jueves, 22 de marzo de 2012

La participación ciudadana en Cuenca, México II parte.

El Siglo del Torreon, de México publica el 22 de marzo de 2012 la segunda parte de un editorial sobre la participación ciudadana en Cuenca, bajo la firma de Gerardo Fernandez, la nota dice:

En la colaboración anterior comentábamos el marco en el que se viene presentando la participación ciudadana en los asuntos públicos enMéxico, cuestión que forma parte del proceso de democratización del país. Uno de los ámbitos en que este proceso resulta importante es el relacionado con la política hídrica y en particular sobre los Consejos de Cuenca, organismos en los cuales se ha centrado la gestión del agua, por lo que en esta ocasión veremos algunos antecedentes históricos que complementen ese marco antes de abordar el caso concreto del Consejo de Cuenca Nazas-Aguanaval.

El antecedente de la política hídrica enMéxico es reciente y se remonta a 1926, cuando el gobierno callista decide crear la Comisión Nacional de Irrigación (CNI), organismo público responsable de operar las directrices oficiales derivada de la Ley de Irrigación promulgada ese mismo año; previamente y durante el porfiriato, período en que se presentaron algunos conflictos sobre derechos y uso de agua, particularmente en esta región lagunera, este era un asunto que se ventilaba más como privado que público, carecía de un marco legal que le rigiera y en el que se sustentara una política en la materia.

Sin embargo, ubicada la creación de la CNI en un momento de reconstrucción nacional por el recién concluido movimiento revolucionario de inicios del siglo XX, las acciones gubernamentales tendían a centralizar una política hídrica a través de la cual se promoviera el desarrollo económico nacional, principalmente en el ámbito agrícola, para lo que se exigía una entidad reguladora del agua entre usos y usuarios, función que competía a la CNI, misma que centró sus acciones en impulsar la obras de irrigación en los valles o distritos de riego donde se aplicaba el reparto de tierras a comunidades campesinas, política que formaba parte de un diseño que complementaba a la propiamente agraria y la crediticia, donde el Estado Mexicano asumía la rectoría económica del país.

Esta visión centralizada de la política pública condujo a una amplia intervención oficial en materia de aguas que transformó en 1947 a la CNI en Secretaría de Recursos Hidráulicos, y fue durante el período de esta nueva oficina gubernamental que se construyó una parte importante de las grandes obras de irrigación, como las presas en que se basa el almacenamiento y distribución en los distritos de riego en tres de los seis millones de hectáreas de cultivos irrigados.

En estas áreas se aplicó la visión callista-cardenista de la agricultura irrigada, ya que inicialmente dichas obras favorecieron la agricultura comercial en que se sustentó la formación de una clase media y de pequeños agricultores campesinos, que con el tiempo bajo el apoyo oficial se impulsó más a los segundos que los primeros hasta conformar un estrato fuerte de agricultores capitalistas que subsumieron a los segundos.

Durante ese período de centralización de la política hídrica las decisiones principales en la materia se concentran en las esferas oficiales, con una participación restringida de los usuarios en algunas estructuras de gestión como las Juntas y Comités de Aguas, tanto en los distritos de riego como en las otras áreas agrícolas de pequeña irrigación hoy llamadas Unidades de Riego (URDERALES) que abarcaban los otros tres millones de hectáreas de la superficie bajo riego, como también de otros usos como el domésticourbano, cada vez más creciente producto de la expansión demográfica que ocurría en las ciudades del país.

Es hasta fines de los años ochenta del siglo pasado, durante el período salinista que se inicia la descentralización de la política hídrica ya bajo la gestión de la Comisión Nacional del Agua (CNA), inicialmente dependiente de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Se promueven programas de transferencia de las redes hidráulicas de los distritos de riego y cuerpos de agua subterráneos a asociaciones de usuarios, a la vez de que entre 1988 y 1992 se modifica el marco legal que posibilita abrir espacios a la participación de los usuarios y la sociedad civil en los nuevos órganos de gestión del agua.

Es en este antecedente histórico en que surgen los llamados Consejos de Cuenca, organismos de gestión hídrica diseñados con la finalidad de que la planeación y manejo del agua se efectúe con una visión de cuenca hidrográfica, es decir, como en forma natural se distribuye el agua en un territorio, de modo tal que las decisiones que se tomen posibiliten un uso integral del agua y donde confluye la diversidad de actores involucrados en la regulación y el uso mismo de este recurso.

Así, con el tiempo el concepto de la política hídrica daba un paso importante al conceder mayor participación a los usuarios en la toma de decisiones y en la planeación y uso del recurso, lo que significaba otorgar un mayor poder de decisión a los usuarios, poder que hace contrapeso al oficial cuando los primeros asumen un manejo responsable del agua, pero que resulta contraproducente donde esto no ocurre, por el interés que se adquiere sobre el agua al darle un valor económico que utilizan como un insumo en sus procesos productivos, interés privado que se contrapone al interés público que deriva de considerar el agua como un bien común vital para la población y los ecosistemas.

Esa es la contradicción que hoy en día se manifiesta en regiones como La Laguna, y en la que está envuelto el proceso de conformación y perfeccionamiento del Consejo de Cuenca NazasAguanaval, asunto que abordaremos en la siguiente colaboración.

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