sábado, 30 de abril de 2011

La descentralización y sus recursos quedan comprometidas con decisión del Presidente dicen Gobernadores de Carabobo y Táchira.

El Universal en su portal web, informa con fecha 30 de abril de 2011 sobre una reunión entre los gobernadores de Carabobo y Táchiar en la que analizaron los impactos financieros para cada región de las decisiones del poder nacional.  La nota dice:

"El gobernador del estado Carabobo, Henrique Salas Feo, denunció que "en Miraflores se está montando una caja negra para asfixiar a todas las gobernaciones y alcaldías del país", poniendo en peligro a 3 millones de trabajadores y los programas sociales regionales.

Durante un encuentro con el gobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, realizado en Quinta Carabobo, el mandatario regional expresó que el 18 de abril, en plena Semana Santa, el Presidente firmó un decreto ley que crea una contribución, para quitarle el 20% de los recursos que pertenecen a los estados.

"Ese dinero es depositado en un Fondo de Desarrollo Nacional, que por cierto es inconstitucional, evade todos los controles fiscales y no entra a las arcas del país (...) Esos recursos se desviarán para otras cosas como regalar dinero al exterior, donde se utilizarán en hospitales y energía eléctrica, o en campañas electorales", denunció Salas Feo

"En enero declaré que la Ley Habilitante era una espada de Damocles que iba a sentenciar el futuro de gobernaciones y alcaldías. Ahora se está dando paulatinamente y es el momento de reaccionar", explicó el Gobernador en un comunicado de su despacho.

Salas Feo y Pérez Vivas se comprometieron a trabajar juntos en defensa de la descentralización, y establecer contactos con gobernadores y alcaldes para unificar acciones que permitan conseguir un presupuesto justo para las regiones del país. "

Fuente:
http://www.eluniversal.com/2011/04/30/reclaman-que-el-presidente-disminuyo-20-el-presupuesto-de-los-estados.shtml?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsEUpol

jueves, 28 de abril de 2011

Comuna en Lara prepara carta fundacional.

El día Domingo 27 de Marzo se publica en el blog de Amado Rivero y las Comunas, que se  inició  la discusión del ante proyecto de Carta fundacional de la Comuna en construcción KABUDARI, Un ante proyecto compuesto de diez (10) Títulos y sesenta y dos (62) artículos, y un preámbulo.

En cada Consejo Comunal se discutirá el ante proyecto en reuniones del Colectivo de Coordinación Comunitaria se aspira que en un máximo de tres reuniones se discuta, para luego ir a unas reuniones de Promotores, donde se harán los cuadros comparativos sobre los aportes e ideas que saldrán como fruto de las discusiones en cada consejo comunal, Una vez realizados los cuadros comparativos se elabora el proyecto de Carta fundacional definitivo que ira a la consulta publica ( REFERENDO APROBATORIO)

Los Promotores de la Comuna en construcción KABUDARI, Estamos conciente que la Carta Fundacional no es un simple papel, para nosotros es una pequeña “Constitución “Como lo digo nuestro Presidente y líder de esta revolución, en este sentido nuestro texto Constitutivo debe desarrollar los parámetros en lo Económico, Social y Político, dado a que la Comuna si es un gobierno y como gobierno puede realizar acuerdos con otras comunas que hagan vida en el mismo Municipio o en otro Estado y estos acuerdo deben salir publicados en la Gaceta Comunal; Como verán muchas personas están equivocadas o quieren confundir al pueblo, cuando tratan de poner el ejemplo de la Comuna de Paris o la Comuna de China,

Las Comunas Bolivarianas no se parecen a ninguna excepto al sistema de vida de nuestros aborígenes, porque lo que vamos a crear es un nuevo sistema de vida en lo social lo económico y lo político, un sistema verdaderamente de participación dedocrática con verdadero protagonismo, Un sistema que nos conduzca a que el pueblo logre tener la máxima suma de felicidad posible,

Felicidad que hoy en día no la tenemos, no porque no generemos los recursos económicos, si no porque el sistema actual de gobierno es representativo, una estructura administrativa de nuestros recursos y los mal gasta en la asignación o creación de una cantidad de puesto burocráticos, dando como resultado la transformación del Estado Venezolano en un estado empleador, en el sentido de que a pesar de ser un país con menos habitantes, que otros países duplican o triplican a estos, en la cantidad de empleados países que tienen el triple de habitantes mas que Venezuela.

Que otro mundo es posible y es ese el que buscamos con el socialismo y lo que estamos convencidos estamos luchando y seguiremos luchando,

Compartiendo y haciendo públicas todas las ideas, el ante proyecto, utilizando los medios como los blog por Internet, las páginas revolucionarias como www.aporrea.org. Para que nuestras ideas de cómo construir ese nuevo estado comunal lleguen a su fin.

Fuente:
http://lapaginadelascomunas.blogspot.com/2011/03/la-comuna-en-construccion-kabudari-dio.html
Redactor de esta información Amado Rivero promotor de la Comuna en construcción KABUDARI
http://comunidadesvirtuales.net/espadabolivar/?p=492

Hacia una Comuna en Portuguesa.

27 de abril de 2011.- Rumbo a la conformación de la Comuna Endógena Socialista Boraure (COESBO), voceros y voceras de los 17 consejos comunales del Circuito Nº 9 del municipio Araure, en Portuguesa, realizaron el primer taller de formación para avanzar en la concreción de dicha estructura orgánica.

El objetivo es orientar el desarrollo de las comunidades que la conformarán, en base a las potencialidades que las caracterizan, al ámbito geográfico, las condiciones socioculturales y económicas, tal como lo establecen los preceptos de esta propuesta fundamentalmente socialista.

Luís Galban, miembro de la coordinación de Formación y Gestión Socialista de la Empresa de Propiedad Social Agroindustrial (EPSA) Pronutricos Araure, indicó que el referido encuentro estuvo concentrado en promover un nuevo modelo de relaciones sociales y de producción.

“Se trata de poner en práctica lo que conocemos acerca de lo que debe ser el socialismo y sobre esa práctica avanzar e ir mejorando, aprendiendo y trascendiendo el viejo esquema que aún impera sobre la comunidad y en este proceso nos han acompañado los camaradas de Fundacomunal”, agregó.

Productividad territorial

Por su parte, Domingo Mosquera, facilitador del taller, señaló que la propuesta de la comuna COESBO nace de la necesidad de unificar criterios en aras del progreso bajo los parámetros de la igualdad y la justicia social, ampliamente distanciados del modelo capitalista que representa la explotación y la miseria.

Explicó que están amparados en primera instancia por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, además por los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica de las Comunas y el enumerado 4 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales.

“Debido a que la Comuna es una forma de convivencia social en la cual un grupo de comunidades organizadas comparten un territorio y la vida voluntariamente, laboran de forma comunal y la propiedad es social, nosotros estamos convencidos que es la manera ideal de buscar el progreso sin necesidad de destruir al prójimo y al ambiente”, argumentó Mosquera.

Apuntó además que le han agregado el término “Endógeno”, justamente “porque la idea es el crecimiento desde adentro, es decir desde la realidad propia y circundante, apoyados en las Empresas recuperadas por el Estado Venezolano, asimismo, por nuestra historia aborigen, ejemplo de lucha y progreso”, destacó.

Al concluir, el facilitador informó que todos los viernes hay un espacio de encuentro comunal en las instalaciones de la EPSA Pronutricos y anunció para los próximos días la consecución de estos talleres, “para impulsar la productividad territorial”, dijo.

Fuente:
http://www.aporrea.org/poderpopular/n179864.html

Ley del Régimen Prestacional de Empleo y los jovenes.

Caracas, 28 Abr. AVN.- El presidente de la comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional (AN), Oswaldo Vera, manifestó que la reforma a la Ley del Régimen Prestacional de Empleo, que será sometida este jueves a primera discusión en la sede del Parlamento Venezolano, tiene como objetivo mejorar la situación laboral de los jóvenes.

“Con esta Ley queremos lograr que los jóvenes sean contratados con los mismos beneficios laborales que exige la ley para cualquier trabajador, para que ellos puedan continuar con sus estudios universitarios”, explicó este jueves en el programa Pueblo Legislador, transmitido por Vive.

Indicó que la normativa también busca exigir a los empresarios un porcentaje de contratación de jóvenes que apenas ingresan al mercado de trabajo.

El diputado informó que esta ley es diferente a la propuesta de Ley del Primer Empleo presentada el pasado mes de marzo por el partido Primero Justicia (PJ).

“El proyecto de ellos no es más que una oferta demagógica cuyo verdadero objetivo es beneficiar a los sectores empresariales con rebajas en el pago de impuestos”, señaló.

Explicó que la idea que ellos proponen es contratar más personas a quienes se les pagará salario mínimo con el propósito de obtener una máxima ganancia a largo plazo.

"Su propuesta consiste en que aquellos empresarios que aumenten su nómina de empleados a partir de un 10%, contratando personas entre 18 y 30 años, deberían obtener a cambio rebajas en el pago de sus impuestos”.

El pasado tres de marzo el diputado de PJ, Juan Carlos Caldera, manifestó que de concretarse la propuesta de Ley del Primer Empleo, presentada por la tolda aurinegra sería un "ganar-ganar entre tres factores: el Estado venezolano, el sector privado y los jóvenes".

"El aporte que le corresponde a la empresa es abrir nuevos puestos de trabajo, de acuerdo a su capacidad productiva. El aporte del Estado sería el incentivo de la rebaja fiscal para las empresas que están tomando esa iniciativa", señaló en esa oportunidad el sitio web Noticias24.

En ese sentido, Vera manifestó este jueves, que en el proyecto de Ley que presentó la oposición “no se habla de contratar jóvenes con igualdad de condiciones en cuanto a los beneficios laborales que gozan los trabajadores con más experiencia, sino que quieren favorecer la mano de obra barata para los empresarios", expresó.

Por su parte, Aristóbulo Istúriz moderador del programa y primer Vicepresidente de la AN, informó que para la sesión de este jueves, prevista, para las 2:00 de la tarde, se efectuará la segunda discusión del proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Servicio Exterior.

Indicó que también esta previsto que la mayoría parlamentaria autorice al Ejecutivo Nacional para celebrar el contrato entre la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias y la empresa China Great Wall Industry Corporation.

La segunda vicepresidenta de la AN, Blanca Eekout, quien también es moderadora del programa Pueblo Legislador, señaló que en la sesión se someterá a votación la aprobación de dos créditos adicionales. Uno para el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda, por 161 millones 700 mil bolívares, y otro para el Despacho de Cultura, por 300 millones de bolívares.

Informó que se espera ratificar el nombramiento Rodolfo Eduardo Sanz, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Venezuela ante el Gobierno de la República del Ecuador y Carlos Eduardo Martínez Mendoza, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Venezuela ante el Gobierno de la República Argentina.

Fuente:
http://www.abn.info.ve/node/55130

miércoles, 27 de abril de 2011

En Yucatán México también multan municipios si no dan información pública.

Con fecha 27 de abril de 2011, en el Diario de Yucatan, bajo la firma de David Dominguez Massa, se informa que todo parece indicar que irremediablemente la autoridad municipal de Maxcanú, terminará en unos meses con multas y suspensión de funcionarios, por negarse a cumplir la ley de transparencia advirtió ayer la consejera del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado, Ana Rosa Payán Cervera.

En la sesión de ayer el Consejo se aprobó por unanimidad seis medidas, entre apremios, y amonestaciones públicas para la unidad de acceso a la información de Maxcanú, su secretario y tesorero municipal.

En la sesión también se informó que de los 106 municipios del Estado, solo 36 cumplen al 100% con la ley de acceso a la información, 37 lo hacen con más del 50% de lo que deben cumplir, 18 con menos del 50% y 15 están cerradas.

De estas últimas 15, las de Cacalchén, Chemax, Maní y Sotuta se han encontrado cerradas las dos veces que se le visitó en esta administración municipal.

Fuente:
http://www.yucatan.com.mx/20110427/nota-10/112024-multaran-al-ayuntamiento-de-maxcanu-por-negarse-a-dar-informacion.htm

lunes, 25 de abril de 2011

El Consejo Federal de Gobierno, las Leyes del Poder Popular y el estado comunal. Ulises Daal.

Con fecha 25 de abril 2011, El Mundo en su versión digital informa que el bloque de leyes del Poder Popular que diseño la estructura del "estado comunal", y que según los voceros del Gobierno, busca "empoderar al pueblo", se quedó en el papel.

Las cinco leyes que desarrollaron la base legal de esta instancia de participación ciudadana -Poder Popular, Planificación, Contraloría Social, Comunas y Economía Comunal- aún esperan por el reglamento que el Ejecutivo debe elaborar para su aplicación.

Además, está pendiente la Ley del Proceso de Transferencia de Competencias y Servicios de los Estados y Municipios al Poder Popular, la cual fue aprobada en primera discusión el 21 de diciembre de 2010. Pero al final fue retenida por la Habilitante.

Con esta sexta ley se cerraría el bloque de normas del Poder Popular, y se cumpliría lo establecido en el artículo 184 de la Constitución, el cual habla de crear mecanismos "abiertos y flexibles" para que los estados y municipios "descentralicen y transfieran" a las comunidades organizadas los servicios que gestionan previa demostración de su capacidad para prestarlos.

Este proyecto aprobado en primera discusión está en consideración de la Habilitante. "No se terminó de aprobar porque el Ejecutivo de manera responsable planteó estudiarla con más detenimiento", dijo el ex diputado Ulises Daal, quien fue el responsable de este bloque de leyes en el Parlamento anterior.

A título personal, Daal considera que el paso de esta norma a la Habilitante abre la posibilidad de que sea consultada con el Consejo Federal de Gobierno. "Esta ley desarrolla el artículo 184 de la Constitución, pero además está establecido que es el Consejo Federal de Gobierno el órgano encargado de la planificación y coordinación de las políticas y acciones para la descentralización".

Daal considera que en esta instancia se puede evaluar el nivel de evolución que tienen las comunidades para hacerse responsables de las transferencias que les haga el poder estadal o municipal.

"La instancia para ese proceso de transferencia es el Consejo Federal de Gobierno por ser el organismo central, ahí se aprueban las transferencias".

Esta norma es una parte importante del autogobierno. El asambleísta no duda que pronto el Ejecutivo la promulgará.

AN brinda formación

El Parlamento está brindando instrucción sobre el contenido y alcance de las leyes del Poder Popular. El taller de formación "Alcance de los conocimientos del bloque de leyes del Poder Popular" inició en abril y será dictado hasta el 28 de junio.

La intención, según han expresado, es que la gente pueda entender cuál es el alcance de las cinco leyes. "El Poder Popular debe formar parte de la conciencia colectiva y social, porque se trata de la nueva institucionalidad", dijo en un acto el vicepresidente de la AN, Aristóbulo Istúriz.

El programa incluye sesiones de trabajo sobre los cinco textos legales, y cerrará la explicación del Sistema Económico Comunal. MMR

Fuente:
http://www.elmundo.com.ve/Default.aspx?id_portal=1&id_page=19&Id_Noticia=53775

domingo, 24 de abril de 2011

Formación y capacitación en Sucre.

Con fecha 18 de abril de 2011, el portal web del Minsiterio para la Comuna y Protección Social, informa que para este año 2011, la meta es de 8.554 comuneros y comuneras agresados de esta formación política e ideológica, quienes deberán ser multiplicadores de estos conocimientos en sus comunidades

En el estado Sucre, más de 8.500 comuneros y comuneras se sumarán en el 2011 a la formación de la Escuela para el Fortalecimiento del Poder Popular (EFPP), para dar cumplimiento a las solicitudes de aquellos consejos comunales que en años anteriores no recibieron esta formación.

Anabel Campos, directora de la EFPP en el estado Sucre, manifestó que en el Estado "ya arrancó el plan de formación de los consejos comunales, en los municipio Bermúdez, Sucre y Valdez, donde ya se han formado 221 voceros y voceras comunales. Posteriormente, continuará por el resto de los municipios para lograr y sobrepasar la meta establecida este año, de 8.554 voceros y voceras formados en todo el territorio".

Comuneros y comuneras expresaron su complacencia por formar parte de esta capacitación, que brindará apoyo al proceso de consolidación del socialismo bolivariano. "Esta formación integral tiene como propósito retroalimentar los ideales revolucionarios que cada uno de nosotros llevamos por dentro para así retransmitirlos a nuestras familias, vecinos, etc.", expresó Hugo Castro, vocero del Consejo Comunal Guaca, del municpio Bermúdez.

El Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social (MPCyPS) y sus entes adscritos dan la bienvenida a todos y todas los participantes de este nuevo año de proceso formativo, haciéndoles un llamado para que sean multiplicadores en sus comunidades de estos conocimientos patrióticos y revolucionarios, con el fiel propósito de consolidar el proyecto socialista que lidera este Gobierno Bolivariano, en aras de la construcción del hombre y mujer nuevos.

Fuente:

http://www.mpcomunas.gob.ve/noticias_detalle.php?id=6244

¿Cuántos consejos comunales hay en Venezuela a 5 años de la ley?

Con fecha 18 de abril de 2011, el portal web del Ministerio para las Comunas, en nota de prensa de ese Ministerio informa que más de 13 mil 800 proyectos en diversas áreas ejecutan las comunidades organizadas en consejos comunales en todo el país, destacó este domingo la ministra para las Comunas, Isis Ochoa, durante el acto de celebración de los 5 años de la Ley Orgánica de Consejos Comunales, que se realizó en la plaza Bolívar de Caracas, y en todo el país.

Ochoa destacó que han conformado 41 mil 600 consejos comunales en Venezuela, de los cuales 9 mil han alcanzado niveles de organización más avanzados en la conformación de las comunas socialistas.

"Hoy el Poder Popular está celebrando una de las más grandes conquistas: la nueva arquitectura jurídica para construir el Estado comunal", resaltó Ochoa.

En la actividad, 36 consejos comunales expusieron sus logros a través de fotos destacando todos sus avances después de su organización.

La ministra también destacó que el Ejecutivo ha implementado 52 Bancos Comunales para la transferencia directa de los recursos al pueblo organizado, lo que ha permitido que los venezolanos planifiquen y ejecuten sus propios proyectos sociales.

"La convocatoria es a que todo el pueblo se organice, la organización y la conciencia son los pilares fundamentales para poder avanzar en la construcción del Estado social de derecho y justicia", resaltó la ministra.

Indicó asimismo que en las actividades que se llevaron a cabo en todas las plazas Bolívar del país, se ofrecieron conferencias sobre los estatutos de la Ley, se presentaron muestras de los avances alcanzados por el Poder Popular, compartieron experiencias y logros obtenidos en las comunidades, y efectuaron demostraciones culturales y musicales.

Instó a las comunidades a continuar haciendo contraloría social, y a seguir conformando las salas de batalla social.

Fuente:
Maria Victoria Rojas-Prensa MPCyPS

El Consejo Federal pone los recursos, la gente su proyecto y trabajo y se tienen viviendas.

Con fecha 23 de abril de 2011, AVN en su portal web informa que unas 223 viviendas aportará el Consejo Federal de Gobierno a familias del estado Cojedes, con recursos aprobados a través del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) por un monto de 15 millones 500 mil bolívares, como parte del Proyecto de Transformación Integral del Hábitat.

Así lo informó la presidenta del Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y Rural (Indhur), María Elena Villaquiran, a través de un comunicado de prensa del organismo.

Precisó que adicionalmente a estas 223 casas, el Ejecutivo estadal ejecutará otras 56 casas con recursos transferidos a los consejos comunales por el Gobierno Bolivariano, por un monto de 8 millones 200 mil bolivares.

Dijo que el Indhur en conjunto con los consejos comunales del estado se encargarán del diseño de los proyectos, mientras que las comunidades organizadas, a través de las brigadas de autoconstrucción, conformadas por habitantes de las comunidades favorecidas, se encargarán de la edificación de las casas.

Los integrantes de las brigadas de autoconstrucción son participantes del programa de certificación de saberes que lleva a cabo el Gobierno revolucionario de la mano con el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialistas (Inces).

Asimismo, Villaquiran explicó que los voceros de los comités de viviendas de las comunidades organizadas se encargarán de seleccionar las familias con mayor necesidad de viviendas, de forma posterior a la realización de un censo en los sectores beneficiados.

Comentó que con recursos del CFG construirán 95 casas en el municipio Ezequiel Zamora, 48 en Falcón, 35 en Tinaco 35 y 20 en las localidades de Anzoátegui, El Pao, Girardot y Lima Blanco.

Mientras que con los aportes transferidos a los consejos comunales edificarán 22 soluciones habitacionales en Ezequiel Zamora, 20 en Falcón, 9 en Tinaco 9, 4 en Anzoátegui y 1 en Lima Blanco.

Fuente:
http://www.avn.info.ve/node/54370

sábado, 23 de abril de 2011

Chile y Honduras sancionan por no garantizar acceso a la información.

Mientras escribía el artículo sobre el acceso a la información, me encontraba con una noticia fechada el 18 de abril de 2011, en el cual se informaba desde el portal web del Diario La Discusión de Chile[1], que los Alcaldes de las Comunas de Ovalle, Pencahue y El Carmen, en Chile, fueron multados la semana pasada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, el cual realizó diversos sumarios administrativos sobre la base de denuncias ciudadanas al sitio web de la institución.
La nota de prensa dice que las consecuencias de esas denuncias es una sanción entre un 20% y un 25% menos en sus remuneraciones, debido a que “el acceso a la información no es expedito, particularmente respecto de actos y resoluciones con efectos sobre terceros y contrataciones”.
Esta nota de prensa nos habla de la existencia en Chile de un Consejo para la Transparencia y de una Ley de Transparencia Activa que data del año 2009.  Ese Consejo persigue los siguientes objetivos[2]:
-Promover el principio de transparencia y difundir el derecho de acceso a la información pública, generando información relevante sobre los niveles de implementación en el sector público y buenas prácticas instaladas.
-Garantizar el derecho de acceso a la información pública velando por su accesibilidad, exigibilidad y disponibilidad,  y fiscalizando el cumplimiento de los deberes de transparencia a través de los medios y procedimientos que establezcan las normativas aplicables.
-Perfeccionar la regulación de la normativa en materia de transparencia y del derecho de acceso a la información, favoreciendo la eficiencia de la gestión pública y el control ciudadano.
-Instalar el Consejo para la Transparencia en base a un modelo de gestión pública de calidad que promueve la participación ciudadana, incorporando experiencias comparadas y mejores prácticas institucionales.
Un poco más atrás y con fecha 8 de marzo de 2011, me encuentro en el portal web de La Tribuna de Honduras[3] con una información en la cual dan cuenta que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), sancionaba a 18 instituciones del Estado por falta de “transparencia” al no incumplir el deber de difundir la información de oficio que establece el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP).
Esta nota da cuenta de un Instituto de Acceso a la Información en Honduras y la existencia de una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sobre ese Instituto puedo destacar, entre otras, las siguientes funciones:
-Establecer los criterios y recomendaciones para el funcionamiento del Sistema Nacional de Información Pública;
-Aplicar el marco sancionario de la Ley;
-Realizar las gestiones estrictamente administrativas y necesarias para garantizar el derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos;
-Garantizar que se publique la información que debe ser difundida de oficio según el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Al leer estas notas de prensa de países latinoamericanos me pregunto: ¿Qué pasa en Venezuela en esta materia?.  Si bien no contamos aún con una Ley que garantice protección al derecho ciudadano a acceder a la información pública, es importante destacar que hay algunas normas nacionales, estadales y municipales que desarrollan la protección al derecho que tenemos como ciudadanos de acceder a la información pública.
Una de ellas es la Ley Contra la Corrupción vigente, que en su artículo 9 obliga a los entes públicos a publicar trimestralmente y poner a la disposición de cualquier persona en las oficinas de atención al público o de atención ciudadana que deben tener, un informe detallado de fácil manejo y comprensión, sobre el patrimonio que administran, con la descripción y justificación de su utilización y gasto.  La omisión a esta obligación acarreará una sanción de 50 a 500 Unidades Tributarias.
En el Zulia desde el año 2010 hay una Ley estadal de transparencia y acceso a la información pública que entre sus objetivos está el garantizar el acceso a la información pública sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática.

En algunos Municipios existe la ordenanza sobre el acceso a la información, por ejemplo: Campo Elías del Estado Mérida (2008), Municipio Maneiro en Estado Nueva Esparta (2009), en la zona metropolitana puedo señalar a  Baruta (2007) y Chacao (2009).

¿Qué pasaría si hiciéramos una revisión a cada instancia gubernamental para evaluar si cumplen o no con el artículo 9 de la Ley Contra la Corrupción y revisamos con ojo ciudadano los portales web de los entes públicos para evaluar el acceso a la información?.

¿Podría una denuncia ciudadana luego de estos proceso de revisión, y luego de identificar los casos de inobservancia a las disposiciones legales sobre el derecho al acceso a la información pública tener el mismo efecto que en los casos señalados de Chile y Honduras?.


Recordemos que la Administración Pública en Venezuela está al servicio del ciudadano y entre sus principios estála honestidad, la participación, la rendición de cuentas y  la transparencia, esto según el artículo 141 de la Constitución Nacional.

Carlos Romero.

Situación del acceso de informacióin en Venezuela.

EL portal web de PROVEA, registra una nota de prensa fechada el 12 de abril de 2011, y publicada en el Correo del Caroní, que dice;

"En América Latina más de once países aprobaron la Ley de Acceso a la Información que garantiza el conocimiento público de las gestiones gubernamentales. En Venezuela, aún se espera trascender en este aspecto que desde hace algunos días está siendo estudiado desde la Asamblea Nacional, informó el Correo del Caroní.

Activistas de derechos humanos fijaron posición ante la presentación por parte del bloque parlamentario de la Unidad del Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, en una reunión de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.

“Esta ley es un paso para poder combatir las irregularidades administrativas pero no va a solucionar las trabas de acceso a la información pública en Venezuela” afirmó Mariana Belalba, representante de Espacio Público.

Belalba aplaude la introducción de este proyecto de ley, que se había estudiado desde la ONG que representa pero que no se pudo materializar ya que necesitaban un número de firmas para lograr presentar la propuesta legislativa.

“Con esta ley se permitirá aplicar la política de participación y representación, no creo que políticamente haya alguien que se pueda oponer a ella se podrá mejorar lo que ya está establecido en la Constitución y técnicamente aportar los plazos de espera y va establecer como un ente único que será la defensoría”, agregó.

Para el coordinador de Provea, Marino Alvarado, en Venezuela existen normas que dan la posibilidad de acceder a la administración pública: la Constitución, la Ley de la administración pública, la Defensoría, y otras normas que garantizan el derecho a obtener información de interés para el colectivo. Sin embargo, a su parecer la cultura de los secretos no permite que se trascienda en el conocimiento y acceso a la información, “muy pocas cosas se hacen públicas, incluso existen mandatos establecidos de que las instituciones y organismos deben crear una página web y en esa página dar información de las gestiones que llevan a cabo los ministerios, alcaldías, gobernación o cualquier otro ente, debería existir la posibilidad de acceder al presupuesto y a la rendición de memoria y cuenta”, agregó.

Este problema de ausencia de acceso a la información pública perjudica de manera directa el ejercicio de la contraloría social. “Resulta contradictorio que un gobierno que se plantea estimular la contraloría social restringe el derecho a la información, es una situación lamentable que el ciudadano no pueda ver qué se está haciendo en el ámbito de gestión pública y reclamar y hacer propuestas”, puntualizó. (Diana Pérez Gámez, Correo del Caroní, 12.04.11)

Fuente:

Multan en Honduras 18 instituciones públicas por falta de transparencia en difundir información pública.

El 8 de marzo de 2011, en el portal web de La Tribuna, de Honduras se informa que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), sancionó a 18 instituciones del Estado por falta de “transparencia” al no incumplir el deber de difundir la información de oficio que establece el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP).


La falta de claridad en el manejo de los fondos públicos, sigue siendo un problema de erradicar: IAIP.

Así lo informó el secretario general del IAIP, Nelson Antúnez, quien recordó que la determinación de sancionar a las instituciones se efectuó luego de un proceso de evaluación a las diferentes instituciones obligadas a brindar información pública.

Agregó que la falta se informó directamente a cada oficina y la sanción corresponde primero a una amonestación por escrito en la que se exige que los portales de transparencia sean actualizados y bajo los lineamientos que exige la ley del IAIP.

Y es que el artículo 13 de la Ley en mención, ordena a las instituciones obligadas difundir de oficio y actualizar periódicamente a través de medios electrónicos o instrumentos computarizados; a falta de éstos por los medios escritos disponibles, información que va desde la estructura orgánica, funciones y atribuciones de las instituciones obligadas.

Asimismo, la remuneración mensual de los servidores públicos, manejo y destino de los fondos públicos, entre otra información de interés nacional que aporta a la construcción de la cultura de transparencia.

Por ello, el gerente legal del IAIP, Kalton Bruhl, aclaró que lo importante no es a quienes se sancionan; sino que uno de los objetivos primordiales es fomentar la participación ciudadana.

“Si el pueblo no está informado, no tiene conocimiento, no puede ejercer ese derecho que tiene a exigir cuenta o a participar dentro de las actuaciones del Gobierno. Por eso deben conocer el beneficio que les da la ley”.

LES ADVIRTIERON DESDE FEBRERO

El Pleno de Comisionados del IAIP que integran Guadalupe Jerezano Mejía, Gilma Agurcia y Arturo Echenique Santos, determinó desde febrero que 18 instituciones estatales serían amonestadas por escrito y exhortadas a brindar más apoyo a los oficiales de información pública.

También se dio a conocer que la necesidad de crear la partida presupuestaria correspondiente para facilitar el soporte humano y técnico a las Oficinas de Información Pública de cada institución.

En consecuencia, la sanción forma parte del proceso de evaluación a los portales de transparencia de 73 instituciones obligadas, que se realizó entre julio y agosto de 2010.

En el monitoreo se detectó que 33 instituciones obligadas no cumplían a cabalidad con los requerimientos establecidos en los lineamientos aprobados por el Instituto para el mejor cumplimiento del artículo 13 de la LTAIP o, en algunos casos, no tenían a disposición de la ciudadanía los portales de transparencia.

En respeto a las garantías constitucionales del debido proceso, el IAIP requirió a los funcionarios de las 33 instituciones para que explicaran las razones del incumplimiento.

En las audiencias los funcionarios se comprometieron a iniciar acciones internas para lograr en la primera quincena de enero de 2011, la máxima divulgación de la información de oficio. A pesar de dicho compromiso, 18 instituciones presentan deficiencias en su cumplimiento del artículo 13 de la ley.

Sumado a ello, las denuncias actuales de la ciudadanía es que varias secretarías del Estado, retrasan el proceso cuando se les solicita información, en otras ocasiones el oficial de información (OIP), responde a la solicitud, pero con datos incompletos a lo solicitado. (SA).

Fuente:
http://www.latribuna.hn/2011/03/08/iaip-sanciona-18-instituciones-por-falta-de-%E2%80%9Ctransparencia%E2%80%9D/

viernes, 22 de abril de 2011

Los Planes de Inversión en la reforma al Reglamento del Consejo Federal de Gobierno.

Llegó la segunda reforma al Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, en la primera se reagrupó a Carabobo en las regiones que creó este instrumento legal y que organizaba el territorio nacional en función de las Oficinas Técnicas Regionales, entonces eran sólo 6 regiones; ahora con la segunda reforma pasaron a ser 9 regiones, pues las regiones occidental, llanos y Central se subdividieron en 2 cada una, así Falcón y Zulia, es la región occidental 1, y Mérida, Táchira y Trujillo es la región occidental 2; Aragua y Carabobo son la región central 1 y Miranda, Vargas y Distrito Capital, región central 2; por último Apure y Guárico serían región llanos 1 y Barinas, Cojedes y Portuguesa serían la región llanos 2, se mantienen las otras regiones iguales: centro-occidental: Yaracuy y Lara; Oriental; Anzoátegui, Monagas, Nueva Esparta y Sucre; y por ultimo región Sur: Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.

Además de este reacomodo de las regiones, hay un tema que es el centro del contenido de toda a reforma al reglamento que se comenta, se trata de la incorporación de normas expresas que regulan el plan de inversión y los proyectos asociados que presentan tanto las entidades políticos territoriales, como las organizaciones de base del Poder Popular.

A esta conclusión se puede llegar con sólo revisar el contenido de los artículos nuevos que se han agregado, así como también, de los artículos modificados del reglamento, como por ejemplo en el nuevo aparte del artículo 1 que destaca que uno de los objetivos del reglamento es regular el proceso de presentación, evaluación, aprobación y financiación de la ejecución de los planes de inversión y sus proyectos asociados.

Esta relación del Consejo Federal de Gobierno con los planes de inversión, ya se venía anunciando por los medios de comunicación como una dinámica que en la práctica venía operando, así vemos como el 17 de enero de 2011 el portal web AVN (1), registraba una nota en la cual se anunciaba la entrega de los 11 planes de inversión municipal y de la Gobernación de Nueva Esparta a la Oficina Técnica Regional, para que luego sea remitido a la Secretaria del Consejo Federal de Gobierno para su aprobación final. Esta información tenía como fuente a la alcaldesa del Municipio Díaz del estado Nueva Esparta, que además es integrante del Consejo Federal de Gobierno y quien destacaba que todos esos planes se someterían a una revisión de su contenido para su aprobación.

Otra nota de prensa de fecha 18 de marzo de 2011 y publicada en el portal web del Ministerio del Poder Popular para las Comunas (2) , informaba que en la sede de CORPOANDES, los consejos comunales del estado Mérida, en reunión con el Consejo Federal de Gobierno y el Ministerio para las Comunas y Protección Social se informaron y diseñaron estrategias para desarrollar sus propios planes de inversión, según lineamientos expresados en la reunión.

Es claro que la reforma al reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, viene a darle un piso de legalidad al rol que juega el Consejo Federal de Gobierno y sus distintas instancias en el proceso de elaboración, presentación, aprobación y transferencia de recursos de los planes de inversión que presentan tanto los entes políticos territoriales (gobernación y alcaldías), así como las organizaciones de base del Poder Popular.

En este sentido el reglamento reformado en su artículo 38 nos dice:
Los planes deben ser entregados en las Unidades Receptoras Estadales (URE), de allí pasarán luego con todos los recaudos exigidos a las denominadas Oficinas Técnicas Regionales (OTR), que tendrá la responsabilidad de evaluar los planes y proyectos asociados presentados en base a un baremo técnico político, para luego elevar su recomendación al Comité Técnico de Evaluación (CTE) del Fondo de Compensación Interterritorial, que será la instancia responsable de procesar toda la información y mediante informe presentar los resultados a la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno para su aprobación.

Si revisamos las competencias que el reglamento establece para cada una de estas instancias mencionadas en el párrafo anterior: URE, OTR y CTE, definidas como tecno-políticas en el artículo 28 del reglamento, podremos encontrar la incorporación de normas que desarrollan la función de cada una de ellas según la etapa que corresponda en la evaluación y análisis del plan de inversión y sus proyectos asociados.

Por último, una vez aprobado el plan de inversión y los proyectos asociados estos recibirán recursos a través de la transferencia que autorice el Consejo Federal de Gobierno y se hará en el caso de las entidades políticas territoriales en las cuentas bancarias que así se establezcan y para las organizaciones de base del Poder Popular se hará vía fideicomiso creado por el Consejo Federal de Gobierno y a través de las cuentas que se hayan abierto por estas instancias. Sólo en el primer caso se establece que la transferencia podría ser a través de dozavos, o en su defecto, según el cronograma de ejecución del plan, para ambos casos se establece que la cuenta debe ser en banca pública.

Carlos Romero.

Referencia:

(1) http://www.aporrea.org/regionales/n173175.html
(2) http://www.mpcomunas.gob.ve/noticias_detalle.php?id=6074

jueves, 21 de abril de 2011

CORPOANDES Y SU LABOR EN ESTOS ULTIMOS AÑOS.

El 19 de abril de 2011, Aporrea.org, registra una nota escrita por Nelly Gutiérrez, funcionaria de CORPOANDES en la qeu da cuenta de las actividades que ha realizado esta Corporación, para conocimiento sobre su actividad se registra tal y como ha sido publicada:

"CORPOANDES Está al servicio de las comunidades fortaleciendo al Poder Popular.

La Corporación de Los Andes, viene ayudando a las comunidades a realizar sus planes de desarrollo y priorizando sus necesidades, y potencialidades. La Corporación de Los Andes busca avanzar aceleradamente en la construcción del nuevo modelo Democrático de participación popular, dando acompañamiento a las comunidades en la capacitación y formulación del Plan de Desarrollo comunitario. El proyecto ha ejecutado y logrado: Capacitación a los actores sociales, Institucionales y miembros de los consejos comunales y comunas en instancias, medios y herramientas de Planificación estratégica. Acompañamiento y asesoría técnica a miembros de los Consejos locales de planificación, voceros y voceras del órgano Ejecutivo de los Consejos Comunales y Comunas en el proceso de formulación de los planes de desarrollo comunitario. Implantación del sistema de seguimiento, evaluación y control del proyecto. Promoción y divulgación del proyecto.

Durante el año 2010 CORPOANDES logró la capacitación 4178 voceros y voceras de 334 consejos comunales, a través de la realización de 241 talleres de formación en instancias medios y herramientas de planificación, logrando la formulación de 146 planes de desarrollo comunitario en el estado Mérida .

Este proyecto contribuye con los lineamientos del Plan Simón Bolívar con la Directriz Democracia Protagónica y Revolucionaria, y contribuye con la estrategia Construir la estructura institucional necesaria para el desarrollo del Poder Popular, a través de la política de fortalecer y crear mecanismos institucionales que privilegien la participación popular.

En cuanto al FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN LA REGION DE LOS ANDES. Con la ejecución de este proyecto la Corporación de Los Andes, basado en la nueva geopolítica Nacional en la estrategia ordenar el Territorio asegurando la base de sustentación ecológica, pretende contribuir a formular los planes de Ordenación del Territorio a nivel Municipal prestando asistencia técnica y capacitación a las alcaldías, para promocionar y divulgar, ante los actores sociales e Institucionales el Plan Regional de Ordenación del Territorio y los Planes Estadales. Con ello se ha logrado: Organizar el Territorio para facilitar la gestión del Estado y las comunidades. Que las acciones se dirijan a mejorar la calidad de vida de la población. Potenciar el crecimiento económico Inducir al manejo racional de los recursos. En el año 2010, se logró elaborar 206 mapas temáticos para los municipios Obispo Ramos de Lora, Cardenal Quintero, Alberto Adriani, Aricagua (Edo. Mérida), Rafael Urdaneta, Jauregui (Edo. Táchira) Pampan (Edo. Trujillo), insumos para la formulación de los planes de Ordenación del Territorio.

Se gestionaron y promovieron 15 planes municipales de Ordenación del territorio Hoy en día los 10 municipios del estado Mérida de los 23 cuentan con base cartográfica en físico y en digital, con equipos técnico con conocimiento en herramientas de planificación y Ordenación del territorio.

Las comunidades de los municipios Cardenal Quintero, Arzobispo Chacón, Obispo Ramos de Lora, Aricagua, Sucre y Campo Elias, Poseen sus planes de desarrollo Integral Comunitario, pero no solo eso, las comunidades han aprendido al conocimiento y manejo de estadísticas, además de aprender a priorizar sus necesidades, y de tener conocimiento de sus potencialidades, con la finalidad de impulsar su desarrollo.

Con el SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA DE LA REGION DE LOS ANDES (SIGRA). La Corporación de Los Andes, es un centro de referencia Regional orientado hacia la investigación, producción y difusión de información sistemática, oportuna y fiable que permite visualizar la realidad ambiental, socioeconómica e institucional y prever escenarios futuros para la toma de decisiones en el proceso de planificación del desarrollo sustentable , por lo tanto en la Región Andina, fortalece la red de información sistematizada estadística, cartográfica y descriptiva fundamental para la toma de decisiones y la planificación, tanto en las Instituciones gubernamentales como en los Consejos comunales.

El Proyecto Sistema de Información Geográfica de la Región de Los Andes (SIGRA) se enmarca en los Artículos 58, 108 y 128 de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con las áreas estratégicas del Plan Estadístico Nacional 2008 – 2013.

El objetivo de este proyecto es consolidar una red Socio–Institucional que proporcione a los diferentes actores, información cualitativa y cuantitativa relevante, a fin de contribuir a la formulación, ejecución y control de la gestión pública para elevar la calidad de la vida de las comunidades. Este proyecto definen siete (7) acciones específicas:

-Creación y promoción de redes Socio – Institucionales de información estadística y cartográfica a nivel Municipal en la Región de los Andes.

-Seguimiento y control de las redes socio – Institucionales a nivel Municipal en la Región de Los Andes que faciliten el intercambio de información estadística y cartográfica.

-Capacitación de los actores institucionales y comunitarios en el manejo informático, uso estadístico y la importancia de la información Diseño, implantación y actualización de sistemas de información generada en las redes socio Institucionales.

-Captura, procesamiento sistematización de la información generada en redes socio - institucionales.

-Divulgación de los productos generados en las redes socio-Institucionales para toda la comunidad.

-Actualización de las bibliotecas y planotecas de la Corporación para la consulta e investigación de los usuarios de la Región Andina.

El impacto social del proyecto ha conformado una red de información para la Región de Los Andes de fácil acceso, con información oportuna y veraz que sirva de base para la toma de decisiones en las políticas de la gestión gubernamental.

En el 2010, se logró la elaboración de 72 dossier municipales y 3 dossier Estadales (Táchira, Mérida y Trujillo) con información generada en las alcaldías y organismos públicos, organizada y procesada en la unidad. Captura y sistematización de información estadística de los sectores Agrícola, Industria, Turismo, Minería, Salud, Educación, Vivienda, Vialidad, Transporte, Seguridad Ciudadana y Demografía, a nivel estadal y municipal. Desarrollo de reportes del sistema de información en software libre y ambiente Web de información estadística de los sectores Agrícola, Turismo, Salud, Educación, Deporte , Cultura,, Seguridad Ciudadana y Demografía, a nivel estadal y municipal de la Región de Los Andes.

Digitalización de 418 documentos de base cartográfica, levantamientos topográficos de la región de los Andes. Divulgación de los productos generados para toda la comunidad en 2400 (Trípticos/contenidos en la web/documentos/ material cartográfico).

gutierrez.nelly@gmail.com

(*) Ingeniera
Gerente de política y Planificación Corpoandes

Fuente:
http://www.aporrea.org/energia/a121787.html

Jornada de adecuación e información legal sobre nuevas normas a Consejos Comunales en Mérida.

Con fecha 20 de abril de 2011, Enrique Inciarte, escribe en el Diario Los Andes edición Mérida sobre la actividad informativa sobre el CLPP y leyes del Poder Popular, formativa hacia la adecuación de los consejos comunales en el Municipo Obispo Ramos de Lora en Mérida. La nota dice:

"Las adaptaciones realizadas en los concejos comunales están establecidas en conformidad al último marco legal aprobado el mes de diciembre del 2010. Solo un 20 por ciento de los concejos comunales se había regularizado con las nuevas normas

La pasada semana los concejos comunales del municipio Obispo Ramos de Lora fueron citados a un encuentro en el estadio de la población de Santa Elena de Arenales, con el objetivo de poner al día a sus miembros con respecto a los nuevos lineamientos jurídicos vigentes.

Luego de las reestructuraciones aprobadas en diciembre del año pasado, las autoridades del municipio y de Participación Ciudadana de Obispo Ramos de Lora vieron conveniente girar las instrucciones a los concejos comunales sobre la nueva ley y los cambios que esta obtuvo.

Para ello los 92 concejos comunales del municipio, correspondiente a las parroquias San Rafael del Alcázar, Santa Elena y Eloy Paredes fueron convocados al estadio de la capital municipal donde fueron puestos al tanto sobre los tópicos planteados.

A los presentes se les capacitó sobre las nuevas leyes del Poder Popular con respecto a la manera de adecuar la Unidad Administrativa Financiera Comunitaria, la cual estará constituida por tres firmantes, además también se discutió la Ley de Consejos Locales de Planificación Pública, órgano que debe pasar por un proceso de adecuación.

Júnior Rojas, director municipal de Participación Ciudadana, manifestó que a los miembros que atendieron a la convocatoria se les estuvo hablando sobre la situación del cemento y sobre las necesidades de trabajar de la mano con el Gobierno municipal, el partido de Gobierno y el Poder Popular, lo que hace necesario que prontamente deban asistir a un curso de contabilidad.

Los concejos comunales deben desarrollar en sus comunidades los aspectos legales, administrativos y financieros.

Pronta adecuación

Hasta el año pasado Obispo Ramos de Lora se conocía por ser la entidad municipal bandera en adecuación de los concejos comunales a nivel nacional.

Según explicó Rojas, este año solo se han adecuado 19 de ellos, el resto deben realizar una asamblea de ciudadanos para escoger a los tres miembros firmantes y comenzar a dar los pasos legales para adoptar la reestructuración y para ello deben realizar este proceso en un período de 60 días.

En virtud de la apremiante necesidad de adecuar los concejos comunales, se elaboró una agenda que ellos debían seguir y así cumplir esta regulación de la manera más ordenada y rápida posible.

Motivación

En la reunión estuvieron presentes las autoridades municipales representando a varios sectores sociales vinculados al proceso revolucionario que motivaron a los presentes a seguir en pie de lucha para conformar la patria socialista."

Fuente:
http://diariodelosandes.com/content/view/152509/105852/

Consejo Comunal busca solucionar problema de animales en la calle.

Con fecha 20 de abril de 2011, el Sol de Margarita en su portal web, informa que ante el problema que representa para la comunidad de Villa Rosa la presencia de animales realengos por las calles, plazas y parque, el Consejo Comunal sectores B y G busca una solución viable.

Luis Malavé, vocero de Finanzas del CC y representante municipal ante el Consejo Federal de Gobierno, dijo que en asamblea de ciudadanos iban a decidir el destino de los animales.

Por las calles del sector del municipio García deambulan vacas y caballos. Estos animales de granja no pertenecen al paisajismo natural de la comunidad.

Una de las quejas de los representantes de la organización popular es que los cuadrúpedos destrozan las bolsas de basura y riegan los desperdicios, perjudicando notablemente a los residentes que son expuestos a una contaminación. KME

Fuente:
http://www.elsoldemargarita.com.ve/Noticias.aspx?NoticiaId=78151&Seccion=1

EL Poder Popular y la Descentralización.

Yvette Zárraga, en El Informador de Lara, en su portal web hace un reportaje sobre el poder popular y la descentralización, a saber:

"Con la potencial promulgación del sexto intrumento jurídico del paquete de leyes del poder popular ¿cesan en sus funciones y entregan sus competencias las gobernaciones y alcaldías? La interrogante ha tenido eco desde finales del año pasado, cuando los diputados del Parlamento Nacional -para entonces- sancionaron las leyes orgánicas de Participación y Poder Popular, de las Comunas, de Contraloría Social, de Planificación Pública y del Sistema Económico Comunal.

El borrador está elaborado desde agosto de 2010 y fue aprobado en primera discusión por los parlamentarios en el mes de diciembre, pero no inluida en la agenda legislativa de 2011. Supone -en su artículo 1- la promoción de la descentralización administrativa y la interdependencia entre estados, municipios y el poder popular.

El traspaso de la gestión y administración de bienes, recursos y servicios en materia de salud, educación, deporte, cultura, programa sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal y construcción de obras, ya estaba perfilado en el artículo 184 de la Constitución.

Así lo reconoce el abogado José Gregorio Zaa, especialista en asuntos municipales, quien agrega que por lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, el Ejecutivo nacional puede reasumir los servicios transferidos a los estados y municipios. No obstante, señala que el Gobierno actual está previendo, bajo la excusa de un proceso descentralizador, otorgar competencias “a entes que no tienen basamento constitucional como los consejos comunales, comunas y ciudades comunales”.



Consejos comunales han fallado

Zaa sostiene que aunque las disposiciones legales permitan la transferencia, las organizaciones del poder popular no están, bajo ningún respecto, preparadas para asumir la administración de servicios.

Refiere que de 40 mil consejos comunales registrados a nivel nacional, menos de 15% ha cumplido el proceso de adecuación a la Ley Orgánica de los Consejos Comunales y, además, denuncia que 90% de esas estructuras organizativas en el estado Lara presenta irregularidades de tipo administrativo. “No han demostrado diligencia”, afirma.

El abogado sugiere que el traspaso debe ser un procedimiento paulatino para evitar que las organizaciones del poder popular incurran en desviación. Advierte que para ese fin deben activarse las contralorías General, estadales y municipales.



No creen en el poder popular

A las afirmaciones de José Gregorio Zaa se contrapone la explicación que sobre el proyecto de ley de transferencia de competencias aportaJosé Natera, vocero por el estado Lara ante el Consejo Federal de Gobierno. El propósito -indica- es la articulación de las organizaciones del poder popular con las instituciones del Estado para mejorar los servicios.

Apunta que para que el poder popular reciba competencias debe primar la organización, preparación, administración y cumplimiento de las funciones que ya le han sido encomendadas. De esa manera está plasmado en el artículo 8 del proyecto donde se especifica que “una vez comprobada la capacidad del consejo comunal, comuna y demás formas de organización del poder popular, el órgano o ente de la administración pública estadal y municipal transferirá de forma directa la gestión y administración de bienes, recursos y servicios”. El instrumento para la tranferencia es el convenio y el proceso debe desarrollarse en cuatro fases: diagnóstico, plan de transferencia, presupuesto y ejecución.

¿El pueblo organizado tiene capacidad para administrar servicios? El poder popular lo ha demostrado, responde el vocero. Toma como ejemplo las experiencias de autogestión que han tenido los consejos comunales de Villa Guadalupe, en el municipio Iribarren, y la comuna socialista en contrucción El Maizal, en Simón Planas.

“Lo que pasa es que muchos funcionarios no creen en el poder popular porque piensan que viene a quitarles los puestos”, enfatiza. A juicio de Natera, el poder popular está todavía subordinado al Poder Ejecutivo en tanto que no se cumple cabalmente lo dispuesto en el nuevo marco jurídico. Advierte que es necesario avanzar en la adptación de las leyes estadales y ordenanzas municipales a la nueva legislación nacional que configura el Estado Comunal.



[*] EN DESTAQUE

En palabras de Allan Brewer-Carías, profesor de la Universidad Central de Venezuela, plasmadas en su artículo sobre el poder popular y el Estado Comunal en Venezuela, el conjunto de leyes orgánicas están al margen de la Constitución y constituyen el marco normativo de un nuevo estado “socialista, centralizado y militarista denominado Estado Comunal”."

Fuente:
http://www.elinformador.com.ve/noticias/barquisimeto/actualidad/poder-popular-preparado-para-asumir-administracion-servicios/37313

Multan alcalde por no cumplir con ley de transparencia activa en Chile.

Escribí hace unos días sobre el tema de la Transparencia en la gestión pública y al respecto conseguí una nota de prensa relacionada con el tema, interesante además porque demuestra cómo en algunos países las denuncias ciudadanas tienen resultados.

Con fecha 18 de abril 2011, es publicado en Diario La Discusión de Chiel en su portal web, bajo la firma de Isabel Charlin, una nota de prensa que tiene que ver con la responsabilidad de garantizar información pública a los ciudadanos, en este sentido se habla de una sanción a un alcalde previsa en la Ley de Transparencia Activa de Chile. La nota señala:

"No cabe duda que el acceso expedito a la información pública es vital para una democracia que se precie de tal.

Ésa precisamente fue la inspiración para la Ley de Transparencia Activa, que entró en vigencia el 20 de abril de 2009.

Sin embargo, algunas especificaciones no pudieron ser cubiertas por todos los servicios, en especial, aquellos municipios más pequeños, cuyo escaso presupuesto les jugó en contra.

Fue lo que ocurrió con las comunas de Ovalle, Pencahue y El Carmen. Sus tres ediles fueron multados la semana pasada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, el cual realizó diversos sumarios administrativos sobre la base de denuncias ciudadanas al sitio web de la institución.

Esto se traducirá en que los ediles percibirán entre un 20% y un 25% menos en sus remuneraciones, debido a que “el acceso a la información no es expedito, particularmente respecto de actos y resoluciones con efectos sobre terceros y contrataciones”.

En el caso específico del alcalde El Carmen, Juan Díaz, el dictamen indica que éste faltó a las normas de publicación de información exigidas por el organismo. El reclamo contra la administración fue ingresado el 20 de mayo de 2009 y despachado el 1 de septiembre de ese año, y se basaba en que “la información publicada en la página web de la I. Municipalidad de El Carmen no se encuentra disponible en forma permanente”.

“Yo soy un hombre respetuoso de la ley, y acataré la medida. Sin embargo, nuestro municipio no tiene los medios para dar cumplimiento a tal requerimiento. Si bien no teníamos un sitio web actualizado, cualquier información que solicitara un particular vía ventanilla era entregada. Tengo entendido que la persona que hizo la denuncia no recurrió a esta vía, no pudo acceder al sitio web y de inmediato envió su reclamo”, comentó el alcalde, Juan Díaz.

El edil agregó que junto al Concejo debieron reasignar hace un año un millón de pesos para poner en marcha el sitio web de la comuna, y ahora se encuentran negociando con la persona encargada un sueldo acorde, para mantenerlo actualizado.

“Ese dinero nosotros lo teníamos destinado a mediaguas y otros apoyos sociales. A veces, los parlamentarios aprueban leyes sin pensar en las condiciones de cada comuna. El Carmen, por ejemplo, no se puede comparar con Providencia. Ellos pueden recurrir a ingenieros, informáticos y otros profesionales con los cuales no contamos. Es verdad que todos los chilenos debemos respetar las leyes, y en ese contexto, yo acataré mi rebaja de sueldo de un 20%. Hoy, el sitio web está funcionando, con toda la información pertinente en la dirección www.municipalidadelcarmen.cl”, sentenció Díaz.

“No hay excusa”

Para los diputados del distrito 41, el no cumplimiento de la ley de transparencia es algo “no excusable”.

Rosauro Martínez indicó que esta normativa no sólo trae beneficios a los ciudadanos, sino también a los organismos públicos, ya que estos últimos “deben transparentar su accionar. Es una actitud que la comunidad espera de sus autoridades”.

Martínez añadió que lo ideal es que la ciudadanía tenga cada día más información, y en ese contexto, “la ley debe ser para todos por igual, nadie debe quedar excluido. No existe una excusa para no tener información disponible en un medio electrónico, y si no se puede, hay que gestionar y hacer todos los esfuerzos posibles por acatar la normativa”, manifestó.
Carlos Abel Jarpa, en tanto, defendió el trabajo parlamentario.

“Si bien las leyes son discutidas por los senadores y diputados, es el Ejecutivo el que las promulga. Existen muchas comunas en el país con poco presupuesto, pero eso no ha impedido que cumplan con la ley”, afirmó.

Plan piloto de apoyo

Estos tres casos, sin duda, marcan un precedente fiscalizador ante faltas a los requerimientos de Transparencia Activa.

Sin embargo, el Consejo para la Transparencia actuó sobre la base de denuncias, es decir, a nivel nacional puede haber muchos otros casos en que diversos servicios públicos no cuentan con una plataforma electrónica actualizada, mediante la cual se pueda solicitar información; ni muestran elementos básicos como una cuenta pública o las actas del Concejo Municipal.

Es por ello que en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), el Consejo creará una plataforma tecnológica que permitirá a las municipalidades cumplir con sus obligaciones de transparencia activa y gestionar las solicitudes de acceso a información que reciben. El plan piloto se iniciará con 50 municipios de las regiones V, VI y Metropolitana, y beneficiará a más de 2 millones de vecinos, quienes tendrán mejor acceso a la información pública. La inversión alcanzará los US$ 320 mil, de los cuales la mitad se financia con una donación que hizo el Banco Mundial al Consejo para la Transparencia y el 50% restante con presupuesto del mismo Consejo."

Fuente:

miércoles, 20 de abril de 2011

Sobre los recursos recibidos en el 2010 por consejos comunales y el FIDES.

Con fecha 20 de abril de 2011, El Nacional, en su portal web nos presenta un reprotaje elaborado por Maru Morales, en la cual señala que durante su comparecencia ante la Asamblea Nacional en febrero, el vicepresidente Elías Jaua detalló la cantidad de recursos entregados a las gobernaciones el año pasado a través del Fondo Intergubernamental para la Descentralización, adscrito a su despacho. Incluso dijo que si el petróleo estuviera a 140 dólares por barril las regiones recibirían mucho más dinero, pero poco habló de los recursos transferidos a los consejos comunales.

En 2010, las alcaldías tenían un presupuesto asignado de Bs 1,8 millardos, pero el monto recibido fue de Bs 2,1 millardos gracias a dos aportes de recursos ordinarios excedentarios decretados en agosto y noviembre. Los consejos comunales recibirían transferencias por Bs 1,9 millardos, pero por los mismos ajustes aumentaron su ingreso hasta Bs 2,3 millardos.

En otras palabras, los consejos comunales recibieron Bs 147 millones más que las alcaldías.

El documento no especifica la distribución de los fondos aprobados a los consejos comunales, pero sí aclara que la preferencia en la entrega del dinero estuvo alineada con el único proyecto del organismo para el año 2010 denominado "reimpulsando a las comunidades organizadas como núcleo de la descentralización bolivariana y del poder popular", aunque en la Constitución la descentralización se define sin adjetivos y el poder público sólo tiene 5 ramas: electoral, ejecutiva, legislativa, judicial y ciudadana. Nada de poder popular ni descentralización bolivariana.

La memoria y cuenta precisa que el objetivo específico del proyecto es ofrecer "asesoramiento tecno-político a las comunidades organizadas a escala nacional, en la formulación y gestión de proyectos socio-productivos", mientras que el objetivo estratégico es la "conformación de organizaciones socio-productivas comunitarias y redes de la economía social que impliquen cambios hacia el modelo de producción socialista". Para alcanzar tales metas, el Fides destinó Bs 10 millones.
Duro de liquidar

Al momento de presentar el informe ante el Parlamento corría la prórroga del lapso inicial fijado para la liquidación del Fides luego de su sustitución por el Fondo de Compensación Interterritorial.

Según la ley especial publicada en Gaceta Oficial el 29 de julio de 2010, el proceso debería culminar en seis meses, es decir, en enero de 2011, pero dos inconvenientes obligaron al vicepresidente a declarar una extensión.

Según el informe suscrito por Elías Jaua estaban pendientes los procesos de finiquito con el Bolívar Banco, adscrito al Banco Bicentenario. Se indica: "De acuerdo con la información suministrada, el Banco tiene problemas de migración de la data. En el caso de Fondo Común existe un fideicomiso constituido en dólares, el cual presenta problemas, toda vez que no tiene fecha real para su terminación".

En cuanto a la contabilidad de cierre del Fondo Intergubernamental para la Descentralización agrega que "la terminación del trabajo asociado a su revisión y cierre está directamente ligada al término de todas las operaciones financieras y contables, para poder liquidar los saldos de las partidas".

La prórroga decretada por Jaua el 5 de enero se extiende hasta el 30 de abril próximo y, según la ley de liquidación del organismo, la vicepresidencia tiene permitida una prórroga más de 3 meses en caso de no haber saldado todas sus cuentas.

Como se recordará, el Fides se alimentaba de 15% de los ingresos provenientes de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado destinado a gobernaciones, alcaldías y consejos comunales a través del Servicio Autónomo del Fondo Nacional de los Consejos Comunales (Safonac) para el desarrollo de proyectos.

Fuente:

martes, 19 de abril de 2011

Transparencia en la gestión pública, información pública y participación ciudadana.

La XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en el año 2009 reconoce a través de su declaración final que la información pública debe estar al servicio de los ciudadanos para así garantizar el principio de la transparencia en la gestión pública y además destaca en su contenido, que debe ser éste el principio que oriente la relación que existe ente la Administración Pública y los Ciudadanos.

El documento final de la XIX Cumbre se tituló Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y en su contenido se reconoce que el acceso a la información es un derecho que sustenta el adecuado funcionamiento de la democracia puesto que es condición para garantizar otros derechos y, en particular, el de participación ciudadana en la gestión pública. En consecuencia, se presenta al principio de transparencia en la gestión pública como uno de los requisitos indispensables para la participación ciudadana.

Para garantizar la transparencia en la gestión pública los Estados Iberoamericanos han quedado obligados en ese documento oficial a promover mayor participación ciudadana a través de la máxima divulgación de la información pública, para ello se han comprometido expresamente a crear sistemas de organización y producción de información básica sobre su gestión, para entonces así, facilitar esa participación sin obviar que en esa estrategia las tecnologías de la información y la comunicación juegan un importante rol de apoyo.

Es importante destacar que ese sistema de información pública, tiene algunos criterios que fueron señalados de manera clara en la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y que exige que la información pública debe ser: veraz, oportuna, sencilla, actualizada, comprensible, completa y de masiva divulgación. Nuria Cunill en su trabajo titulado: La transparencia en la Gestión Pública, ¿Cómo construirle viabilidad?(1) , nos recuerda que “mientras más especializada sea la información menores son las probabilidades que ella sea asequible por la ciudadanía concernida.”

Pero la información pública no se limita al contenido de las políticas públicas sino que también el documento incluye expresamente la obligación de asegurar al ciudadano, vía legislativa, la suficiente información sobre el propio derecho a la participación ciudadana en la gestión pública, su contenido, las formas y procedimientos para su ejercicio y los entes y órganos de la respectiva Administración Pública competente con la que se pueden relacionar para participar.

Así mismo deben las Administraciones Públicas garantizar información sobre los servicios y prestaciones que ofrecen, sus requisitos, condiciones, trámites y plazos de los procedimientos administrativos, así como también los medios para acceder a ellos.

En el contenido de la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública se reconoce que el ciudadano para hacer efectivo su derecho de acceso a la información pública podrá:

1.-Acceder a la información que obre en poder de la Administración Pública, sin que para ello estén obligados a demostrar algún tipo de interés en particular.

2.-Acceder a los archivos y registros de la Administración Pública.

3.-Ser asistidos en su búsqueda de información.

4.-Recibir la información solicitada en los plazos máximos establecidos en las normas respectivas.

5.-Recibir la información de una forma o en un formato accesible para quien la solicita.

6.-Conocer las razones por las cuales no se otorga en su totalidad o de manera parcial la información requerida y en el formato adecuado.

La protección jurídica al acceso a la información pública, permite crear reglas de juego claras en la relación entre Administración Pública y Ciudadanos, para así promover mayor confianza en la gestión pública y generar mecanismos que impulsen a los ciudadanos a informarse e involucrarse más en los asuntos públicos. La confianza del ciudadano en la gestión pública es un elemento esencial para sostener la democracia y construir en ella una ciudadanía responsable que asuma la participación como una tarea permanente.

La Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública es una extraordinaria contribución política de los jefes de estado y de gobierno en Iberoamérica porque han plasmado allí una serie de lineamientos aprobados oficialmente por los propios Estados con los cuales se aspira a fortalecer la participación ciudadana a través del principio de transparencia en la gestión pública. Luego de este documento queda que tanto Administración Pública como Ciudadanos hagan uso de sus derechos y deberes para ir consolidando una cultura participativa en la cual la transparencia sea la base fundamental de esa relación.

Carlos Romero Mendoza

Referencia:
(1) CUNILL, Nuria. La transparencia en la Gestión Pública, ¿Cómo construirle viabilidad?.   En :Estado, gobierno, gestión pública: Revista Chilena de Administración PúblicaNº. 8, 2006 , págs. 22-44. Recuperado el 20 de enero 2011 en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2315250