miércoles, 29 de febrero de 2012

Faltan 2 meses para el 1o de mayo y no se conoce el proyecto de reforma laboral.

Dos integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Laboral han expresado públicamente sus apreciaciones sobre el proceso de reforma laboral, mientras Antonio Espinoza Prieto, advierte que no hay suficiente tiempo para lograr aprobar una nueva Ley Orgánica del Trabajo[1] e insiste en la necesidad de lograr un gran debate nacional sobre la reforma laboral[2]; Orlando Carrillo en programa de Unión Radio el día 28 de febrero de 2012 ratifica que la reforma va sin lugar a dudas el 1o de mayo.

Ambos integrantes de la Comisión Presidencial mencionada, destacan que ha habido participación de distintos sectores en el proceso de reforma, Orlando Carrillo afirma que la Comisión ha recibido más de 12 mil propuestas y han organizado desde enero 2012 unas 150 asambleas de discusión con trabajadores de todo el país y de todos los sectores[3], además, en sus palabras Carrillo da cuenta que esta reforma plantea temas que se han venido discutiendo por años en Venezuela.  

En este sentido Espinoza Prieto reconoce que ha conversado sobre la reforma laboral con Fedecámaras, Cavidea, Asociación Bancaria, así como también con académicos y expertos laborales.   Pero lo que ninguno de los integrantes señala en sus declaraciones es la fecha en la cual los ciudadanos venezolanos conoceremos el proyecto de reforma a los fines de evaluar su alcance y tener la oportunidad de debatir sobre este tema.

Si bien podremos discutir sobre la calidad y la pluralidad en la participación de los distintos sectores en este proceso de reforma, nadie puede objetar el hecho cierto que sobre el contenido real de la reforma hay un gran misterio y que a 2 meses aún no se conoce con detalle los artículos que integrarán la propuesta de reforma. 

Marcela Máspero, coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE), alerta que los mismos funcionarios del Ministerio del Trabajo han informado que existe un proyecto listo que incluso existía para el mes de noviembre 2011, por lo tanto públicamente ha exigido que para el 22 de marzo a más tardar se presente el proyecto de ley de reforma que aparentemente existe[4].

Mientras esa denuncia aparece en medios de comunicación, Orlando Carrillo afirma que el 1º de mayo se tendrá una nueva Ley Orgánica del Trabajo,  y Antonio Espinoza Prieto, asumiendo que no hay suficiente tiempo, viene proponiendo que el proyecto de reforma que se presente en mayo limite su contenido a lo previsto en la disposición transitoria Cuarta de la Constitución aprobada en el año 1999.

Precisamente el contenido previsto en las disposiciones transitorias de la Constitución, fue el mismo proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Trabajo que en julio de 2003 se aprobó en primera discusión en Plenaria en la Asamblea Nacional.

La disposición transitoria Cuarta de la Constitución señala expresamente la necesidad de reformar la Ley Orgánica del Trabajo a los fines de lograr:

-Un nuevo régimen para el derecho de prestaciones sociales consagrado en el artículo 92 de esta Constitución, el cual integrará el pago de este derecho de forma proporcional al tiempo de servicio y calculado de conformidad con el último salario devengado.
-Un lapso para su prescripción de diez años.
-Un conjunto de normas integrales que regulen la jornada laboral y propendan a su disminución progresiva, en los términos previstos en los acuerdos y convenios de la República.  

Una nota de prensa de la Asamblea Nacional destaca que los partidos AD, Primero Justicia, Proyecto Venezuela, Convergencia, MAS, Solidaridad, Transparencia Revolucionaria, OFM, Podemos y UNT respaldaron y celebraron la aprobación de esa modificación, acordando hacer observaciones en informes posteriores
[5].

Han pasado 9 años desde que en el año 2003 se aprobó la primera discusión, ¿por qué nunca se pudo acordar una segunda discusión y posteriormente aprobar la reforma laboral planteada en el 2003?.  ¿Cómo se puede debatir sobre una reforma laboral cuyo proyecto concreto no se conoce con exactitud?, ¿será acaso el proyecto de reforma que bajo el nombre de Ley de Proceso Social del Trabajo ha presentado la Universidad Bolivariana de Trabajadores “Jesús Rivero” y que está disponible en la web[6]?. ¿Será acaso el proyecto de ley el resultado del trabajo que realiza la Comisión Presidencial intentando articular todas las propuestas que se han presentado?, o ¿será el proyecto de ley que UNETE denuncia ya existe desde el pasado mes de noviembre?. 

No cabe duda que la última palabra la tendrá el Presidente.

Carlos Romero Mendoza.
romerocgr@gmail.com

[1] Diario El Progreso.  Espinoza Prieto: “No estoy convencido de poder culminar reforma completa de la LOT”.  22 de febrero 2012.  Consulta Online: http://www.diarioelprogreso.com/edi-220212/html/pag03-e.html
[2]El Universal. Esta Ley del trabajo será llamada Ley de Chávez.  26 de febrero 2012.  Consulta online: http://www.eluniversal.com/economia/120226/esta-ley-del-trabajo-sera-llamada-la-ley-chavez
[3]UNION RADIO, entrevista a Orlando Carrillo.  Consulta Online: http://www.unionradio.net/ActualidadUR/Audios/Default.aspx?tpAudio=2&id=170127
[4]6to Poder. UNETE exige publicación de Ley Orgánica del Trabajo. 28 de febrero 2012.  Consulta Online en: http://www.6topoder.com/2012/02/28/unete-exige-publicacion-de-ley-organica-de-trabajo/
[5] Asamblea Nacional. Aprobada en primera discusión reforma parcial de la LOT. Consulta Online en: http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=4990&lang=es

sábado, 25 de febrero de 2012

¿Habrá reforma laboral para el 1 de mayo de 2012?

Muchas veces se ha anunciado la reforma a la Ley Orgánica del Trabajo desde la Asamblea Nacional y el más reciente anuncio viene del propio Presidente de la República a finales del año 2011.  Recordemos brevemente:

En el año 2008 Oscar Figuera, entonces presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, anunció que se elaboraba un cronograma para el debate sobre la reforma laboral y que la consulta se realizaría agrupando al país en 6 zonas geográficas[1] y no hubo reforma.

Llega el año 2009 y le corresponde al diputado Oswaldo Vera, integrante de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional anunciar que la fecha para dar inicio a la consulta pública sobre la reforma laboral era el 14 de abril 2009 y que el primer proyecto de ley se tendría listo para el 5 de agosto de 2009[2].

Pasa el 2009 sin que exista formal y públicamente un anteproyecto de reforma a la Ley Orgánica del Trabajo que garantice un debate efectivo sobre los cambios propuestos.  Llega  el 2010 y ahora es el turno para que Orlando Castillo, integrante de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, anuncie que la reforma se aprobaría antes del 15 de agosto 2010 y que la misma se encontraba en la Comisión en un proceso de revisión para luego ser consultada públicamente[3].

Por lo menos, la declaración de Orlando Castillo da un indicio que para el 2010 existía un documento formal sobre la reforma laboral, el cual estaba en revisión; nada más se informó de ese proceso de revisión y llegamos al 10 de noviembre de 2011 cuando el propio Presidente Chávez anuncia que trabajará para tener una nueva ley del trabajo para el 1º de mayo, recordando que la habilitante termina en Junio, con lo cual pareciera decir que será vía habilitante la reforma laboral[4].

El 9 de enero 2012 la  Comisión Presidencial para la Reforma Laboral, creada por el Presidente a finales del 2011 anunciaba que tenían 12 mil propuestas de reformas, de las cuales se han incorporado 7 mil 680 a la ley que se aspira aprobar el 1º de mayo, señalándose que un 64% del nuevo articulado es producto de esas propuestas presentadas[5].

Antonio Espinoza Prieto, miembro de esa Comisión Presidencial advertía recientemente que el tiempo no alcanzará para tener una reforma lista para el 1º de mayo como lo anunció el Presidente Chávez, pero “trataremos de complacerlo si él lo dispone, pero creo que hay cosas que no se pueden hacer atropelladamente[6]

Por su parte, la presidenta de la Comisión Laboral de Conindustria, Maryolga Girán, también cree que la reforma Laboral no se concretará el 1 de mayo, y más se complica con la situación de salud del presidente de la República, que obliga su ausencia por un tiempo no determinado[7].

Para la representante de Conindustría posiblemente la Comisión intentará uno o dos cambios no representativos para cumplir con la promesa de reformar la Ley Orgánica del Trabajo, pero advierte que nada será improvisado, que esas reformas han sido cuidadosamente estudiadas para evitar impactos negativos, advierte la especialista que ninguna de esas propuestas abordará una reforma a la retroactividad, que permanecerá intacta.

Espinoza Prieto, también ha expresado que para él, lo mejor sería promover una reforma parcial a la ley laboral, ajustada exclusivamente al contenido de la disposición transitoria 4 de la Constitución en su numeral 3: la restitución del régimen de prestaciones para asumir el que está establecido en el artículo 92 de la Constitución; la reducción de la jornada de trabajo y tercero la prescripción.

Mientras tanto, el misterio sobre el contenido de esta reforma, la ausencia de un verdadero proceso de participación y consulta plural a 8 semanas del 1º de mayo 2012 alimenta la desconfianza sobre este proceso de reforma laboral, el cual ya ha sido definido por la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE) como una gran “estafa” pues para ellos ninguno de los dos proyectos que se discuten para ser aprobados han sido debidamente consultados. UNETE señala que los proyectos que están siendo analizados como documentos bases para la reforma han sido elaborados uno por el Ejecutivo y otro redactado por la Universidad Bolivariana de Trabajadores “Jesús Rivero”.[8]

Como ciudadano y en particular sobre esta reforma, sólo queda esperar a la Comisión Presidencial para la Reforma Laboral para ver si realmente le darán al Presidente una reforma total o parcial de la ley laboral sólo para complacerlo, o si por el contrario, nuevamente la reforma es pospuesta. Lo ideal sería que los gremios y los representantes electos ante la Asamblea Nacional por la Unidad Democrática pudieran crear un movimiento nacional capaz de frenar esta reforma para exigir no sólo una mayor divulgación del proyecto, sino también para demandar una consulta amplia y plural.

Carlos Romero Mendoza.

romerocgr@gmail.com


En el 2003 se aprobó una reforma en primera discusión a la Ley Orgánica del Trabajo.

El portal web de la Asamblea Nacional, registra una nota de prensa que data del año 2003 y que está Online para el día 22 de febrero de 2012, en el que se puede leer sobre la aprobación de primera discusión de la reforma a la Ley Orgánica del Trabajo.  La nota dice:

Luego de una Comisión General de más de tres horas, se restableció la actividad legislativa, con la aprobación de las actas de las sesiones del 3 y 10 de junio, respectivamente

Caracas, 17-06-03-Luego del restablecimiento de la actividad legislativa, la Plenaria de la Asamblea Nacional aprobó, por mayoría en primera discusión, la reforma parcial de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), cuyos objetivos son la reducción de las jornadas de trabajo diurnas y nocturnas, la extensión de la prescriptibilidad de las demandas de índole laboral de uno a 10 años y rescatar la retroactividad de las prestaciones sociales.

Angel Rodríguez (MVR/Anzoátegui), hizo la presentación del Proyecto de Ley ante la Cámara, resaltando lo referido a la libertad sindical, destacando que se disminuye el tiempo de residencia de un extranjero de diez a 5 años para poder optar a la presidencia de un organismo sindical, también la participación del Consejo Nacional Electoral, como apoyo logístico o técnico, para elecciones internas sindicales.

Precisó que esta modificación se compadece con la Constitución de 1999, con el objeto de engranarla con todo el andamiaje legal referido a la materia.

De acuerdo a lo establecido en la disposición transitoria cuarta, numeral tercero, de la Constitución Nacional, se ordena incrementar de uno a 10 años la prescripción de los derechos laborales derivados de la relación de trabajo, y así se contempla en el proyecto.

El trabajador tendrá un lapso de diez años para reclamar el pago de sus prestaciones sociales, lo cual -a su juicio- es una gran conquista, porque con la normativa vigente sólo se contaba con 365 días para lograr que el patrono cancelara este concepto.

En la propuesta se reduce la jornada de trabajo nocturna de 40 a 35 horas, aspirando reducir, igualmente, la jornada diurna de 44 a 40 horas semanales, durante el ciclo de consultas que se efectuará con los empresarios, trabajadores y sindicatos.

En cuanto al establecimiento de un nuevo régimen de prestaciones sociales de acuerdo al mandato constitucional, se contempla retomar lo establecido antes de la modificación sufrida por la LOT en el año 1997, volviendo a la retroactividad de las prestaciones sociales.

Antes de la última reforma a la ley, las prestaciones sociales se calculaban por 30 días: 15 de cesantía y 15 antigüedad por años de servicios según el último salario.

Enrique Márquez (LCR/Zulia), recalcó que la reforma que contempla la disposición transitoria cuarta de la Constitución, es explícito para lo relacionado con las prestaciones sociales.

A su juicio, la modificación trata superficialmente aspectos que deben ser ahondados en el proyecto de ley, recalcando el de las prestaciones sociales, ya que a su juicio -este es el único elemento que tiene el trabajador- para cubrir la ausencia de un sistema de seguridad social. ""Igualmente, la materia de despidos injustificados, nosotros proponemos que se elimine el techo de 30 días de salarios por año para aquellos trabajadores afectados por los despidos injustificados"".

Opina que se debe volver a un régimen que respete el tiempo efectivo de trabajo en cuanto a la antigüedad y cesantía con base al último salario que devengue.

Los bloques de opinión de Acción Democrática, Primero Justicia, Proyecto Venezuela, MAS, Convergencia, Solidaridad, Transparencia Revolucionaria, OFM, Podemos, UNT, respaldaron y celebraron la aprobación de esta modificación, añadiendo a través de sus voceros que efectuarán las observaciones necesarias en la elaboración del informe para la segunda discusión.

Actas

El encargado de la presidencia, Ricardo Gutiérrez (Podemos/Portuguesa), a las 2: 30 de la tarde, informó que se están haciendo los esfuerzos necesarios entre la directiva y los jefes de los bloques de opinión para restituir la actividad de la plenaria, acotando que se han mantenido encuentros durante todo el día, por ello llamó a una Comisión General a los jefes de los bloques de opinión, exhortando a los parlamentarios a mantenerse en la Cámara a la espera de cualquier resolución.

A las 5: 45 de la tarde, Gutiérrez anunció a la plenaria las conclusiones de la Comisión General que se extendió por más de 3 horas, destacando que la directiva en reunión con los diferentes grupos de opinión derivó a varios acuerdos, con el objeto de darle cumplimiento a la sesión de este martes, con la lectura de las actas de los días martes 3 y del martes 10 de junio, para luego proceder a la lectura de la cuenta y discutir el orden del día.

Gutiérrez ordenó por Secretaría, la lectura de las actas por separado, procediéndose a la lectura del acta del 3 de junio, en la cual Omar Mezza Ramírez (MVR/D.C.), solicitó la Urgencia Reglamentaria para la reforma parcial del Reglamento Interior y Debates y su discusión el miércoles 4 de este mismo mes.

Gutiérrez destacó que el acta recoge las observaciones realizadas por la oposición. Juan José Caldera (Conv/Yaracuy), precisó que se debía dejar constancia que había solicitado un moción de orden que fue desacatada por el presidente de la AN, igualmente, Julio Montoya (MAS/ Zulia), destacó que se debe anexar que solicitaron la verificación nominal de la votación y no fue otorgada por Francisco Ameliach (MVR/ Carabobo).

Rafael Octavio Rivero (Copei/Portuguesa), puntualizó en la oportunidad de la votación, el presidente del parlamento violó el Reglamento que lo rige al no dejar que salvaran su voto en la propuesta de Mezza Ramírez, por ello ratificó el voto negativo al planteamiento.

Elías Matta (La Causa R/Zulia), dijo que debe quedar constancia que el presidente Ameliach sometió a votación un planteamiento totalmente distinto al formulado por su homólogo Mezza Ramírez. Luego de esta intervención, el director de debates, Ricardo Gutiérrez, ordenó a la Secretaría incluir todas las observaciones de los parlamentarios del Bloque de Autonomía Parlamentaria, quedando aprobada el acta del 3 de junio, de esta misma forma fue aprobada el acta del 10 de junio.

Fuente:
http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=4990&lang=es

miércoles, 22 de febrero de 2012

Hay que complacer al presidente aún no haya mucho tiempo para la reforma laboral, dice Espinoza Prieto.

El portal web de El Progreso, registra con fecha 21 de febrero una nota de prensa en la cual un integrante de la Comisión Presidencial para la Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo manifiesta que aún cuando el tiempo no es suficiente para toda la reforma, tratarán de complacer al Presidente. Esta declaración genera una inguietud: ¿Para quién es la reforma?. La nota de prensa dice:

Antonio Espinoza Prieto, uno de los miembros que conforman la Comisión Presidencial para la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, considera que el tiempo no alcanzará para que la reforma total esté lista para el primero de mayo, como lo ofreció el Presidente el pasado 11 de noviembre.

Expone el reconocido jurista que para el primero de mayo “debe redactarse una reforma parcial, puntual que ponga la normativa laboral a tono con la disposición transitoria 4ta numeral 3 de la Constitución”, pues “yo no estoy convencido que tengamos tiempo, ni que el Presidente lo tenga, para concluir una reforma completa, total de aquí al primero de mayo”.

“Pero trataremos de complacerlo si él lo dispone, pero creo que hay cosas que no se pueden hacer atropelladamente”, aseveró Espinoza Prieto.

¿Quiénes conforman la Comisión Presidencial?, además de Antonio Espinoza Prieto, el canciller Nicolás Maduro, la ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, Jorge Giordani, ministro de Finanzas, los dirigentes sindicales representantes de la ciudad, el campo y la pesca Wills Rangel, Carlos López y Orlando Castillo. También incluyó el Presidente al Presidente de Fedeindustria Miuguelk Pérez Abad; los magistrados del TSJ Omar Mora y Juan Rafael Perdomo yu el abogado Carlos Sainz Muñoz.

Con relación a la reforma de la LOT, Espinoza Prieto agregó sobre su propuesta para presentar el venidero primero de mayo:

“Propongo que nosotros tengamos lista y la promulguemos, una Ley de Reforma Parcial y Puntual de la Ley Orgánica del Trabajo. Que nos enfoquemos en los planteamientos que establece la Disposición Transitoria Cuarta numeral 3 de la Constitución Bolivariana que son: la restitución del régimen de prestaciones para asumir el que está establecido en el artículo 92 de la Constitución, o sea, reconocimiento de la antigüedad en el servicio y pago al final de la relación sobre la base de un mes de salario por cada año de servicio y calculado sobre la base del último salario. Segundo, la reducción de la jornada de trabajo y tercero la prescripción”, aclaró Antonio Espinoza Prieto.

Lo cierto es que durante una asamblea de trabajadores chavistas efectuada el 11 de noviembre en el Polideportivo de la Guaira, el Presidente prometió parta el 1 de mayo la nueva Ley Orgánica del Trabajo y al parecer, será una nueva promesa incumplida, al menos que, como dijo Espinoza que se haga “atropelladamente”.

Fuente:
http://www.diarioelprogreso.com/edi-220212/html/pag03-e.html

jueves, 16 de febrero de 2012

¿Una reforma laboral participativa?

Fedecamaras, a través de Aurelio Concheso, presidente del Comité de Asuntos Laborales, recientemente advertía que aún se espera por el proyecto oficial de reforma a la Ley Orgánica del Trabajo y en su declaración denunciaba que desde la creación en noviembre 2011 de la Comisión Presidencial para la Reforma a la Ley Orgánica del Trabajo, ésta aún no había hecho su primera sesión[1]


Recordemos que esta reforma fue anunciada para el 1 de mayo y el Presidente Chávez en el marco del día de la Juventud ratificó su compromiso de tener una nueva la Ley Orgánica del Trabajo para el día del trabajador[2]; hay que tener en cuenta, que recientemente el diputado Oswaldo vera anunciaba que será a mediados de mayo cuando se logre tener un primer proyecto de reforma[3].

Mientras que para Conindustria[4] esta reforma pareciera un secreto de estado, varios medios de comunicación social en sus plataformas web han venido destacando una serie de eventos y actividades que el sector oficialista ha venido promoviendo para divulgar y promover la reforma laboral, que sin duda alguna, permitirá que el gobierno mediática y políticamente pueda anunciar una reforma laboral producto de un proceso de participación a nivel nacional, el cual no se ha dado en términos reales, plurales e incluyentes.
 
Veamos algunas de esas informaciones:

El 27 de enero 2012[5] se informa de una consulta sobre la nueva Ley Orgánica del Trabajo en Aragua, Zulia a trabajadores de sector industrial y administración pública.  Luego el 31 de enero se informa de jornadas para el debate en esta materia, organizadas por
la Central Bolivariana de Trabajadores y miembros de la Comisión Presidencial para la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) en Carabobo, Lara y Táchira[6]. 

El 1 de febrero de 2012 se anuncia que el Sindicato de Trabajadores de la ULA Mérida tendrían un taller sobre las propuestas de la nueva Ley Orgánica del Trabajo
[7]; y ese mismo día una nota de prensa informa de una jornada de disertación sobre el contenido de la reforma laboral para el personal del Ministerio de Educación, trabajadoras y trabajadores, jubilados y pensionados, Sindicatos Bolivarianos y el Consejo Socialista del Ipasme[8].

El 5 de febrero de 2012 Miguel Santos, secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Sindicatos Revolucionarios de Trabajadores de la Salud (Fenarsitrasalud), informa que en reunión con dirigentes sindicales de la salud del estado Trujillo, se constituyeron comisiones de trabajo para la promoción y divulgación de la nueva Ley Orgánica del Trabajo anunciada por el Presidente[9].

Como estas noticias hay muchas otras, es el momento de preguntarnos ¿si aún no hay proyecto formal que sirva de referencia para un debate efectivo, cuál es entoences, el contenido de la reforma que se debate en esos eventos que se han informado por los medios de comunicación?.

Además los medios también han reseñado que a nivel nacional muchos han sido los aportes recibidos por la Comisión Presidencial para la Reforma Laboral, en tal sentido se habla por ejemplo de
unas 11.500 propuestas entregadas, según declaraciones del Presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores[10].

Así mismo se anuncian otras propuestas que se irán entregando a la Comisión Presidencial en las próximas semanas, entre ellas, un documento producto varias jornadas a nivel nacional del PCV[11]; otra que tiene su origen en
la Corriente Clasista y Revolucionaria Cruz Villegas, afiliada a la Unión Nacional de Trabajadores (Unete)[12]; igualmente se anunció en una nota de prensa que más de 50.000 mujeres[13] y 300 sindicatos han participado en la elaboración de distintas propuestas que serán entregadas a la Comisión[14].

Y como complemento a estas informaciones, el diputado Braulio Álvarez, recientemente indicó que el 28 de abril habrá una gran marcha de trabajadores que arrancará en Carabobo y concluirá en Caracas en apoyo a la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo[15].

Somos testigos de la utilización o manipulación de la participación ciudadana como herramienta para legitimar una propuesta de reforma.  Falta un poco más de 2 meses para llegar al 1 de mayo, tiempo que es insuficiente para que un país pueda ser informado y con la información  logre participar y analizar el impacto de una reforma tan delicada como ésta que toca el difícil mundo de la relación patrono – trabajador.

Carlos Romero Mendoza.
@carome31
romerocgr@gmail.com



martes, 14 de febrero de 2012

Buscan promover que 3 Comunas en El Tigre asuman el servicio de Basura.

Con fecha 12 de febrero del 2012, se anuncia en El Tiempo de Oriente, la propuesta de transferir recursos desde el Consejo Federal de Gobierno a 20 sectores del Tigre, agrupados en 3 comunas para manejar de forma directa el servicio de aseo urbano.  La nota firmada por Angel Fernández dice:

El tigre.- Unos 20 sectores de El Tigre y que están agrupados en tres comunas solicitarán al Consejo Federal de Gobierno (CFG) recursos para la adquisición de camiones recolectores, con el fin de manejar de forma directa el servicio de aseo urbano.

El vocero del poder popular ante ese organismo nacional de financiamiento, Raúl Álvarez, explicó que las organizaciones Nemer Saab, Simón Rodríguez y El Árbol de las Tres Raíces prevén que la municipalidad les transfiera la competencia de la recolección.

La agrupación vecinal Nemer Saab aspira a recibir
1 millón 300 mil bolívares para comprar una compactadora y un camión 350. El manejo del servicio y de la maquinaria se realizará a través de una Empresa de Producción Social (EPS). Está conformada por los sectores Pueblo Ajuro, Campo Oficina, Jesús de Nazareth, Las Vegas y Casco Viejo.

Al igual que esa organización vecinal, la comuna Simón Rodríguez planteará el financiamiento de una recolectora de basura para también asumir la administración de las labores de limpieza de sus sectores.

Entre las comunidades que integran esa comuna están El Silencio, Las Vegas, Los Sabanales I y II, Nueva República, La Montañita, Fe y Alegría, Hernández Pares, San Valentín, La Charneca, José Antonio Páez y Vista Alegre.

Proyecto similar solicitó la comuna El Árbol de las Tres Raíces con una inversión de 1 millón 350 mil bolívares. Ese grupo está constituido por los vecinos de Chaguaramos, San Miguel, Cincuentenario y Primero de Mayo.

Administración vecinal

Desde la comuna Simón Rodríguez, el representante vecinal Olver Jiménez apuntó que la adquisición de los equipos de recolección de basura irá acompañada de un proyecto de transferencia de ese servicio desde la alcaldía hacia el grupo de comunidades. Además de la recolección de la basura, tienen planificado diseñar un proyecto de clasificación de los desechos sólidos.

La vocera de la agrupación vecinal Nemer Saab, Yurbis Gutiérrez, está confiada en que puedan administrar y operar el servicio de aseo urbano.

Eso sí, está clara en que se requiere una previa formación y concienciación de la comunidad en esa tarea.

Con recelo

Algunos vecinos expresaron sus reservas sobre la capacidad comunal para asumir el servicio de aseo urbano.

Ana Julia Sifontes, vecina de La Charneca, duda de la efectividad operativa porque cree que el trabajo va más allá de sólo recoger basura. “Tienen que ver quién asumirá el mantenimiento de los equipos y el pago del personal”.

El residente de El Silencio,Jormer Durán dijo que ese trabajo “es muy complejo” para los vecinos.

El director de Aseo Urbano de El Tigre, Pedro Figuera, comparte el criterio de transferirles servicios a las comunidades, pero cree que el proyecto debe pasar por una organización y asesoramiento. Ello debe abarcar la constitución de las mesas técnicas del aseo urbano y la aprobación en asambleas.

Fuente:

Armando Chaguaceda: Poder Popular y participación en Venezuela.

Armando Chaguaceda, publica con fecha 14 de febrero de 2011, en el portal web cubaencuentro.com, un interesante trabajo que resume una visión de lo que ha sido el proceso de creación del poder popular y el intento de imponer un modelo de participación en Venezuela.  Se copia textualmente el escrito por el interés en esta materia.  El titulo del artículo es:  El Poder Comunal y los retos de la democracia participativa en Venezuela


Para comprender la actual coyuntura política venezolana hay que remontarse a la llamada IV República. A partir de 1958 en Venezuela se erigió un modelo de gobernabilidad basado en la alternancia entre los partidos dominantes (AD y COPEI) con acuerdos para redistribuir la renta petrolera y expandir la inversión social. Se construyó una democracia tutelada a través de un sistema de pactos partidistas y sociales —en un ambiente de modernización acelerada— bajo el rol redistributivo de un Estado con grandes recursos disponibles, que los canalizaba mediante un clientelismo corporativo dirigido por los partidos.
En ese contexto se expande, desde mediados de la década de los años 80 del pasado siglo, la organización social (popular y de clase media) como respuesta a la crisis del Estado rentista, la irrupción del neoliberalismo y el incremento de la pobreza, la desigualdad y la inseguridad. Junto al expandido imaginario policlasista y reformista, se incorporaron sectores populares a la política y se introdujo en buena parte de la población venezolana una noción de dignidad y de derechos, acompañada de un rechazo a las élites. Esos actores y demandas fueron las que llevaron a Hugo Chávez a la presidencia en 1998, comenzando —hasta 2006— la implementación de un proyecto democrático participativo, promotor de la justicia social, que buscaba superar los déficits de la IV República.
Pero esta iniciativa, impulsada por amplios sectores populares y medios, organizaciones de izquierda y gobiernos locales, coexistió con un componente militar autoritario que paulatinamente cobró fuerza dentro del campo bolivariano, abonado por la polarización política y las tradiciones del personalismo/populismo venezolano y latinoamericano. De 2007 a la actualidad, se presenta una sustitución del proyecto de “democracia participativa y protagónica” por el “Socialismo del Siglo XXI”, lo que conduce a un estrechamiento y homogeneización de los espacios de participación abiertos, acompañados por una expansión de la acción colectiva de toda la sociedad (oficialista y opositora) como reclamo de derechos al Estado y, como colofón, una agudización del conflicto y la polarización sociales.
La vigente Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) expresa, en rasgos generales, los fundamentos del proyecto democrático participativo, mismos que se modificaban en la propuesta de Reforma Constitucional (derrotada por voto popular en diciembre de 2007) y en los sucesivos Decretos Leyes del ejecutivo que introducen, de forma expedita y anticonstitucional, varias de las propuestas rechazadas por la ciudadanía. El paradigma del “Socialismo del Siglo XXI” se ha concretado en un modelo centralizado y vertical de participación, que incluso acota las prerrogativas y funciones a cumplir por estructuras afines como los Consejos Comunales (CC) y Comunas que integran el llamado Poder Comunal.
Este modelo participativo chavista ha ido evolucionado de una fase temprana (1999-2002) donde incorporaba los sujetos prexistentes, transitando luego por otra (2003-2006) donde se crean las primeras estructuras del nuevo régimen —como los CC— hasta llegar al enfoque de participación centralizada actual, impulsado desde 2007. En la etapa temprana destacaron por su impacto los Comités de Tierra Urbana (CTU), constituidos por Decreto Presidencial para la resolución de los problemas del hábitat, que alcanzaron para 2006 los 6000 CTU constituidos. Fueron estas las organizaciones chavistas que mostraron mayor potencial de autonomía —pese a su integración en las estrategias gubernamentales— acompañados por otras instancias enfocadas en los servicios como las Mesas Técnicas de Agua (MTU) y las Mesas de Energía (ME).
Otras estructuras promisorias de la etapa temprana fueron los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP), donde se plasmó una visión descentralizadora del poder local, que combinaba los principios de representación y participación, y se legitimaba la pluralidad de organizaciones sociales existentes en el ámbito municipal. Sin embargo, aún amparados por el marco constitucional, los CLPP vieron menguados su poder por la aparición de los Consejos Comunales (CC), enlazados directamente —en la doble dimensión material y simbólica— con el poder presidencial. Unido a ello, la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública de 2008, realizada por procedimiento habilitante, otorgó al Presidente Chávez la capacidad de designar autoridades regionales especiales, lo cual erosiona las competencias de los gobernadores y alcaldes —chavistas u opositores— electos por voto popular.
Los Consejos Comunales (CC) fueron creados en medio de la tensa campaña para las elecciones de diciembre de 2006, con la doble misión de gestionar servicios comunitarios y ser la piedra angular del Poder Popular. Así enfocada, la participación a través de los CC, orientada a la construcción del “Socialismo del Siglo XXI”, circunscribe de facto el derecho a la participación a quienes se identifican con el oficialismo. La dependencia de los CC hacia el Ejecutivo, define una relación clientelar donde los adherentes al proyecto presidencial reciben recursos, mientras que sus adversarios sufren innumerables procedimientos burocráticos, sin recibir a veces los apoyos. Los CC se vinculan con las Misiones Sociales (salud, educación, alimento) y otros programas gubernamentales, que han servido para atender problemas acumulados de la población, al tiempo que se les vincula de forma estrecha al aparato estatal.
Desde entonces, la actividad principal de los CC ha sido la formulación de proyectos en el ámbito territorial para recibir recursos gubernamentales, lo cual —en ausencia de una contraloría social sólida— estimula la corrupción, ya que la fiscalización es realizada en buena medida por los propios CC. Además, como no dependen de los Consejos Municipales sino de una Comisión Presidencial Local designada desde el ejecutivo, los CC debilitan un gobierno municipal autónomo e impiden una descentralización efectiva.
Por otro lado, la democracia asamblearia de los CC se plantea como substituto de la representación estatuida a través de los Consejos Municipales y las Juntas Parroquiales, pero la casi-obligatoriedad y politización de la participación en las Asambleas de Ciudadanos de los CC supone que quien no participe, no tiene derecho a oponerse a las decisiones, lo que afecta a los no adherentes y en especial al segmento de la población no representada a partir de su exclusión por motivos políticos. Y mientras el discurso presidencial habla de empoderamiento y democratización, los resultados apuntan hacia el clientelismo, la cooptación, la centralización y la exclusión por razones de polarización política.
Sin embargo, estos problemas no son solo atribuibles al proyecto oficialista. La exclusión se reproduce allí donde la oposición es gobierno, aunque la vinculación de los CC con la Presidencia hace que la inmensa mayoría de dichas instancias tengan nexos más o menos orgánicos con el oficialismo. Como se pudo apreciar en un trabajo de campo que realizamos en el municipio Lagunillas del estado Zulia, durante la primavera de 2011, quienes sufren son aquellos CC que buscan mantenerse al margen de la polarización y, sobre todo, es la comunidad la afectada por las diversas formas de participación partidizada.
En los últimos años, los actores autónomos del chavismo, como las MTU y los CTU, han visto paulatinamente disminuida su inserción en los programas y discursos del Gobierno, que ha decidido privilegiar sus nexos con los CC y potenciar las inestables estructuras locales del joven partido oficial, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Por otra parte, con la Ley Orgánica de los Consejos Comunales y las acciones políticas con ella relacionadas resulta visible la intención de querer integrar a éstos Consejos dentro de la institucionalidad estatal o convertirlos en una suerte de “burocracia comunitaria” en un entorno donde la acelerada transferencia de competencias –responsabilidades de gestión de diferentes servicios públicos– evidencia voluntarismo y ausencia de planificación. Así, se revela una tensión permanente entre la autonomía de un movimiento social afecto a Chávez y las “nuevas” prácticas de cooptación y control del Estado venezolano, herederas de la denunciada tradición de la Cuarta República.
Referencias:
- Arenas, Nelly y Calcaño, Luis Gómez (2006) Populismo autoritario: Venezuela 1999-2005, CENDES-UCV, Caracas, Venezuela.
- Cilano, Johanna; Córdova, Edgar y Chaguaceda, Armando (2009) “Participación ciudadana y reforma del Estado en Venezuela. Entender la política a través del ciudadano”, Revista OSAL No. 26, Octubre. CLACSO. Buenos Aires, Argentina.
- Lander, Edgardo (2007) “El Estado y las tensiones de la participación popular en Venezuela” en Revista OSAL. Año VIII. Número 22. CLACSO. Buenos Aires, Argentina. Pp. 65-86.
- López Maya, Margarita —editora— (2007 y 2009), Ideas para debatir el Socialismo del siglo XXI (volumen I y II), Editorial Alfa, Caracas.

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