lunes, 13 de diciembre de 2010

El impacto de las Leyes del Poder Popular.

Con fecha 13 de diciembre de 2010, El Mundo digital, bajo la firma de Mariana Martínez, publica un reportaje sobre la aprobación de las leyes del poder popular y afirma la periodista que hasta la fecha el impacto de las Leyes del Poder Popular es difícil de medir, por ahora. Pero analistas coinciden en que a partir de ahora existen dos estructuras que funcionarán en paralelo.

Se trata del sistema institucional vigente, y el sistema comunal, negado en la consulta popular de 2007, y que hoy se instala en el país por la vía legal.

La nueva estructura cuenta con espacios territoriales, plan de desarrollo, instancias de dirección y control, un sistema económico definido y recursos que le llegarán directamente del Estado.

El límite de esta coexistencia a juicio del economista y diputado electo Jesús Faría, lo pondrá el respeto por los principios básicos, y la subordinación a las nuevas líneas de desarrollo.

"Coexistirá el que respete el hecho de que la economía se tiene que organizar en pro del desarrollo del país, de eliminar la práctica de la evasión, y de canalizar los recursos en favor de las necesidades de la población, y no convertirlas en un instrumento para la desestabilización política", dijo Faría.

El economista considera que las cinco leyes del Poder Popular que terminará de aprobar la Asamblea Nacional (AN) esta semana, son importantes para desarrollo de la capacidad de organización del pueblo y la democratización del capital. Según apunta esto va a "impulsar" la iniciativa de los sectores populares organizados, para resolver sus problemas materiales, a través de la creación de propiedades productivas, que se fundamentan en la propiedad comunal y se articulan con la propiedad estatal.

Faría admite que existen problemas, puesto que se trata de cambiar una economía "dominada" por el capital privado y por la maximización de la ganancia. Pero dice que "no debe subestimarse" la capacidad del pueblo.

Entre los aspectos que debe atender el Estado para lograr el éxito de estas políticas está, elevar el protagonismo de los sectores productivos, y del actor que ha sido relegado "el pueblo".

Las comunidades organizadas tendrán que organizarse para disfrutar de los resultados de su trabajo, diseñar y aplicar respuestas a sus necesidades. "Democracia es que el poder lo tenga el pueblo", dice Faría.

El asambleísta electo por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) indica que estos instrumentos legales no tienen el visto bueno del "gran capital" porque ellos han ejercido el poder económico por años.

Pero a pesar de eso dice a los sectores económicos que les es favorable, porque esto generará una economía más sólida y ampliará su capacidad productiva.

Además reitera que se pueden articular ambos sistemas, siempre y cuando entiendan que existe otro sector, con otra ética, y cuya prioridad es resolver los problemas de la comunidad, y que aunque obtendrá ganancia, este no será el poder fundamental entorno al cual girarán.

Privada vs colectiva

El economista asegura que la propiedad privada no se encuentra en peligro y que no está planteado desplazar a una por la otra.

"Sólo se abre espacio, para que el pueblo trabajador que jamás había podido participar como organizador, administrador o inversor de los excedentes lo haga. Eso los molesta porque sus espacios de poder se reducen, pero no su negocio", asegura.

Recuerda que lo mismo ha pasado las veces que se han presentado iniciativas para democratizar la tierra, la agricultura y la industria en general. "Siempre se genera una respuesta violenta del gran capital, ellos han rechazado esa nueva tendencia y línea de desarrollo".

El economista dice que el 70% de la economía esta en manos del sector privado, después de la expropiación de entre 205 y 300 espacios por parte del Estado "para impulsar un desarrollo".

Sin embargo, señala que buena parte de ellos son latifundios, otra parte son empresas en el sector petrolero y otras empresas grandes que son de carácter estratégico, como los sectores de telecomunicaciones, energía, así como las vinculadas al desarrollo aguas abajo de las empresas básica y las del sector alimentario.

Crecimiento económico

El economista rechaza la tesis de que el Gobierno ha destruido el aparato productivo y la economía del país.

Asegura que "nunca hubo un gran desarrollo, se quejan como si hubiese existido, y la verdad es que este Gobierno tomo una economía rentista y destrozada, resultado de décadas de descomposición del aparato productivo, que tuvo su pico más importante en los años 90 con los programas del Fondo Monetario Internacional".

Desde su óptica estas leyes forman parte del esfuerzo por construir una nueva economía, "pero no podemos hacerlo sobre las ruinas que ya existen".

Tampoco cree que estas políticas del Gobierno desalienten la inversión del sector privado, y que esto pueda afectar el crecimiento. "En los últimos 35 años la contribución del sector privado a al economía sólo se ha dado cuando ha existido un boom petrolero", asegura.

Faría dice que el empresario capitalista invierte en su negocio, pero señala que este no es el caso de Venezuela. "No hay empresarios que hagan gran inversión, estos se sienta a chupar de la teta del Estado, sus recursos los usan para especular".

En la actualidad la cifra de capital privado que está fuera del país llega según el economista a los 300.000 millones de dólares.

Inversión timorata

Para el economista Gustavo Rojas el panorama económico si se afecta con estas leyes. Dice que el crecimiento económico y la inversión privada, que son el motor de la economía, se inhiben cuando se colectiviza la propiedad.

Pues esto implica que el Estado expropia los factores de producción y luego los colectiviza a través de la creación de las comunas y de propiedad social.

Esto se consolida según Rojas con un modelo donde el sector privado de la economía, sobrevive mientras no lo toquen. Por eso asegura que en ese escenario muchos no invertirán, ni para expandirse, ni para aumentar su producción. Por ende esto afectará los niveles de precios, pues a menos oferta, más altos los precios.

De esta manera se genera escasez, porque disminuye la producción; e inflación, porque los precios aumentan.

Para Rojas esto sería lo peor de dos mundos. "Lo contrario sería aumentar la producción, y eso será más oferta y mejores precios".

Aunque ya se han puesto en marcha algunas formas de poder popular, definir qué va a pasar es difícil. Sin embargo, los antecedentes históricos que recuerda Rojas no son alentadores.

"Cuando Mao Tse-tung creó las comunas y colectivizó los campos murió mucha gente porque no tenían cómo ponerlos a producir. Lo mismo pasó tras la guerra de los bolcheviques, Lenin expropió las tierras y las entregó a los campesinos, entonces lo que terminó pasando fue que la gente comenzó a morir de hambre".

Rojas asegura que cuando la propiedad es colectiva, "no hay incentivos para que la gente produzca, sino para explotarla".

Por esto asegura que este sistema generará un colapso de la economía, el mismo que tuvo China hasta el 1975 , la Unión Soviética y Cuba.

El economista no cree que estas estructuras productivas planteadas en esta legislación puedan ayudar a mejorar los indicadores económicos. "El desarrollo humano no aumenta, si no mejora el ingreso personal. De donde sacan los recursos para construir las carreteras, para educación, para salud".

Debilitar el sistema político

En términos generales estas leyes representan para el dirigente de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, "una intensión clara de eliminar las gobernaciones y alcaldías en el futuro, y debilitarlas desde el punto de vista de los recursos y como instancia política".

Vecchio dice que se crea un "estado paralelo" que dependa estratégica y financieramente del Presidente, y con una construcción clara del socialismo.

Esto implica una visión centralista del poder, de una persona que mantenga un control directo de las instancias de una sociedad.

Para el dirigente esto se traducirá en un efecto en la calidad de vida de los ciudadanos. "En un gobierno centralista quienes terminan pagando los platos rotos son los ciudadanos, porque no hay como buscar solución a los problemas", dice Vecchio.

En este sistema "quien no tenga una visión socialista y no tendrá espacio. No se respeta la pluralidad", señala.

Desde el punto de vista económico , Vecchio dice que no sólo se reducen los recursos, al desviarlos hacia estas nuevas vías, sino que los proyectos contemplados ahí son de la propiedad colectiva que el Estado tiene sobre los medios de producción.

También habrá un impacto al ser estas empresas las que tengan la prioridad sobre las contrataciones públicas.

Restar institucionalidad

El diputado de Podemos, Ismael García indica que todas esas leyes lo que pretenden es dar "más poder al Estado y no a la gente".

La figura del Parlamento Comunal, para García será usada para convertir a la Asamblea Nacional en una instancia en la que sólo se toma una decisión legal, de cosas que ya serán debatidas en esa nueva instancia.

Así mismo, dice que las empresas comunales, lo que harán es institucionalizar los manejos que ya se hacían a lo interno del Gobierno con las contrataciones de obras públicas, con la prioridad que se les da en la ley.

Y esto sólo refuerza a juicio del parlamentario "la desprofesionalización de la industria, que es el gran problema del país. Pdvsa y el sector eléctrico se manejan como una camburera".

García asegura que estas leyes aspiran, es mayor grado de control de la sociedad, sacar de la institucionalidad del país las cosas y ponerlas donde las puedan seguir controlando.

Fuente:
http://www.elmundo.com.ve/Default.aspx?id_portal=1&id_page=19&Id_Noticia=40013

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