 058) se organizaron y elevaron su voz de protesta en defensa de las afectadas.

Estos hechos, lleva a poner énfasis en la necesidad de desarrollar por cada colegio, mecanismos de contraloría social, que permitan garantizar que durante el proceso de consulta por la calidad educativa, ningún funcionario local del ministerio de educación, pueda tomar decisiones o acciones que puedan ser calificadas como “arbitrarias”.

Esa Contraloría debe  abarcar el antes, el durante y el después de la consulta, concluyendo con un informe de cierre, lo cual demanda un mínimo de organización de los padres en el propio colegio.  Pero además, unos padres organizados, podrán exigir que se rindan cuentas sobre el resultado de la consulta en la institución como garantía de transparencia sobre el proceso en la institución respectiva.

Una rendición de cuentas sobre el resultado de la consulta contribuye a generar importantes niveles de confianza, entre la comunidad educativa del instituto donde se realizó la consulta; y además, brinda seguridad en cuanto a los resultados que se entregan en su momento a la zona educativa como producto de la Consulta realizada.

Pero, además, un informe sobre el proceso de observación realizado por los propios padres, como producto de un proceso de contraloría social, permitirá recoger observaciones y elevar denuncias si acaso fuere necesario; por otro lado, servirá para validar el respeto de los promotores de la Consulta a quienes voluntariamente no quisieron participar en la consulta y por último, es una vía legítima para garantizar que la información, producto de la consulta, que se entregue a la zona educativa, sea realmente la expresión directa de quienes participaron en esa Consulta
.
Si bien esta propuesta no anula el Plan de la Patria, y por lo tanto no elimina el riesgo de la imposición de una visión socialista; la decisión de revocar y luego restituir a los directores de 3 colegios privados en Ciudad Guayana, permiten demostrar que con organización e información, los padres reunidos en el ámbito de la institución educativa pueden con mayor efectividad enfrentar cualquier arbitrariedad que desde la función pública pretenda anular la pluralidad y la libertad de pensamiento.   


Carlos Romero Mendoza.

lunes, 5 de mayo de 2014

La Consulta por la calidad educativa y los padres.

El bombardeo de información sobre la Consulta Nacional por la Calidad Educativa, llevó a un grupo de padres, madres y representantes, a realizar una jornada privada de 2 horas, en la cual, más de 50 padres, madres y representantes, se reunieron para conocer las preguntas que se formularán en la Consulta, utilizando a tal fin, el material que ha sido publicado en esta materia.

El objetivo de la reunión era generar un espacio para poder hacer un juicio crítico sobre la Consulta y aclarar algunas informaciones.  En este sentido, los padres, madres y representantes de distintos colegios, pudieron confirmar en esa jornada, que la Consulta es voluntaria, por lo tanto es válido que algunos no quieran participar en ella; pero además, que la información directa más efectiva la tienen los directores pues son ellos quienes definen el día en el que se realizará la Consulta.  Los documentos que se han publicado sobre la consulta, advierten que los facilitadores para la consulta no son externos, sino que serán los mismos docentes del instituto educativo respectivo.

Las preguntas se han agrupado por niveles de educación, por esa razón, en la jornada, se organizaron distintos grupos para la lectura y análisis de las preguntas, entre las cuales, se puede citar por ejemplo las preguntas orientadas a 4, 5 y 6 grado de básica:  1-¿Cómo te gustaría que fuera el colegio?.  2.- ¿Qué te gustaría aprender en tú escuela?. 3.-¿Cómo te gustarían que fueran tus maestros?. 4.- ¿Cómo te gustaría que pudieran participar los estudiantes en la organización y funcionamiento de la escuela?.

En la jornada hubo una sesión plenaria para recoger observaciones y procesarlas ante especialistas en la materia, en ella se observó, que la preguntas son abiertas, y que se trata de una consulta cualitativa; ello generó la inquietud en relación a la transparencia en el proceso de su sistematización para el informe respectivo. 

Para los participantes, las preguntas que se formulan en la Consulta, no facilitan la tarea de comprender la relación entre las mismas con el objetivo final de este proceso, que es desarrollar un Currículo Bolivariano, como expresamente lo ha señalado el ministro Héctor Rodríguez, y que coincide con el Plan de la Patria.

En esta jornada, se reiteró que hasta la fecha, no hay información alguna que permita entender cuál es el rol de los padres, madres y representantes en esta consulta. Así como los estudiantes tienen algo que decir, los padres, madres y representantes también.    La Ley Orgánica de Educación (LOE) a lo largo de sus normas sólo menciona en dos oportunidades a los padres, madres y representantes, a lo largo de todo el texto se refiere es a “familia”.

En una primera mención, la LOE recuerda a los padres, madres y representantes que la educación es un deber social y en la segunda mención, identifica que los padres, madres y representantes son integrantes de la Comunidad Educativa.  Por lo tanto, como integrantes de la Comunidad Educativa y en nuestro derecho a participar activamente en el proceso educativo de nuestros hijos, según nos dice la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescentes (LOPNA), no resulta fácil entender las razones por las cuales no participan los padres, madres y representantes en la Consulta.

La LOE establece que la familia tiene el deber, el derecho y la responsabilidad, en la orientación y formación en principios, valores, creencias, actitudes y hábitos en los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, para cultivar respeto, amor, honestidad, tolerancia, reflexión, participación, independencia y aceptación.   Además, reconoce que la familia es corresponsable junto a la escuela, la sociedad y el Estado del proceso de educación ciudadana y desarrollo integral de sus integrantes.

La Consulta es un proceso de formación ciudadana, en tal sentido demanda importante niveles de transparencia y, considerando que los padres, madres y representantes, junto a los estudiantes integran, en principio, un núcleo familiar, perfectamente la metodología desarrollada para la Consulta podría haber buscado la participación a través de la familia o bien haber incluido desde un inicio a los padres, madres y representantes.

El único rol que en la práctica pueden asumir de inmediato los padres, madres y representantes, es organizarse por colegio y desarrollar una tarea de observación sistemática de todo el proceso de Consulta, como una estrategía cívica de evaluar los niveles de transparencia y de libertad en la participación de los consultados; además, es la manera más adecuada de velar porque el informe final sea coherente con lo que realmente respondieron los consultados. Es importante advertir que si bien hay existe la libertad para decidir participar o no en la consulta, al final del proceso un nuevo currículo obligará a todos por igual. 

Por lo tanto, y en vista de lo señalado, la primera tarea de los padres, madres y representantes es ejercer el derecho a recibir información de manera oportuna en cuanto al cuándo se realizará la consulta y cómo será aplicada; pero además, aclarar la forma como se procesarán los resultados y su publicidad, es decir, seria importante que cada instituto educativo compartiera con la Comunidad Educativa los resultados procesados como requisito para garantizar la transparencia en la participación.   Sin información y sin garantías de transparencia, no hay elementos suficientes para generar confianza en la participación y ello es responsabilidad del cuerpo directivo del colegio.

Los padres, madres y representantes, no deben abandonar los institutos educativos, independientemente a la participación del representado en la consulta, la tarea de levantar un informe con observaciones sobre el desarrollo de las distintas etapas de la Consulta en el instituto educativo respectivo, es decir: antes, durante y después de la misma, resulta esencial para poder argumentar con juicios críticos el valor y la utilidad práctica de esa Consulta.  Pero además, esta labor, permitirá asumir de manera legal, la defensa por la pluralidad en la educación.

Una contraloría social, o un proceso de observación sobre la Consulta, debe registrar en principio lo que sucedió en cuanto a la calidad de la información recibida antes, durante y después de la Consulta.  Así como también, con los resultados de la observación directa al proceso de realización de la propia consulta el día establecido, que permita concluir si se evidenció, por ejemplo, claridad y buen manejo de la metodología; por último, debe incorporar la calidad de la información recibida sobre el procesamiento y resultados de la consulta realizada en el instituto educativo en particular.

Un informe de esta naturaleza puede agregar las observaciones de los padres, madres y representantes sobre la calidad educativa, y puede ser entregado como resultado de un proceso de observación sistemático y organizado al propio Ministerio de Educación, a los responsables de la Consulta, a la zona educativa respectiva y al propio Instituto Educativo, recordándoles a éstos actores educativos, que los padres, madres y representantes como integrantes de la comunidad educativa, tienen algo que decir en esta Consulta.
 
La defensa de la pluralidad educativa requiere argumentos críticos, exigir organizadamente la información necesaria, y además, debe sustentarse objetivamente para poder elevar reclamos válidos ante las autoridades educativas sean nacionales, regionales o locales.  Vivimos momentos confusos como sociedad, el reto es organizarnos para evitar que nos participen los cambios y sólo involucrándonos podremos lograrlo. 

Carlos Romero Mendoza.