jueves, 9 de diciembre de 2010

Una mirada a la Contraloría Social en el proyecto de ley

Los artículos 259 y 272 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establecen el derecho de los ciudadanos de organizarse bien de manera individual o bien de manera colectiva para ejercer la Contraloría Social con el objeto de controlar la gestión local.

Ese artículo 259 de la Ley que regula al municipio vincula el ejercicio de la Contraloría Social con los Contralores Municipales y les obliga en el artículo 109 a atender los informes que presenten los ciudadanos en el ejercicio de la Contraloría Social, so pena de destitución en el caso de que se compruebe una reiterada inobservancia del contralor a esos informes.

Para el ejercicio de la contraloría Social, el artículo 273 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal señala que las organizaciones que realicen tal labor en el ámbito municipal deben estar inscritas en un registro que a tal fin lleve el Municipio y enlista una serie de deberes y obligaciones para estas organizaciones, a saber:

1. Comunicar a la ciudadanía los avances y resultados de los procesos de control, vigilancia, supervisión y evaluación realizados.
2. Presentar informe sobre los avances y resultados de sus actividades a los órganos y entidades que ejecutan el programa, proyecto o contrato, realizando las recomendaciones que estimen pertinentes.
3. Remitir el informe de avances y resultados de sus actividades a los órganos de control fiscal y demás organismos públicos competentes.
4. Denunciar ante las autoridades competentes los actos, hechos u omisiones presuntamente irregulares que hubieren detectado.

Prácticamente ese contenido es repetido en el proyecto de Ley Orgánica de Contraloría Social, pero obviamente extendiendo el ámbito de aplicación de la Contraloría Social a todos los niveles de la Administración Pública, a las instancias del Poder Popular, a las organizaciones y personas del sector privado que realicen actividades con incidencia en los intereses generales o colectivos. En el caso del registro de las organizaciones que ejerzan la Contraloría Social, según el Proyecto de Ley se establece que el mismo se hará ante el Ministerio con competencia en participación ciudadana.

El artículo 8 del proyecto prácticamente repite el artículo 273 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, pero agrega 2 deberes: el de cumplir las funciones que le sean competentes y el guardar la reserva debida sobre la información y documentación obtenida en el ejercicio del control social.

El proyecto además plantea la posibilidad de tener unas Contralorías Sociales denominadas Orgánicas, que serian aquellas creadas y reguladas mediante una ley especial. Además de establecer el procedimiento para realizar la Contraloría Social, el proyecto advierte expresamente sobre la responsabilidad civil, penal y administrativa del ciudadano que en el ejercicio de esta función contralora, que es ad honorem, realice cualquier acto, hecho, u omisión que contravengan las normas establecidas en esta materia.

Hay varios actores que legalmente tienen la obligación de contribuir a la promoción de la Contraloría Social, que son obviados en el proyecto de ley y que además no son parte del Poder Popular, me refiero en primer lugar a los Alcaldes y Juntas Parroquiales; y en segundo lugar al Contralor General de la República, rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, quien tiene legalmente la obligación de dictar un reglamento conforme al artículo 75 de la Ley que lo regula, para desarrollar las normas que promuevan la participación de los ciudadanos en el Control Fiscal sobre la gestión pública, y que sin duda debe pasar por establecer algunas normas relacionadas con la Contraloría Social.

En el ámbito del denominado Poder Popular, encontramos la Contraloría Social en dos de sus actores fundamentales: los Consejos Comunales, que crean las unidades de contraloría Social, integrada por ciudadanos elegidos en Asamblea de Ciudadanos, y ahora en el proyecto de Ley Orgánica para las Comunas, que crea en la Comuna una figura que se denomina Consejo de Contraloría Comunal, que sería una expresión del Control Social que estaría integrado por 5 voceros elegidos entre los integrantes de las unidades de contraloría social de los Consejos Comunales ubicados en el territorio de la Comuna, es decir el ciudadano no podrá elegir a los integrantes de ese Consejo mediante una elección directa, universal y secreta.

De todos los 5 proyectos de leyes, éste a mí juicio es el que menos cambios o transformaciones producen en el diseño del Estado, y me parece que su aporte al desarrollo de la Contraloría Social es prácticamente inexistente, su valor es crear normas generales con alcance nacional en esta materia que se complementan con otras leyes como la de los Consejos Comunales y de las Comunas, cuando sea aprobada.

Carlos R.

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