jueves, 1 de julio de 2010

Control Ciudadano opina sobre la Ley de Contraloría Social.

El Universal con fecha 1 de julio de 2010, registra una nota bajo la firma de Carolina Contreras, en la que da cuenta que para Rocío San Miguel, directora de la asociación civil Control Ciudadano, la Ley de Contraloría Social es una burla a los ciudadanos, al tiempo que la califica como un "invento loco" debido a que considera que para denunciar no se necesita ninguna ley.

Indica que el proyecto es una "ley sapo por goteo" ya que otorga funciones jurisdiccionales a individuos que actuarán bajo los principios de la moral socialista revolucionaria, lo que le atribuye a la función de contraloría social un sesgo político.

"Esto hay que verlo en una suerte de iniciativas que se están adelantando desde el Gobierno con la intención de generar miedo y retaliaciones para todo aquel que se desvíe de lo que es la moral y la ´ética revolucionaria".

Para San Miguel no es coincidencial que en pocos meses el Gobierno haya activado el Centro de Estudio Situacional de la Nación (Cesna) el cual será el encargado de clasificar la información que considere pertinente para la seguridad del país, que se aprobara en primera discusión el proyecto de Ley de Contraloría Social que acalla a las comunidades, pero las obliga, si quieren ejercer contraloría, a regirse por la ética revolucionaria y que se designara una comisión de militares para que elabore la Ley de Disciplina Militar.

"Tengo la impresión de que lo que se está buscando es reprimir las denuncias que desde el propio gobierno y las comunidades se están generando, Estos contralores van a vigilar cualquier deslinde que ocurra en los consejos comunales".

Igualmente señala que la ley establece un proyecto engañoso de contraloría, ya que crea más burocracia en los trámites de las denuncias de corrupción. Explica que los contralores podrán vigilar tanto a la administración pública como a particulares, pero que estas denuncias terminarán en un embudo ante los órganos del Poder Público nacional.

"No soluciona en absoluto el problema burocrático porque al final estas personas terminan condicionando los asuntos".

Asimismo reiteró lo expresado ayer por la asociaci´´on que dirige en que la ley socava las actividades que puedan realizar las ONG de derechos humanos en el país.

"Las ONG van a realizar investigaciones y no van a poder divulgar los hallazgos, pero adicionalmente va a prohibírseles recibir cualquier remuneración o mecanismos de retribución por el ejercicio de sus funciones de contraloría social, de un plumazo se acaba la cooperación nacional e internacional que existe sobre las ONG ".

Fuente:
http://politica.eluniversal.com/2010/07/01/pol_art_ley-de-contraloria_1957823.shtml

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