domingo, 5 de diciembre de 2010

El sistema de Planificaicón Pública en una de los proyectos de las leyes del poder popular.

El portal Alerta Vecinal, registra una nota de prensa de Marvila Sánchez publicada para la Patilla.com, con fecha 3 de diciembre que hace un analisis de la Ley de Planificación Pública, a continuación se transcribe el artículo:

El proyecto de Ley Orgánica de Planificación Pública que los diputados de la Asamblea Nacional pretenden aprobar en sesiones extraordinarias, supone que el Ejecutivo Nacional dictará los lineamientos de los planes que se adelantarán en todo el territorio, por encima de los gobernadores y alcaldes.

El texto legal que forma parte del conjunto de leyes “socialistas” que pretenden transformar al país en un estado comunal según lo plantea el oficialismo, estipula que a través del Ministerio de Planificación o del propio Presidente de la República, se ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Planificación Pública, desde donde se designarán además unas comisiones interinstitucionales para los estados, municipios y comunas, con el fin de evaluar los planes a implementar, los cuales podrán ser modificados según las realidades “sociopolíticas”.

Los parlamentarios que ven agonizar su mandato con el fin de las sesiones ordinarias el próximo 15 de diciembre, y que se embarcarán según se ha informado en un período extraordinario que pese a las objeciones que han surgido podría extenderse hasta el mes de enero, están listos para aprobar esta ley que incluye en varios artículos la palabra “nueva” para referirse al camino hacia las relaciones sociales que se desean imponer en el país.

Otros aspectos que comparte con el resto de las leyes que darían forma al fortalecimiento del “poder popular” es que lo incluye como una rama del poder público, aunque así no aparece en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y además el carácter orgánico de la misma, lo que hace más difícil su posible modificación tomando en cuenta los votos necesarios para este fin (las tres quintas partes de la cámara, que son 99 votos). También está el tema de la división geográfica y la gestión territorial, que a diferencia de lo previsto en la Carta Magna y en varias leyes vigentes, deja abierta la puerta a nuevas divisiones político-territoriales.

La Ley de Planificación Pública vendría a sustituir, una vez sancionada, la Ley de Planificación aprobada vía habilitante en el año 2001. En esta versión sólo se mencionan literalmente las gobernaciones y alcaldías a partir del artículo 79, de un total de 99, para especificar que corresponde a estas instancias del poder público elaborar el plan operativo anual para los estados y municipios, que a la larga deben estar inscritos en el Plan Nacional. Allí se habla de cómo se asignarán los recursos, donde además se deja claro que las comunas recibirán también dinero proveniente del FIDES y la Ley de Asignaciones Económicas Especiales.

Existe, según este proyecto de ley, un Sistema Nacional de Planificación que integra el Ejecutivo Nacional, otros órganos del poder público y los ciudadanos organizados y elegidos para tal fin, en sus comunas, las cuales tienen en su respectiva ley un alto componente ideológico y partidista. También se incluye en este Sistema al Consejo Federal de Gobierno, el cual en la práctica no incorpora al Alcalde Metropolitano y no incluyó en sus cargos directivos a ningún mandatario de oposición.

Aunque los consejeros de los cuales se habla en el instrumento legal no pueden ser funcionarios públicos, ni nacionales, ni estadales, ni municipales, ni parroquiales, sí se prevé un apoyo técnico del Gobierno para el correcto funcionamiento de los órganos de planificación y coordinación. En los Consejos Estadales de Planificación se estipula como “indispensable” la participación ciudadana para el plan de desarrollo.

En el caso de los Consejos Comunales de Planificación se explica que su integración pasa por la selección de 3 voceros de las comunas, organizaciones en las cuales se podrá votar desde los 15 años a diferencia de lo estipulado en la Ley Orgánica del Sufragio, 2 voceros del gobierno de la comuna, 1 vocero de las organizaciones socioproductivas comunitarias y un vocero designado por la comuna para la gestión del territorio. Vale la pena recordar que las Comunas, según la ley que espera también por su aprobación, deben estar debidamente inscritas ante el Ejecutivo Nacional, y no ante los municipios o estados.

Como se observa en la ley se supeditan las actuaciones en materia de planificación, en todos los casos, al gobierno central y a las comunas, en la práctica, al oficialismo.

Marvila Sánchez Lugo

Fuente:
http://alertavecinal.blogspot.com/2010/12/patillazo-alcaldias-y-gobernaciones.html

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