lunes, 4 de julio de 2011

La contraloría social y la reforma a la Ley Contra la Corrupción.

Con fecha 4 de julio del 2011, El Nacional, publica una nota de prensa firmada por Hernán-Lugo Galicia en la cual habla sobre la Contralroía Social en el marco del reforma a la Ley Contra la Corrupción. La nota dice:

"La contraloría social adquiere rango legal y, en consecuencia, el poder popular estará sometido al escrutinio público. La máxima está en el proyecto de reforma de la Ley contra la Corrupción que debate la Asamblea Nacional. "El poder popular, sólo por el hecho de que administrará recursos del Estado, tiene que ser controlado", afirmó Héctor Navarro (PSUV), presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento.

La fórmula que encontró el Legislativo para evitar que la contraloría social no terminara desplazando a la Contraloría General y, por ende, se constituyera en "una oficina paralela" fue incorporarla al Sistema Nacional de Control Fiscal, consagrada en la Ley de la Contraloría General de la República.

En comunicaciones enviadas al Parlamento, el fallecido contralor Clodosvaldo Russián se opuso a la figura del contralor social, en especial porque actuaba sin limitaciones y se temía que pudiera servir para generar más irregularidades, pues las personas pudiesen usar su cargo para chantajear y podrían actuar sin supervisión alguna.

La diatriba fue resuelta, aunque en un foro realizado el jueves 30 de julio la contralora encargada Adelina González señaló que el país cuenta con una Constitución y leyes de avanzada para combatir el mal de la corrupción.

Penas y penas. El Parlamento inició la consulta de la reforma de la Ley contra la Corrupción el martes 28 de junio con organismos públicos de los ministerios que velan por el buen manejo administrativo. En total, están pautadas 7 consultas en las regiones a partir del 15 de julio; luego se escucharán a los poderes Electoral y Moral.

El proyecto de 105 artículos, una disposición derogatoria, una transitoria y 4 finales irá a segunda discusión a mediados de agosto.

El presidente de la Comisión de Legislación de la Comisión de Contraloría, Jesús Montilla (PSUV), aseguró que el fin de la norma es garantizar la "probidad administrativa" y para ello contará con nuevos artículos. Por ejemplo, los funcionarios estarán obligados a consignar ante la Contraloría General, además de una declaración jurada, dos requisitos más: un informe sobre el Impuesto sobre la Renta y de los ingresos adicionales obtenidos por los intereses generados en las cuentas de ahorros o corrientes.

Pero, Montilla señaló que la modificación más importante es que la ley no se suscribirá al funcionario, sino que se aplicará, por ejemplo, a los ciudadanos agrupados en las figuras de consejos comunales, mesas técnicas o cualquier forma organizativa del poder popular.

"Si un consejo comunal maneja fondos públicos, estará obligado a presentar cada seis meses ante la Contraloría General un balance de las transferencias realizadas por el poder central. Todo esto en coordinación con la contraloría social", expuso.

La "contraloría social", según el artículo 47 del proyecto de reforma de la Ley contra la Corrupción, exige a funcionarios la rendición de cuenta sobre recursos públicos transferidos, y le corresponde controlar, fiscalizar y vigilar el uso de los recursos públicos asignados a los consejos comunales, las comunas y otras organizaciones populares.

Por una propuesta de la Fiscalía, el proyecto de ley aumenta las penas contra los delitos de corrupción (peculado de uso, malversación y enriquecimiento ilícito, 10 años).

En el caso que se hallen 2 delitos, las sanciones oscilarán entre 12 y 15 años de prisión.

Otro de los beneficios es que incorpora la automatización a los actos públicos y prohíbe el financiamiento de las campañas con fondos públicos.

La Comisión de Contraloría incluyó también dos modalidades: la protección de testigos de hechos irregulares ­como ordena el artículo 4 de la Convención Interamericana contra la Corrupción suscrita por el Estado venezolano­ y el castigo contra los funcionarios que no cumplan con su trabajo. "La Contraloría General verifica la administración pulcra y si no es así impone sanciones. La ineficiencia y la dejadez en los cargos son actos de corrupción que pueden ser denunciados en la Fiscalía; la sanción sería la destitución del funcionario", advirtió Jesús Montilla.

La culpa es de España

En Un Nuevo Tiempo, Alfonso Marquina sostiene que la nueva Ley Anticorrupción del PSUV es como "nombrar la soga en la casa del ahorcado".

El ex gobernador de Falcón, Jesús Montilla, admitió que en la quinta república "hay elementos, algunos casos de corrupción, pero destacó que, a diferencia de la cuarta, se ataca; que el presidente Hugo Chávez ha mostrado una conducta ética y ha denunciado y pedido amonestaciones contra los responsables del mal manejo público.

"Algunos están presos; otros están fugados. El general Isaías Baduel fue detenido por supuestas irregularidades. El ex gobernador de Carabobo, Felipe Acosta Carlez está prófugo, al igual que Eduardo Lapi, Didalco Bolívar y Carlos Jiménez. Se ha actuado porque si no se pone un freno a la corrupción, se pone en peligro la revolución. Ahora la lucha debe ser de todos los estamentos de la sociedad. Que exista una corresponsabilidad, sólo una transformación real, el rescate de valores; la transparencia de procesos vía automatizada minimiza o liquida cualquier hecho irregular", afirmó.

En el oficialismo niegan que el hecho de apoderarse de lo público no es exclusivo de la revolución. Montilla rechaza el calificativo de "robolución" y atribuye el mal a un problema cultural que es atacado por Chávez al alentar a sembrar conciencia en los empleados del Estado: "Es un elemento cultural; una manera de ser del venezolano. La corrupción llegó con el mercantilismo de los españoles y siguió en el siglo XIX con Guzmán Blanco, quien llegó a ser el presidente más rico. A esa lista se incluye el nepotismo de Juan Vicente Gómez, cuyos familiares se repartieron concesiones petroleras. Con la cuarta república se expandió la corrupción, especialmente en el primer gobierno de CAP. Se volvió un relajo. Gonzalo Barrios llegó a decir: `Aquí roban porque no hay razones para no hacerlo'. El problema es la impunidad", puntualizó.



Transparencia máxima

Venezuela registró en 2010 un Índice de Percepción de Corrupción de 2.0, cifra baja porque el mejor es 10. Conclusión: el país es calificado como corrupto.

Mercedes De Freitas, coordinadora de TransparenciaVenezuela, propone incluir los principios básicos de la transparencia en el proyecto de ley contra la corrupción y derogar leyes que afectan el buen manejo administrativo o constituyen una traba al acceso a la información sobre los fondos del Estado, como el Cesna, normas de desacato y de protección a la soberanía que afecta a las ONG.

En el estudio "Una Ley para Combatir la Corrupción: ¿Acabará con este mal en Venezuela?", sugiere aprovechar la reforma para incluir definiciones sobre "transparencia máxima en compras y contrataciones, capacitación en ética pública y marco legal, delitos y sistemas de investigación complejos y fortalecer contraloría (más autonomía  e independencia económica)".

Fuente:
http://el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/218779/Nación/Controlarán-poder-popular-que-administre-fondos

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