sábado, 19 de noviembre de 2011

Maria Bernardoni de Govea, opina sobre la Reforma propuesta de la Ley Orgánica del Trabajo.

El semanario Quinto Día, con fecha 19 de noviembre publica una importante e interesante entrevista realizada por Ericka Carrasquero a la Dra. María Bernardoni de Govea, quien es introducida en la entrevista con el siguiente resumen curricular:

Doctora en Derecho con Post Grado en la Universidad La Sapienza, en Roma. Es profesora Jubilada de la Universidad del Zulia. Da Derecho Social en la Universidad Monteávila y Derecho del Trabajo en los Cursos de Especialización de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bellos.

Fue Ministra del Trabajo entre 1997 y 1999; y es Presidenta del Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

La entrevista que realiza Quinto Día sobre la reforma a la Ley Orgánica del Trabajo que está planteando hacer el presidente Hugo Chávez, mediante la Ley Habilitante, se transcribe textualmente a continuación:

-¿Cuál sería el impacto en materia fiscal de la reforma propuesta por el presidente de la República sobre volver a la retroactividad de las prestaciones sociales?.

-El impacto fiscal tiene que ser muy grande; es difícil cuantificarlo porque no sé cuántos trabajadores tiene el Estado en este momento. Ahí hay dos costos que el Estado va a tener que asumir: el de los pasivos laborales que se generaron en 1997 con la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo. Con el cambio del método de cálculo que se aprobó en 1997, se dio un plazo de cinco años al Estado para pagarle a sus trabajadores y eso no se cumplió; a eso se llama en el lenguaje común, pasivos laborales.

-¿Y ahora el costo de la nueva reforma?.

-Sí, porque se está pretendiendo regresar al sistema retroactivo de prestaciones sociales y estoy segura que no se ha hecho ninguna evaluación del costo que eso significa, que es altísimo si tomamos en cuenta que los empleados públicos se han duplicado en número. Hay estimaciones que refieren que el número de empleados públicos está cerca de los tres millones de trabajadores y cuando empezó este gobierno, estaba en un millón de trabajadores; indudablemente que va a ser un costo muy alto.

-¿Ese nuevo régimen de prestaciones se hará distinto a como estaban antes de 1997?.

-Ese es uno de los problemas a resolver. La mejor manera de abordar una reforma de ese tema tan delicado, complejo y costoso, sería mediante el diálogo con todos los trabajadores y todos los sectores. La mejor forma sería en la Asamblea Nacional, lo que nos podría dar una reforma lo más ajustada a lo que quieren todas las partes y lo más beneficioso para la sociedad venezolana.

-¿Esa reforma es potestad del Presidente con la Ley Habilitante?.

-Se trata de una ley orgánica y hay serios reparos legales y constitucionales para aceptar que el presidente de la República, por una Ley Habilitante, pueda abordar una reforma de Ley Orgánica. La Ley Orgánica necesitaría la aprobación de la Asamblea mediante una mayoría calificada.

-¿Por qué el gobierno tardó tanto en esta reforma, cuando en la Constitución del 99 se establecía máximo un año para implementar una nueva ley?.

-El gobierno en la campaña electoral del 98 prometió regresar al sistema de retroactividad de las prestaciones sociales, pero se dio cuenta de que el sistema actual es más adecuado en un país inflacionario como lo es Venezuela, tanto para el Estado como para los trabajadores. El sistema actual significa el doble de salario que tenía el sistema anterior, sólo que se calculan en base a la remuneración mensual del trabajador. Antes era en base al último salario. Es mejor para el trabajador recibir mes a mes, año a año el cálculo de esas prestaciones sociales, de estimación de eso que se va generando, que dejarlo para cuando se va del trabajo, y la inflación se ha encargado de convertir ese monto de prestaciones en una cantidad muy inferior al nominal.

El Estado se dio cuenta de que el sistema no era tan malo como se había pensado, porque duplica y hasta triplica el número de salarios que se tenían anteriormente.

-¿Cómo es eso?.

-En el sistema que estaba antes del 97 lo que devengaba el trabajador eran 30 días por año y sólo en caso de despido, si ese despido era injustificado causaban los 60 días de salario por cada año. El primer año tiene ya 45 días de salario y a partir del segundo año tienes 62 días de salario. O sea, es un monto de salario muy superior y se calcula en el salario del momento, pero que es un salario que no está devaluado por la inflación.

-¿Por qué hacerlo ahora?.

-Es sencillamente el inicio de la campaña electoral.

Al Presidente se le están agotando las promesas y por supuesto que en gran parte la conflictividad laboral que hay en el país es por el incumplimiento por parte del Estado, de los pasivos laborales de sus trabajadores.

Esa es una de las primeras causas de malestar en el movimiento sindical y en el sector laboral. Por supuesto es una nueva promesa, es una oferta atractiva para los trabajadores el hecho de que piensen que por fin se les van a pagar esos pasivos laborales. Los trabajadores deben estar conscientes de que lo que les están pagando es una deuda que ya tiene 10 años de vencida, es decir, que no deben dejarse cautivar por las ofertas, por las promesas, por el proselitismo que significa esta oferta.

-¿Cuál va a ser el mayor obstáculo en la aplicación de la retroactividad?.

-El mayor obstáculo sería que pretendieran, como aparecen en algunos de los proyectos que se han presentado ante la Asamblea Nacional, o que se han estudiado, combinar el sistema retroactivo con el que tenemos hoy en día. En algunos proyectos que se han analizado, no es que se regresa al sistema anterior, sino que se aumenta el número de días de salario para equipararlo con lo que está ahorita, que son 60 días de salario cada año. Hay proyectos donde se eleva aún más el número de salario por concepto de prestaciones y se recalculan en base al último trabajo. Eso sería muy costoso para el Estado venezolano y no creo que lo pudiera pagar. Si no ha podido pagar y cumplir con este régimen que tenemos actualmente que es un régimen más organizado, que es año por año, que permite planificar los costos laborales año por año e incluirlos en el presupuesto nacional. Habría que hacerle un llamado a la responsabilidad del gobierno nacional porque lo que se estaría comprometiendo no es solamente la viabilidad política de un gobierno sino la viabilidad económica de la sociedad en el Estado venezolano.

-La ministra del trabajo, María Cristina Iglesias habló de la reducción de la jornada laboral, ¿eso es viable?.

-Eso está previsto en la Constitución Nacional de 1999; esto se ha debido resolver desde 1999 o desde el 2000 cuando se previó ese cambio. El tema de la jornada del trabajo es muy sensible, porque dentro del sistema del mercado de trabajo del país, la reducción de la jornada se ha empleado en muchos países para incrementar el empleo. ¿Estamos previendo esa reducción de la jornada de trabajo para lograr que se genere empleo? Esa medida debe estar acompañada de otras que causen estímulo a la reactivación económica, estímulo a la inversión privada, que no veo que se estén dando aquí en el país.

Lo que pudiéramos lograr es una reducción de la jornada sin ningún efecto positivo para los trabajadores y para la economía del país. Una medida lisa de reducción de la jornada del trabajo, por sí sola no genera empleo.

-¿Qué implicaciones puede traer dejar en manos del Presidente el derecho a la huelga, a la sindicalización, a la contratación colectiva y demás derechos?.

-Estás hablando de un sistema que no es democrático porque la esencia de la democracia en lo que se refiere al aspecto laboral es la libertad sindical.

Fuente:
http://quintodia.net/entrevistas/735/esa-ley-es-organica

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