Los recursos financieros para los estados y municipios en el marco de la ley del CFG

El Mundo en su versión digital hace un análisis sobre la realidad financiera de los estados y municipios con la aplicación de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno.  La publicación registrada en el portal web del medio de comunicación señalado el día 11 de enero de 2011 señala expresamente lo siguiente:
 "El Consejo Federal de Gobierno desarrollará el poder popular y acentuará la democracia" "La oposición lo toma como un pretexto más para frenar el proceso revolucionario" "Alcaldías y gobernaciones mantendrán mecanismos de acceso a recursos. Es falso que no los tendrán" "Se abrirá espacio a los consejos comunales y se profundizará la descentralización"


Jesús Faría


Diputado electo a la AN por el Psuv Miranda en bolívares fuertes Descripción Asignación ejercicio fiscal 2010


Total 2010Asignación del FCI 2011


Diferencia inicial 2010-2011


Variación inicial 2010-2011


Incremento de crédito adicional Aprobado 1 2010


Incremento de crédito adicional Aprobado 2 2010


Total modificado 2010Diferencia modificada 2010-2011


Variación modificada 2010-2011 Fides-Laee 152.117.815 84.097.881


236.215.696180.439.316


-55.776.380


-30,9%






37.969.556






13.521.000


287.706.252-107.266.936


-37% Airam Fernández


afernandez@cadena-capriles.com


Cuando se aprobó la Ley Orgánica de Consejo Federal de Gobierno, en febrero del año pasado, las reacciones fueron diferentes. Del lado del chavismo confiaban en que el instrumento venía a profundizar la descentralización y a actuar en la solución de los problemas de las comunidades. En el lado opositor se generó un rechazo con el argumento de que el Gobierno restaría poder a las alcaldías y gobernaciones y que el que sufriría las consecuencias sería el pueblo, por las limitaciones en la entrega de los recursos.


Ciertamente, el Consejo Federal de Gobierno (CFG) tiene entre sus funciones ser un organismo que genere políticas coordinadas para todos los estados con el fin de profundizar la descentralización. Pero el artículo 14 de la ley en cuestión, en su primer apartado, señala que se debe "proponer al Presidente de la República las transferencias de competencias y servicios a los Poderes Públicos Territoriales y a las Organizaciones de Base del Poder Popular". Y fue este punto el que alarmó a los políticos opositores.


Verónica Barboza, quien fue presidenta del Consejo Legislativo de Miranda el año pasado, se encargó de difundir la ley y la gravedad que representa, según su criterio.


"Las competencias y servicios deben tener una cadena que se dirija de estados a municipios, y de éstos a sociedades organizadas. Por eso es imposible que una sola persona responda a todos los problemas de cada una de las regiones del país", comentó Barboza, para referirse al hecho de que el vicepresidente de la República, como autoridad máxima del CFG, sea el que se encargue de administrar los recursos del Estado, para luego discutir las decisiones con el presidente Hugo Chávez.


Un solo pote


Otro de los puntos de la ley que causan alarma en Barboza es la eliminación de los mecanismos generadores de recursos: se liquida el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Fides), al igual que se suprimen los recursos generados por la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (Laee), para integrarlos en una nueva y única caja: el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI).


"Ahora todo queda sujeto a que el vicepresidente Elías Jaua elija los proyectos que serán aprobados para cada estado, cosa que no tiene sentido, porque él, desde Caracas, no puede saber cuáles son las verdaderas necesidades en Santa Elena de Uairén, por ejemplo", añade la diputada.


Su preocupación radica en que esto no llevará a mejorar la calidad de vida de los venezolanos, sino que priorizará otros aspectos que deberán compaginarse con lo establecido en el Baremo Técnico Político del nuevo fondo de recursos, que determina que cada proyecto presentado por gobernaciones, alcaldías o consejos comunales, debe cumplir con los 35 puntos técnicos y 65 puntos políticos establecidos en el documento.


"Esto quiere decir que la parte política es lo que predomina, y por eso estamos en contra, porque los recursos irán dirigidos a impulsar el socialismo y no a atender los problemas de las comunidades", señaló.


Un caso específico


Según la diputada, Miranda cuenta con 680 escuelas, y la intención era reparar 461 de éstas durante los cuatro años de gobierno.


"En los dos primeros años reparamos 213 a través del financiamiento de Fides y la Laee. Quedan pendientes 248 escuelas, y yo me pregunto ¿cómo haremos para que estén en las prioridades del Consejo Federal de Gobierno?".


Destacó que la situación de Miranda se repite en todos los estados del país, sin importar color político.


Por ello recomienda que cada representante se acerque a la capital a pelear por sus recursos y a exigir respuestas de los proyectos, que ya fueron entregados a finales del año pasado.


Mientras tanto, representantes de los Consejos Legislativos de Carabobo, Zulia, Mérida, Táchira, Cojedes, Aragua, Nueva Esparta, Anzoátegui, Sucre, Yaracuy, Lara y Bolívar se suman a la lucha, y esperan presentar a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de Hacienda Pública Estadal, con el objetivo de lograr la autonomía financiera de las regiones. Barboza señala que no hay seguridad de que se apruebe, pero sabe que la lucha hay que darla.

Fuente: Gobernación de Miranda
http://www.elmundo.com.ve/Default.aspx?id_portal=1&id_page=19&Id_Noticia=42927

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