Consejos Comunales y la ley del desarme.

Con fecha 10 de septiembre de 2010, AVN, informa que la nueva Ley para el Desarme y Control de Municiones, que el próximo jueves 16 de septiembre recibirá la segunda y última discusión en la plenaria de la Asamblea Nacional, confía a los consejos comunales la responsabilidad de definir junto a los órganos competentes del Estado las políticas locales para el logro de sus objetivos.

Así lo informó a esta agencia de noticias el diputado Juan Mendoza, presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, instancia responsable del mencionado proyecto de Ley.

Mendoza sostuvo que este es uno de los aspectos más importantes de esta ley: el que las comunidades organizadas, conocedoras de la realidad específica de sus localidades, se conviertan, también por mandato de esta norma (ya lo son por la Constitución Bolivariana) en corresponsables de las políticas dirigidas a desarmar a la población y combatir la violencia.

“Hay un hecho que es de fondo, y es que el poder popular, los consejos comunales, participarán en los planes de desarme. ¿Cómo?, en el diseño de los planes”.

“La ejecución le corresponde a los órganos de seguridad del Estado, pero el diseño, las redes sociales, los puntos de información para el Estado, los da la comunidad organizada, y eso está en la Ley”, explicó.

Sostuvo que la norma le transfiere poder al pueblo para el diseño de las políticas, porque el asunto de la seguridad “ya pasó de ser un tema de interés local a un asunto de seguridad nacional. Estamos combatiendo la inseguridad con metodología científica”.

La Ley del año 2005

La Ley para el Desarme y Control de Municiones sustituirá a la Ley de Control de Armas y Explosivos, aprobada por la Asamblea Nacional en el año 2005 que, por sus imprecisiones, no ha permitido un combate efectivo a la proliferación de armas y municiones en el país.

“La nueva ley -dice- es un instrumento novedoso que reforma la ley que viene de 2005, la cual tiene numerosas lagunas, por falta de definiciones jurídicas claras”.

Para ilustrar, cita la palabra “desarme” y señala: “Desarme, per se, es un concepto jurídico indeterminado. Para desarmar hay primero que definir qué es un arma. Por eso la nueva ley trae definiciones, trae una parte sustantiva bien importante; trae una parte adjetiva que son los procedimientos y trae algo que es efectivo: las sanciones”.

Un problema histórico

El presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional sostuvo que el problema de la proliferación de armas en nuestro país es histórico.

Señaló que en manos de la población venezolana hay, aproximadamente, cerca de 12 millones de armas y que en 1999, cuando el presidente Chávez llegó al Gobierno, en el país había más de 4.000 armerías.

“Cuando Bolívar en 1830 murió físicamente, nació la IV República. El hecho fue seguido por una sucesión de levantamientos, y contra levantamientos civiles y militares, montoneras, incluso la Guerra federal, todo lo cual, al cerrar el siglo XIX, dejaba como saldo miles de armas sin registro en manos del pueblo”, expresó.

Señala que esta tendencia se mantuvo a lo largo del siglo XX y se hizo como una tradición venezolana el poseer un arma.

“De hecho -apunta-, durante los gobiernos del Pacto de Punto Fijo (gobiernos adecos y copeyanos que precedieron al del presidente Chávez) era habitual que los militantes más destacados del partido político Acción Democrática eran premiados con revólveres.

Expresa que históricamente “todos estos hechos dejaron armas en la población y sembraron una especie de cultura en la cual poseer una arma es un hecho de reconocimiento social y de valor”.

“Nuestro país vivió una etapa que podemos definir como la Venezuela rural, en la cual nuestros abuelos tenían por lo menos una escopeta, un revolver. "Rivolver" le decían en mi pueblo (Trujillo)”, apunta el parlamentario.

“Recordemos los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y de Jaime Lusinchi y el caso "Gardenia", el de las famosas navajitas, que no eran más que los perros de la guerra instalados en Venezuela, vendiendo armas de guerra al Estado venezolano y armas a la población civil”, apunta.

Sostuvo que las armerías en los últimos 11 años se han reducido en un 97%, y preguntó: “¿Qué dejaron esas 4.000 armerías? Armas y municiones sin registro y sin control”, respondió.

Señaló que el Estado hoy tiene un sistema automatizado de registro y control de armas y municiones y la Ley establece la obligación de registrar las armas en un lapso de seis meses, a partir de su entrada en vigencia.

El porte de armas

El diputado trujillano aseguró que a nadie le van a quitar su arma cuando la vaya a registrar. “Lo único es que debe justificar la razón de su posesión; defensa personal, por ejemplo”, indicó.

Informó que la nueva ley establece sólo un porte de arma por persona, con un máximo de dos cargadores y un total de 34 proyectiles.

Refiere que producto del desvarío anterior en la materia, se ha encontrado personas con cinco y hasta seis portes de arma.

“Por medio de esta Ley establecemos una forma progresiva de ir resolviendo un problema histórico que arrastramos”, expresó.

El tráfico de armas

El parlamentario explicó que el tráfico de armas es un delito que está duramente tipificado en la nueva Ley para el desarme y el control de municiones.

El Caribe está infestado de piratas traficantes de armas. Y, por supuesto, hay grupos desestabilizadores. Una alcaldía golpista, en los días de abril de 2002, recomendaba a las juntas de condominio de la localidad que hubiese, por lo menos, un arma por familia.

Señala que a raíz de esto hubo armerías que vendieron en un mes más de quinientas pistolas, y recuerda que hace pocos meses en una casa de La Florida, en Caracas, se incautó un lote importante de armas de guerra a una familia vinculada a la oposición.

El diputado señala que la Ley castiga muy duro a los traficantes de armas, y para ilustrar su aseveración afirma que “la pena básica por el porte ilícito de armas es de 11 años de prisión y de ahí para arriba comienzan a sumarse, entonces, delitos accesorios, entre ellos el trafico de armas”.

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