viernes, 10 de septiembre de 2010

En el 2011 se impondrá un nuevo modelo de descentralización.

Con fecha 10 de septiembre de 2010, AVN anuncia qeu un nuevo modelo de descentralización, que desplazará mecanismos burocráticos y permitirá a las comunidades administrar sus propias obras de desarrollo, nacerá en Venezuela a partir de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno (CFG), promulgada el 20 de febrero de este año.

La Ley en cuestión regula la creación del Fondo de Compensación Interterritorial, que no es otra cosa sino el banco de recursos destinados a financiar las obras y proyectos planteados y priorizados por la ciudadanía.

Esta iniciativa se interpreta como un nuevo modelo de descentralización, debido a que el mecanismo tradicional funcionaba de la siguiente manera: El Gobierno Nacional asignaba los recursos a las gobernaciones y alcaldías para que éstas los administraran y desarrollaran las obras requeridas por las comunidades, a discreción de los gobernantes locales.

En su lugar, el nuevo mecanismo plantea la transferencia de esas competencias al llamado Poder Popular, es decir, la ciudadanía organizada en consejos comunales, comunas y otras estructuras sociales de base.

El nuevo modelo de descentralización será puesto en práctica a partir del 1º de enero del año 2011. Entre tanto, las comunidades protagonizan un proceso de organización para asumir lo que será una experiencia inédita en el país.

En el Distrito Capital, por ejemplo, cada una de las 22 parroquias ya posee un vocero del CFG, quien ejercerá funciones de articulación entre la nueva instancia y los consejos comunales y comunas constituidas en la parroquia correspondiente.

Así funcionará

El vocero del CFG de la parroquia La Pastora (Caracas), José Rafael Córdoba, explicó que las organizaciones populares de cada parroquia y/o municipio en el país se encuentran ahora estudiando la forma en la que administrarán los recursos, sin detrimento de lo establecido en la Ley Orgánica del CFG y en el reglamento de la misma.

“Lo que está claro es que nosotros mismos estudiaremos cuáles son las obras más importantes y prioritarias para las comunidades que integran nuestra jurisdicción. Lo que cada parroquia, municipio, o distrito motor de desarrollo está decidiendo ahora es la forma en la que nos pondremos de acuerdo. Cómo nos reuniremos en asamblea de ciudadanos, cuántos representantes por cada consejo comunal o comuna participarán”, indicó el dirigente social.

Otro de estos líderes de base, Kenny Galarraga, quien fue elegido vocero del CFG por representes de los 322 consejos comunales que existen actualmente en la parroquia Sucre (Catia), agregó que a partir del 1º de enero de 2011 los primeros proyectos serán seleccionados para presentarlos, como el reglamento indica, ante el Consejo Federal de Gobierno.

De acuerdo con el artículo 26 de la Ley, el Consejo Federal de Gobierno estará a cargo de la fiscalización, supervisión y control del Fondo de Compensación Interterritorial.

Resistencia al cambio

Aunque las comunidades han asistido al alumbramiento de este nuevo modelo con gran celebración, la transferencia de competencias al Poder Popular para el desarrollo de sus obras y servicios ha chocado contra una corriente de resistencia que tilda la iniciativa con calificativos como “mamotreto de ley”.

La oposición, integrada principalmente por partidos políticos de derecha, medios de comunicación partidarios del modelo capitalista y los grupos empresariales más adinerados del país, protagoniza dicha resistencia, bajo el argumento de que el Gobierno Nacional está “quitando los recursos a los estados y municipios para centralizarlos”. “Es más poder para el presidente Hugo Chávez”, aseguró en marzo el alcalde opositor, Antonio Ledezma.

Ante ese cuestionamiento, el vocero del CFG de la parroquia Santa Teresa, y abogado de profesión, Dario Charaima, dijo que se trata sólo de una matriz orientada a impactar negativamente en la opinión pública con términos que tergiversan y falsean la verdadera intención de la Ley.

“Los recursos seguirán llegando a los estados y municipios. Sigue siendo un sistema descentralizado. La diferencia es que ya no serán administrarán por los gobernadores y alcaldes, sino por nosotros mismos. Eso es todo lo que les duele. Cada obra, cada carretera, cada acera, implicaba, en la mayoría de los casos, que los gobernantes y sus allegados cobraran las famosas comisiones. Yo te contrato a ti, constructora de mi preferencia, tu presupuestas por encima del costo real, te lo apruebo, y tu me das el 10%, el 25%”.

Charaima hizo énfasis en los perjuicios que este tipo de prácticas han ocasionado a la sociedad. “Ese sistema, corrupto, amén de los trámites burocráticos interminables, es el causante de lo que hoy tenemos en Venezuela. Miles de obras a medias, sin culminar, de calidad dudosa. ¡Claro!, si los reales se quedaban en el camino. Esa es la verdadera razón de tanta protesta por la Ley del Consejo Federal de Gobierno”, explicó Charaima.

CFG ¿Capricho o mandato constitucional?

El discurso de dirigentes opositores muestra al Consejo Federal de Gobierno como un capricho de Chávez por restarle competencias a los gobernadores y alcaldes que lo adversan. Así pareciera que el nuevo modelo de descentralización sólo tendría lugar en los estados y municipios donde manda la derecha y no en todo el país.

Pero lo cierto es que la creación de ese Consejo, así como del Fondo de Compensación Interterritorial, está contemplada en el artículo 185 de la Constitución.

“La verdad es que era materia pendiente. Estaba escrito pero no se había llevado a la realidad”, acotó Dario Charaima.

A su vez, la figura del CFG se remite a otro artículo de la Constitución, el 184, que habla precisamente de nuevos mecanismos para descentralizar la administración de recursos: “La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los estados y municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen, previa demostración

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